No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza

El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.

Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179

También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.

La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH

Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.

Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género

También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.

 

Pospone el Congreso el proceso para aprobar la Ley de Austeridad; lleva seis meses detenido

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A más de seis meses de la primera lectura al dictamen con proyecto de Ley de Austeridad que propuso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este jueves se intentó llevar a segunda lectura para pasar a la discusión y votación, pero fue retirado del orden del día a solicitud de la Comisión de Justicia, aunque se supo que fue principalmente la fracción priista la que se negó a que el trámite continuara.
Esta propuesta plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública; la obtención de algún privilegio económico adicional; contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables”, sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes, pero diputados del PRI y PRD que plantean que este ordenamiento solamente sea observado por el Ejecutivo estatal y sus organismos y no se aplique al resto de los poderes y por eso se ha detenido.
Después de que se leyó la propuesta de orden del día para la sesión, en la que se incluía la segunda lectura del dictamen de ley de austeridad, para pasar a su discusión, votación y en su caso aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia el punto sería retirado.
“Por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Justicia y por considerarlo pertinente, así como de extrema necesidad parlamentaria fundamentándose en el artículo 313 párrafo tercero de la ley orgánica de este Poder Legislativo, solicitan a la Mesa Directiva sea retirado de la propuesta del orden del día el punto relacionado con la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de austeridad del estado presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, leyó la perredista Yanelly Hernández.
Desde su curul el morenista Joaquín Badillo Escamilla pidió a la presidenta de la Mesa que se leyera el artículo por el que la comisión fundamentó su decisión de retirar ese dictamen. Este tercer párrafo del artículo 313 establece que “el derecho a presentar proposiciones de puntos de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de sus autores”.
En este artículo ni siquiera se habla de dictámenes de comisiones, que en este caso era un “dictamen de proyecto de ley”, sino que habla del derecho de los diputados, grupos parlamentarios y representaciones a “presentar proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyan Iniciativas de Ley o Decreto”.
Por lo que la fundamentación que la Comisión de Justicia dio, no tenía nada que ver con el retiro de un dictamen, aún así el morenista Joaquín Badillo quedó conforme y se procedió a la votación del orden del día con el retiro de este punto, hubo solo tres abstenciones la de Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez Esquivel y Angélica Espinoza García.

Urge el diputado Sánchez Esquivel a instalar los nuevos ayuntamientos

En el punto de intervenciones, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel planteó en tribuna que el Congreso local cumpla con su palabra y los plazos que se establecen en acuerdos, principalmente los aprobados por el pleno. Se refirió a la prórroga de 120 días que solicitó los primeros días de diciembre la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para presentar el dictamen y nombrar a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón.
Alfredo Sánchez Esquivel reprochó que no se hayan nombrado a estos ayuntamientos instituyentes en el plazo establecido que venció en marzo y pidió avanzar en el tema para cumplir con “la palabra empeñada”.
Aprovechó también para pedir que se avance en las solicitudes de creación de nuevos municipios en la Sierra, los cuales en los últimos meses como presidente de la Jucopo promovió personalmente o a través de su equipo cercano.
Antes de concluir su intervención, Sánchez Esquivel señaló desde tribuna al jefe de seguridad del Congreso local, el funcionario de Yoloczin Domínguez, Jonathan Molina Clavel, por haber revisado una lona que unos visitantes al Congreso local llevaban, en la que pedían no entregar a comerciantes el Parque Papagayo y lo acusó de comportarse como policía ministerial.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Alicia Zamora Villalva pidió la palabra para responder a Alfredo Sánchez: “no quisiera que se utilizara este tema tan delicado para un asunto de un golpeteo innecesario”. a priista señaló que en el estado “las cosas ya son complejas en el estado, hay tantos brotes de violencia, entonces yo quiero ser muy responsable con esto”.
En tribuna Zamora recordó que el 16 de febrero pasado el pleno aprobó por unanimidad un dictamen por el que se determinó que la Jucopo tendrá la facultad para realizar la designación o nombramientos de los cabildos de entre las propuestas recepcionadas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, así como determinar cuáles ayuntamientos serán encabezados por mujeres, de acuerdo con la paridad requerida.
La priista le repitió en tres ocasiones al morenista que el tema ya está en manos de la Jucopo: “hago un llamado a todos los diputados, para que en cada caso, cada asunto, lo discutamos al interior de las comisiones”.
Alicia Zamora hizo hincapié en que no se quedará la percepción de que se venció el plazo y el Congreso no cumplió, porque se generó un acuerdo del pleno para que el tema quedará en manos de la Jucopo porque con este también se aprobó que el plazo de 120 días pedido en diciembre ya no tendría los efectos bajo los que se aprobó.
“El asunto toma otra ruta jurídica porque está en una comisión distinta. No quisiera que se desinformara y se interpretara de una manera distinta… si se descalifica a una comisión, a una Junta de Coordinación Política, si se descalifica el trabajo que se hace en comisiones, invariablemente se descalifica a un Poder, en eso seamos respetuosos y sobre todo cuidadosos”, dijo Alicia Zamora.
Señaló que ha tratado de ser responsable porque la creación de estos cuatro municipios “para que no se alborote la gente, porque alguien decía con mucha sabiduría, el prender la lumbre es fácil, el problema es cómo la vas a apagar” por eso, señalo que busca que ese tema no se trate de manera política.
Después para hablar sobre el mismo tema, el perredista Bernardo Ortega le dijo a Sánchez Esquivel que es “una irresponsabilidad ir a los pueblos, ir a los municipios a decir que si no quieren ser municipios de nueva creación, eso trae muchas consecuencias”.
El perredista criticó que Alfredo Sánchez trate de “incendiar diciendo que no se ha hecho nada” y se refirió a todos los asuntos pendientes que se venían arrastrando desde la legislatura pasada en los cuales no se avanzó hasta que se realizó el cambio de presidente de la Jucopo y lo sustituyeron por Yoloczin Domínguez Serna.
En tribuna, Bernardo Ortega confirmó la versión de que había un acuerdo entre los integrantes de la Jucopo de la la legislatura pasada para reelegir en el cargo a Alfonso Damián Peralta como titular de la Auditoría Superior del Estado, “no se cumplió la ratificación del ex auditor, se mintió”.
El perredista dijo: “nosotros como PRD hemos tratado de ser prudentes, justos con el gobierno del estado, con la fracción de Morena” porque “sabemos que Guerrero tiene sus complejidades políticas, económicas, y de crimen organizado, hemos sido prudentes y dejado que la gobernadora haga lo suyo y nosotros lo que nos corresponde”.

