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El gobierno no negocia la aplicación de la ley, dice Gobernación al obispo

El gobierno “no negocia la aplicación de la ley”, responde Navarrete Prida al obispo

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

El gobierno mexicano “no negocia la aplicación de la ley”, dijo este lunes el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, en respuesta a las declaraciones del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien dio a conocer que el viernes se reunió con un jefe del narcotráfico y que éste se comprometió a no realizar actos violentos durante el proceso electoral en Guerrero.
Entrevistado después de inaugurar la sala Jorge Carpizo, en el Museo de las Constituciones, el funcionario federal declaró: “El gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”.
Y sobre el problema del narcotráfico en territorio guerrerense, añadió: “Sí tenemos un problema en Guerrero, sí ha habido temas con candidatos en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana a Chilpancingo que es Chilapa, y sí tenemos obligación de entrar a esos lugares y aplicar la ley. No el uso desmedido de la fuerza, sino poner a disposición de un juez a quien la haya infringido”.
De acuerdo con el obispo Salvador Rangel Mendoza, el pasado 30 de marzo subió a la sierra de Tlacotepec, para “agradecer” a un jefe de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico su decisión de restablecer el servicio de agua y luz para los habitantes del poblado de Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, lugar donde dos bandas delincuenciales mantienen una confrontación por el control de las zonas de producción y trasiego de goma de amapola.
Dijo que a petición suya, el jefe del narcotráfico le prometió que su organización no matará candidatos, y que hizo el compromiso de bajar el nivel de violencia en la sierra y no interferir en el proceso electoral, pero planteó dos condiciones: “que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto, sino que realicen obras en la Sierra, y que cumplan sus promesas de campaña porque la gente está molesta ante la indiferencia gubernamental y política”.
Agregó: “Ellos hicieron ese compromiso conmigo y espero que lo respeten, yo espero que sí”.
Navarrete Prida reaccionó ayer a la declaración del obispo: “Vi declaraciones en medios, no conozco el contexto. Desde luego se ha estado en contacto con la Conferencia del Episcopado Mexicano y con el arzobispo primado de México.
“Habrá que ver cuál es el contexto en el cual ocurrieron estas declaraciones, lo que es un hecho es que gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley, no es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”, dijo el funcionario federal.
Sin pronunciarse sobre la legalidad del encuentro del prelado, Navarrete dijo que en la medida en que todos cumplan la ley y generen gobernabilidad en un marco del derecho, abonan a tener un país mejor.

Ningún pacto con criminales; están fuera de la ley,
dice Evodio

Mariana Labastida

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que los pactos no deben  caminar en impunidad, corrupción ni fuera de la ley, en respuesta a la declaración del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, de que se reunió con un capo, quien le prometió que su grupo no matará candidatos.
“Yo no estaré de acuerdo en buscar un diálogo al respecto, creo que el tema debe de ser muy claro y preciso”, dijo el alcalde, quien recalcó que lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, procuración de justicia, investigación e inteligencia.
Velázquez Aguirre expuso que se debe de llamar a la ciudadanía a que entienda que el actual proceso electoral es importante para el país porque pueden cambiar muchas cosas en México y lo importante es estar preparados, y que el proceso electoral sea un encuentro cívico y responsable donde los ganadores representen dignamente a México.
“Yo creo que no es un tema de pacto, el pacto no debe de caminar en impunidad ni corruptelas ni tampoco fuera de la ley. Lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, de procuración de justicia, de investigación, de inteligencia, marina, Ejército. Tenemos que hacer un llamado a la población, dentro de ese llamado están todos los que hacemos sociedad”.

También se reuniría con líderes de la delincuencia si se lo pide el gobierno, dice el rector de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que si el gobierno le pide de manera institucional reunirse con líderes de la delincuencia, lo haría para que dejen de matar a universitarios y reveló un nuevo plagio de un trabajador en el Campus Llano Largo, de Acapulco.
En declaraciones luego de la firma del convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el rector reiteró que la institución ha perdido a más de 30 universitarios en cinco años.
Saldaña Almazán informó que hasta ayer no le habían precisado si el joven asesinado, el viernes en la Alameda de Chilpancingo, era estudiante de la institución. “El dato que salió –el nombre– lo metimos a los datos de la Universidad y no arrojó que fuera miembro de la institución”.
Lamentó el homicidio del joven y expresó que en el caso de que no fuera universitario, eso no quiere decir que no se hagan acciones para que la situación de inseguridad vaya mejorando en el país.
Saldaña Almazán también dio a conocer que las familias de los 30 universitarios asesinados han sido indemnizadas. Un reportero le insistió en la cantidad de dinero que la UAG destinó a cada familia, pero el rector expresó que por falta de garantías de seguridad no lo diría.

