Etiqueta: leyes

Promoverá a Marcelo Ebrard en sus días de descanso, afirma la alcaldesa Abelina López

Daniel Velázquez

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dijo que sólo en sus días de descanso promoverá las aspiraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón para que sea candidato presidencial en 2024.
En declaraciones después de la conferencia en la que la presentaron como una de las coordinadoras estatales y a pregunta de un reportero sobre cómo va a organizar ahora su trabajo como presidente municipal López Rodríguez dijo que por ley tiene un día de descanso que dedicará a los foros para recabar las necesidades de los siete distritos de Aca-pulco.
Sobre si solicitará licencia para dedicarse a los actos de promoción de Ebrard, la alcaldesa respondió que no, que hará ese trabajo “en el marco de lo que me permita la ley”.
A pregunta sobre si los problemas del municipio los va a atender de lunes a viernes, respondió que no tiene confusión, “tengo clara mi responsabilidad”.
El acto de este domingo no fue campaña, “estamos hablando de encuentros para el futuro. Son para recoger las necesidades del pueblo, para entregárselas a Marcelo”, dijo.
En la conferencia donde fueron presentados los liderazgos que respaldan las aspiraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se vio al síndico administrativo del Ayuntamiento, Miguel Jaimes Ramos; el coordinador de asesores de la alcaldesa, René Lobato Ramírez; el director de Obras Públicas Alfredo Vázquez, el director operativo de la CAPAMA, Alejandro Sotelo Uriostegui; el director del CAPTA, Alejandro Inzunza Ramírez, y la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, Leslie Bueno Cruz.

 

El proceso legal para los matrimonios igualitarios está incompleto, advierten

La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, en reunión con integrantes de colectivos LGBTI+, ayer en Chilpancingo Foto: Emiliano Tizapa Lucena

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de varios colectivos Lésbico Gay Bisexual Transexual e Intersexual (LGBTI+) se reunieron con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General del Gobierno, Anacleta López Vega, quien les explicó que para que el matrimonio igualitario se pueda ejercer falta armonizar las leyes secundarias, así como al Código civil y el Código procesal civil, además se deben modificar formatos de las actas de matrimonio y divorcio, y tienen como plazo máximo hasta septiembre de este año.
Este lunes a las 5 de la tarde, 15 integrantes de diferentes colectivos LGBTI+ de Acapulco, Zumpango, Chichihualco, Chilpancingo y Chilapa se reunieron en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, en el Poder Ejecutivo con la subsecretaria, Anacleta López Vega. También estaba contemplado que asistiera el coordinador técnico del Registro Civil del estado, Roberto Barreto Bohórquez, quien no pudo entrar al recinto por un bloqueo de normalistas.
Sin embargo, estuvo personal del área jurídica del Registro Civil, quienes junto con López Vega, aclararon las dudas de los activistas LGBTI+, principalmente porque a pesar de que se aprobó el matrimonio igualitario en el Congreso del Estado en octubre pasado, y se publicó el 30 de diciembre en el periódico Oficial del Estado, a muchas parejas en los registros civiles se les ha negado el derecho a casarse.
López Vega respondió que a pesar de que se aprobó la Ley del matrimonio igualitario, y luego de que han recibido muchas quejas de parejas que han querido ejercer el derecho y se les ha negado, debía quedar claro que aún falta por armonizar las leyes secundarias y reglas del Código civil, reglamentos internos, así como los formatos de actas de matrimonio y divorcio.
Argumentó que de acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto 244 por el que se reformó y derogó diversas disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, y del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 364, señala que “las armonizaciones a leyes y reglamentos correspondientes, que tengan como propósito garantizar la viabilidad de las normas contenidas en estas reformas, se realizarán a más tardar en 180 días hábiles”.
Anacleta López sostuvo que están en tiempo legal para modificar las leyes secundarias, porque el plazo se vence en septiembre para dicha armonización, además afirmó que habrá una capacitación a las oficialías de los ayuntamientos y de los registros civiles para que atiendan de manera adecuada y sin discriminación.
Los integrantes de los colectivos LGBTI+ expusieron a la subsecretaria porqué esa información no se daba en los registros civiles, para que las parejas que intentan ejercer su derecho sepan por que aún no se les puede unir en matrimonio, porque lo único que piden es un trato igualitario como cualquier pareja heterosexual.
La funcionaria pidió que le dieran el tiempo de hacer dichas modificaciones a las leyes secundarias, así como los formatos de actas de matrimonio, defunción y divorcio, y añadió que girarán la información a los ayuntamientos y registros civiles para que a las parejas que soliciten información se les diga el por qué aún no pueden ejercer su derecho.
Entre los activistas y funcionarios acordaron que en tres meses se volverán a reunir para conocer los avances en la armonización de las leyes y los reglamentos, y formatos de actas.
Consultado al concluir la reunión, el presidente de la organización Diversidad Sin Límites de Chilapa, Joaquín Ortega Villanueva, sostuvo que en la reunión les aclararon muchas dudas que tenían, porque estaban mal informados, “nos dicen que a pesar de que la ley está aprobada tienen que pasar 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias que de ella emanan, y eso está en proceso”.
Señaló que no les queda más que esperar los tiempos que se den para que se puedan efectuar los matrimonios igualitarios, “con todos los derechos y las obligaciones que conllevan”.
Mencionó que como líderes y activistas de colectivos LGBTI+ es su responsabilidad dar esa información que recibieron a sus integrantes y a quienes se les acerquen para que no haya ninguna confusión en la sociedad.
Afirmó que en Chilapa, una pareja le estuvo insistiendo que ya habían ido al registro civil pero les decían que no se podían casar todavía, “hoy tengo una información y es mi responsabilidad pasarla y a quién se me acerca de porque todavía no se puede ejecutar el matrimonio igualitario, como el matrimonio que se llevó en Acapulco (hace unos días) pero que se dio bajo un amparo, y todavía falta un proceso a pesar de que la ley se aprobó en el Congreso (local) porque faltan leyes secundarias que se tienen que armonizar”.
Dijo que como se los aseguró López Vega, si el gobierno del estado rebasa el límite de 180 días para que puedan ejercer su derecho a casarse, podrán recurrir a demandas por discriminación o incumplimiento de derechos, “pero hasta este momento no nos queda más que esperar para que en su momento se lleve el acto civil como tiene que ser, con toda la libertad y todos los derechos que nos han costado, en una lucha de años”.
Recomendó a toda la comunidad LGBTI+ informarse y leer las leyes porque es su responsabilidad, además de que las autoridades se comprometieron a que la información la harán pública y enviarán un oficio con dicha información a los registros civiles para que no sé distorsione y no haya una mala información.
Durante la reunión, los activistas también preguntaron a Anacleta López Vega, cuándo se creará el Instituto Estatal de la Diversidad Sexual, al que exhortó su creación el Congreso del Estado cuando aprobó la ley del matrimonio igualitario al gobierno del estado, así como de crear direcciones de diversidad sexual a los municipios.
La subsecretaria les dejó claro que para crear este instituto no tienen un plazo para cumplirlo, pero que ya lo tiene en análisis, porque además tendrán que asignarle recursos, por lo que afirmó que aún no tienen una fecha.

