La viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la activista Roberta Campos Adame y el maestro Antonio García Quiroz exigieron a los tres niveles de gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investiguen de manera seria el asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña, el de su hijo Isaac Daniel Cabrera y de su esposo Nicéforo Cabrera Rojas, ocurridos la noche del domingo en esta ciudad.
Mientras esperaban la llegada de los cuerpos de Rosado Peña y de su hijo a las oficinas del STAUAG en la capital, donde hubo una ceremonia de despedida, varios universitarios se quejaron de la omisión del rector, Javier Saldaña Almazán ante el asesinato múltiple y criticaron su ausencia en la actividad a la que acudieron más de 200 Universitarios acompañados de activistas y familiares de la maestra asesinada.
Obeso Cázares expresó que estaba “muy impactada, muy consternada”, pero convencida de que los “crímenes atroces” que ocurren en Guerrero “son producto de una violencia estructural que se viene generando desde el Estado”.
Dijo que aunque “quizá” el asesinato de Rosado Peña y su familia no fue ordenado por alguien de alguna institución gubernamental, “si tienen que ver con el abandono en que el Estado tiene a los ciudadanos, el Estado que debe ser garante de la vida de los ciudadanos, del patrimonio, ha renunciado a eso y a permitido o ha generado de alguna manera esa violencia”.
Afirmó que “indiscutiblemente” el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el fiscal general Xavier Olea Peláez deben de investigar los hechos y castigar a los responsables.
Campos Adame dijo que la situación actual es delicada porque “tanto la lucha social como la violencia” se relacionan con la delincuencia organizada. El de la familia de Rosado Peña fue un crimen horrendo en el que fue asesinado un niño de tan sólo 13 años de edad, “es triste lo que vivimos los guerrerenses porque estamos expuestos a este tipo de situaciones”.
Campos Adame dijo que escuchó a los dirigentes sindicales de la Universidad “hasta tibios, hasta con miedo”, sin exigir de manera contundente a la Rectoría que Saldaña Almazán proteste por estos actos, y aseguró que los ex rectores Rosalío Wences Reza, Enrique González Ruiz y Arquímedes Morales Carranza, “ya estarían en la calle diciéndole a la gente que se organice para parar la ola de delincuencia”.
Señaló a Saldaña Almazán de que le apuesta a que las autoridades cumplan su papel a pesar de que los asesinatos siguen, lo que es prueba de su ineptitud.
Mencionó que la lucha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, fue correcta porque hubo organización y solidaridad, pero en el caso de la UAG los universitarios están dispersos y deben de unirse.
García Quiroz pidió a Olea Peláez “que no vaya a salir con su batea de babas, con sus falsas especulaciones y sus erróneas hipótesis”, respecto del asesinato de Rosado Peña y su familia, como ocurrió en el caso de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé.