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Robespierre Robles, un servidor público “intolerante”, dice la diputada de Morena

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado, ve la justicia como un asunto político y demuestra “intolerancia e inmadurez” como servidor público, denunció la diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, por las descalificaciones que hizo el funcionario a su respaldo a los trabajadores en paro del Poder Judicial.
En un acto en Acapulco el sábado, Robles Hurtado pidió a la diputada “que se ponga a legislar” en lugar de “resolver asuntos particulares de gente que se siente agraviada, porque se les pidió que se pusieran a trabajar” en respuesta al punto de acuerdo que Cisneros Martínez llevó el jueves a tribuna, para que el presidente del TSJ atienda y resuelva las demandas de los trabajadores sin cesarlos, suspenderlos o despedirlos.
La diputada también denunció que el Poder Judicial enfrenta la peor crisis de su historia, que está secuestrado “por intereses de grupo y apetitos políticos”, mientras en la sociedad crece la desconfianza, percepción de corrupción y la ausencia de ese bien jurídico que es la justicia.
En un breve escrito, la diputada de Morena aclaró que no sólo tiene derecho, también autoridad moral y legitimidad pública “para cuestionar la corrupción, el nepotismo, amiguismo e influyentismo que padece el Poder Judicial, además de exigir el respeto pleno a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de ese poder y a la carrera judicial”.
Añadió que el acuerdo que llevó el jueves al pleno no fue una intromisión o simples declaraciones, fue votado en mayoría a favor por 14 votos y 10 en contra, por eso fue turnado a la Comisión de Justicia, de la que espera que pronto emita un dictamen, para evitar que el presidente de la misma, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, correligionario y del mismo grupo político de Robles Hurtado, “la meta a la congeladora”.
Consideró que “la palabrería soltada por el magistrado presidente es producto de su animadversión política y apetitos políticos, exhibidos a partir de que se le ha vuelto una obsesión la presidencia municipal de Acapulco. Le recomiendo que se serene y que ya no vea las encuestas donde Morena encabeza las preferencias electorales”.
Ratificó que el TSJ “está cada vez peor y bien vale la pena recordarle al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los legisladores que lo apoyaron para hacerlo magistrado, que el señor Robles Hurtado ve la justicia como un asunto político, en todo caso lo hubieran puesto en el Tribunal Electoral, allá hay otros que como él dicen impartir justicia partidaria”.

 

Que el Estado acepte su responsabilidad por las desapariciones, exigen familiares de víctimas

Familiares de personas desaparecidas, en el cierre de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que se hizo ayer en el Zócalo de Chilpancingo, exigieron que el Estado asuma la responsabilidad por las desapariciones forzadas ocurridas en el país, por su participación directa, encubrimiento u omisión pues forma parte del problema.
En testimonios, madres y padres de desaparecidos en Acapulco y Chilpancingo expresaron la desconfianza que sienten en las instancias judiciales, y que por su experiencia en las agencias del Ministerio Público (MP), aseguraron que nunca van a tener resultados de las autoridades sobre el paradero de sus familiares. Llamaron a que todas las familias que viven esta tragedia se unan para que el gobierno asuma la obligación que tiene de buscar a los desaparecidos.
Asimismo, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ve por las necesidades de los familiares que están buscando a sus desaparecidos, mencionaron de ejemplo el caso de la señora Eudocia Gallardo, de quien su hijo taxista fue desaparecido el 23 de octubre de 2013; la señora padece diabetes e hipertensión y a la fecha no tiene acceso a atención médica.
También se dijo que son miles, no sólo 43, las familias que viven la incertidumbre, en alusión a la atención de la prensa para el caso Ayotzinapa. En respuesta, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, destacó la valentía de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que a casi dos años, con su sencillez, mantienen una lucha digna.
La diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, madre de Ludwing Hernández Cisneros, desaparecido hace nueve años, señaló que así como los padres de los 43 los familiares de desaparecidos “tenemos que organizarnos y seguir luchando para saber dónde quedaron, ¿¡cómo es posible que hayan quedado como un animalito enterrado por ahí!?”.
Recordó que con el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados que promovió el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), trataron de investigar dónde están los desaparecidos, “y a mi me dijeron que a mi hijo parece que se lo tragó la tierra, que si quiero yo puedo revisar los expedientes, porque a los fiscales los cambian a cada momento y dicen que no saben nada, que ellos acaban de llegar”.
El señor Ciro Fuentes, miembro de los familiares de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos, señaló que aunque las autoridades lo nieguen, en el puerto continúan las desapariciones, dijo que el Estado fue rebasado y a los funcionarios no les importa porque reciben sueldos “estratosféricos” mientras el pueblo recibe salarios de hambre.
Señaló que en cada hogar con un familiar desaparecido se perdió la paz, “y no buscamos culpables, (sólo) queremos encontrar a nuestros familiares”.
Agregó que siente temor de ir con la policía porque no sabe si la información que proporcione, ellos mismos (los policías) la estén llevando a las bandas criminales, “tenemos claro que del gobierno no vamos a recibir nada, por eso nos organizamos como sociedad para exigir que hagan su trabajo en los tres niveles de gobierno, porque la violencia la padecemos todos”.
En la plaza pública, junto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el director del Tadeco, Javier Monroy, informó que están exigiendo que en la ley de desaparición forzada se reconozca la responsabilidad del Estado, porque se ha demostrado que no les interesa dar verdad ni justicia a los miles de mexicanos con familiares desaparecidos.
Denunció que las autoridades aparentan que investigan y se preocupan para que en el extranjero piensen que se hace algo.
“Así, México promulgó una ley de atención a víctimas que ni él mismo respeta, un mecanismo de atención que tampoco resuelve requerimientos básicos de los afectados”, y aseguró que el gobierno sigue protegiendo a los asesinos y a quienes desaparecen personas.
“(El gobierno) no sólo garantiza impunidad, actúa codo con ellos (los criminales) y lo vivimos desde que acudimos al Ministerio Público, donde tratan de desalentarnos”. Indicó que los agentes del MP les dicen que también están en riesgo por el sólo hecho de tomar estas denuncias: “nos intimidan, nos meten miedo, desde ahí empiezan a proteger a la delincuencia”.
Dijo que aunque los familiares de las víctimas investiguen y les lleven nombres, placas de automóviles, “la autoridad dice que no hay capacidad porque la gente se hace humo, (entonces) ¿de qué sirve que el gobierno acepte que hay más de 30 mil personas desaparecidas, sino hace nada y es parte del problema?”.
Insistió en que el gobierno es parte del encubrimiento, por participación directa, encubrimiento u omisión y es responsable de cada caso, desde la guerra sucia de los 60.