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Bloquean maestros el bulevar de Las Naciones por tres horas; piden la liberación de un compañero

Durante el bloqueo en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante, maestros de la zona 42 de Educación Primaria discuten con automovilistas que exigían el retiro de la protesta porque ya llevaban mucho tiempo bajo los rayos del sol Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Alrededor de 100 maestros de primarias de la zona escolar 42, bloquearon más de tres horas el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Los familiares informaron que están preocupados por el docente de 50 años, con 26 de servicio en la SEG, porque fue golpeado y es díabético, que no está tomando sus medicamentos. Informaron que están detenido en la Fiscalía General de la República y que fue detenido el sábado.
Aseguró Marcela Beltrán, hermana del detenido, que tienen pruebas de que su hermano es inocente, que hay testigos de cómo fue detenido en Espinalillo y no en Pénjamo, como dice la versión oficial. Señaló que interpondrá una queja en la Comisión Estatal de los Derecjos Humanos, por la violacion a sus derechos y al debido proceso.
Añadió que uno de sus hermanos pudo platicar con David Beltrán y se dio cuenta que no podía caminar, porque recibió golpes, y están preocupados porque es diabético, “no hemos obtenido ninguna respuesta del gobierno estatal”.
Durante la protesta hubo un altercado con automovilistas, que desesperados pedían a los manifestantes que los dejaran pasar, porque ya tenían mucho tiempo varados bajo los intensos rayos del sol.
Luego de ese altercado, los manifestantes abrieron cinco minutos y volvieron a bloquear media hora más. Luego decidieron retirarse, ante la presión que ejercieron los automovilistas que no dejaron de tocar sus bocinas.
Los conductores enfrentaron verbalmente a los manifestantes y les arrebataron las lonas de la protesta y estuvieron a punto de llegar a la violencia física. También los manifestantes arremetieron contra un taxista, de la ruta a Colosio, a quien le estrellaron el parabrisas del vehículo.
En declaraciones, la hermana del profesor, Marcela Beltrán, explicó que ellos son originarios de Espinalillo y que habían ido a una peregrinación, que luego su hermano se dirigió al domicilio de un amigo en el mismo pueblo, donde “cayó la policía y se lo llevaron y al buscarlo, lo encontramos en la Fiscalía”.
Señaló que desconocía los cargos que se le estaban imputado, pero al estar en la Fiscalía quería decir que eran delitos federales. Subrayó que el maestro es una persona honorable y por eso estaban sus compañeros de zona, exigiendo la libertad inmediata de su hermano, “no tiene nada que ver en los hechos que se le están imputado, porque están diciendo que es delincuente”.
Indicó que formalmente no saben de qué se le acusa, más lo que han escuchado y que es por portación de armas. Dijo que exigen la libertad de su hermano, porque no tiene nada que ver con los hechos que están imputado. “Mi hermano esta cerrado injustamente”, aseguró.
Mientras, el inspector de Educación Física, Ignacio Calderón Navarro, dijo que estaban en protesta para exigir la libertad del maestro y que esperaban una respuesta de la Dirección de Gobernación del estado, porque hasta el mediodía no se había dado un acercamiento. Agregó que lo que quieren es la liberación del profesor, quien da clases en la primaria Juan N Alvarez, ubicada en la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que en la zona escolar incluye 12 planteles, ubicados en comunidades como San Pedro Las Playas, Amatillo, Oaxaquilla, Ranchito, Sal si Puedes y Agua Caliente.
Aseguró que estaban exigiendo una pronta solución a la situación legal para que lo dejen en libertad.
Los manifestantes quitaron el bloqueo casi a la 1 de la tarde, porque no querían golpes, pero dijo la hermana de de David: “Esto fue pasivo, estamos esperando la respuesta del gobierno, pero de no darse, lo harán más agresivo y contundente”.
Portaron una manta donde se leía: “La zona escolar 42 de Educación Primaria exige la liberación inmediata del profesor de educación física, David Beltrán Salas. Paro laboral hasta la liberación del profesor”.

