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Es posible que los padres de Ayotzinapa se reúnan con el Papa en su visita, dice Vidulfo Rosales

 

Contrario a lo que dijo el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra aclaró que hay un diálogo fluido y fructífero con el Episcopado Mexicano, sobre la posibilidad de que los padres se puedan reunir con el papa Francisco en su gira por el país, la próxima semana.
Consultado en el primer día del Encuentro Nacional por la Indignación, en el auditorio del sindicato de telefonistas, Rosales Sierra aclaró que los padres no tiene interlocución con el clero, y es a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de jesuitas con quienes se está revisando la posibilidad, a pesar de la oposición del gobierno mexicano y de los grupos de derecha.
En declaraciones en Iguala, el obispo Rangel descartó el encuentro del Papa con el comité Los Otros Desaparecidos y con los padres de los 43, porque están “politizados”, dijo. En particular, consideró incorrecto que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa basen sus protestas en gritos, huelgas o protestas.
En declaraciones en Iguala, el obispo reveló que en una reunión en Morelia con el cardenal Alberto Suárez Inda, los padres le gritaron al clérigo, de quien se menciona es uno de los tres obispos más cercanos al papa, por su nombramiento que proviene de una diócesis que antes había tenido un obispado.
Dijo que el tema Ayotzinapa es “incomodo para autoridades, para las élites económicas y de derecha, porque desnuda la corrupción del país”.
Además estimó que el papa no puede negar una palabra de aliento a los padres, cuando el jerarca de la Iglesia católica reconoció en otro momento la grave problemática de México en violaciones a los derechos humanos y sobre desapariciones forzadas.
Precisó que tampoco tienen certeza del encuentro, sin embargo añadió que “hay un avance”.
Al insistir en la posibilidad de una reunión privada, para cuidar la diplomacia con el Estado mexicano, Rosales Sierra aclaró que no les han planteado nada aún, pero entienden que sí hay una intención del gobierno federal de impedir que el papa públicamente dé una palabra de aliento a los padres.
Explicó que la sola mención de los 43 es evidenciar la realidad del país: un Estado delincuencial, coludido con el narcotráfico, y la intención de los grupos conservadores y de derecha es silenciar esas voces.
Apeló a la sensibilidad del Episcopado y del papa con las víctimas de desaparición forzada que sufren por tener hijos asesinados o desaparecidos.
Recordó que en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, policías atacaron a estudiantes, “ese hecho aberrante, deleznable merece una palabra de aliento, las élites no se pueden escudar en que los padres están indignados ante la forma en que funcionarios públicos trataron a sus hijos”.
Estimó que las palabras del papa son importantes para empujar la demanda de presentación de los normalistas. os padres consideran que en un crimen vigilado por todos los agentes de seguridad del Estado que había en Iguala, es imposible que desconozcan el paradero de los normalistas detenidos-desaparecidos.

Se reúnen familiares de desaparecidos de Iguala y el presidente de la Codehum, donde existen 150 quejas

 

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno se reunió con Los Otros Desaparecidos de Iguala para hablar de las 150 quejas que han interpuesto las familias de desaparecidos, y a las que el organismo no les ha dado seguimiento.
Este viernes, el ombudsman de Guerrero sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta y la representante de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena Cruz, en Chilpancingo.
Consultada al finalizar la reunión, Bahena Cruz informó que es la primera vez que se reúne con el presidente de la Codehum, “desde que se formó la comisión de Los Otros Desaparecidos, el presidente no se había reunido con nosotros”, comentó.
Bahena Cruz dijo que la reunión fue para que la Codehum le dé seguimiento a las quejas que han interpuesto los familiares de los desaparecidos en Iguala.
Detalló que, en total son 150 quejas que se interpusieron desde que se formó el grupo de familiares de los desaparecidos, a las que las autoridades no les han dado seguimiento.
Dijo que el presidente de la Codehum está en la mejor disposición de ayudar, y acordaron proporcionar los números de las quejas para que se pueda trabajar. Bahena Cruz explicó que todas las quejas son porque, “ la autoridad no le ha dado el seguimiento debido a cada una de las averiguaciones que se han levantado en la desaparición de los familiares”.
Por separado, consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que fue un encuentro de presentación de trabajo, “no fue de carácter resolutivo en cuanto a la exigencia que traen los familiares de los desaparecidos”.
Se le preguntó desde cuándo la Codehum no ha tenido contacto con los familiares, y respondió que lo han tenido con los representantes de la Codehum en Iguala, “pero es la primera vez que me siento a dialogar con los familiares de los desaparecidos”, reconoció.
Navarrete Magdaleno explicó que en esta reunión se repartieron algunas responsabilidades, y corresponderá a la líder hablar de los desaparecidos, porque es un tema delicado.
En un boletín de prensa la dependencia se limitó a informar que, “el día de hoy (ayer) el ombudsman se reunió con el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, y Adriana Bahena Cruz, representante de los otros desaparecidos de Iguala, con quienes se busca trabajar de manera coordinada en la planificación de estrategias que permitan avanzar en los trabajos por la justicia y paz social”.

