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Más rigor contra la inseguridad, bases de vigilancia, maestros y médicos, piden comisarios de la sierra

Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar

Brenda Escobar

Santa Rosa de Lima, Tecpan

Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.

 

Bloquean el bulevar padres de una escuela en Acapulco; exigen a la SEG cinco maestros

Padres de familia de la primaria Jaime Torres Bodet, que se ubica en la colonia Ciudad Renacimiento en el municipio de Acapulco, bloquearon una hora el bulevar Lázaro Cárdenas, para exigir a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que manden los cinco maestros que hacen falta.
A las 9:30 de la mañana, los padres con cartulinas en donde se leía su queja, bloquearon ambos sentidos del bulevar, y fue hasta las 10:30 de la mañana que llegó el delegado de los Servicio Educativos Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, y dialogó con los inconformes.
Miranda Vergara se comprometió a que el próximo ciclo escolar se repondrá a los maestros, porque faltan dos semanas para que concluya el ciclo escolar; además de que aclaró que no son cinco los profesores faltantes, sino dos que se jubilaron y uno que pidió su cambio.
Debido al bloqueo, las combis de pasajeros que van a las comunidades de la zona rural, al municipio de San Marcos, Ayutla y los camiones del sistema de transporte Acabús, quedaron varados en el bloqueo. Lo que molestó a los ciudadanos, mismos que se hicieron de palabras con los padres de familia para que se quitaran.
Aunque llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para desviar la circulación en vías alternas, se hizo una fila larga de carros. Hasta las 10:45 los padres de familia desbloquearon los dos sentidos del bulevar.
“Queremos que las autoridades echen ojo a las escuelas, no somos las únicas escuelas afectadas. A nosotros nos hacen falta cinco maestros, imagínense esos maestros lo hemos estado cubriendo los padres de familia. Contratamos maestros para que nuestros hijos no se queden sin clases”, dijo el padre Fernando Ortiz.
Recordó que desde hace cinco meses se cooperan los padres de familia para pagar a los maestros que les dan clases a sus hijos, “hemos enviado varios oficios, le hemos llamado por teléfono. Ahorita el delegado nos dice que nos quitemos, pero esta es la única manera en que el gobierno nos toma en cuenta”.
El padre de familia dijo que dan una cooperación de 200 pesos para pagarle a los “cinco maestros que nos hacen falta. Lo que nosotros queremos es una solución, que no nos hagan promesas porque hace meses tuvimos el mismo problema, pero nos mandan maestros que van contratados por él, pero no les paga”.
“Son cinco maestros, de primero, tercero, quinto, cuarto año de primaria y una maestra de artística. Son más de 150 alumnos y lo que hacemos los padres es que nos tenemos que cooperar, y ya estamos cansados de pagar. Son maestros que se jubilaron desde que empezó el ciclo escolar, pero no mandan repuesto”.
El ex presidente del comité de padres reprochó a las autoridades de la SEG, porque mencionó que el gobernador Héctor Astudillo Flores apenas entregó plazas de maestro, “¿dónde están esas plazas? ¿Dónde las entregó? Porque en Acapulco no hay nada, no se ve en ninguna escuela a maestros nuevos”.
“La escuela cuenta con 500 alumnos y desde que empezó el ciclo escolar no hemos tenido maestros, son maestros que se jubilaron y hasta la fecha no nos han mandado el repuesto. El delegado va y nos dice ‘vamos a hacer los grupos de 45 alumnos’, quieren juntar y hacer dos y eso es la forma de trabajar”, puntualizó.

 

 

Arrestan policías ministeriales por error a un maestro en Chichihualco; lo retienen durante cinco horas