 

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

 

Liberan al policía comunitario Samuel Ramírez; seguirá luchando para que se le declare inocente, dice

El policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez salió en libertad después de 4 años 6 meses preso en el penal de esta capital.
Obtuvo su libertad porque cumplió la condena que le impusieron de 4 años 100 días de prisión, pero no fue considerado inocente de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
No pudo ser recibido por las organizaciones sociales ni por su familia, pues les informaron de la notificación de libertad dos horas después de que ésta se emitió, y no alcanzaron a llegar.
El 6 de octubre del 2013 el comunitario fue detenido junto con tres policías más, acusados de portación de arma de fuego; de los cuatro, Samuel fue acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por eso sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza y él no.
A las 4:35 de la tarde de ayer, por la puerta de acceso al penal, Ramírez Gálvez salió en libertad. Vestido con pantalón de mezclilla, playera azul marino con verde, con tres cajas de ajedrez en mano que hizo dentro del penal, que tenían la leyenda de “Samuel Ramírez Gálvez Preso Político CRAC-PC”, y una bolsa de plástico con sus pertenencias.
Fuera de las instalaciones se quitó la playera y quedó con una color gris que decía “Libertad, no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. La rebeldía es la vida la sumisión es la muerte”.
En consulta fuera del penal Samuel Ramírez expuso: “salí como culpable (…) vamos a pelear duro porque no me sacaron con libertad absolutoria, y vamos a seguir luchando”.
Dijo que le sorprendió la notificación de su libertad, pues estaba programada para la siguiente semana, luego de la audiencia de vista que tuvo la semana pasada.
Resaltó que antes de su salida, el preso político de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, que también está en el penal de la capital, le dijo que no le gustó cómo salió.
Recordó que cuando lo aprehendieron tenía 18 años, y cuatro años seis meses estuvo en prisión por portar un arma “viejita, ni funcionaba”.
Samuel Ramírez manifestó que seguirá luchando en la CRAC porque Molina González está encerrado y tiene que salir.
Durante su prisión el policía comunitario hizo deportes como futbol, basquetbol y jugaba ajedrez, además aprendió el oficio de hacer balones y bolsas que su familia vendía en su comunidad.
La salida del preso estaba programada para que asistieran organizaciones sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, la CRAC del Fortín en Tixtla, de Zitlaltepec, organizaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, quienes acompañaron su proceso, pero no fue posible pues su liberación fue repentina y se les complicó llegar a tiempo.
Al lugar sólo alcanzaron a llegar dos habitantes de la comunidad Emperador para recibirlo.
“Ya sabíamos que estaba en término de estos días, pero nos avisaron hace dos horas que lo iban a soltar pero hace un rato nos volvieron a decir que hasta en la noche, entonces hay descoordinación con las organizaciones sociales. Pues qué bueno, nos da mucho gusto verlo libre”, señaló el vecino de la comunidad Indígena Roberto Juárez.
Dijo que la forma en que las autoridades decidieron su libertad es parte del actuar del Estado, que no querían que las organizaciones estuvieran presentes en su liberación.
Añadió que está pendiente la liberación de Gonzalo Molina, que es similar al proceso de Ramírez Gálvez y que muchos delitos que le imputaron se han desvanecido; ya es cosa de días para que definan su sentencia y le den la libertad.
En una llamada telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos, Enriqueta Chávez López lamentó que no pudieron llegar sus integrantes a recibir al preso, pues se encontraban en Oaxaca.
“Estamos haciendo el balance, y creo que todo fue como un tipo contubernio muy perverso, porque yo hablé con el director (del penal) y el director ya debería de comunicar un día antes, entonces él nos comentó que con 24 horas nos iba también a avisar y que el procedimiento tarda hasta 8 horas (para liberarlo)…a Samuel lo sacaron en una hora 40 minutos”, remarcó Enriqueta Chávez.
Dijo que esta situación sucede porque se vive en un país de impunidad, que con ello se demuestra que no hay respeto a la Ley 701 de Guerrero, y que por ende es una afrenta grande a los pueblos originarios que se rigen por sus usos y costumbres.
La representante recalcó que se buscará comprobar que no hay un delito qué perseguir, pues el juez determinó que es culpable por haber portado un rifle que le fue entregado por la comunidad junto con una licencia acreditada, y que la CRAC es una institución legal y legítima.
Abundó que les mintieron diciendo que el caso iba “muy bien”, que los documentos que se habían aportado garantizaban un proceso justo, pero que no le sorprende porque saben cómo trabaja el régimen, además de que finalmente sí les comentaron que no querían que hubiera organizaciones.
En abril del año pasado, el policía comunitario fue sentenciado a 4 años y 100 días y su condena terminaría en octubre, o también se podía conmutar, sin embargo, la familia y el preso decidieron apelar y buscar la libertad absolutoria, la cual no fue posible.
Apenas el 14 de diciembre también fue puesto en libertad el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, después de 4 años y 13 días en prisión, uno de ellos en un penal de máxima seguridad, pero todavía falta la liberación del promotor de la base del Fortín Gonzalo Molina.