 

Repudia CETEG el congreso del SNTE donde se evaluará la situación del magisterio en Guerrero

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se pronunció en contra del 22 Congreso Seccional Extraordinario, de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se llevará a cabo hoy.
En conferencia de prensa en el edificio de la CETEG, el secretario general del magisterio disidente, Arcángel Ramírez Perulero, y los integrantes de la Comisión Política, Verulo Solano González, de Costa Chica, y Freddy Gutiérrez Mayo, de la región Centro, reprobaron que la sección 14 del SNTE organice el congreso en el que se evaluará la situación de los trabajadores del sector en el estado, a pesar de que apoya la reforma educativa y no lucha por los derechos laborales.
Ramírez Perulero dijo que presuntamente el congreso se llevará a cabo en Acapulco, sin embargo, “los charros” suelen cambiar la sede sin previo aviso, para evitar que la CETEG acuda a manifestarse durante la discusión.
Reprochó a la sección 14 del SNTE que “nunca ha representado a la base”, pero “se vio más evidente su traición y su entreguismo” cuando apoyó la aplicación de la reforma educativa, una de las principales que promovió el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto; así como la reforma a la ley del ISSSTE, con la que hubo un retroceso y se afectó la seguridad social y el derecho a la salud de los trabajadores del sector, además de que complicó la jubilación, ya que ahora se exigen más años de servicio.
“Estuvieron de acuerdo con el plan perverso del gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública, en la satanización del magisterio disidente para imponernos a sangre y fuego la mal llamada reforma educativa, con amenazas, con presión, para que los maestros fuesen al examen punitivo”, acusó.
Señaló que la sección 14 del SNTE abandonó a los jubilados y que está de acuerdo con la extinción de la CETEG, debido a que los maestros que ingresan al Servicio Profesional Docente reciben contratos y no plazas base, y algunos no cuentan con el perfil necesario.
Solano González dijo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la CETEG se crearon precisamente porque el SNTE en el país y el estado no cumplió con la defensa de la educación pública y de los derechos laborales de los trabajadores del sector.
Los representantes de la CETEG coincidieron en que el congreso de la sección 14 del SNTE “es ilegal” y que por la falta de apoyo a sus integrantes, muchos no se inscribieron ni participaron en la organización previa, aunque reconocieron que los dirigentes informarán que asistió la mayoría de los afiliados.

