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Hace 10 años irrumpió en Tierra Caliente el grupo delictivo La Familia Michoacana

 

Desde finales de 2005 en la región Tierra Caliente irrumpen cárteles de la droga que intentan controlar esta zona y sus colindancias con el estado de Michoacán, antes controlada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Es una zona geográfica en la que colindan el Estado de México, Michoacán y Guerrero y donde convergen carreteras que cruzan desde la costa a la sierra y sus rutas de salida hacia el norte de la República.
La lucha por el área comenzó a inicios del 2006 y una célula de los Zetas a finales del año se presentó con el nombre La Familia Michoacana. Así quedó asentado en los primeros narcomensajes que aparecieron en Altamirano, municipio de Pungarabato.
Para finales de 2007 el control de ese grupo delincuencial era mayor.
Una división interna entre el grupo de narcotraficantes de los Beltrán Leyva provocó que los líderes de las células que estaban en la Tierra Caliente pactaran con La Familia Michoacana, y así se posicionaron más rápido de esta región.
Según fuentes militares, para 2008 La Familia Michoacana tenía el control de la mayor parte de Michoacán, además de los 14 municipios de la Tierra Caliente en Guerrero.
En Guerrero controlaban Zirándaro, Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Coyuca de Catalán.
Algunas células que quedaron de los Beltrán Leyva intentaron recuperar los territorios en varios momentos y con apoyo del capo Édgar Valdez Villareal, La Barbie, pero sin éxito.
En marzo del 2011 unas mantas colocadas en Pungarabato y Coyuca de Catalán dijeron que había una división interna en La Familia Michoacana, la separación era en la región de Tierra Caliente entre Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
Esa división permitió la entrada de otras células criminales a esta región, como el cártel Guerreros Unidos o el Jalisco Nueva Generación que en diferentes momentos han incursionado en los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, San Miguel Totolapan, pero sobre todo en la parte de la sierra de Tierra Caliente.
Fuentes militares informaron del crecimiento de La Familia Michoacana en Tierra Caliente del Estado de México, bajo el liderazgo de José María Chávez Magaña, El Pony.
En julio de 2014 el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido informó que fue detenido uno de los más importantes líderes del cártel de La Familia Michoacana, Chávez Magaña.
El Pony fue considerado uno los hombres más fuertes del cártel y protector del capo Jhony Hurtado Olascoaga, El Pez, quien se ha atrincherado en el municipio de Arcelia desde donde mantiene el control de una ruta de trasiego de drogas que iba de los municipios de Apaxtla y Cuetzala hasta el sur del Estado de México, como Tlataya.