 

 

Suspenden clases dos escuelas en Acapulco desde la semana pasada por amenazas y hostigamiento

Dos escuelas de la colonia Libertad, desde el jueves de la semana pasada no tienen clases porque solicitan a las autoridades que haya vigilancia y recorridos del Ejército, pues son “hostigados y asediados con llamadas telefónicas”, informó el jefe regional de Educación, José Pedro Álvarez de Dios.
En declaraciones a reporteros en un restaurante de Acapulco, dijo que los maestros de esas escuelas han entregado documentos donde han “denunciado y plantean la necesidad de que se hagan revisiones de seguridad por parte de las autoridades correspondientes”.
Se le preguntó si como autoridad va a permitir que adelanten las vacaciones por problemas de inseguridad, y respondió “no es que apoyemos o no el adelanto del periodo vacacional, sino la responsabilidad de ir personalmente a la institución, que así lo plantea el motivo de la seguridad, estar presente evaluarlo, valorarlo y estar con ellos”.
Detalló que la denuncia que hacen los maestros de esas escuelas es que están siendo “hostigados, asediados con llamadas telefónicas, amenazas en lo personal, en propias calles, y con mensajes de cartulinas o de letreros. Lo que plantean no es dejar de asistir a clases, sino que haya recorridos de vigilancia, que haya militares”, porque no hay.
“Ya se solicitó la vigilancia (de militares) el medio ambiente de allá es un tanto pesado, difícil. Ellos asisten a las escuelas, se han visto asediados en su seguridad en el trayecto a la propia escuela y los alumnos se han visto asediados. Para evitar esas situaciones es que redactan un documento donde piden la intervención y en eso estamos”, dijo.
Explicó que en el caso de los alumnos, los amenazan en la entrada y salida de las escuelas, “los hostigan, les roban los tenis, les golpean, les gritan; y a los maestros, a las escuelas por medio de llamadas telefónicas, pintarrajeando los carros”.
Álvarez de Dios dijo que son 300 alumnos que desde el jueves no tienen clases, porque “tienen un problema, por la propia zona, y la petición es intervención de seguridad. Estamos visitando esos centros escolares para infundirles la confianza, para que se reintegren  a las actividades escolares”.

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

Podría salir de prisión el acusado del asesinato de la líder de desplazados, advierte ONG