Las Fiscalía General del Estado (FGE) por error detuvo por cinco horas al maestro y supervisor de la zona escolar 15 del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Alfonso Vargas Muñoz, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, equivocadamente imputado del delito de homicidio.
Por un error en la lectura del nombre, agentes ministeriales detuvieron al docente este jueves en un retén ubicado entre las comunidades Campo de Aviación y Los Morros, al confundirlo con Alonso Vargas Muñoz, sobre el cual gira una orden de aprehensión por estar acusado de homicidio sucedido en Tlapa, región de la Montaña.
Alfonso Vargas relató que a las 8 de la mañana de este jueves circulaba  acompañado de dos maestros más, en su carro por la carretera de la sierra a escasos kilómetros de la comunidad Los Morros, pero fue detenido en un retén, donde además había personal del Ejército realizando labores de inspección.
“Veníamos de Tlacotepec, íbamos hacia una actividad que estaba convocada en Chilpancingo, en la supervisión escolar”, describió.
Relató que al llegar al retén fue inspeccionado por los ministeriales, quienes le pidieron que se identificara y cuando entregó sus documentos, se le informó que tenía una orden de aprehensión en su contra.
Los ministeriales tenían una computadora donde tienen la base de datos de personas que se buscan, la cual está integrada por características físicas, como la edad que tiene el presunto responsable del delito.
“No pudieron confirmar la información por que no había internet, entonces por eso ellos argumentaron que me tenían que trasladar”, agregó.
Vargas Muñoz explicó que los ministeriales lo esposaron para trasladarlo a la FGE, pues accedió a ser trasladado para que se realizara la verificación del nombre, ya que él sabía que no había cometido ningún delito.
Los ministeriales lo trasladaron en una camioneta, mientras que su carro fue conducido por otro policía.
“Yo considero que es un atropello a mis derechos como ciudadano, porque no traen a la mano la información adecuada, ya cuando llegamos acá resulta que me estaban confundiendo”, enfatizó.
Los agentes ministeriales que lo detuvieron, esposaron y trasladaron a la capital del estado, se equivocaron en el nombre y en la edad del presunto delincuente, sólo coincidía en los apellidos.
Al maestro y supervisor lo confundieron con Alonso Vargas, de 22 años, quien es acusado de un homicidio ocurrido en mayo de 2015 en Tlapa.
De manera simultanea a la detención, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) denunciaron en una conferencia improvisada, que su compañero fue detenido en la comunidad Los Morros, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Agregaron que el docente viajaba en su carro hacia la capital del estado, para realizar trámites correspondientes de su zona escolar, cuando fue detenido por policías ministeriales en un retén.
Aseguraron que Vargas Muñoz es inocente y calificaron la acusación como increíble, porque ha tenido una “larga trayectoria en su carrera”.
Al lugar también llegó el líder sindical Arcángel Ramírez Perulero, quien se entrevistó con el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, Néstor Fiallo Samayoa.
Ante el hecho, 20 maestros de la CETEG se trasladaron a la Fiscalía con el objetivo de apoyar y presionar a las autoridades para su liberación.

Toma una organización las oficinas del INAES en la capital para que libere fondos para proyectos

 

Integrantes de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), para exigir la liberación de 15 millones de pesos para proyectos productivos para el estado.
A las 12 del mediodía, unos 40 integrantes de la organización tomaron las oficinas del INAES; portaron pancartas en las que leía “Exigimos la liberación de proyectos”, “UNIMOSS exigimos solución a los proyectos”.
En el lugar se habló con el coordinador estatal de la Unimoss, Miguel Ángel Hernández Garibay, quien dijo que acudieron al INAES para exigir la liberación del presupuesto, porque desde el 31 de agosto el comité técnico regional de la zona Centro autorizó 15 millones de pesos para proyectos productivos para el estado, pero sólo han liberado 17 proyectos de los 51 autorizados.
“Este miércoles venimos a exigir a la delegación que haga el puente con la coordinación nacional del programa, para que no nos olviden; no puede ser que se haya liberado el presupuesto y no se entregue, porque el recurso que no es ejercido es regresado a la federación”, resaltó Hernández Garibay.
Expresó que los integrantes de la Unimoss temen porque en dos meses termina el ejercicio fiscal, y exigieron que se entregue el dinero para que en la próxima convocatoria sea tomado en cuanta Guerrero. Unas 200 personas están en el programa de proyectos productivos comerciales, ganaderos y agrícolas, quienes saldrían perjudicadas si se va el presupuesto.
Los trabajadores del INAES solicitaron a los inconformes que integraran una comisión para hablar sobre sus peticiones.
A las 2:30 de la tarde salió la comisión, informaron que las autoridades se comprometieron a que la liberación del presupuesto será dentro de 15 días, y de no cumplirse el acuerdo nuevamente los manifestantes acudirán a las oficinas del INAES a exigir, “no vamos a permitir que ese dinero se regrese a la federación”, concluyó Hernández Garibay.

