El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza Falcón dictó ayer auto de vinculación a proceso a Lucio por homicidio calificado en agravio de los militares Pedro Chávez González, Patricio Hernández García y Jaime Bernal Jiménez, asesinados la noche del 8 de mayo en la entrada del rancho El Pozo, propiedad de la familia Montúfar Mendoza en Coyuca de Catalán.
El juez consideró que los elementos aportados por el Ministerio Público son suficientes para responsabilizar penalmente al detenido, quien de acuerdo a las autoridades que integraron la carpeta de investigación C-45/2018 forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Lucio fue detenido la mañana siguiente del asesinato de los militares en el mismo lugar donde fueron atacados cuando iban a resguardar el rancho de la familia Montúfar, pero el gobierno del estado informó de su detención mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia hasta el 13 de mayo.
Según los testigos los integrantes del grupo criminal que mataron a los militares habrían actuado en coordinación con quienes asesinaron el mismo 8 de mayo al candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, o al menos cuando llegaron al rancho de la víctima hicieron mención del asesinato de Abel.
El imputado rechazó intervenir durante el juicio oral y fue asistido por un defensor público.
El juicio en el que se resolvió la situación jurídica de Lucio comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 11 de este jueves en la sala 1 de juicios orales de Ciudad Judicial.
El juez de Control argumentó de entrada la competencia jurisdiccional para atender el caso en Chilpancingo, debido a que el detenido fue trasladado al penal de esta capital porque según las autoridades, entre ellas el subsecretario del Sistema Penitenciario Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, así como la Policía Ministerial mediante el oficio 00683/2018, determinaron que no había condiciones para que el imputado permaneciera en penales como el de Coyuca de Catalán o de Arcelia por los riesgos que implicaba, debido a que forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El juez dijo que el señalamiento al imputado fue atribuido por Sergio, un trabajador de la familia Montúfar, quien refirió que aproximadamente a las 2 de la tarde del 8 de mayo iba con el grupo de aproximadamente 30 sicarios que llegaron al rancho de Abel Montúfar a bordo de tres vehículos: una camioneta Ranger, otra Frontier y un vehículo compacto color vino.
Los delincuentes iban provistos de percheras, fornituras y armas largas, y según el testigo eran encabezados por Uriel Tavares, La Parra, originario de Paso de Arenas, municipio de Coyuca de Catalán, y que según el mismo testigo mucho lo había visto en el pueblo de Pineda, del mismo municipio.
Ese día aproximadamente a las 2 de la tarde (cuando apenas se rumoraba el asesinato de Abel Montúfar pero no se confirmaba su muerte, porque su cadáver fue encontrado hasta las 4 de la tarde), Uriel Tavares quien encabezaba el grupo que llegó al rancho de los Montufar le dijo a Sergio, el testigo: “Mira, tu patrón está muerto, entrégame las pertenencias del patrón”. El mismo testigo, dijo en su declaración asentada en el expediente, que entre los integrantes del grupo armado que encabezaba Uriel Tavares ubicó a Lucio a quien vio que llevaba un rifle de asalto AK-47.
El testigo refirió que después los hombres armados lo subieron a un vehículo y a su hijo Daniel a otro y se los llevaron a la población de Pineda. Declaró que los sicarios también se llevaron dos tractores de la familia Montúfar.
Dijo que a él se lo llevaron en una camioneta y a su hijo en un coche, los dos vendados de los ojos y que al llegar a Placeres del Oro los descubrieron y los presentaron con una persona a la que identificó como El Zarco, a quien vio con una pistola con cachas doradas.
Éste le dijo: “tu patrón ya caminó, a ti no te va a pasar nada, sólo dame las propiedades de tu patrón”.
Sergio el trabajador del rancho de los Montúfar y testigo declaró según el juez, que después los integrantes del grupo armado los regresaron a él y a su hijo al rancho El Pozo de los Montúfar con la intención de llevarse el ganado, pero que en la carretera estatal Las Iguanas-Las Cruces, justo en la entrada del rancho El Pozo, se encontraron con la camioneta en la que iban los militares y que los aproximadamente 30 hombres armados les dispararon.
