Ofrendan organizaciones a los desaparecidos, activistas y luchadores en el Zócalo de la capital

 

La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d

Piden luchadores sociales que la UAG se defina frente a La Parota y el narcotráfico




En la ceremonia luctuosa por el 46 aniversario de la masacre del 30 de diciembre de 1960, dirigentes y luchadores sociales coincidieron en demandar que en estos momentos “difíciles” que vive el país por la imposición de la “antidemocracia” y por el “riesgo” que representa en Guerrero el gobierno de Zeferino Torreblanca, la UAG se coloque del lado del pueblo y defienda los intereses de los guerrerenses en reciprocidad con el movimiento popular que le dio origen.
Pidieron que la institución tome una posición ante casos como el de la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota y ante problemas como el narcotráfico, asimismo que retome la lucha por la democracia en Guerrero.
Aunque esta vez la ceremonia luctuosa fue organizada de manera conjunta entre la dirigencia estatal del PRD y la administración central de la UAG, se realizó en dos fases; la primera en la que intervinieron los oradores considerados “oficiales”, como el rector de la UAG, Arturo Contreras Gómez, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y los dirigentes de los sindicatos de la institución. En tanto que en la segunda, que fue denominada por los maestros de ceremonias, como “tribuna libre” estuvieron quienes participaron en el movimiento de 1960 y dirigentes de organizaciones sociales.
Las críticas a las autoridades de la UAG y hacia el gobierno estatal de Zeferino Torreblanca Galindo se plantearon en ambas fases; a las primeras porque no han respondido a las expectativas que se plantearon los estudiantes y los integrantes de la sociedad que participaron en el movimiento de 1960 que culminó con la masacre del 30 de diciembre de 1960, y al segundo porque tampoco ha respondido a las “esperanzas de democracia y de cambio” que esperaban los guerrerenses, señaló el luchador social Pablo Sandoval Cruz.
El acto comenzó a las 9 de la mañana en el Monumento a los Caídos que se encuentra en la Alameda Granados Maldonado, frente al Edificio Docente de la UAG que alberga las preparatorias 1 y 9, a donde, como pocas veces, acudieron el rector de la UAG, Arturo Contreras Gómez, el presidente municipal, Mario Moreno Arcos y el presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, quienes montaron guardia de honor y después tuvieron a su disposición sillas para que permanecieran cómodos durante la ceremonia (otros años la organización no ha llegado a eso).
También montaron guardia de honor el presidente de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso local (a quien no se le ha visto en otros años), Fernando Pineda Ménez, el ex dirigente estudiantil de 1960 Jorge Vielma Eras, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG, José María Hernández Navarrete, así como el dirigente del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Alejandro Morales Palma; el secretario general de la administración central de la UAG, Román Ibarra Flores, el luchador social Pablo Sandoval Cruz, el ex magistrado Eulalio Alfaro Castro.
En esta ocasión hubo también más presencia que en otros años (más de 100 asistentes), pues acudieron ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) que se encuentran en plantón afuera de la coordinación estatal desde hace casi un mes, en demanda de su reinstalación, así como integrantes de organizaciones sociales como del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Frente de Defensa Popular (FDP).
Uno de los primeros oradores, fue el secretario general del STAUAG, José María Hernández, dijo que la UAG tiene un compromiso con la sociedad y con el movimiento de 1960 que fue el origen de lo que hoy es la institución y convocó a las autoridades universitarias y al otro sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia a sentar las bases para la transformación académica de la UAG y hacerla respetable y un orgullo de la sociedad guerrerense, e incluso pidió a los sectores de la UAG a que dentro de un año en esta misma ceremonia “rindamos cuentas de este compromiso”.
Después reclamó la falta de compromiso de la UAG con la sociedad, sobre todo ahora que “hay autoridades estatales con un ejercicio discrecional del poder, porque no sujetan sus acciones a las leyes y al derecho”.
Ante ello demandó que la Universidad “no guarde silencio nunca de estas cosas” y planteó que la institución asuma una posición y fije una postura con respecto a dos temas; el de la presa hidroeléctrica de La Parota, “que es un proyecto importante pero también de rapiña” y que afecta a los habitantes de la zona en donde pretende construirse la presa. El otro asunto del que el dirigente sindical señaló que debe asumir una postura la UAG es ante el problema del narcotráfico, porque insistió que “la UAG no debe guardar silencio nunca ante los problemas que se viven en Guerrero”.
Mientras tanto el dirigente del STTAISUAG, Alejandro Morales Palma, luego de una remembranza de lo que fue el movimiento del 60 y su impacto en lo que hoy es la UAG, demandó al rector Arturo Contreras que atienda los dos emplazamientos a huelga que tiene ese sindicato por diversas demandas, para honrar la memoria de quienes lucharon por la autonomía.
Por su parte el alcalde Moreno Arcos, propuso que el movimiento de 1960 deje de ser exclusivo de la Universidad y pase a ser parte de las fechas históricas de Chilpancingo, “porque no sólo murieron universitarios, sino que mucha gente del pueblo ofreció su vida”.