Insistirá “hasta el último momento” en la liberación de Nestora Salgado y los demás presos, dice Rogelio Ortega

Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez aseguró que seguirá insistiendo “hasta el último momento” de su administración en la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Herrera Campos, e incluso adelantó que si esto no se consigue continuará impulsando esa petición aunque ya no esté en el cargo.
Aunque dijo que es respetuoso del plan de trabajo del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, confió en que “por su sensibilidad”, el priista retomará este asunto cuando asuma el cargo, en coordinación con la actual legislatura del Congreso local.
Ortega Martínez asistió ayer al Complejo Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), para la clausura de Las Caravanas Culturales por la Paz que encabezó su hija, la presidenta del DIF-Guerrero, Marxitania Ortega, y en donde estuvo presente el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Al concluir la actividad, a Ortega Martínez se le preguntó sobre la negativa del fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, de desistirse de la acción penal en contra de Nestora Salgado, y la negativa del Congreso local de aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía que su administración ha impulsado, sin éxito, desde la legislatura pasada.
“Hasta el último momento, hasta las 12 de la noche del lunes 26 de octubre vamos a seguir insistiendo en que se pueda liberar a la ciudadana Nestora Salgado, a Gonzalo Molina, a Arturo Campos, a Máximo Mojica, a los muchachos de la Policía Comunitaria de la casa del Paraíso en Ayutla, y a las luchadoras y luchadores sociales que están en prisión”, respondió.
Aunque no precisó cuándo lo hará, dijo que enviará de nueva cuenta una petición al fiscal para que reconsidere su postura respecto a la petición que le ha hecho para que se desista de la acción penal en contra de Nestora Salgado.
Dijo que para el 27 de octubre, cuando entre en funciones el gobernador electo Héctor Astudillo Flores y él ya no sea gobernador, en su carácter de ciudadano y universitario seguirá insistiendo en la liberación de los presos políticos.
Dijo estar convencido de que la libertad de los presos políticos en Guerrero sería una acción justa que abonaría a la armonía y a la paz de Guerrero.
-¿Ha hablado usted con Héctor Astudillo de esto? ¿Le ha pedido que impulse la liberación de los presos? -preguntó este reportero.
-Hemos hablado de este y muchos otros temas, yo le he expresado al licenciado Héctor Astudillo mi convicción de que esto ayuda a la armonía, a la paz y a la gobernabilidad democrática. Si contribuimos para que, a través del debido proceso, que no se obstruya, que no se obstaculice la justicia, hay casos que se pueden desahogar y poder alcanzar la libertad a través de lo que proceda.
-¿Debería Héctor Astudillo impulsar esas iniciativas? -se le insistió.
-Yo solamente sugiero, ya el licenciado tendrá oportunidad de revisar y analizar estos casos, y espero, porque creo que es un hombre sensible, un hombre justo, que habremos de coincidir, y yo como simple ciudadano tenga la satisfacción de ver un acto de solidaridad y de justicia de parte del gobernador electo Héctor Astudillo para que atienda estos casos.
De las finanzas del gobierno estatal, recordó que recibió la administración con un déficit de 3 mil millones de pesos, y él dejará menos de 200 millones, “yo funcioné con mil 500 millones menos que como funcionaban otros gobiernos”.
Dijo que Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional en captación de ingresos, gracias a una estrategia en la que condonaron las deudas que enfrentaban los contribuyentes, pero con la condición de que estuvieran al corriente con el pago de sus impuestos en la actual administración, entre otras medidas que merecieron el reconocimiento del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De la reunión con diputados locales de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en la que el fiscal general del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, compareció ante el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, horas después de los ataques a los estudiantes de la Normal Rural en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, lo que deja entrever la posibilidad de que lo dejaron escapar, Rogelio Ortega dijo que es respetuoso “de lo que al respecto se diga”, ya que no es un asunto de su competencia.
-¿No abonaría la comparecencia de Iñaky Blanco para que explicara por qué no se detuvo al secretario de seguridad de Iguala? -se le preguntó.
-Yo soy de la idea de que todas las personas que estuvieron involucradas o cercanas por responsabilidades gubernamentales y que puedan aportar a la investigación y encontrar la ruta de la verdad y la justicia, deben tener la voluntad de comparecer y decir lo que les consta.