 

Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro

Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.

Más de 450 desaparecidos

Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.

Grupo de Reacción Inmediata

Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos

El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.

No ve posible el obispo Rangel un acercamiento del Papa con familiares de desaparecidos

No ve el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, la posibilidad de que familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tengan un acercamiento con el papa Francisco, porque estos grupos están “politizados”.
El obispo fue consultado la tarde de ayer en esta ciudad de Iguala durante el foro promovido por la asociación civil Guerrero es Primero, en el que participaron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada, principalmente del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Sobre la petición de los miembros del comité de que sea gestor para un acercamiento con el papa Francisco, el obispo dijo que no le ve posibilidades.
“Vemos que estos grupos están muy politizados, y lo que a mí no me agrada es que no se procede de una manera civilizada y educada, es el temor que tenía tanto el gobierno como dentro de la Iglesia, que la reunión con estos grupos pudiera degenerar en otros detalles no agradables, incluso en violencia”, declaró.
Dijo que tiene el dato de que un grupo de familiares fueron hasta Morelia, Michoacán, y en una reunión del cardenal Alberto Suárez Inda, “le estuvieron gritando, y creo que esto no es justo, no se vale, yo no estoy de acuerdo de que a base de gritos, de huelgas o protestas incorrectas en las que se dañan a terceras personas, así las cosas no pueden ir”.
Se le recordó que Los Otros Desaparecidos hicieron la petición a través de una carta, y respondió que “el temor que se tiene es que si se le da cabida a un grupo se puedan unir todos los demás, e incluso en particular esas escuelas magisteriales, y pues no tienen otras ideologías, ellos están impuestos a hacer otras cosas y es lo que queremos evitar”.
Indicó “que yo sepa no, es un asunto que debe resolver los dirigentes de la Iglesia junto con el Papa y el mismo gobierno, pero yo no le veo posibilidades”, dijo sobre el encuentro de los papás de los 43 desaparecidos y Los Otros Desaparecidos con el papa Francisco.
Sobre el ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el obispo dijo, “yo tengo mis conclusiones y mis ideas sobre todo esto, tato el caso Ayotzinapa, simplemente me he preguntado ¿y quién los envió aquí? (a los normalistas), y he llegado a la conclusión de que simplemente han sido confrontamientos de bandas rivales. Si ellos bien sabían, los de Iguala que aquí había otro grupo distinto al de ellos, ¿quién los mandó o por qué se metieron aquí?”.
Se le planteó si está de acuerdo con la versión de la PGR, de que entre los normalistas había infiltrados de la delincuencia organizada y el ataque contra ellos fue por la disputa de la plaza entre los grupos de la delincuencia organizada.
?Yo no estoy seguro; yo de lo que sí estoy seguro es que han sido desencuentros de grupos rivales, ?respondió sin ahondar en el tema.
Sobre los cerca de 400 desaparecidos de Iguala, señaló como principales responsables de eso a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, “y precisamente fue en este periodo cuando aumentaron los desaparecidos. Es de la opinión pública que el anterior presidente municipal (José Luis Abarca) como su esposa, estaban bien coludidos con el crimen organizado en este lugar, y es cuando aumentaron las víctimas”.
Declaró que en vez de andar buscando e investigando, “ellos pueden decir dónde están los desaparecidos, ellos saben perfectamente, y pues preguntarles, y creo que ellos nos pueden aclarar muchas cosas”.
Consideró que la mayoría de los desaparecidos de Iguala tienen que ver con los “choques de bandas contrarias en los límites de un grupo o de otro, que es donde ha habido estos problemas y estos desaparecidos”.
Señaló que, “los medios de comunicación han hecho grande esta situación, porque de los seis meses que llevo en Guerrero, he visto que hay mucha gente buena y positiva, que no todos están metidos en el narcotráfico ni en las desapariciones, y que realmente es reducido el grupo de aquellas personas que están provocando los problemas”.
A pregunta hecha sobre las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal, respondió que “actuar con la fuerza no va a solucionar el problema, tenemos que ir más allá, en trabajar en el corazón de las personas y las familias, la escuela y el gobierno a través de los valores”.