Anunció que a partir de este año, la autoridad municipal retomará esta fecha no sólo como una gesta de los universitarios sino como una lucha de todo un pueblo”.
En su intervención el rector de la UAG, Arturo Contreras Gómez, defendió a la institución y dijo que ésta representa una alternativa ante el proyecto neoliberal que está poniendo en riesgo la educación en todo el país.
Después agradeció a los diputados locales y federales y al gobierno estatal por el apoyo a la institución para lograr un mayor presupuesto y porque “no permitieron que el presupuesto destinado a la educación fuera disminuido”. Y en el caso del gobernador Zeferino Torreblanca señalo que “hoy como nunca se puso al frente de su Universidad para que le autorizaran un mayor presupuesto”.
Señaló en ese sentido que “hoy las formas de lucha no son enfrentándonos, sino que tenemos que demostrar que tenemos conocimientos y presentar proyectos para lograr mayores recursos y para que la Universidad sea reconocida”.
El gobierno de Zeferino, inteligente pero no tan pulcro
En lo que fue la “tribuna libre” uno de los ex dirigentes estudiantiles del movimiento del 60, Felipe Molina Mazón, criticó que las actuales autoridades universitarias y del gobierno del estado no hayan cumplido con las expectativas de quienes en ese movimiento lucharon por la autonomía universitaria y por democratizar la vida pública del estado.
Y denunció que en el actual gobierno “democrático” se continúan repitiendo vicios como el hecho de entregar bonos de a 100 mil pesos por parte del gobierno del estado a los diputados locales para obtener sumisión y estos, incluso, voten en contra de de que los 100 millones autorizados para gestoría se destinen para útiles escolares de los niños de escasos recursos del estado.
La mención provocó que el presidente de la Comisión de Educación, Fernando Pineda se escurriera por entre los asistentes y sin despedirse de los invitados especiales abandonara el acto.
Después se anunció la intervención del presidente del Comité estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, pero de inmediato se escuchó una leve rechifla de desaprobación lo que provocó que en su lugar interviniera el secretario general, Guillermo Sánchez Nava, quien reconoció que las demandas del movimiento de 1960 no se han alcanzado plenamente.
Reclamó que estas demandas se cumplan sobre todo en el ámbito nacional, “en donde vivimos una situación difícil, puesto que el 2 de julio se impuso la antidemocracia”.
Posteriormente el luchador social Pablo Sandoval Cruz recordó de entrada al tres veces rector Rosalío Wences Reza y su proyecto Universidad Pueblo y señaló que “ojalá que las actuales autoridades universitarias comprendieran que el mejor homenaje es poniendo en práctica su proyecto”.
Señaló que uno de los actos de la UAG es ser “paladín y defensora” de las luchas sociales, dijo que sobre todo ahora “que corremos un gran peligro en Guerrero” porque tenemos a un Ejecutivo muy inteligente pero no tan pulcro porque quiere aprovecharse de las riquezas del estado para entregárselas a los extranjeros.
Citó por ejemplo el proyecto del gobernador para aprovecharse de los recursos minerales de Mezcala entregándolos a empresas extranjeras, sin que haya informado a los guerrerenses; la venta de las costas guerrerenses a jubilados de Estados Unidos. Dijo que también forma parte de su proyecto neoliberal la construcción de la carretera Iguala-Ciudad Guzmán, y otra que va directo del Puerto Lázaro Cárdenas hacia Estados Unidos que pretende ser una supercarretera y se preguntó si esta no forma parte del Plan Puebla Panamá.
Pero lo más grave dijo que es el apoyo que está dando Zeferino Torreblanca a la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota sin el consentimiento de la población que se verá afectada, sin que esté claro todavía quién va a financiar el proyecto pues señaló que existen divisas extranjeras y que esto es una “traición a la patria” y violatorio de la Constitución, puesto que ésta prohíbe la enajenación de las riquezas mexicanas a extranjeros.
Sandoval Cruz advirtió que el gobernador Zeferino Torreblanca, si insiste con expropiar los bienes del estado para entregárselos a los extranjeros no llegará ni al tercer año de su gobierno.
Y luego demandó que en esta lucha la UAG se ponga del lado del pueblo y que defienda los intereses de los guerrerenses, “que las autoridades (de la UAG) no se vendan por unos cuantos millones de pesos que el gobierno les ofrezca, porque podemos ser una Universidad pobre pero también de excelencia si se manejan los recursos con pulcritud y no hay rateros que se llevan el dinero”.
Pero cuestionó que como van a alcanzar los recursos “si hay ahí un personaje que lleva ya 16 años manejando los recursos y sabe todo el manejo para llevárselos”, indicó en referencia al contador Fausto Solís Leyva, quien en esta administración nuevamente es el encargado de las finanzas de la UAG.
Para cuando comenzó a hablar Sandoval Cruz ya el rector y el presidente municipal se habían retirado y sólo se quedaron algunos universitarios organizadores del evento así como integrantes de las organizaciones sociales.
También intervino uno de los trabajadores despedidos del INEGI que denunció que el gobierno federal les ha negado el derecho a tener un trabajo digno, a organizarse en un sindicato, a tener prestaciones laborales y el derecho de huelga.
En esta ocasión llegó casi dos horas después de iniciado el acto el ex dirigente estudiantil Jesús Araujo Hernández, quien nuevamente rememoró el movimiento que terminó con la masacre del 30 de diciembre de 1960 y dio origen a la Universidad Autónoma de Guerrero.