Ataca un perro guardián al dirigente del sector Sierra en el penal de Chilpancingo

Maestros exigen su inmediata liberación

Trascendió que el director del penal, Alejandro Santos, le pidió a Valverde Ruiz “no decir nada a los medios de comunicación a cambio de algunos privilegios”

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Maestros del sector Sierra exigieron al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, así como al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, la liberación “inmediata” del cetegista detenido, Armando Valverde Ruiz, ello luego de que este fin de semana dentro del reclusorio fue atacado por un perro guardián, cuando un custodio de manera “intencional” lo llevó a hacer la faena a un área restringida para los internos.

Fue cerca de las 7 de la mañana de este sábado cuando de manera “premeditada” el custodio, Jesús Hernández Sánchez, llevó al cetegista detenido desde hace más de un mes, a llevar a cabo su faena en el perímetro de seguridad en donde se encuentran los perros guardianes y fue atacado por uno de ellos, explicó el docente de la Zona Centro, Raúl Leyva Martínez.

Entrevistado luego de visitar en el reclusorio a Valverde Ruiz, Leyva Martínez calificó de “irresponsable” la acción del custodio –quien también es el encargado de los perros guardianes– “porque pudo haber sido de lamentables consecuencias, además lo llevó a un lugar que es restringido para los internos”.

La consecuencia del ataque del animal guardián, según Leyva Martínez, fue una mordida en la pantorrilla izquierda de Valverde Ruiz, sin embargo esto hizo que inmediatamente acudieran al reclusorio de esta capital tanto el director, Alejandro Santos, así como director de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), Joaquín Estrada Salmerón.

Adentro del reclusorio, los funcionarios se reunieron con los maestros cetegistas. Ahí, de acuerdo con Leyva Martínez, el director de los Ceresos les dijo que se levantó un acta administrativa en contra del custodio y se comprometió a iniciar una investigación por la actitud del custodio, así como a brindarle seguridad al cetegista.

Trascendió que antes de la reunión el director del penal, Alejandro Santos, le pidió a Valverde Ruiz “no decir nada –sobre la mordida del perro– a los medios de comunicación. A cambio ofreció algunos privilegios”. Asimismo se supo que la presencia del director de Ceresos obedeció a que el 27 de abril el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, va a comparecer “y todo debe estar bien”.

Sobre el custodio responsable, mencionó Leyva Martínez, que tras “realizar esa acción intencional, que no sabemos de dónde viene, salió del penal, hablan de que levantaron un acta pero queremos que actúen”.

Para los maestros de la Zona Centro, Armando Valverde Ruiz, quien fue detenido el 21 de marzo por la causa penal 37/2004-II, en agravio de la SEG, es un “preso político”, resaltó Leyva Martínez y por eso pidió al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, así como al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz “su liberación inmediata”.

Por la “represión” en contra de Valverde Ruíz, su esposa, Fátima Melo, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y desde el pasado viernes una comisión de maestros del sector Sierra se trasladaron a la ciudad de México para pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Solo fue un rasguño”: director del penal

Por su parte el director del penal de esta capital, Alejandro Santos, negó que a Armando Valverde Ruíz lo haya mordido un perro guardián; “sólo se trató de un rasguño con la garras pero ya está todo bien”.

Entrevistado afuera del penal, luego de salir a despedir a un “molesto” director de los Ceresos, Alejandro Santos de modo apresurado dijo que “ya intervenimos, se levantó el acta administrativa y se van a iniciar las investigaciones”.

Indicó que “se va a proceder en contra del custodió y sí es posible se va a poner a disposición del Ministerio Público”.

Antes de consultarlo, y tras despedir al molesto director de los Ceresos, según uno de los maestros que se encontraba afuera del reclusorio, el director del penal regañó al jefe de seguridad del reclusorio, a quien le dijo: “cabrón, cómo se les ocurre hacer esas chingaderas, no ven que es un preso político”.

Exige la dirigencia del PRD la libertad de la dirigente de Ahuacuotzingo

 

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La dirigencia estatal del PRD demandó ayer la libertad de la ex regidora de ese partido en el municipio de Ahuacuotzingo, Martina Reyes Antonio, quien fue detenida el lunes pasado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Guillermo Sánchez Nava, dijo que no hay elementos que comprueben que la dirigente haya incurrido en los delitos de rebelión y motín, como se le acusa.