 

Marchan maestros y organizaciones en Acapulco y la capital contra las reformas y ley de seguridad

Maestros de educación básica, media superior y superior, trabajadores de Teléfonos de México y activistas, agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), marcharon en Acapulco y Chilpancingo para rechazar las reformas estructurales, la Ley de Seguridad Interior y por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las secciones 14 y 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), las secciones 21 y 69 del Sindicato de Telefonistas, el Frente Estatal de Preparatorias Populares, la Asociación Civil Cejobasa, el Frente Progresista Guerrerense y de la Asamblea Nacional Popular (ANP), como parte de un acuerdo de la UNT para defender los derechos laborales.
A las 5 de la tarde, en Acapulco, 800 personas marcharon por la avenida Costera, del Asta Bandera a la glorieta de la Diana, donde en un mitin de media hora se manifestaron en contra de las reformas estructurales y llamaron a los ciudadanos razonar el voto en el próximo proceso electoral.
En el trayecto, los participantes llevaban lonas y pancartas de rechazo a las reformas neoliberales, la educativa, laboral, Ley de Seguridad Interior, la cual dijeron será utilizada como “mecanismo perverso con miras al próximo proceso electoral”.
Uno de los participantes del contingente fue atropellado por un vehículo particular frente a un negocio, adelante del centro comercial Gran Plaza, y recibió atención de oficiales de la Policía Turística, mientras se resolvía la situación.
En el mitin, el representante de la sección 14 del SUSPEG, José Luis García Benítez, se pronunció porque en el próximo proceso electoral se elimine “el régimen corrupto, por eso en el sindicato estamos resueltos a que vamos apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia”. Mientras que el secretario general de la sección 21 del Sindicato de Telefonistas, Roldofo Radilla Regalado, precisó que las organizaciones se habían manifestado por su lado, pero “a partir de este año, todas las organizaciones marcharemos por un solo bloque”.
La representante de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, precisó que la marcha se hizo en todo el país para defender los derechos de los trabajadores y “las organizaciones populares, sociales y educativas nos estamos uniendo para defendernos de tanta agresión laboral, que nos da ese resultado de aplicación y derogación de las reformas estructurales”.
También habló Felipe Flores, quien fue uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y llamó a las organizaciones sociales a la unidad, a no permitir que sigan los “gobierno corruptos” que están saqueando México. “Tenemos que luchar juntos y hacer conciencia y la oportunidad de cambiar el régimen”.

Dos marchas en Chilpancingo

A las 5:30 de la tarde, unos 300 manifestantes marcharon de la alameda de Chilpancingo a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. En el camino sus voces gritaban al unísono: “Trabajadores unidos, jamás serán vencidos”, “luchar, vencer, el pueblo al poder”, “el pueblo unido, jamás será vencido” y “no somos todos, nos faltan 43”.
Encabezaron el contingente el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero; la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla López; el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes; la secretaria general de la sección 69 del Sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas, y el representante de la región Centro del Sutcobach, Odón Rodríguez Mendoza, quienes participaron en el mitin en el Zócalo capitalino, donde llamaron a las organizaciones a permanecer unidas.
Los dirigentes de las organizaciones coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior fue creada para darle fin a las luchas sociales y magisteriales; además de que el Estado pretende imponer al precandidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, que forman el PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade Kuribreña, como el próximo presidente en el proceso electoral de este año.
Ramírez Perulero informó que la marcha se llevó a cabo por acuerdo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la UNT, para exigir que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del país, así como fomentar la unidad de los sindicatos y organizaciones, pues en mayo se podría concretar una huelga nacional en contra de la represión, violaciones y hostigamiento laboral, así como para exigir seguridad.
Por la mañana, unos 500 integrantes de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG marcharon y protestaron en la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde desalojaron a algunos de los trabajadores y protestaron para exigir justicia para Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de 1981 por hombres contratados por el SNTE, debido a que encabezaba la lucha por la defensa de la educación y su labor afectaba principalmente a Elba Esther Gordillo Morales.
Los maestros llegaron a la sede de la sección 14 del SNTE gritando “alerta, camaradas, alerta, profesores, que haremos una hoguera de charros y traidores”, mientras que una comisión indicó a los trabajadores que se encontraban en el estacionamiento y la explanada de las instalaciones que debían desalojar las oficinas; sólo los que estaban dentro del edificio se negaron a salir, aun cuando los manifestantes rompieron el vidrio de la puerta principal y trataron de forzarla.
En la acción, Ramírez Perulero aseguró que el SNTE está formado por “charros” y “simuladores” que “nunca nos han representado, nunca han visto por nuestros derechos”. Reprobó el Congreso que se avecina en el sindicato y aseguró que el magisterio disidente “digno”, no permitirá que se concrete.
También exigió justicia para Núñez Acosta y llamó a los agremiados de la sección 14 del SNTE a unirse a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Advirtió que si los sindicalistas continúan sirviendo a las autoridades, los manifestantes volverán a las instalaciones y la siguiente visita “no será cordial”.
Después, los maestros marcharon a la Ciudad Judicial, donde se manifestaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y seguridad en Guerrero.

