Datos sobre la transparencia en 2018

Los informes que presenta cada año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (Itaigro) son una fotografía desde la que es posible observar, a veces claramente, a veces entre líneas, lo que sucede realmente en el estado en estas materias. En esta entrega comentaremos varios datos relevantes que contiene el treceavo informe de labores, correspondiente al ejercicio 2018, que entregó el órgano garante en días pasados al Congreso del estado.
Uno de los primeros datos que salta a la vista es el número de solicitudes de información que la ciudadanía guerrerense presentó durante el año pasado: 7 mil 264 requerimientos. Si se mide con referencia a otras entidades, la cifra puede parecer corta (9 mil 527 en Oaxaca, 9 mil 712 en Hidalgo, y no se diga las 116 mil recibidas en la CDMX de enero a septiembre de 2018). Pero vistas las cifras cronológicamente al interior del estado, es innegable el incremento que se ha registrado año con año, pues de las 300 o 400 que se presentaban anualmente en los años posteriores a que se establecieron procedimientos formales para ejercer el derecho de acceso a la información (2006-2007), pasamos a más de 7 mil en 2008.
Hay varios factores que favorecieron este aumento, la promoción institucional y el creciente interés de la ciudadanía por estos asuntos, entre otros. Tal vez predomine el segundo factor, pues la experiencia dice que las personas no se interesan por ejercer este derecho a partir de escuchar o ver promocionales, sino hasta que se les presenta una necesidad informativa específica de un problema que les afecta (obra pública, reglas de operación, programas sociales, estadísticas de educación, salud, seguridad, etc.), y alguien les muestra o por sí mismos descubren los procedimientos de la ley para buscar satisfacerla. Es la antesala del interés ciudadano por los asuntos públicos y tal vez el principio de la construcción de ciudadanía.
A esto se agrega un factor adicional: la posibilidad de presentar solicitudes por vía remota –a través de los medios electrónicos–, recurso que se estableció en Guerrero hasta febrero de 2011 y fue precisamente la fecha del inicio del despegue. No en balde la gran mayoría de solicitudes de 2018 se presentaron a través de la plataforma nacional de transparencia o por correo electrónico; sólo 64 se hicieron por medios diferentes.
Falta, sin embargo, diseñar mecanismos innovadores para incorporar al ejercicio de este derecho a toda esa población que aun no cuenta con la conectividad de internet que se requiere y en general a los recursos digitales.
De acuerdo con el informe de Itaigro, las principales dependencias que recibieron solicitudes el año pasado fueron la Fiscalía General del Estado (612 solicitudes), Secretaría de Salud (351), Ayuntamiento de Acapulco (347), Secretaría de Finanzas y Administración (313), Tribunal Superior de Justicia (313) y el propio Itaigro (286).
Otro dato que puede comentarse del informe del órgano garante es el de los recursos de revisión, es decir, de aquellos procedimientos que pueden presentarse si las dependencias no contestan o el solicitante está inconforme con la respuesta.
En 2018 se presentaron 379 recursos de revisión, que comparados con los 47 que se presentaron en 2007, se percibe un interés creciente por hacer valer este derecho por parte de la ciudadanía. Tradicionalmente habíamos observado un bajo número de recursos, esto derivado tanto del desconocimiento de los procedimientos por parte de la ciudadanía como debido a la tardanza de los plazos para el procesamiento de estos recursos. Los dos factores siempre han desalentado la presentación de recursos, de hecho, no se descarta que todavía hoy haya un fuerte número de solicitantes de información insatisfechos con las respuestas de las dependencias, pero que no se animan a presentar sus correspondientes recursos de revisión.
De los 379 recursos presentados en 2018, sólo en 75 casos (20 por ciento) se emitieron resoluciones en las que se instruye la entrega de información a los ciudadanos, ya que 99 fueron desechados y 76 sobreseídos. El alto porcentaje de recursos de revisión desechados y sobreseídos es una señal de alerta que impide un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Hace falta un buen diagnóstico y análisis para atender los motivos de por qué no está funcionando plenamente este tipo de recursos.
En este renglón, los sujetos obligados que recibieron mayor número de recursos de revisión en su contra fueron la Secretaría de Finanzas y Administración con 21 recursos, la Fiscalía General del Estado (16), Congreso (16), Ayuntamiento de Acapulco (11), Secretaría de Educación de Guerrero (11), Itaigro (nueve), Secretaría de Desarrollo Social (nueve), y la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Guerrero con siete cada una.