Rechazan PRI, PAN y MC el acercamientodel  obispo con jefe del crimen organizado

Jacob Morales, Rosalba Ramírez, Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y MC, reprendieron al obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y coincidieron que no se debe de pactar con el narco en el estado.
En tanto el presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, se dijo respetuoso de las opiniones de todos los sectores, e hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones sociales posible y en lo que marque la ley.
“Como Institución religiosa merece nuestro respeto como la merecen con los que convivimos de manera frecuente como los partidos políticos”, sostuvo, pero no quiso abundar en el tema, pese a la insistencia de los reporteros.

Apegarse a la ley: PRI

Para el presidente del PRI en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez los partidos deben estar apegados al marco de la ley, sin pactar con grupos delictivos. En consulta telefónica, indicó que el PRI se ha mantenido “ajeno” a las declaraciones del obispo, porque estimó que son “consideraciones muy personales”.
Indicó que lo conveniente es marcar una ruta de trabajo en materia de seguridad, y se deslindó de la denuncia de compra o coacción de voto y dijo que para eso está la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la cual pueden recurrir los ciudadanos.
Y dijo que respeta la opinión del prelado católico, “ellos son autónomos, y pueden hacer lo que mejor les convenga. Lo que no podrían hacer es establecer estos mecanismos de coordinación (con los narcotraficantes), o como se pueda llamar fuera del marco legal”.
Aceptó que hay violencia en la sierra y abandono de de parte de las autoridades, como lo han señalado el obispo, asociaciones de derechos humanos y de productores, pero hay que alentar prácticas en el marco del derecho y analizar lo que ocurre en la región.
Reconoció que una de las acciones pendientes es la constitución de la Sierra como octava región.

Recordar al obispo sus facultades: MC

Mientras el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconvenir lo declarado por el obispo y recordarle hasta dónde tiene facultades para realizar reuniones con capos y hacer declaraciones “que parecen ocurrencias”.
Consultado por teléfono, el delegado de MC en Guerrero cuestionó al obispo porque no declaró con qué grupo de la delincuencia organizada se reunió, porque recordó que tan solo el territorio de Acapulco es disputado por decenas de bandas al igual que el resto de las regiones del estado.
Entonces dijo que ante las declaraciones y las acciones del obispo, “se tiene que meditar una intervención de la Secretaría de Gobernación, porque puede ser muy loable, de muy buena fe pero está fuera de la ley”.
Calificó también como inaceptable que el obispo como representante religioso “se siente a negociar algo tan delicado como es esto” y arremetió contra el religioso: “la ley debe aplicarse parejo, y la Constitución dice claramente hasta dónde están las funciones de un sacerdote o representante de cualquier culto religioso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Adrián Wences lamentó que el obispo no tome en cuenta “o se haya enterado” que existe un pacto por la seguridad y que el gobierno del estado entregó a los partidos políticos un mapa de riesgo, como medidas para prevenir hechos violentos relacionados al proceso electoral.
Sin embargo, la presentación del mapa fue un mecanismo para informar a los partidos cuales son las zonas de mayor violencia y establecer coordinación durante los recorridos de los candidatos en campaña, pero no para terminar con la violencia en esas zonas.
Pero para el delegado de MC, la presentación del mapa de riesgo es una “muestra de la intención del gobierno para que se pueda transitar con toda tranquilidad, pero este señor (el obispo) al margen de todo esto está negociando y ya negoció con un grupo y no informa cuál es”.
Wences Carrasco dijo que la Segob debe intervenir porque el obispo “transgrede los límites de lo que dispone la ley” y consideró que “pone en una situación muy delicada al gobierno federal, porque tiene que intervenir y reconvenir”.
Insistió que el religioso se está “metiendo en un terreno que no le corresponde, porque nosotros (los políticos) no vamos a oficiar misa, tenemos claro cual es el limite de cada quien”.