En junio, el registro legal de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales: Gallegos

Zacarías Cervantes Chilpancingo Están avanzados los trámites para que en junio se registre legalmente a la Asociación Nacional de Luchadores Sociales integrada por xx guerrilleros de diferentes organizaciones armadas que funcionaron durante las décadas de los setentas y que exige la presentación de los desaparecidos y castigo a los responsables de la guerra sucia, informó ayer Arturo Gallegos Nájera.

Ayer se reunieron en esta capital ex militantes de organizaciones como el Partido de los Pobres (PDLP), La Liga 23 de Septiembre, las Fuarzas Armadas de Liberación (FAL) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como parte de las reuniones mensuales para la integración de esa agrupación que, de acuerdo con el mismo Gallegos Nájera, va en crecimiento.

El universitario, acompañado por el también ex guerrillero, Luis León Mendiola, recordó que la agrupación de ex guerrilleros se dio a conocer a los medios de comunicación el 11 de enero, cuando también se ratificaron los acuerdos de la asamblea constitutiva del 13 de diciembre de 2003.

Reiteró que se trata de una agrupación que exigirá la presentación de los desaparecidos, el esclarecimiento de los asesinatos y en general castigo a los responsables de la represión durante la guerra sucia.

Informó que el proceso de constitución legal está avanzado y que sólo falta registrarla ante el notario público. Agregó que por lo pronto está abierta a todos los luchadores sociales comprometidos y con deseos de “reconstruir la historia y atar cabos sueltos”, para que se esclarezcan los casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia en Guerrero.

Entre quienes llegaron a la reunión de ayer también se encuentra la universitaria Alejandra Cárdenas y Antonio Hernández Fernández.

Gallegos Nájera informó que la agrupación de luchadores sociales no busca convertirse en ningún instrumento político ni vocero de nadie, sino que el único objetivo es lograr que se esclarezcan los hechos de represión durante la guerra sucia.