Un pacto entre narcos para el cobro de cuotas

Fuentes militares dijeron que La Familia Michoacana mantuvo el control de la mayor parte del territorio colindante entre Guerrero y el Estado de México del lado de Arcelia, entre ellos Tlalchapa, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, y los municipios de Tlatlaya y San Pedro en el estado de México, debido a El Pez, en tanto que en Altamirano Rodolfo Maldonado Bustos, Don José, mantuvo el control de las colindancias entre Guerrero y Michoacán con Los Caballeros Templarios, como Altamirano, Cutzamala y Coyuca de Catalán. Además Huetamo, Michoacán y San Lucas.
Un pacto en 2011 evitó que estos grupos se confrontaran.
Los enfrentamientos y balaceras a plena luz del día y en zonas céntricas por la pelea de territorios se convirtieron en la tranquilidad comercial, pero bajo el cobro de cuota de los grupos criminales a todos los comerciantes de la región para permitirles trabajar.
Para 2013 en San Miguel Totolapan se vislumbraba un nuevo conflicto territorial tras una división de una célula de La Familia Michoacana controlada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Desde marzo del 2014 hasta mayo del 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró ocho ejecuciones que aparecieron con narco mensajes en contra de la banda de El Tequilero. Estos homicidios fueron principalmente en las colindancias entre Ajuchitlán y San Miguel Totolapan. Todos los narcomensajes estaban firmados “FM” (Familia Michoacana).
Bajo el control de la Policía Municipal El Tequilero se empoderó en San Miguel Totolapan. Las últimas denuncias y órdenes de aprehensión en su contra muestran la relación de siete mandos policiacos de esta corporación vinculados a su grupo.
En marzo de este año según reportes policiacos, Arnulfo Pineda Pérez, El Boinas, fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia por homicidio calificado, en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda fue el último comandante que tuvo la Policía Municipal de San Miguel Totolapan en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. En la misma orden de aprehensión se incluyen a seis policías más, además de a El Tequilero.
Tres narcomensajes en 2014 anunciaron la aparición del “comando suicida tequileros”, peleando por San Miguel Totolapan y sus fronteras con Arcelia.
Bajo el lema de que San Miguel Totolapan debería de ser para los de San Miguel Totolapan y no para los de Arcelia, El Tequilero asumió el control de la mayor parte del municipio, sobre todo de las partes baja y rural.
“Esto le va a pasar a todos los que le pasen información al Pescado (Johnny Hurtado Olascoaga). Atentamente El Tequilero”, decía el mensaje sobre el cuerpo de la ex regidora panista del municipio de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes Álvarez, quien apareció ejecutada en junio del 2014.
En la sierra se conformaron desde 2015 autodefensas en Los Encinos, Linda Vista y Petlacala. La intención era parar a grupos criminales que subían y atacaban pueblos completos. Entre ellos incluyeron al grupo de El Tequilero como lo hicieron desde el 12 de diciembre vecinos de San Miguel Totolapan.
El Tequilero ya no entraba a la sierra debido a la organización de los pueblos y la entrada de otros grupos, tanto de la costa como del lado de Arcelia y de Apaxtla.
Ante la disminución del territorio, El Tequilero comenzó a secuestrar masivamente a vecinos de Tierra Caliente.
En el último año la Fiscalía de Guerrero le atribuyó más de 40 secuestros, por los cuales cobró rescates y a algunas de sus víctimas las ejecutó.

Hallan en basurero de Coyuca de Catalán el cuerpo de un taxista levantado

Un taxista que fue levantado la noche del domingo mientras trabajaba fue encontrado muerto en el basurero de Coyuca de Catalán la mañana de este lunes, con un impacto de arma de fuego en la cabeza.
A las 10 de la mañana aproximadamente trabajadores de limpia encontraron en el basurero el cuerpo, y dieron parte a diversas corporaciones policiacas.
La víctima fue identificada como Leonel de 50 años, originario de Balderrama municipio de Cutzamala, pero ya vivía en Altamirano; era chofer del taxi con número 17 del sitio Miguel Hidalgo de Riva Palacio, Michoa-cán, al otro lado del río Cutzamala.
Agentes de la Fiscalía confirmaron que tenía un impacto de bala de grueso calibre en la cabeza.
El basurero se ubica a las afueras de la cabecera en las faldas de un cerro del barrio del Capire. La casa más cercana está a 2 kilómetros y nadie escuchó los disparos.
Las primeras investigaciones señalan que el hombre fue asesinado en el mismo lugar donde lo encontraron. Llegó la Policía Federal pero sólo tuvo conocimiento del hallazgo por el personal de limpia.
En la tarde el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.

El robo de medicamentos

En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.

El comunicado del IMSS

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.