Hallan Los Otros Desaparecidos de Iguala un “campamento de secuestro” en Escuchapa, Huitzuco

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala localizaron, en su búsqueda de este domingo, un “campamento de secuestro” en un cerro de la comunidad de Escuchapa, municipio de Huitzuco.
Este domingo inició la implementación de las medidas de seguridad de los gobiernos federal y del estado para familiares de desaparecidos que cada domingo salen a buscar fosas clandestinas.
Uno de los familiares del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informó, vía telefónica la tarde de ayer, que se logró el hallazgo de un “campamento de secuestro” muy grande en la comunidad de Escuchapa, Huitzuco, pero no se logró ubicar posibles fosas, a pesar de que fueron excavados varios puntos con indicios de entierros clandestinos.
Detalló que localizaron ropa, cobijas, vasos, botellas de licor vacías, basura de comida, calzado, ropa interior de hombre y mujer, mochilas, sábanas, además de un juego de esposas como las usadas por policías, pasamontañas y una manopla de acero que se cree que fue usada para golpear y torturar a posibles víctimas de secuestro.
La zona del hallazgo, que fue señalada por un guía anónimo, se ubica a una media hora de camino hacia el cerro, desde la carretera estatal Huitzuco-Paso Morelos, en la comunidad de Escuchapa, donde en diferentes puntos fueron hallados también una especie “cuartos” hechos entre enramadas, en las que se cree que tuvieron a gente secuestrada.
Desde este domingo la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) empezaron a implementar las medidas de seguridad a familiares de víctimas de desaparición forzada tras de la petición que hizo al Estado mexicano la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el respaldo de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos, y de asociaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada.
La fuente consultada informó que sólo les enviaron para el resguardo de 19 familiares de desaparecidos cuatro de los ocho policías federales que les ofrecieron para sus salidas para buscar fosas; el gobierno estatal les envió una camioneta con chofer y gasolina para salir a sus búsquedas.
Dijo que los que no llegaron, y a lo que se había comprometido el gobierno federal, fue el agente del Ministerio público federal y un paramédico, lo cual informarán para el conocimiento del gobierno federal en la mesa de trabajo que tendrán cada bimestre.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Dan cinco organizaciones nacionales respaldo jurídico a Los Otros Desaparecidos de Iguala

Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.

Otorgarán medidas cautelares a 39 familiares de desaparecidos en Iguala; son amenazados

El gobierno federal otorgará medidas de vigilancia individualizadas, en los casos de mayor riesgo, a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que han recibido amenazas, luego de la petición de medidas cautelares para 39 familiares de desaparecidos, que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas y cinco organizaciones nacionales, al Estado mexicano.
Uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala informó que entre los acuerdos con las autoridades federales está que, a partir del domingo 31 de enero, se proporcionará seguridad al grupo de buscadores de fosas, así como un carro, chofer y combustible para que se puedan desplazar en su búsqueda, acompañados de un agente del Ministerio Público y policías federales.
Asimismo, recibirán herramientas para las búsquedas, capacitación para los buscadores de fosas, protección a los familiares con mayor riesgo y rondines de vigilancia en las casas de los 39 familiares para los que se piden las medidas cautelares.
El jueves, una comisión de familiares de desaparecidos se reunió con funcionarios de la Secretará de Gobernación, con el apoyo de cinco organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como el centro Prodh, Idheas, la Comisión Mexicana de Enlaces Nacionales y el Instituto Mexicano para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se acordó el otorgamiento de medidas de protección individualizadas para los casos con mayor riesgo, es decir para los familiares de desaparecidos que han recibido amenazas.
La fuente informó que entre los compromisos hechos con el gobierno federal, con base en la petición de medidas cautelares para 39 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, algunos de ellos como parte del grupo de búsqueda de fosas clandestinas y otros que han recibido amenazas, las medidas de vigilancia serán individualizadas en los casos de mayor riesgo con rondines policiacos en su casas.
Se acordó también que, bimestralmente se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mayor seguridad en las asambleas de los martes a los familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, y seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
En el encuentro del jueves, las autoridades federales reconocieron el logro de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que en un año han logrado el hallazgo y la recuperación de 123 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, “un logro que ha superado por mucho al Estado”.
Informó que las ONG reconocieron también ante las autoridades federales que las acciones de búsqueda de los familiares de desaparecidos de Iguala han superado “por mucho” a las de la PGR.
Con este encuentro, dijo, se da reconocimiento al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, a nivel nacional e internacional, por los logros alcanzados a más de un año de su creación tras el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No son de normalistas los cuerpos hallados en Cocula por la Unidad Especializada para Ayotzinapa, informan