Informó que de acuerdo con la causa penal 103/97, se le relaciona con presuntos hechos delictuosos cometidos en 1997, “lo que implica que el gobierno usa las averiguaciones previas cuando le conviene, qué casualidad que hasta ahora la vinieron a detener”.

Aseguró que no hay elementos que comprueben que la ex regidora cometió los delitos de motín y rebelión de que la acusan, “por eso la dirigencia estatal exige su libertad”.

Liberan taxistas oficinas de la delegación de Transportes de la periferia

  * Se auditará el desempeño del delegado

 * Negocian trabajar en Real Hacienda, otro de los resultados con autoridades

Las oficinas de la delegación de Transportes de la periferia fueron liberadas, la mañana de ayer, informó el dirigente de taxistas, Eleazar Hernández Camacho, quien dijo que durante la reunión de trabajo que sostuvieron con  autoridades del estado acordaron que se realizará una investigación en torno a las acusaciones en contra del titular de esta representación estatal. Asimismo, comentó que se efectuarán realizarán mesas de trabajo para negociar la posibilidad de que trabajen taxis en Real Hacienda.

Los dirigentes de la Alianza de Transportistas, Eleazar Hernández Camacho, Teodoro Marino Moreno y Vicente López Valle, fueron quienes entregaron las oficinas de la periferia al  delegado de Transportes de la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, alrededor de las 10: 30 de la mañana.

Hernández Camacho comentó que los acuerdos a los que llegaron   con el director de Transportes del Estado, René Morales Barrientos, son que se realizará    una investigación minuciosa del trabajo que hasta el momento ha hecho Gildardo Gutiérrez Ramírez, a quien han acusado de proteger unidades piratas y otras irregularidades.

Por su parte, el acusado expresó que es lamentable que el grupo de la Alianza se haya manifestado con una marcha y la ciudadanía, en general, haya sido la más afectada, sobre todo cuando siempre ha habido disposición de su parte para dialogar con todos los transportistas de las diferentes organizaciones que hay en la periferia. Gutiérrez Ramírez mencionó que las acusaciones hechas en su contra por corrupción, no se han demostrado con pruebas y agregó que la denuncia interpuesta en el Ministerio Público, localizada en la colonia Emiliano Zapata, en contra de los dirigentes de la Alianza, continúa su marcha y               como autoridad estatal tuvo que actuar de esa manera,               ya que el Estado y la Comisión Técnica del Transporte fueron los agraviados. (Luluani Vega).

Pide un ecologista que fue liberado la excarcelación de sus compañeros

* Estuvo cuatro años preso acusado de portar armas

 * Cuatro campesinos siguen recluidos en el penal de Acapulco por oponerse a que se acaben los bosques, afirma Pilar Martínez Pérez

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El campesino Pilar Martínez Pérez, quien estuvo preso en el Centro de Readaptación Social de Acapulco acusado de portar armas de uso reservado de las Fuerzas Armadas, obtuvo su libertad junto con su compañero Moisés Martínez Torres, por lo que ahora exige que el gobierno libere a otros campesinos acusados “pero no se les ha comprobado nada”.

Martínez Pérez, de 47 años de edad, entonces integrante de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, fue aprehendido por militares en su domicilio, ubicado en la comunidad de las Canalejas, el 22 de febrero de 2000, acusado de portar armas de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

Ese mismo día también fue detenido Moisés Martínez Torres, hoy de 31 años de edad, y los dos campesinos fueron trasladados al Cereso de Acapulco, donde estuvieron recluidos por 4 años y 10 días, y que por intervención del aspirante a la gubernatura, Zeferino Torreblanca Galindo, y la presión de organizaciones no gubernamentales internacionales quedaron libres el 2 de marzo pasado.

Martínez Pérez y Martínez Torres inicialmente fueron apoyados por el extinto dirigente de la organización ecologista, Juan Bautista Valle, para conseguir su libertad, pero a su muerte, el ex secretario del grupo, Felipe Arriaga Sánchez, gestionó ante Torreblanca Galindo y representantes de ONG’s internacionales para lograr que salieran libres ellos y cinco campesinos más, “pero no se pudo”.

Ayer lunes, vía telefónica, Pilar Martínez exigió que el gobierno federal deje en libertad a Alfredo García Torres, Juan García Avila, Francisco Bautista Valle y Alvaro García Valle, quienes están acusados “de cosas más fuertes, pero hasta el momento no les han podido comprobar nada, están ahí por culpa de los que quieren acabar con el bosque”.

Dijo que los campesinos petatlecos que aún siguen en ese centro penitenciario están sentenciados, pero en los juicios nunca se ha presentado la persona que los acu,sa “y yo pido que el gobierno los saque y los deje libres porque allá adentro se sufre mucho; el gobierno tiene que sacarlos o que lleve a los que los están acusando”.

Pidió la intervención de las ONG’s que lo apoyaron a él y a Moisés Martínez para que los reos queden en libertad; “nos fabricaron los delitos, nada de lo que nos acusan es cierto, los que quedaron adentro están acusados de cosas más delicadas, pero no son ciertas, y pido al gobierno que los deje libres porque lo único que hemos hecho es oponernos a que se acaben los árboles”.

Liberan a los campesinos ecologistas Pilar Martínez y Moisés Martínez

 * Les beneficia una reforma, dicen presos políticos

 

 Aurelio Peláez * Este martes, dos integrantes de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fueron liberados, luego de permanecer cuatro años en prisión.

Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres, dos de los ocho campesinos ecologistas presos, que fueron detenidos por el Ejército en el ejido La Botella con motivo de la defensa de los bosques, recibieron el beneficio de la libertad por una modificación a la ley de armas y tras haber alcanzado el beneficio de la ley de reducción de penas. Tenían una sentencia de 10 años de prisión.

Por medio de un comunicado, el presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, Alfredo García Torres –también ecologista– contó que este martes “salieron libres nuestros compañeros ecologistas… después de cumplir cuatro años con ocho días en esta prisión por el delito de portación de armas. Aunque fueron sentenciados a 10 años, con la reforma de la ley de armas se les redujo la pena a cuatro años, y así obtuvieron su libertad”.

Agregó que “esperamos que se apliquen los mismos beneficios a los compañeros que traen (sentencia por) portación de armas y de acuerdo a la reducción de penas ya alcanzan el beneficio. También invitamos a las organizaciones para ver las sentencias de los compañeros y que soliciten su libertad”.

Otros campesinos ecologistas que están presos son originarios del ejido Los Fresnos. Hace cuatro años fueron detenidos por efectivos del 19 Batallón del Ejército sin orden de aprehensión.

Informó que hasta antes de la liberación de este martes, había ocho campesinos ecologistas presos, acusados de diversos delitos a raíz de su participación en defensa de los bosques de la sierra, y agregó que el comité de presos era integrado por 12 personas.

A la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán pertenecen también los conocidos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, liberados hace dos años y a quienes se inculpó por delitos relacionados con la portación de armas y el cultivo de drogas.

Piden que se resuelva el conflicto de la escuela Leyva Mancilla de Acapulco

El Comité de Presos Políticos manifestó además su solidaridad con los padres de familia y alumnos de la escuela Baltazar R. Leyva Mancilla, de Acapulco, en la que existe un conflicto entre maestros institucionales y de la CETEG.

Ahí, los maestros institucionales no reconocen al supervisor de la zona 60, Cipriano Gutiérrez Niño, un cetegista, lo que provocó que ambos grupos den clases, unos fuera y otros dentro de la escuela. Dentro, los institucionales son apoyados por la directora Dalia de los Santos Lugardo.

En su carta, el comité de presos pide a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), “que intervenga y se hagan cumplidas las demandas, que se cumpla lo que les prometieron la licenciada Dominga Chávez, Max Arturo López Hernández, Martín Ramírez Hernández, que en esta semana se cambiaría toda la plantilla de la escuela y hasta ahora no lo han hecho. Los niños siguen en la calle, arriesgando su vida, sólo con la ilusión de aprender a leer y superarse, pero desgraciadamente no les quieren dar la oportunidad. También les decimos a los padres de familia que dialoguen con las autoridades esta semana, y si no se llega a ningún acuerdo se convoque a todas las organizaciones sociales y se decida qué seguimiento se le dará”.