 

Faltan reformas a leyes locales para tipificar como delito la violencia política contra mujeres


La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado, señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres no sirve de nada si no se modifican las leyes que rigen los procesos electorales en el país, para que se tipifique como delito electoral la violencia política hacia la mujer.
Durante su participación en el panel Aplicación desde los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) del Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres, como parte del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), dijo si no hay leyes que regulen la violencia política el Protocolo solo será un papel que no erradicará el problema.
El Protocolo es un iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
El Protocolo “pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la aplicación de las obligaciones internacionales así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia, tratar de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, así mismo responde a le necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas”.
Soto Maldonado dijo “no creo que el Protocolo sea un instrumento efectivo ni eficiente para la atención de la violencia política porque no tenemos marco normativo, porque no tenemos ley y si no tenemos ley que nos faculte a las instituciones que nos dé dientes, que nos digan cómo lo tenemos que atender, qué tenemos que entender por violencia política. Puedo yo tener el mejor librito como Protocolo de Atención” pero no se puede hacer absolutamente nada.
Llamó a modificar las leyes federales y estatales para que se tipifique como delito la violencia política de género
Sugirió que desde la sociedad se trabaje en una iniciativa para modificar la ley de Atención a vida libre de violencia a las mujeres para incluir el término de violencia política. Otra legislación que debe adecuarse es la ley electoral y las ley de sanciones para castigar la violencia política de género.
La directora de Participación Social y Política del Inmujeres dijo que se debe tener claro que la paridad política “no es un tema, es un derecho” de las mujeres y recomendó que cuando escuchen a un político hombre o mujer utilizar la palabra “tema” para referirse a la paridad entre hombre y mujer que le chiflen o lo abucheen para que entienda que se trata de un derecho.
También criticó que se cuestione el acceso a la representación popular de las mujeres por la vía de cercanía a grupos de poder o políticos porque esa es una práctica que siempre ha existido y en los hombre no se cuestiona que sea el compadre, tío, amigo, sobrino, ahijado de otro político y que eso le haya permitido acceder a un cargo de poder pero a las mujeres se les critica, lo que se convierte en violencia política de género.
Sugirió que se les haga notar a los gobernantes que “no hay temas de la mujer” sino que todo lo que ocurre en la vida política y social son temas de la mujer porque tiene la misma capacidad que el hombre.

Casos de Guerrero

La diputada Yuridia Melchor Sánchez informó que en el Congreso local hay dos iniciativas “en la congeladora” desde marzo para incluir la violencia política de género como un delito en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, pero sigue en análisis sin que se dictamine sobre las mismas.
Indicó que al Congreso han llegado tres casos de violencia política hacia las mujeres: uno es el de la alcaldesa de Martir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, otro es el de la alcaldesa de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Emisel Molina y la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, pero hay mas casos porque los alcaldes no ven a las ediles como sus pares y les limitan los recursos a las mujeres que fueron electas como síndicas en las planillas de ayuntamientos.
En el panel también estaba invitada la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez, que se ha convertido como el referente nacional de la violencia política de género, pero no acudió porque la noche del miércoles le llamaron para seguir con las negociaciones para que ejerza el cargo de presidenta municipal.
En su lugar acudió Margarita Gutiérrez Romero, quien relató el conflicto que se vive en San Pedro Chenalhó porque es la primera vez que una mujer asume el cargo de alcaldesa.