A cuatro años del homicidio de la líder de las familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, se teme que salga de prisión el único detenido por ese delito, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado explica que los testigos presenciales y de cargo se encuentran desplazados y vulnerables, pero han recibido garantías para refrendar las acusaciones en el proceso.
Menciona que el 28 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Juventina Villa, así como del desplazamiento de las familias amenazadas por la delincuencia organizada en Coyuca de Catalán.
Afirma que las autoridades estatales ni las federales han garantizado un lugar seguro ni condiciones dignas para vivir para los desplazados de la violencia.
Denuncia que no existen garantías para las víctimas porque la delincuencia organizada actúa con impunidad y en complicidad con las autoridades y los gobernantes.
Menciona que el primer desplazamiento de las familiares de La Laguna ocurrió después del homicidio del esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso en febrero del año 2011. Toda la comunidad se trasladó al pueblo de Las Ollas para protegerse de los sicarios que los acosaban.
Pese a los acuerdos con el gobierno para atender las necesidades de los afectados ante la violencia, asegura que no recibieron atención y las familias volvieron a La Laguna para trabajar sus tierras y reunir a sus animales, hasta el 28 de noviembre de 2012 cuando se acordó un nuevo traslado a un lugar seguro con el resguardo de policías estatales.
Sin embargo ese día fue asesinada Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, una de sus hijas iba con ella y se salvó. Diez días antes del atentado, el 18 de noviembre de 2012 solicitaron al entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, la intervención urgente del estado, y se propuso como medida de seguridad el traslado de las familias a un lugar seguro.
Sin embargo Salgado Gómez minimizó los hechos y respondió que no sería posible ir por ellos de inmediato porque no tenían sitio para su reubicación. Ofreció la instalación de campamentos en algunas escuelas.
Para el 26 de noviembre, se acordó el traslado de las familias amenazadas y de Juventina para el 20 de noviembre a Puerto de las Ollas.
Pese a los acuerdos no llegaron los policías que acompañarían la caravana de desplazados, y Villa Mojica se separó del grupo para buscar un sitio con señal telefónica para dar cuenta a los defensores de derechos humanos. En ese momento fue asesinada.
Hubo testigos que señalaron a los responsables de las amenazas y de la agresión, pero sólo fue detenido Tereso Díaz Núñez bajo la causa penal 21/2013 en el Juzgado de Primera Instancia de Coyuca de Catalán.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que los testigos están más vulnerables en este momento, ya que se encuentran desplazados en diferentes lugares del país y se les dificulta presentarse a las diligencias, sin garantías ni recursos.
Sobre todo porque saben que los familiares de Tereso Díaz Núñez, el preso, “aprovechando esta situación ofrecerán una fuerte cantidad de dinero al juez para que busque algún argumento legal y a consecuencia de ello deje en libertad al procesado, esto ha causado temores fundados en las familias ya que de quedar en libertad, la vida de todos y cada uno de ellos corre mucho peligro”.
En cuanto a las familias desplazadas, dice que el Estado aún no les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación ni a la educación.
Uno de los argumentos es que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) no ha querido enviar maestros a la comunidad de la Tondonicua municipio de Petatlán, donde fueron ubicados, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha querido activar la clave educativa para la localidad.
Anuncia que una delegación de desplazados de La Laguna viajará a mediados de diciembre a Panamá a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desplazamiento forzado, y lleva la encomienda de plantear el problema de las familias desplazadas por la violencia.

Podría salir libre; el abuso infantil no es delito grave, según el Código penal

 