Denuncias ciudadanas

Finalmente, otro indicador que da cuenta sobre cómo participa la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de acceso a la información son las denuncias que ésta presenta ante el órgano garante por el incumplimiento de las dependencias y entidades públicas de sus obligaciones de transparencia.
Dice el artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información que todos los sujetos obligados (208 en el estado) deben publicar información de su quehacer gubernamental organizada en un catálogo de 48 temas y algunos adicionales, según la dependencia.
También la ley dice, en su artículo 103, que si las dependencias omiten la publicación de uno o más de estos temas, las y los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante el Itaigro. En 2018 se registraron 89 denuncias ciudadanas por este concepto, un incremento sustancial en relación con 2017, cuando sólo se presentaron 14 denuncias.
En estricto sentido, los 208 sujetos obligados del estado merecerían ser denunciados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, ya que ninguno cumple con el 100 por ciento de éstas. Sin embargo, los 89 denunciantes de 2018 seguramente presentaron sólo de aquellas dependencias de su interés.
En este rubro destacan por su número las denuncias presentadas en contra de los ayuntamientos, 65 de las 89: Tecpan (3), Chilpancingo (3), Tlapa (3), Coyuca de Benítez (3), Zihuatanejo (3); Acatepec (2), Atoyac (2), Tlalchapa (2), Taxco (2), Juan R. Escudero (2), Benito Juárez, Iguala (2) y Tixtla (2).
Con una denuncia están: Copalillo, Mochitlán, Acapulco, Ixcateopan, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Leonardo Bravo, Alpoyeca, Arcelia, Tlapehuala, General Canuto Neri, Azoyú, Copala, Cuautepec, Huitzuco, Xalpatlahuac, Tlalixtaquilla, Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac, Alcozauca, Alpoyeca, Metlatónoc, Cochoapa, Atlamajalcingo, Copanatoyac, Malinaltepec, Zapotitlán, Atlixtac, Ileatenco, San Luis Acatlán, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Pero también otras dependencias recibieron denuncias, entre las que destacan la Secretaría de Finanzas y Administración (3), Itaigro (3), el Tribunal Superior de Justicia (2).
De las 89 denuncias presentadas, 15 fueron desechadas o infundadas, sólo en siete se ha instruido a los sujetos obligados que entreguen la información; y la gran mayoría, 65, están en proceso.

No presentaron informe

Hay un dato del informe de labores del Itaigro que puede ser indicativo de la poca atención que le procuran una parte de los sujetos obligados del estado a los temas de transparencia y acceso a la información. Se trata del informe que cada año por ley deben presentar sobre el número de solicitudes que los ciudadanos presentaron a lo largo del año. Son 53 las dependencias (25 por ciento del total en el estado) que omitieron enviar este informe al Itaigro. La omisión es grave porque se percibe no solo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente en sus dependencias.
Entre éstas, hay algunas del Ejecutivo como Agroindustrias del Sur, Casa Guerrerense en el DF, Consejo de Políticas Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social; también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y varios sindicatos. Pero el sector que tiene más omisiones es el de ayuntamientos, 25, que representan 30 por ciento de los que hay en el estado.