Que gobierno no retome la propuesta:?PAN

Por su parte el presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, agradeció la preocupación del obispo Rangel Mendoza, pero “no lo comparte”, además recordó que el gobierno del estado no debe de negociar con cualquier persona que haga cosas ilícitas.

 

Rechazan PRI, PAN y MC el acercamiento del obispo con jefe del crimen organizado

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y MC, reprendieron al obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y coincidieron que no se debe de pactar con el narco en el estado.
En tanto el presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, se dijo respetuoso de las opiniones de todos los sectores, e hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones sociales posible y en lo que marque la ley.
“Como Institución religiosa merece nuestro respeto como la merecen con los que convivimos de manera frecuente como los partidos políticos”, sostuvo, pero no quiso abundar en el tema, pese a la insistencia de los reporteros.

Apegarse a la ley: PRI

Para el presidente del PRI en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez los partidos deben estar apegados al marco de la ley, sin pactar con grupos delictivos. En consulta telefónica, indicó que el PRI se ha mantenido “ajeno” a las declaraciones del obispo, porque estimó que son “consideraciones muy personales”.
Indicó que lo conveniente es marcar una ruta de trabajo en materia de seguridad, y se deslindó de la denuncia de compra o coacción de voto y dijo que para eso está la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la cual pueden recurrir los ciudadanos.
Y dijo que respeta la opinión del prelado católico, “ellos son autónomos, y pueden hacer lo que mejor les convenga. Lo que no podrían hacer es establecer estos mecanismos de coordinación (con los narcotraficantes), o como se pueda llamar fuera del marco legal”.
Aceptó que hay violencia en la sierra y abandono de de parte de las autoridades, como lo han señalado el obispo, asociaciones de derechos humanos y de productores, pero hay que alentar prácticas en el marco del derecho y analizar lo que ocurre en la región.
Reconoció que una de las acciones pendientes es la constitución de la Sierra como octava región.

Recordar al obispo sus facultades: MC

Mientras el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconvenir lo declarado por el obispo y recordarle hasta dónde tiene facultades para realizar reuniones con capos y hacer declaraciones “que parecen ocurrencias”.
Consultado por teléfono, el delegado de MC en Guerrero cuestionó al obispo porque no declaró con qué grupo de la delincuencia organizada se reunió, porque recordó que tan solo el territorio de Acapulco es disputado por decenas de bandas al igual que el resto de las regiones del estado.
Entonces dijo que ante las declaraciones y las acciones del obispo, “se tiene que meditar una intervención de la Secretaría de Gobernación, porque puede ser muy loable, de muy buena fe pero está fuera de la ley”.
Calificó también como inaceptable que el obispo como representante religioso “se siente a negociar algo tan delicado como es esto” y arremetió contra el religioso: “la ley debe aplicarse parejo, y la Constitución dice claramente hasta dónde están las funciones de un sacerdote o representante de cualquier culto religioso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Adrián Wences lamentó que el obispo no tome en cuenta “o se haya enterado” que existe un pacto por la seguridad y que el gobierno del estado entregó a los partidos políticos un mapa de riesgo, como medidas para prevenir hechos violentos relacionados al proceso electoral.
Sin embargo, la presentación del mapa fue un mecanismo para informar a los partidos cuales son las zonas de mayor violencia y establecer coordinación durante los recorridos de los candidatos en campaña, pero no para terminar con la violencia en esas zonas.
Pero para el delegado de MC, la presentación del mapa de riesgo es una “muestra de la intención del gobierno para que se pueda transitar con toda tranquilidad, pero este señor (el obispo) al margen de todo esto está negociando y ya negoció con un grupo y no informa cuál es”.
Wences Carrasco dijo que la Segob debe intervenir porque el obispo “transgrede los límites de lo que dispone la ley” y consideró que “pone en una situación muy delicada al gobierno federal, porque tiene que intervenir y reconvenir”.
Insistió que el religioso se está “metiendo en un terreno que no le corresponde, porque nosotros (los políticos) no vamos a oficiar misa, tenemos claro cual es el limite de cada quien”.