Según lo establecido por el Código de Procedimientos Penales para el estado en su artículo 70, ni la corrupción ni el abuso sexual contra menores de edad son delitos graves, por lo que quienes incurran en esas faltas podrán recuperar su libertad pagando fianza.
En tanto, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, explicó que la pederastia no está prevista en el Código Penal del Estado de Guerrero.
Bajo estos criterios es que el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo por besar y manosear a dos niñas en la Costera, podría recuperar su libertad.
El Código de Procedimientos Penales establece como delitos graves el homicidio, el feminicidio, homicidio y lesiones culposos, secuestro, asalto contra un poblado, violación, robo, abigeato, extorsión, ataque a los medios de transporte, la rebelión, el terrorismo y el sabotaje.
También el despojo, delitos contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y a la pornografía con utilización de imágenes y/o voz de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y del sistema penitenciario; contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos; y evasión de presos.
Tras la detención del canadiense, el lunes en su cuenta de Facebook el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Robespierre Robles Hurtado, hizo una publicación en la que planteó reclasificar ciertos delitos a través de la Comisión de Justicia del Congreso.
“El abuso de menores debería ser delito súper grave (ellos no se pueden defender y cuando el padre no lo hace debe ser la representación social), valdría la pena revisar nuestro Código penal y agregar la pedofilia y el asesinato por homofobia (como agravante), la extorsión (o derecho de piso), y un sin fin de acciones delictivas que se deberían reclasificar, esto como parte de una estrategia integral de seguridad.
Promoveremos una reunión con la comisión de Justicia de la cámara de Diputados para estos efectos”, se lee en su publicación.
Consultado vía telefónica, Xavier Olea dijo que una reforma al Código Penal o al Código de Procedimientos Penales del estado no serviría de nada.
Explicó que a partir del 18 de junio de 2016, con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, prevalecerá el Código Nacional de Procedimientos Penales y éste tampoco clasifica como delitos graves ni la corrupción ni el abuso contra menores.
Además recordó que en el ámbito local no hay nada relacionado a la pedofilia (atracción sexual de un adulto hacia los niños sin que exista un abuso) ni a la pederastia (práctica sexual con niños).
“El delito (del canadiense) sí es grave, quiero que se entienda, es muy grave y está involucrada una menor, pero el código de procedimientos penales no lo establece así”, indicó.
Por ello, dijo que la Fiscalía ha solicitado al juez correspondiente que no deje en libertad a Walter Suk porque “se puede sustraer de la justicia” intentando regresar a su país, además solicitaron que le sea retenido su pasaporte para que en caso de recuperar su libertad no pueda abandonar México, por lo menos hasta que concluya todo el proceso.

Decretan tres jueces la libertad de Nestora porque actuó como Policía Comunitaria; sale hoy de prisión

Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera  las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio,  a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso,  el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.

Marcha la Comunitaria de Olinalá; cumple 3 años y pide la libertad de Nestora Salgado

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá marchó al cumplir tres años de que el pueblo se armó  contra la delincuencia organizada que secuestraba y mataba a vecinos, y exigió la libertad de la coordinadora Nestora Salgado García.
Asimismo, exigieron justicia para el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar, asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral; exigieron libertad para todos los presos políticos y la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos desaparecidos hace más de trece meses.
La CRAC-PC de Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac, Alpoyeca, Atlixtac, Tixtla y Ahuacuotzingo, en su recorrido por las principales calles de Olinalá recordaron que el 27 de octubre, como ciudadanos inconformes por los secuestros, robos, abigeato y homicidios, decidieron garantizar su propia seguridad, ya que “estábamos enterrando a uno y se escuchó que habían secuestrado a otro, y venían por más, por eso se tocaron las campanas”.
El tesorero del Consejo Social Olinalteco, Carlos Patrón recordó que se conformaron en esta figura para brindarse seguridad, porque el municipio no lo hizo; luego llegaron  marinos y militares que tampoco lo hicieron, y por eso se incorporaron a la CRAC-PC.
Mientras pasaban por las calles, los vecinos los observaban, en algunos momentos les gritaron “traidores, cuéntennos bien”, las consigna de libertad para Nestora y el llamado a que se unieran a ellos.
Los participantes en el mitin en la explanada municipal coincidieron en la exigencia de libertad para Nestora y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La hermana de Nestora, Cleotilde Salgado leyó la carta que envió a los medios la coordinadora hace unos días para invitar a que se sumaran a la actividad de este 27 por la libertad de los presos; su sobrino Giovani leyó la carta del Cecop, firmada por Marco Antonio Suástegui, quien le da su respaldo, y mencionó que su tía llamó a que no se olviden de lo que pasó.
Del MPG región Montaña, Arnulfo Cerón llamó a los asistentes a que no se doblen ni se rajen, y dijo  que es cierto lo que dijo Nestora, “el enemigo es el gobierno”.
También estuvo el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) Reyes Ramos Guerrero, quien dijo que es preocupante que a 13 meses no se sepa nada de los 43 estudiantes y pidió la libertad de Nestora Salgado.
Una acompañante del plantón permanente por los 43 en la ciudad de México, Cristina Bautista pidió libertad para Nestora, llamó a la unidad y solidaridad, porque “los que perdimos un familiar sabemos qué se siente”, y recordó que su hermano murió a causa de la tortura, después de ser detenido por policías.
Integrantes del Partido Obrero Socialista dijeron que la lucha de las policías comunitarias es heroica, ya que las comunidades no confían en las autoridades y por eso toman la seguridad en sus manos.
El representante de la Policía Comunitaria de Pochutla, Miguel Crespo, del municipio de Ahuacuotzingo dijo que se integró a la Policía Comunitaria el 18 de marzo de 2015, y que el 4 de julio tuvo un enfrentamiento con delincuentes que detuvieron y enviaron a Espino Blanco. Dijo que los policías comunitarios han sido amenazados por el grupo delincuencial Los Rojos de cortarles la cabeza.
El representante de Huamuxtitlán lamentó el encarcelamiento de Nestora, a quien le fabricaron delitos por defender a su pueblo. Recordó que se armaron por el secuestro de 17 vecinos en Huamuxtitlán y la colusión de las autoridades municipales con la delincuencia, y que desde entonces tienen amenazas de muerte.
Una policía comunitaria de Cuateconcingo, municipio de Cualac, pidió la libertad de todos los presos políticos, a tres años de que los vecinos, encabezados por Nestora Salgado, iniciaron su defensa contra los robos y secuestros.
La mayoría de los participantes fueron policías comunitarios de distintos municipios, la familia de Nestora Salgado y vecinos, además de representantes del MPG de la  Montaña. De la CETEG, sólo Ramos Reyes y otras cinco maestros; del Frente Democrático Unitario de Lucha (Fredul) y del Comité Nacional por los Presos Políticos.

