La integrante de la asociación civil Renacer, Yolanda Domínguez presentó una demanda penal por el delito de prevaricato contra tres magistrados que, a cargo de la segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desestimaron la declaración de una niña de dos años y ocho meses de edad que señaló abuso sexual, y exoneraron al agresor, pero sus argumentos fueron desechados en un tribunal colegiado en febrero de este año.
Acusaron a los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Cedeño y Alfonso Vélez Cabrera, entonces titulares la Sala penal, de dictar una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes, a sabiendas que la resolución era injusta.
El abogado, Pedro Ramírez Millán, indicó que los elementos de prueba contra los magistrados son sus propias valoraciones de la resolución de la Sala, donde se acredita la forma en que los magistrados favorecieron al inculpado, así como la sentencia del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que desechó uno a uno sus argumentos.
Subrayó que los tintes de la resolución de la Sala penal son inmorales, de favorecimiento y de negociación, que son más difíciles de probar en un juicio penal.
El principal argumento de los denunciantes es que los magistrados desestimaron la declaración de la niña, argumentando que la denuncia se dio en medio de un conflicto de guardia y custodia, y que la menor habría sido manipulada por sus familiares, indicó Yolanda Domínguez.
Sin embargo, aclaró que la resolución de la Sala evidencia una falta de conocimiento e incapacidad de ser juzgadores, ya que pasaron por alto la jurisprudencia del Poder Judicial que señala que los delitos sexuales son de realización oculta, por lo tanto, la declaración de la víctima prevalece por encima de cualquier prueba, aun cuando su declaración tenga inconsistencias, porque debe atenderse a la naturaleza del hecho traumático.
Ramírez Millán precisó que, cuando los familiares de la niña se dieron cuenta del abuso sexual y presentaron la denuncia contra el agresor, el novio de la mamá, ya había acuerdos sobre la guardia y custodia de la pequeña, por lo tanto no había otros conflictos de interés.
Ahora toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar la carpeta de investigación y llevar a cabo las diligencias para acreditar el cuerpo de delito y, de confirmar una responsabilidad, solicitar al Congreso local el desafuero de los magistrados para someterlos a un juicio.
No obstante, reconoció que la mayor parte de la impunidad la generan precisamente los procuradores y administradores de la justicia, que “se vende como en un mercado, es la realidad que observamos durante años, como abogados, podemos advertir en una resolución, cuando hay equivocación de criterio, y las que llevan tendencias de favorecimiento. El mal está dentro”.
También lamentó que los magistrados tienen asegurada su estancia en el Poder Judicial, hasta que se jubilen o fallezcan, mediante la ratificación, y sólo se les puede separar del cargo hasta en tanto no haya una causa de responsabilidad.
El abogado, José Ramírez Villalba advirtió que la protección hacia los magistrados viene de los propios gobiernos que “no quieren más escándalos sociales, con tanto problema ya no pueden”; sin embargo, aseguró que van a insistir en que se analice esta denuncia porque los familiares de la víctima están muy interesados en dejar un precedente para otros casos.
Aclaró que en éste, es evidencia la tendencia a favor del inculpado, aclaró que es muy aventurado decir que hubo dinero de por medio, aunque no lo descarta.
Yolanda Ramírez insistió en que 80 por ciento de las denuncias de niños violentados quedan en la impunidad, debido a la corrupción en los sistemas de procuración y administración de justicia, “nosotros le damos seguimiento a este caso en contra los magistrados para demostrar cómo se tuerce la ley en Guerrero”, agregó.
Concluyó que, “el caso que nos llevó a esto no es de una disputa de guardia y custodia, no se trató de disputa familiar, tampoco es político, es un caso de un derecho humano de una niña que tiene que ser ejemplo para muchas familias de no quedarse calladas, hay que cuidar y defender a los niños en contra de quien sea”.
El abogado de la niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente, Pedro Ramírez Millán informó que la denuncia contra los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable será por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.