 

No ve posible el obispo Rangel un acercamiento del Papa con familiares de desaparecidos

No ve el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, la posibilidad de que familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tengan un acercamiento con el papa Francisco, porque estos grupos están “politizados”.
El obispo fue consultado la tarde de ayer en esta ciudad de Iguala durante el foro promovido por la asociación civil Guerrero es Primero, en el que participaron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada, principalmente del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Sobre la petición de los miembros del comité de que sea gestor para un acercamiento con el papa Francisco, el obispo dijo que no le ve posibilidades.
“Vemos que estos grupos están muy politizados, y lo que a mí no me agrada es que no se procede de una manera civilizada y educada, es el temor que tenía tanto el gobierno como dentro de la Iglesia, que la reunión con estos grupos pudiera degenerar en otros detalles no agradables, incluso en violencia”, declaró.
Dijo que tiene el dato de que un grupo de familiares fueron hasta Morelia, Michoacán, y en una reunión del cardenal Alberto Suárez Inda, “le estuvieron gritando, y creo que esto no es justo, no se vale, yo no estoy de acuerdo de que a base de gritos, de huelgas o protestas incorrectas en las que se dañan a terceras personas, así las cosas no pueden ir”.
Se le recordó que Los Otros Desaparecidos hicieron la petición a través de una carta, y respondió que “el temor que se tiene es que si se le da cabida a un grupo se puedan unir todos los demás, e incluso en particular esas escuelas magisteriales, y pues no tienen otras ideologías, ellos están impuestos a hacer otras cosas y es lo que queremos evitar”.
Indicó “que yo sepa no, es un asunto que debe resolver los dirigentes de la Iglesia junto con el Papa y el mismo gobierno, pero yo no le veo posibilidades”, dijo sobre el encuentro de los papás de los 43 desaparecidos y Los Otros Desaparecidos con el papa Francisco.
Sobre el ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el obispo dijo, “yo tengo mis conclusiones y mis ideas sobre todo esto, tato el caso Ayotzinapa, simplemente me he preguntado ¿y quién los envió aquí? (a los normalistas), y he llegado a la conclusión de que simplemente han sido confrontamientos de bandas rivales. Si ellos bien sabían, los de Iguala que aquí había otro grupo distinto al de ellos, ¿quién los mandó o por qué se metieron aquí?”.
Se le planteó si está de acuerdo con la versión de la PGR, de que entre los normalistas había infiltrados de la delincuencia organizada y el ataque contra ellos fue por la disputa de la plaza entre los grupos de la delincuencia organizada.
?Yo no estoy seguro; yo de lo que sí estoy seguro es que han sido desencuentros de grupos rivales, ?respondió sin ahondar en el tema.
Sobre los cerca de 400 desaparecidos de Iguala, señaló como principales responsables de eso a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, “y precisamente fue en este periodo cuando aumentaron los desaparecidos. Es de la opinión pública que el anterior presidente municipal (José Luis Abarca) como su esposa, estaban bien coludidos con el crimen organizado en este lugar, y es cuando aumentaron las víctimas”.
Declaró que en vez de andar buscando e investigando, “ellos pueden decir dónde están los desaparecidos, ellos saben perfectamente, y pues preguntarles, y creo que ellos nos pueden aclarar muchas cosas”.
Consideró que la mayoría de los desaparecidos de Iguala tienen que ver con los “choques de bandas contrarias en los límites de un grupo o de otro, que es donde ha habido estos problemas y estos desaparecidos”.
Señaló que, “los medios de comunicación han hecho grande esta situación, porque de los seis meses que llevo en Guerrero, he visto que hay mucha gente buena y positiva, que no todos están metidos en el narcotráfico ni en las desapariciones, y que realmente es reducido el grupo de aquellas personas que están provocando los problemas”.
A pregunta hecha sobre las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal, respondió que “actuar con la fuerza no va a solucionar el problema, tenemos que ir más allá, en trabajar en el corazón de las personas y las familias, la escuela y el gobierno a través de los valores”.