Verificación

En el informe de labores, correspondiente a 2018, el Itaigro finalmente publicó el ranking estatal de cumplimiento de obligaciones de transparencia con sus respectivos porcentajes. No nos referiremos a la metodología, pues las deficiencias que encontramos, las señalamos en ediciones anteriores (ver Monitor de Guerrero del 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2018), sino propiamente a los resultados.
Dieciocho ayuntamientos (22 por ciento de este sector) obtuvieron una calificación de cero, y otros 14 no llegaron ni a 10 por ciento; 22 ayuntamientos alcanzaron entre 10 y 50 por ciento. Y sólo 23 tuvieron más de 60 por ciento, y de éstos, cuatro estaban en 2018 por arriba del 90 por ciento (Eduardo Neri, Acapulco, Heliodoro Castillo e Iguala).
En el caso del Ejecutivo del estado, encontramos siete dependencias con calificación de cero (Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Casa Guerrerense en el Distrito Federal, Consejo de Políticas Públicas, Universidad Intercultural, Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Instituto del Deporte y Conalep). Doce dependencias tienen menos de 50 por ciento de calificación.
Por otra parte, 11 dependencias del Ejecutivo se ubican por arriba de 90 puntos, y la gran mayoría, 50, están en el rango de entre 60 y 89 por ciento.
Los partidos políticos, según el informe del Itaigro, obtuvieron, casi todos, calificaciones por arriba de 60 por ciento, mientras que los organismos paramunicipales de agua potable se encuentran en un rango de entre cero y 83 por ciento.
La Auditoría Superior del estado obtuvo 92 por ciento, el Congreso 90 y el Tribunal Superior de Justicia 89 por ciento de calificación. Los órganos autónomos obtuvieron calificaciones por arriba de 60 por ciento, excepto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; destaca que tres de ellos tienen calificaciones mayores a 90 por ciento (Itaigro, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del estado).
Durante la verificación a las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro en 2018 también hay un dato que indica el desinterés de muchas de las dependencias evaluadas. Se trata de aquellas dependencias que obtuvieron calificaciones reprobatorias –por debajo de 60 por ciento, según la metodología del Itaigro– las cuales, no obstante que se programó un periodo para subsanar las deficiencias, desatendieron completamente esta oportunidad.
Destacan en este rubro dos sectores: el sector ayuntamientos, que en 49 casos no se registra ningún “informe de subsanación”; y el Ejecutivo estatal, donde fueron 18 casos. Cabe señalar que en muchos de estos casos ni siquiera asistieron a la verificación los titulares de las unidades de transparencia.
Con este panorama de la transparencia y el acceso a la información en el estado que se deduce del informe 2018 del Itaigro, son muchos los pendientes para este 2019, entre los más importantes: destrabar el tema de las sanciones económicas a quienes incumplen con la ley de transparencia, pues esto contribuiría enormemente a disminuir la impunidad; mejorar varios aspectos de las verificaciones a las obligaciones de transparencia, con la contribución de organizaciones de la sociedad civil y el consejo consultivo del órgano garante; establecer el órgano de control interno del Itaigro; relanzar la iniciativa de los ejercicios de gobierno abierto en coordinación con otras instituciones y la ciudadanía; promover el acceso a la información mediante metodologías que realmente “enganchen” a las y los ciudadanos en el ejercicio de este derecho; establecer mecanismos ágiles en la gestión de recursos de revisión y denuncias ciudadanas; entre otros.