La sesión

El morenista Sánchez Esquivel propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y Personas Desaparecidas. En tribuna señaló que Guerrero carece de instrumentos actualizados para atender el problema. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
También presentó otra iniciativa que suscribió junto con su compañera de bancada Jessica Alejo Rayo, es de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos tengan la obligación de postular a personas adultas mayores entre las primeras cinco fórmulas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, así como en las listas de regidores de los ayuntamientos.
De Morena el diputado Osbaldo Ríos Manrique presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado para anexar el lenguaje incluyente, perspectiva de género y el respeto al interés superior del menor, además de permitir la colaboración interinstitucional e internacional, y con ello formalizar la provisión de donativos que beneficien a este sector.
Alejo Rayo presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Salud, de Obras Públicas y sus Servicios, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que en todas las instalaciones del servicio público y privado se acondicionen cambiadores de pañales, ya sea en los sanitarios o uno denominado “familiar”, para garantizar la privacidad, seguridad, comodidad e higiene de los usuarios.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, que plantea de actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.

Lleva seis meses detenida en el Congreso la Ley de Austeridad propuesta por la gobernadora

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Desde hace seis meses, en el Congreso local está detenido el proceso legislativo para el dictamen de la Ley de Austeridad, que fue una propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Este documento sólo pasó a primera lectura, pero ya no a segunda, para su discusión y votación, porque hay oposición de diputados de Morena, PRI y PRD, quienes plan-tean que sea una ley solamente para el Poder Ejecutivo estatal.
Después de su revisión y dictaminación, donde la Comisión de Justicia le hizo cambios mínimos, el pasado 13 de octubre, hace más de seis meses, se realizó la primera lectura en sesión ordinaria del pleno.
En la sesión del 20 de octubre hubo un intento para que este dictamen pasara a segunda lectura, pero sin dar explicaciones se sacó del orden del día y no se volvió a incluir.
El motivo, según lo comentado por fuentes en las tres fracciones, decidieron no pasarlo a segunda lectura porque corría el riesgo de ser rechazada.
La iniciativa enviada por la gobernadora no tuvo modificaciones importantes, ya que lo esencial se mantiene en el dictamen, en el que se plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adicional, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados; mientras que sólo se autorizan los gastos en viáticos y viajes oficiales “estrictamente indispensables”, sin boletos de primera clase o equivalentes.
La oposición por parte de diputados de Morena, PRI y PRD es porque consideran que esta ley debe ser aplicada sólo para el Poder Ejecuti-vo, y que así sean sólo las secretarías y organismos del gobierno estatal los que estén obligados a esa ley.
Pero, tanto la propuesta de Evelyn Salgado como el dictamen aprobado y llevado ante el pleno por la Comisión de Justicia, establece que esta ley debe ser aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios; así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos.
Lo comentado por diputados es que la oposición viene principalmente de diputados que tienen aspiraciones políticas para ser alcaldes, y se oponen a ceñirse a esta iniciativa de austeridad.
Lo que argumentan es que se viola la autonomía del municipio y de los poderes Legislativo y Judicial, porque se trata de una iniciativa de la jefa del Ejecutivo, que no fue consensuada con los otros poderes y ayuntamientos.
Otro de los argumentos de los opositores es que casi el 100 por ciento de los recursos de los municipios son federales y no estatales, por lo que el Ejecutivo estatal no puede establecer límites o nuevas reglas en el ejercicio de los recursos públicos.
Otro planteamiento es que los poderes Legislativo y Judicial agreguen en sus propias leyes orgánicas, un capítulo en el que establezcan estas medidas de austeridad, y excluir a los municipios, porque éstos “son libres y pueden determinar sus propias reglas en el ejercicio del recurso público”.
Lo último que se supo de este dictamen es que, a partir de la oposición, sería modificado en la Comisión de Justicia, pero no se informó de manera oficial en el pleno.
Las fuentes en los grupos parlamentarios consultados comentaron que el tema está detenido, por falta de acuerdo para su aprobación, y que no se ha realizado ninguna modificación al dictamen.
Otras iniciativas pendientes, que fueron enviadas por la gobernadora recientemente y que aún no son dictaminadas, son la que plantea catalogar como falta administrativa grave no enterar, el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores estatales; así como otra para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
También el incluir dos delitos nuevos al Código Penal del Estado, para que se castigue con cárcel a servidores públicos que filtren fotografías de víctimas de delitos, también a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a estos “tratamientos”.