Aceptan la reducción de la matrícula a cambio de la libertad de sus compañeros

Rechazan declaraciones del gobernador René Juárez Cisneros

 

Se desiste la SEG de cuando menos otras siete órdenes de aprehensión que había en contra de igual número de estudiantes de la normal Rafael Ramírez

Los dos estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez que fueron detenidos el martes pasado durante el desalojo por policías judiciales del estado de las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Zona Centro, fueron liberados poco después de la 1 de la tarde de ayer, luego de que sus compañeros aceptaron negociar la disminución de la matrícula escolar a cambio de su libertad.

Uno de los dirigentes estudiantiles, Joaquín Mier Leyva, rechazó asimismo que, como lo declaró el gobernador René Juárez ayer en Acapulco, los estudiantes de esa escuela hayan roto el acuerdo que suscribieron las nueve normales en el sentido de reorientar la matrícula escolar, puesto que dijo que los estudiantes de esta normal nunca aceptaron los términos de dicho acuerdo y que decidieron movilizarse.

“Nosotros no firmamos ningún acuerdo y el error de los compañeros de las otras normales es que pensaron que nos íbamos a quedar calmados, cuando no fue así, porque no aceptamos los términos de dicho acuerdo que implica reducir la matrícula para las escuelas primarias e incrementarla en el caso de los niveles superiores”.

Por ello insistió que los estudiantes de esa escuela no rompieron ningún acuerdo, puesto que ni lo firmaron.

Mientras tanto, los dos estudiantes detenidos durante el desalojo del martes pasado, Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadez, salieron libres poco después de la 1 de la tarde de ayer y también la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se desistió de cuando menos otras siete órdenes de aprehensión que había en contra de igual número de estudiantes, ello luego de que los estudiantes de la Rafael Ramírez aceptaron que la matrícula escolar se disminuyera de 60 a 40.

“En estos momentos lo que nos interesaba es la libertad de nuestros compañeros y por eso desistimos de nuestra demanda en el sentido de que la matrícula escolar se mantuviera en 60 espacios para el próximo ciclo escolar”, dijo el estudiante Mier Leyva.