Que gobierno no retome la propuesta:?PAN

Por su parte el presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, agradeció la preocupación del obispo Rangel Mendoza, pero “no lo comparte”, además recordó que el gobierno del estado no debe de negociar con cualquier persona que haga cosas ilícitas.

 

Es prioridad del Frente la seguridad, dice Walton en la reunión de la dirigencia estatal de MC

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto encabezó el sábado una reunión de la Coordinadora Ciudadana Estatal en la que informó que un día antes las dirigencias nacionales de su partido, del PRD y del PAN registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición electoral, que ahora se denomina Por México al Frente.
De acuerdo con un boletín de prensa, el ex alcalde de Acapulco dijo en la sesión que la coalición Por México al Frente tiene como ejes centrales “el desarrollo humano, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible”.
Walton destacó que el partido ya “tiene presencia política en 61 municipios, que concentran el 90 por ciento de la lista nominal de electores, y contamos con casi 3 mil 200 círculos ciudadanos”.
En la misma reunión se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que esclarezca los homicidios de los dirigentes regionales del partido: Ángel Vergara Chamú y Armando Arturo López Solano.
El coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente, Ángel Vergara Chamú, fue asesinado el 26 de septiembre, ejecutado a balazos dentro de su vehículo en Chilpancingo; mientras que Armando Arturo López Solano, quien era dirigente de Movimiento Ciudadano en Quechultenango y ex candidato a alcalde, fue asesinado la noche del 23 de noviembre en la cabecera de dicho municipio.
Este sábado sesionó en privado la Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano, en las oficinas del partido en Acapulco.
En declaraciones por teléfono, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, informó que fue la última sesión del año de la Coordinadora, que en ella se aprobó el informé del coordinador de los diputados locales del partido, Ricardo Mejía Berdeja; el informe de la tesorería del partido y el informe del presidente de la Coordinadora, Gilberto Cueva.
En su informe, el diputado Ricardo Mejía habló sobre la actividad legislativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. “Hemos presentado iniciativas en temas fundamentales como seguridad ciudadana, violencia de género, transparencia, derechos humanos y combate a la impunidad”, también se quejó de la falta de interés del Congreso local por aprobar leyes como la de “no más fuero” y las que conciernen a seguridad.

Urgen PRD, MC y Morena al PRI que dictamine la reforma en materia de derechos indígenas

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel García Trujillo, pidió en tribuna a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictamine la iniciativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que presentaron el PRD, MC y Morena y que reforma los artículos 8 y 14, que conservan y amplían los derechos de los pueblos originarios.
En la sesión, el diputado perredista Ociel García Trujillo dijo en tribuna que ha enviado tres exhortos para que se dictaminen las reformas constitucionales en materia indígena.
En el Poder Legislativo, las fracciones del PRI y PVEM pretenden que primero sea dictaminada y aprobada la reforma constitucional a los artículos 8 y 14 enviadas por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional enviado por el gobernador al Congreso local elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural” y se elimina el reconocimiento y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria. En tanto, circunscribe su accionar a la Constitución federal. Mientras que la propuesta de la CRAC presentada por PRD, MC y Morena, conserva y amplia los derechos de los pueblos originarios y reconoce a las policías comunitarias.
El diputado perredista pidió a la comisione de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que presiden los priista Cuauhtémoc Salgado Romero, para que “ya dictamine” las iniciativas de las fracciones de MC, PRD y Morena así como la que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ahí recordó que la Comisión de Asuntos Indígenas, Justicia y de Estudios Constitucionales acordaron que antes de realizar la homologación de la Ley 701, esperarían la reforma constitucional del artículo 14.
Sin embargo, adelantó que “si continúa la demora, el rezago, como comisión realizaremos las adecuaciones pertinentes que nos tocan y de una vez dictaminar lo consecuente, lo que apelamos es que caminemos en una ruta de buenas voluntades, donde ponderemos sean los derechos reales y específicos de la gente que más lo necesita”.
El perredista lamentó que los partidos políticos utilicen a la población indígena como generadores de votos “pero ya para hacerles justicia en este recinto legislativo, son los mas olvidados”.
En el mismo tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros reprochó que se mantenga en “la congeladora” la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, a los artículos del 8 al 14.
Lamentó que en el Congreso local se insista en no dictaminar la iniciativa que de manera conjunta presentaron las fracciones del PRD, MC y la representación de Morena, que fue exactamente la que les presentó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Le han puesto hielo al resultado de un esfuerzo extraordinario de pueblos de la Costa Chica y Montaña, que buscan la legalidad para no continuar en estado de indefensión y dejar de ser presa de arbitrariedades y persecuciones derivadas del vacío e incertidumbre jurídica”, dijo María de Jesús Cisneros.
Afirmó que en ese tema, el gobierno de Guerrero y esta Legislatura “se han convertido en un estorbo para las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas, por su actuar discriminatorio y fascista”.
A los priistas les dijo que aún están a tiempo de rectificar y realizar las reformas constitucionales que los pueblos originarios del estado han planteado al Congreso local.