La declaración de un militar testigo del ataque que también se encuentra en el expediente, refiere que en la camioneta Frontier que era manejaba por Amado, un primo de Abel Montúfar quien se ofreció a llevar a los militares para evitar el robo de los integrantes del grupo armado al rancho, iban únicamente siete soldados.
En el ataque murieron los soldados Pedro Chávez González originario de Veracruz, Patricio Hernández García de San Luis Potosí y Jaime Bernal Jiménez de Veracruz. Tres más resultaron heridos y uno resultó ileso y fue quien rindió la declaración que se encuentra en el expediente.
Mientras tanto, Amado huyó del lugar y no ha sido localizado para que rinda su declaración.
No se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato, advirtió el detenido
El ataque a los militares comenzó aproximadamente a las 9 de la noche, y según los testigos alrededor de las 9:20 otro grupo de militares que se había rezagado llegaba también al rancho El Pozo y alcanzó a escuchar los disparos, por lo que aceleró la marcha y alcanzó a ver cuándo los sicarios corrían en distintas direcciones hacia el monte para escapar.
Uno de los militares que testificó dijo que vio entre 25 y 30 hombres que se dispersaban hacia el monte. Uno de los rezagados era Lucio. El militar que testificó dijo que su superior le ordenó a él y a otro de sus compañeros que fueran por él cuando vieron que se atrincheró en la maleza y entre unos árboles.
Desde allí oyeron que les advirtió: “no se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato”. Los militares rodearon la zona y se mantuvieron hasta las 6 de la mañana del día siguiente (9 de mayo) cuando volvió a gritar: “me rindo, voy a declarar todo pero no disparen, no me vayan a matar”.
Aunque Lucio fue detenido desde la mañana del 9 de mayo el vocero Roberto Álvarez informó de su detención hasta el 13 de mayo.
Ese día el gobierno del estado difundió una fotografía del detenido en el que aparece un hombre muy joven calzando huaraches con unas fornituras con cuatro cargadores para arma AK-47.
En el boletín no informó el día, la hora ni en lugar donde fue detenido Lucio.
El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza resolvió en la audiencia de vinculación a proceso de ayer que con los elementos aportados por la autoridad investigadora, “está evidenciada la probable responsabilidad penal de Lucio” y que existen los elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Agregó que la defensa del imputado no presentó ningún medio de prueba para demostrar su inocencia.
Al inicio del juicio el defensor público que asesoró al imputado, Jesús Pérez González dijo que “no son suficientes ni coherentes los señalamientos del Ministerio Público en contra de Lucio”, y pidió al juez que tomara en cuenta la presunción de su inocencia, porque “no se acredita” que él privó de la vida a los tres militares.
Según el juez además de la declaración de los testigos que identificaron a Lucio entre los integrantes del grupo armado que fue al rancho y atacó a los militares, existe como medio de prueba el peritaje de rodizonato de sodio que dictaminó que el detenido contaba con residuos de plomo y bario en las manos, asimismo dijo que las características de las lesiones que recibieron los militares muertos coincide con las que produce el arma que portaba Lucio cuando fue detenido.
Fue trasladado de Tierra Caliente a Chilpancingo para que fuera juzgado aquí, debido a que en un oficio del subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Orihuela Hernández y otro de la Policía Ministerial 00683/2018 no había condiciones para que permaneciera en los penales de Coyuca de Catalán o de Arcelia porque pertenece al grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El expediente refiere que cuando fue detenido Lucio portaba un arma AK-47, de las conocidas como Cuerno de Chivo, así como cuatro cargadores con 26 cartuchos útiles cada uno.
Al término de la audiencia el Ministerio Público solicitó al juez un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues dijo que aún falta por recibir la declaración de los tres militares que resultaron heridos y de Amado, el primo de Abel que manejaba la camioneta en que se trasladaban al rancho El Pozo los militares atacados, petición que fue concedida por el juez, quien además aclaró que su resolución es susceptible de impugnación.