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que, con base en información extraoficial que se les dio a conocer, los dos cuerpos que fueron hallados cerca del basurero de Cocula por la Unidad Especializada de Investigación del caso Ayotzinapa, son de una mujer y a un hombre mayor, que habrían sido asesinados e inhumados hace aproximadamente dos años.
En estas páginas se dio a conocer que el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que entre el 11 y el 13 de diciembre, cerca del basurero de Cocula, en un sitio conocido como Canal Grande, integrantes de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa encontraron restos de dos cuerpos en cuya identificación participa el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Consultado sobre este hallazgo, un integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala dio a conocer que fuentes extraoficiales les confirmaron del hallazgo de los dos cuerpos por la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa.
Informó que de los cuerpos hallados uno corresponde a una mujer y el otro a un hombre mayor, y que ambos tenían cerca de dos años de haber sido inhumados, por lo que no se descarta que sean de familiares de miembros del Comité de Los Otros Desaparecidos.
Confirmó que esos dos cuerpos no están entre los cinco que ellos hallaron y que fueron exhumados de tres fosas por peritos y antropólogos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Barranca de la Carnicería, ubicada a 1 kilómetro y medio del basurero de Cocula, exhumaciones del 5 y el 12 de enero.
Solo informó que el Canal Grande está cerca de la zona del basurero y la Barranca de la Carnicería de Cocula, pero los hallazgos realizados por ellos son diferentes a los hechos por la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa.
El 5 de enero, la PGR exhumó de dos fosas cuatro cuerpos en la Barranca de la Carnicería, y el 12 de enero recuperó un cuerpo más a sólo unos metros de los anteriores hallazgos.
En casi 14 meses, familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado unas 90 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado 121 cuerpos, y de los que sólo 15 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Se ampararán Los Otros Desaparecidos de Iguala; el Estado no les brinda medidas cautelares

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron en la asamblea de ayer que interpondrán un amparo, ante la negativa del Estado mexicano, dos veces, de brindar medidas cautelares para 33 familiares que salen a buscar fosas clandestinas o que han recibido algún tipo de amenaza.
La petición de las medidas cautelares para los 33 familiares de víctimas de desaparición forzada al Estado mexicano se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue una petición conjunta a este organismo internacional de las diferentes organizaciones nacionales de víctimas de desaparición forzada, como Idheas y Organización de Enlaces Nacionales, informó ayer uno de los familiares.
La fuente informó que, la Secretaría de Gobernación dijo que desde diciembre se estaban brindando las medidas cautelares a los familiares de desaparecidos, lo cual fue desmentido ayer en la asamblea.
Se informó también que, a través del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –al que el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala tienen como asesor jurídico independiente– se elaborará un amparo para exigir al Estado mexicano el otorgamiento de las medidas cautelares para estas familias.
Denunció que a pesar de que había un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de que cada domingo una comisión de policías federales acompañaría al grupo de familiares durante la búsqueda de fosas clandestinas, ya en dos ocasiones, incluyendo este domingo, cuando la búsqueda se hizo en cerros de Cocula, la Policía Federal no dio seguridad a los familiares.