Convocatoria

Desde el 8 de febrero se emitió la convocatoria para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se trata de uno de los componentes que establece la ley para el funcionamiento técnico y operativo del sistema. Con esta convocatoria, cuyo procedimiento es muy similar al que han empleado en otros estados, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción busca que el proceso de selección sea abierto y transparente.
Las bases de participación pueden encontrarse en el sitio www.cpcguerrero.org.mx

 

Histórico triunfo de los usos y costumbres

Sin ocupar las primeras planas de la mayoría de los diarios, hace unos días ocurrió un acontecimiento histórico en el municipio de Ayutla de los Libres. Las comunidades rurales y urbanas decidieron mayoritariamente que la elección de su gobierno municipal no será más por el sistema de partidos, sino por usos y costumbres.
La trascendencia de este hecho es por partida doble: la población de esa demarcación tendrá la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales mediante mecanismos que pueden garantizar una mejor representación de sus intereses –lo que ya no sucede con el sistema de partidos–. La otra, es la puesta en práctica de un ejercicio ciudadano por excelencia: la consulta –equiparable a un referéndum o plebiscito– mediante el que se le dio poder a la gente para que tomara una decisión de gran importancia. Eso, ni en Guerrero ni en México sucede todos los días.
Sin embargo, hay una oposición férrea contra el sistema de elección de gobiernos por usos y costumbres. En la reciente consulta celebrada hace unos días en el municipio de Ayutla, para recoger la opinión de los habitantes sobre este asunto, se observaron de manera muy clara estrategias de todo tipo, puestas en marcha, ahora sí, coincidentemente, casi por todos los partidos, unidos o cada uno por su lado, para que no fructificara la iniciativa de consulta a la ciudadanía.
Manuel Quintero Vázquez, asesor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una de las agrupaciones que promovió esta consulta, dijo hace unos días, según testimonio recogido por El Sur, que los simpatizantes del sistema de partidos echaron a andar su maquinaria y hubo “hasta marchas y perifoneo en las comunidades en las que les decían que votar por usos y costumbres era un retroceso de 500 años”.
También convenientemente dejaron correr el rumor de que si las y los ciudadanos optaban por esta forma de elección, les quitarían el presupuesto a los ayuntamientos y dejarían a la gente sin los programas sociales que usan para su sobrevivencia (Proagro, Prospera, DIF), “cuando eso no es verdad, el presupuesto y los programas van a seguir igual”, dijo.
Aclaró que la elección por usos y costumbres “es una forma diferente de elegir a nuestras autoridades, que es a través de la asamblea comunitaria y un ejemplo más eficaz y transparente”. Y agregó que a quienes no les conviene este modelo es a aquellos que siempre han tenido el poder.
En efecto, la elección por usos y costumbres es una manera de quitar el control de las decisiones importantes y los recursos de los municipios a los políticos tradicionales –que roban, desvían recursos, presionan, engañan, todo excepto invertir honesta y transparentemente en obras y servicios para el pueblo– que están incrustados en todos los partidos.
El camino para que el propósito final de una elección por el sistema de usos y costumbres se cumpla no será fácil. Los partidistas buscarán reventar el proceso para que retorne un sistema basado en la elección por partidos políticos, que de origen no es malo, pero que se ha pervertido de diferentes maneras, como el clientelismo, entre las más extendidas. La desorganización de las comunidades y la incapacidad e inmadurez para llegar a acuerdos, son también factores latentes que pondrían en riesgo este valioso resultado.
De cómo se resuelva este proceso, dependerá la credibilidad de los ejercicios ciudadanos como éste entre las y los guerrerenses. Es mucha gran responsabilidad la que se echaron a cuestas.