“Para liquidar la deuda histórica con nuestros hermanos y estar a la altura de lo que mandata el artículo segundo de la Carta Magna y también reconocer que ante la falta de gobiernos eficientes, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Por su parte el coordinador de la bancada de MC Ricardo Mejía Berdeja le dijo al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos Cuauhtémoc Salgado romero que “ya no hay tiempo que perder, hacemos una respetuosa excitativa a la comisión para desahogar de inmediato este tema”.
En el mismo tema intervino la diputada del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila y también condenó los hechos ocurridos ayer el municipio de Juan R. Escudero y pidió a la Fiscalía General del Estado que a la brevedad inicie las investigaciones y se castigue a los responsables. Además hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “a través del diálogo se busque una solución al problema”.

La sesión

En la sesión se presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada para Prevenir e Investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y protección integral de las víctimas de estos delitos.
La iniciativa de reforma al Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada la diputada priista Isabel Rodríguez Córdoba.
Explicó que La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé la creación de Fiscalías Especializadas o Unidades Administrativas que se encarguen de prevenir y sancionar temas particulares de interés general, ya sea por iniciativa social, por mandamiento constitucional o legal.
Al pleno se le informó del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la designación de Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García y Vicenta Molina Revuelta como nuevos consejeros del IEPC.
El alcalde de Alcozauca Nicolás Diego Herrera solicitó al Congreso local que le autoricen al municipio una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales.
También se informó de que comisarios auxiliares y comisariado de bienes comunales de la zona indígena de Temalacatzingo en Olinalá, por el que exhortan a “diversos ciudadanos a efecto de que se abstengan de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia”, además de que rechazan cualquier gestión que no tenga el consenso y el respaldo de la totalidad de comunidades del área náhuatl.
También comerciantes del mercado de Ayutla de los Libres solicitaron la intervención del Congreso para solucionar “la problemática” en la entrega del nuevo mercado así como un dictamen que avale el cien por ciento la seguridad estructural o en su defecto la ejecución de algunas obras complementarias.

Una burla al Congreso y a la familia, el informe del fiscal del caso Chavarría: MC

El coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, reprochó en tribuna que el fiscal general del estado Javier Olea Peláez se burló de la familia del ex presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera y del Congreso local, al enviar un “informe” sin información relevante: “es la misma gata nada más que revolcada”.
En una breve sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, Mejía Berdeja participó para hablar del tema. En tribuna reiteró que el fiscal no procura justicia sino impunidad.
Lo acusó también de burlarse de las víctimas y sus familias “del pueblo de Guerrero y de este Congreso del estado”, en referencia al informe que envió.
Mejía Berdeja recordó textualmente lo que el fiscal dijo en el Congreso el 26 de junio durante su comparecencia, cuando recordó que en los pasados gobiernos estatales no se avanzó en la investigación del crimen de Chavarría, y anunció que en dos semanas o máximo tres “sabrá esta legislatura, quienes son los responsables de dicho homicidio”.
Después de la llegada del “informe” al Congreso local que oficialmente se dio a conocer el 16 de agosto “mañosamente el fiscal lo fecha con el día 31 de julio”.
Recordó que el informe tiene solamente tres cuartillas y un párrafo en el que en las primeras dos cuartillas “se la pasa desacreditando a sus antecesores”, para eludir su responsabilidad.
Criticó, que sin ninguna prueba el fiscal informó que participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomas y diez etapas de la investigación.
De las solicitudes de orden de aprehensión que supuestamente el fiscal solicitó al juez, en contra de varios sujetos que supuestamente fueron los autores materiales en el asesinato, dijo que eso no cumple la promesa de que la legislatura conocería quiénes son los responsables del homicidio.
“Se hizo mucho ruido, para que no diga nada, y es una tomadura de pelo para esta legislatura, es una burla. Porque él dijo que iba a informar quiénes son. Nadie le impuso un plazo perentorio, nadie le dijo que dijera quiénes eran los responsables, pero en una más de sus balandronadas para sembrar una cortina de humo ante la creciente impunidad que hay en el estado, pues ofreció estos resultados”, reprochó el diputado.
Mejía Berdeja dijo que parte de la burla del fiscal, consistía en que sólo reprodujo las líneas de investigación que se han manejado: la afectiva, la política, la delincuencia organizada y  los grupos subversivos. Ahí dijo que los diputados de MC conocen que el fiscal pretende continuar con la línea de que los que planearon y ejecutaron el homicidio fueron integrantes de la guerrilla.
“Digamos que es la misma gata nada más que revolcada”. Consideró que el informe del fiscal es una burla para la familia del ex diputado local.
Consideró que lo que el fiscal pretende es que el paso del tiempo “borre todo, a que el escandalo nuevo o el crimen nuevo sepulte al de ayer, al de antier, de la semana pasada, de hace un año”.
Aprovechó para recordar que presentó una solicitud de juicio político que ya está en la Comisión de Examen Previo a la que pidieron “que se analice con mucho detalle, no puede este Congreso ser tapadera de nadie”.

La breve sesión

Durante la sesión de la Comisión permanente del Congreso local en la sala José Francisco Ruiz Masseu también se informó de la llegada de un oficio de la presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina González, por el que solicita al Congreso local que le apruebe una partida presupuestal especial para el pago de laudos a trabajadores despedidos.
También se informó al pleno del oficio que envió el presidente municipal de Pilcaya, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, y la síndica procuradora Giovana Lizeth Mejía Díaz, que también solicitaron la asignación y autorización de recursos extraordinarios para cumplir con el pago de un laudo laboral.
En ambos casos no se precisó en el pleno cuáles son los montos de las partidas presupuestales que solicitan los ediles.

Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC

Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.

No consolida a la izquierda la negativa de Morena de ir en alianza, dicen PRD y MC

 

Dirigentes estatales del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) manifestaron que la negativa de la dirigencia nacional de Morena por ir a las elecciones presidenciales del 2018 en alianza, no consolidará la izquierda unida que promovieron.
En declaraciones telefónicas, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Celestino Cesáreo, consideró que podrían ir en candidaturas comunes en Guerrero. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, reconoció que deseaban ir en coalición para la próxima contienda electoral federal y con Morena, la victoria estaba asegurada.
El domingo en el congreso nacional de Morena determinó que el partido podría ir en alianza para las presidenciales de 2018 con el PT. Su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, expuso que “por congruencia” no podían ir juntos el PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, Encuentro Social y Nueva Alianza.
Este lunes, Celestino Cesáreo dijo que en el PRD se tomó con mesura y prudencia la determinación de Morena por ir sólo con el PT, para las elecciones presidenciales de 2018.
Reiteró que el PRD mantiene la creación de un frente opositor al PRI, “nosotros planteábamos que fuera con Morena, pero sin Morena igual el PRD va seguir impulsando un frente opositor con Movimiento Ciudadano y organizaciones sociales”.
La decisión del congreso nacional de Morena el domingo, en voz de su dirigente y virtual candidato para 2018, no les tomó por sorpresa, respondió Celestino Cesáreo.
Calificó como una estrategia de Morena cerrar la unión de las izquierdas y afirmó que la decisión del partido no les molesta y seguirán buscando aliarse con Movimiento Ciudadano, partidos de nueva creación, además de las organizaciones sociales.
El presidente del PRD en Guerrero reconoció que “la apuesta al 2018” incluía a Morena, sin embargo, el partido ya declaró que no tiene la voluntad. Reiteró que respetaba la decisión, pero “no es motivo de preocupación, nosotros construyendo el frente opositor que así lo desea”.
De las acusaciones por corrupto y cómplice del gobierno de Enrique Peña Nieto a la dirigencia del PRD, que hizo Andrés Manuel, Celestino Cesáreo respondió que “no acusamos recibo de ese señalamiento, será la dirigencia nacional quien le conteste, por nuestra parte vamos a abonarle a la unidad de la izquierda con los que quieran”.
Incluso con la negativa nacional de Morena, consideró que podría consolidarse una alianza con Morena en Guerrero, “si quisiera, podríamos ir juntos en candidaturas comunes municipales o distritales, pero eso depende de ellos. Nosotros, independientemente, vamos a promover las candidaturas comunes con los partidos de izquierda”.