Tres sacerdotes de la diócesis de Altamirano fueron asesinados y no hay justicia, señala un párroco

El párroco de la iglesia San Pedro y San Pablo de la diócesis de Ciudad Altamirano, Fidencio Abellaneda Reinoso, denunció durante una reunión con familiares de víctimas de desaparición forzada que entre 2009 a 2014 tres párrocos en esa región han sido asesinados por delincuentes que pretendían extorsionarlos, sin que se haya hecho justicia por esos casos.
Además dijo que la presencia de la Policía Federal (PF) no ha dado buenos resultados, pues siguen los secuestros, asesinatos y extorsiones en esa región.
El padre Abellaneda Reinoso participó ayer en esta ciudad en el foro convocado por la asociación Guerrero es Primero, en el que principalmente participaron organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, el cual se realizó en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG).
En su intervención durante el foro dio a conocer que entre 2009 y 2014 tres párrocos de la Diócesis de Ciudad Altamirano han sido asesinados sin que por ellos se haya hecho justicia.
En declaraciones a reporteros abundó que el padre Habacuc Hernández Benítez fue el primer sacerdote asesinado el 13  de junio de 2009, quien era promotor vocacional en esa región y fue levantado junto a otros dos jóvenes, quienes al parecer fueron confundidos con personas ligadas a la delincuencia organizada, “se llevaron a los tres y se llevaron de corbata al padre”.
Dijo que la persona que investigaría ese caso también fue asesinada a los 3 días de haber sido nombrada, por lo que a partir de ahí nadie investigó más.
Otro caso fue el asesinato del padre Ascensión Acuña Osorio, quien fue levantado del curato de San Miguel Totolapan el 21 de septiembre de 2014, y después fue hallado asesinado en la orilla del río Balsas. El párroco anteriormente estaba siendo extorsionado por delincuentes quienes le pedían 300 mil pesos y que sólo entregó 50 mil pesos, narró el padre.
Un caso más, dijo, fue durante la colecta que se hace cada año en Altamirano en las diferentes diócesis. A el padre Gregorio López Gorostieta, el padre Goyo, le había tocado la catedral de ciudad Altamirano y una vez que terminó la colecta el domingo 21 de diciembre de 2014 al llegar al seminario fue levantado por delincuentes que también le pedían el pago de una cuota, la cual no entregó y tres días después fue hallado asesinado con huellas de tortura y golpes.
A pregunta expresa, informó que hasta ayer no se ha hecho justicia y “siguen sin investigación y completamente impunes, sólo están sumados en los archivos del gobierno”.
Informó que apenas el 28 de diciembre hubo otro intento de secuestro a otro sacerdote al cual golpearon para quitarle el dinero de las limosnas en el municipio de Huetamo, Michoacán, que también pertenece a la diócesis de Altamirano.
Pidió a los tres niveles de gobierno poner atención a los reclamos no sólo de la iglesia sino de la sociedad en general “ya que tenemos muchos secuestros y muchas extorsiones que ha generado que muchas familias salgan huyendo de la región de Tierra Calientes en busca de seguridad”.
Dijo que con la presencia de la Policía Federal, división de Gendarmería en Altamirano, “no ha habido buenos resultados, sino al contrario, sigue habiendo secuestros, asesinatos y extorsiones, por lo que pensamos que hace falta mayor compromiso de las autoridades”.
Declaró que ante la inseguridad registrada en la región de Tierra Caliente, los sacerdotes implementan protocolos de seguridad como el decir a dónde van, no salir de noche o avisar donde están en cada momento.

Irrumpen soldados en una casa en Riva Palacio en busca del esposo secuestrado de la síndica de Pungarabato