Un resultado histórico

Posiblemente no se alcance a dimensionar lo que sucedió en Ayutla: los habitantes de las 138 localidades de este municipio votaron a favor de que las elecciones municipales sean por usos y costumbres, es decir, sin partidos políticos y bajo las reglas propias de las comunidades rurales e indígenas de la demarcación.
De acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, los ciudadanos y ciudadanas de Ayutla votaron mayoritariamente por la elección por usos y costumbres. http://www.iepcgro.mx/PDFs/PCiudadana/ResultadosConsulta.pdf Esta opción alcanzó 5 mil 987 votos contra 5 mil 521 personas que optaron por el sistema de partidos, que representan respectivamente 49.9 por ciento y 46 por ciento de la votación total de 11 mil 984 votos.
Y algo destacable es que en 57 localidades y colonias (41.3 por ciento del total) la votación para el sistema de partidos fue de cero, y la gran mayoría fueron comunidades rurales. Esto tiene varias lecturas, la más obvia, es que hay un hartazgo por el actual sistema político y electoral mexicano, que fue repudiado en las zonas rurales del municipio. En contraparte, en 11 localidades, casi todas colonias de la cabecera municipal, no hubo votación para el sistema de usos y costumbres.
En el equilibrio de la votación –sólo 4.9 puntos de diferencia- fue fundamental la participación de las colonias de la cabecera municipal. Hubo colonias como La Villa, que aportaron 578 votos a la elección por el sistema de partidos, o como la colonia San Felipe, que logró 379 votos; otra colonia fue la Vicente Guerrero en donde votaron 236 personas por el sistema partidista. Sólo estas tres colonias aportaron el 10 por ciento de todos los votos emitidos en el municipio en favor del sistema de partidos.
Partidos enseñan el cobre

Los partidos políticos no acaban de digerir que no son bienvenidos en las comunidades. La agencia IRZA reportó su intención, excepto el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de impugnar el resultado de la consulta ciudadana de Ayutla. Esto sucedió durante una de las sesiones del consejo general del IEPC.
De acuerdo con esta fuente, el representante del Partido Nueva Alianza, Gerardo Robles Dávalos, afirmó que el líder de la UPOEG (Bruno Plácido Valerio) está equivocado si piensa que con esos resultados “ya podrá él designar quiénes serán presidentes, síndicos y regidores en 2018” y además “no están dadas las condiciones para que se utilicen los usos y costumbres en Ayutla”, afirmó el representante, y anunció que solicitarán al Congreso la nulidad de ese método de elección.
“La ambición de Bruno Plácido de querer convertirse en señor de horca y cuchillo para disponer de quienes serán las autoridades, está muy lejos, independientemente de que el sistema de partidos no haya logrado triunfar”, sostuvo.
Manuel Saavedra, representante del PRI, por su parte, solicitó copia certificada de las actas de asambleas informativas realizadas en el municipio de Ayutla, la lista de los ciudadanos que acudieron, actas de la jornada de consulta, lista de ciudadanos registrados en la consulta en colonias y comunidades y el acta de la sesión donde se aprobó el dictamen de la consulta.
Solo el representante de Morena, Rubén Cayetano García, respaldó la decisión y precisó que los partidos políticos podrán participar en la elección de diputados, gobernador y presidentes municipales, aun en poblaciones indígenas.