Debió buscarse la unidad: Luis Walton Aburto

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, lamentó la decisión de la dirigencia nacional de Morena “la verdad, las cosas nosotros teníamos el deseo, yo lo había manifestado inclusive de ir o que fuéramos en coalición”.
Manifestó que “la unión hace la fuerza y yo considero que yendo unidas las izquierdas, hay todas las posibilidades de ganar”.
Indicó que de forma personal no se acercó con Andrés Manuel López Obrador y es la dirigencia nacional de MC la que tenía esa facultad, “eso no me toca a mí, eso le toca a la dirigencia nacional“.
Insistió que se debió buscar que no se dividiera la izquierda en México, “yo consideraría que no, que realmente creo que todos somos importantes y debería haberse buscado la unidad de las izquierdas, es mi opinión”.
Puntualizó que esperará la comunicación oficial de la dirigencia nacional, porque todavía en la tarde de ayer no se había enterado a través de su partido.

Morena en Guerrero descarta candidaturas comunes

El presidente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, puntualizó que no fue una decisión personal, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, “incluso hubo una votación dividida entorno al PT”. En cambio, la asamblea fue unánime en por ir en contra del PRD, “y los otros partidos del régimen, nosotros decimos que los otros partidos significan básicamente lo mismo”.
Expuso que la eventual alianza entre el PRD y PAN fue un factor determinante para marcar distancia con el partido. También señaló que en las elecciones en el Estado de México, el PRD favoreció al PRI porque durante la campaña a gobernador no hubo críticas al PRI ni respaldó el recuento de voto por voto.
Aunado a las declaraciones del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, de crear un frente amplio a anti López Obrador y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que manifestó la posibilidad de una alianza con el PRI, llegaron a confirmar en ir sin el acompañamiento del PRD.
En el caso de candidaturas comunes para ayuntamientos en próximas elecciones, desechó la idea también de que en Guerrero se alíe el PRD con Morena, “se está recibiendo como una línea del partido, no desobedecer localmente”.
El dirigente estatal de Morena afirmó que la aprobación de ir en alianza con el PT es una opción y no una regla a seguir.

Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Llama Beatriz Mojica a militantes del PRD a cerrar filas y analizar posibles alianzas para 2018

 

Durante un encuentro con los Comités Ejecutivos Municipales (CEM), la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga llamó a los militantes a cerrar filas y a analizar de manera consciente las posibles alianzas para las elecciones de 2018, ya que “la decisión que tome el PRD va a ser la decisión que lleve al presidente de la República al poder”.
Mojica Morga, el presidente del CEN, Ángel Ávila Romero; el presidente del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán; el secretario general del CEE, Alberto Catalán Bastida; el secretario de Formación Política del CEE, Miguel Flores Morales, y militantes del PRD se reunieron en el restaurante Rancho Los Cedros, donde se impartió una capacitación, y la conferencia La izquierda y los escenarios políticos actuales, que expuso el doctor Ernesto Ortiz Diego.
En su intervención, Mojica Morga pidió ante los casi 100 asistentes, “hoy, más que nunca el PRD requiere que cerremos filas”, ante la posible alianza de izquierdas para las elecciones de 2018, en la que podrían unirse el PRD, MC y Morena.
Señaló que “cualquier alianza” que haga el PRD requiere que el partido esté firme, aunque todavía no son tiempos de decidir lo que sucederá en 2018, pues actualmente hay un proceso interno.
“Ninguna posibilidad está cerrada, queremos construir una alianza ganadora, la decisión que tome el PRD va a ser la decisión que lleve al presidente de la República al poder, pero tenemos que esperar los tiempos, tenemos que cerrar filas y tenemos que prepararnos”, recalcó.
Dijo que el PRD tiene que defender los derechos humanos y a los marginados, pues el partido “existe para mejorar las condiciones de vida de la gente, y el PRD de Guerrero ha puesto siempre la sangre, apenas nos acaban de matar a nuestro compañero Demetrio Saldívar”, tras recordar al ex secretario general del CEE, pidió un minuto de aplausos en su honor.
Por su parte, Ávila Romero dijo que, a nivel nacional se está fortaleciendo al PRD, construyendo una ruta en la que tenga su propio candidato a la presidencia en 2018, pero para ello es necesario que los militantes estén unidos.
Reiteró que el PRD puede definir quién será el próximo presidente, para lo que también requiere de “una gran alianza” en la que se escuchen las propuestas del partido, como que el 50 por ciento de los cargos públicos sean para mujeres, como aplicó de manera interna.
“Guerrero tiene además una característica de que es un PRD de lucha que ha costado y sigue costando cambiar la vida política de este estado con vidas, es un ejemplo para otros estados donde a lo mejor la situación no está tan complicada como aquí, pero aquí hacer política cuesta y lo hemos visto hace unos días, cuesta y cuesta mucho”, expresó.