La experiencia fallida de San Luis Acatlán

Entre el 1 y el 12 de febrero de este año, se realizó una consulta similar en el municipio de San Luis Acatlán, en donde las personas que participaron votaron mayoritariamente por la persistencia del sistema de partidos. Esta consulta también fue organizada por el IEPC y promovida por la UPOEG.
Hay que recordar que el anterior consejo electoral –Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG)– y obviamente los representantes de partidos incluidos, habían desechado inicialmente la propuesta, en un intento por no dejar pasar la consulta ciudadana. De acuerdo con la Agencia Quadratín, que retoma un acta aprobada por los miembros del ex IEEG de marzo de 2014, su consejo general determinó la “inexistencia histórica y por lo tanto improcedente (de un sistema) normativo interno que se reconozca como válido y se utilice para regular los actos públicos de organización para la resolución de sus conflictos, así como para elección de sus autoridades municipales” en San Luis Acatlán.
Sin embargo, un estudio que realizó el Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS), auspiciado por el ex IEEG encontró que en el municipio de San Luis Acatlán sí están vigentes los sistemas normativos y la elección por usos y costumbres de sus autoridades, y aun así el IEEG optó por “no proceder a realizar la consulta a los ciudadanos de dicha comunidad, para determinar si se adopta la elección de sus autoridades conforme a normas, procedimientos, y prácticas tradicionales”.
La organización social que encabeza el dirigente Bruno Plácido Valerio recurrió entonces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) para impugnar la decisión del Consejo General del ex IEEG, y con su intervención, se repuso el proceso.
La consulta en San Luis Acatlán se llevó a cabo en febrero de 2015, pero los resultados indicaron que hubo poca participación en la consulta, pues sólo emitieron su opinión 2 mil 430 personas, que representan 9.7 por ciento de los electores del municipio. De este total, mil 556 corresponden a habitantes que votaron a favor del sistema electoral vía partidos políticos, 784 a favor de usos y costumbres y 90 abstenciones.
Sin duda, en los resultados influyeron los muchos interesados en que prevalezca el sistema de partidos, el tipo de información y el tamaño de la difusión que se le haya dado a la consulta, pero sobre todo el arraigo del clientelismo y el asistencialismo en las comunidades –a cuya población le han cortado sus iniciativas y propuestas a fuerza de playeras, tortas, gorras, láminas de cartón o promesas–, y sobre todo la descomposición del tejido social propiciado por los motivos anteriores y otros también contundentes como la presencia del crimen organizado y los liderazgos comunitarios torcidos.
Fue muy lamentable, porque los pueblos de San Luis Acatlán, con una larga historia de lucha (ahí se asienta una Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria), no tendrán elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres y deberán continuar el sistema de partidos, tan lejano de las necesidades de la gente.

Usos y costumbres en Oaxaca

Oaxaca es el referente nacional para las elecciones de usos y costumbres. Hace 20 años, no sin librar importantes luchas por los pueblos originarios oaxaqueños, se reconocieron los “usos y costumbres” en la organización política de los municipios, y en 1998 se promulgó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. Hoy 418 de los 570 municipios del estado se rigen por la forma tradicional de organización política de usos y costumbres.
En la sierra Norte de Oaxaca se localiza el municipio de Capulalpam de Méndez; ahí los pobladores mantienen un sistema de elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres.
A diferencia de lo que sucede en Guerrero, en donde los alcaldes se convierten en reyecitos de tres años, en Capulalpam y en muchos otros municipios de Oaxaca, la gente elige a sus gobernantes mediante asambleas. Pero no hay divorcio entre gobernantes y gobernados, quienes son electos siguen puntualmente los mandatos de la población, es más, usualmente existe un Consejo de Ciudadanos que está por encima del alcalde y demás autoridades y les dictan las acciones y políticas que deben seguir, en representación del conjunto de la población. De hecho, las autoridades municipales forman parte del sistema de cargos de la comunidad; los electos no reciben salario, aunque la población los apoya para la manutención de ellos y sus familias, mientras están en el cargo.
Los resultados de este sistema, conjuntamente con otras condiciones, están a la vista: calles limpias (no por la eficiencia del servicio de limpia, sino por la concientización de la gente), obras públicas pertinentes y construidas con transparencia, un trazo urbano bastante racional y estético, asambleísmo constante, participación activa de la población en la resolución de sus problemas. Con un tejido social bien fortalecido como el de los municipios de esta región de la Sierra –territorio similar al de la sierra de Guerrero, pero sin el problema de la siembra de enervantes–, el crimen organizado no ha logrado penetrar y se palpa en la vida cotidiana de la gente, que se siente segura en sus comunidades.
Este tipo de gobiernos del pueblo son más factibles en las comunidades indígenas. Su nivel de organización y el esquema de gobernanza les ha permitido también avanzar en el uso, conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, principalmente el bosque. Mediante diversos proyectos económicos, han logrado obtener recursos financieros para la comunidad, además de empleos para muchos de los pobladores.
Así pues, las y los habitantes de Ayutla pueden convertirse en un referente en el estado sobre cómo gobernar un municipio, sin duda, una gran responsabilidad, pero que es factible con mucha organización.