Exige seguridad el Grupo ACA tras 10 años de violencia; se reúne con MC en el Congreso

En una reunión entre diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) y los integrantes del Grupo ACA, la presidenta Adelaida Alarcón Domínguez dijo que después de más de 10 años de violencia en Acapulco ya no piden, sino que exigen seguridad y que los gobiernos estatal y municipal cumplan la certificación, evaluación y profesionalización de las policías.

Alarcón Domínguez también dijo a los diputados locales que tienen la obligación de legislar, por lo que les pidió que no dejen que las iniciativas importantes “se enfríen”, en respuesta cuando se le preguntó por las iniciativas contra el halconeo (vigilancia de grupos criminales) y la extorsión.
La reunión entre los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco de Aquino con los integrantes del Grupo ACA fue en la sala José Bajos Valverde del Congreso del Estado, al principio el encuentro fue cerrado pero casi al final se permitió el acceso a reporteros.
Los de la asociación pidieron que “la sociedad civil tengamos figura jurídica para tener voz y voto”. Aleida Alarcón Domínguez comentó que pretenden intervenir para que en los municipios no se creen consejos o comités ciudadanos en materia de seguridad a modo.
Reiteró que los ciudadanos, y se refirió a los acapulqueños, no confían en sus instituciones, “mucho menos en sus corporaciones (policiacas) y de impartición de justicia”.
Denunció que las extorsiones y el cobro de “cuota” de grupos del crimen organizado son los principales problemas en Acapulco, y que están “ahogando” la economía.
Lamentó que las autoridades pretendan ocultar la realidad en seguridad, “la violencia ya no se puede tapar con un dedo, no está funcionando lo que están haciendo”.
La presidenta también manifestó la preocupación del Grupo ACA por las policías ciudadanas y comunitarias, porque afirmó que no todas son de los pueblos originarios y que algunas responden a intereses de cada región del estado.
“No queremos que en las principales ciudades donde se desarrolla la economía del estado, existan y se gesten estas figuras de autoridades comunitarias”, sin embargo reconoció que el motivo de los movimientos de autodefensa es precisamente porque las policías constituidas y el gobierno “ya no responden”.
Los principales sectores de desarrollo económico fueron afectados por la violencia en Acapulco, principalmente el de la construcción y prestadores de servicios turísticos, quienes pagan cuota o tienen que cerrar si no lo hacen, comentó.
Dijo que aún no concluyen un diagnóstico de cierre de negocios víctimas de extorsión, pero comentó que en la periferia del puerto el problema es mayor, sobre todo en las colonias Zapata, La Venta, Pie de la Cuesta, Coloso, pero también en asentamientos céntricos como La Progreso.
De la propuesta de MC para eliminar el fuero en Guerrero dijo que plantearon a la fracción que informe cuáles serían los alcances de la desaparición de la figura, “porque necesitamos saber si las minorías se van a volver entonces los acosados o las mayorías… es lo que no entendemos”.