Soldados cayeron por aire y sitiaron por tierra una vivienda de Riva Palacio, Michoacán, en busca del empresario Gustavo Borja García, esposo de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, quien fue secuestrado la mañana de este jueves en el centro de Altamirano por hombres armados que lo sacaron de su negocio.
El secuestro fue a 30 metros de la avenida Lázaro Cárdenas y a una cuadra y media del hotel Aries, donde tienen su base los policías de la Gendarmería Nacional que participan en el Operativo Tierra Caliente.
La vivienda que fue sitiada está junto a Altamirano justo al otro lado del río Cutzamala, del lado de Michoacán, al lugar llegaron el Ejército y la Policía Estatal de Guerrero, aseguraron dos vehículos y retuvieron a una pareja dentro de la casa desde la 11 de la mañana, en la noche continuaban sin dejarlos salir.
Alrededor de las 11 de la mañana un helicóptero sobrevoló muy bajo sobre el centro de Altamirano y se colocó sobre una vivienda.
La casa cerca del zócalo de Altamirano que colinda con el río Cutzamala, y la casa está en la orilla del río pero del lado de Michoacán. Es una casa de tabique en obra negra donde vive una familia. Hay una cancha deportiva de futbol rápido a un lado y un espacio que en las noches lo usan para cancha de volibol. Hay varias viviendas en los costados.
El helicóptero se mantuvo 5 minutos ahí, llegaron los soldados y una patrulla de policías estatales. Ahí había una camioneta Ford pickup verde, un coche gris Astra y un Tsuru blanco, al parecer los coches tienen reporte de robo según informaron a la familia.
La familia González Sánchez que viven en ese lugar informó que el Ejército no los dejó salir de la vivienda desde las 11 de la mañana.
En redes sociales la familia dijo a medios de comunicación que desconocía el motivo por el cual llegó el Ejército, sólo que checaron sus carros. La camioneta verde parecida a la que usaron en el secuestro aseguraron que es de su propiedad y que además casi no la sacan porque no avanza por una falla mecánica, mientras que los otros dos carros no son de ellos.
Las demás familias alrededor tienen acceso y salida libre del lugar y a los retenidos sólo les permitían usar sus teléfonos.
Al acudir al lugar un soldado informó que esperarían al agente del Ministerio Público federal, que por eso no permitían el acceso al sitio y se negaron a dar más información. En la noche seguían en el mismo punto y no llegaba el Ministerio Público.
El resto del día se vieron recorridos en el centro de Altamirano y una patrulla cerca del centro ferretero Borja

Denuncian padres de Ayotzinapa el constante acoso de policías federales durante la caravana

La caravana por la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en el norte del país, fue vigilada por policías federales desde Chihuahua hasta Michoacán, y hostigada en todas sus actividades públicas, denunció el representante d

e los padres, Melitón Ortega Martínez.
Consultado sobre el recorrido en seis estados del norte del país (a la par de la caravana sur en estados del sureste y centro de la República), informó que se caracterizó por el hostigamiento y la intimidación de agentes del Estado; como referencia, mencionó que los policías federales, quienes dijeron que sólo seguirían al autobús por la seguridad de sus integrantes, tomaban fotografías a los estudiantes en las casetas de cobro.
Esto, para dejar constancia de que los normalistas levantan directamente las plumas de paso de las casetas en las autopistas para entrar a las carreteras de cuota.
Aclaró que los gastos de la caravaba, combustible, alimentación y hospedaje, fueron cubiertos por ciudadanos y organizaciones que se acer

caron a los padres de familia, al igual que en la caravana del sur. Se hospedaron en las normales rurales y en las instalaciones de sindicatos en los estados.
Aclaró que, por ellos fue posible denunciar las irregularidades del caso en todo el país, los avances en las investigaciones, producto de movimiento social y la intervención internacional, y la convocatoria a la reunión nacional por la dignidad este 5 de febrero en la Ciudad de México.
Indicó que hubo tres marchas en Chihuahua, Michoacán y San Luis Potosí, con los normalistas rurales de Saucillo, Chihuahua, Atequiza, J

alisco y Tiripetío, Michoacán; y a pensar del frío intenso, con temperaturas bajo cero, los padres mantuvieron el ánimo alto, ante la solidaridad que se expresó al movimiento.
Recordó que en Colima el clima fue más benévolo, pero en Michoacán, donde concluyeron la gira, sufrieron las temperaturas más bajas, de 3 grados centígrados bajo cero, sumamente crudo para padres de la Costa y Montaña de Guerrero.

Hay un “fanatismo rebasado” que lleva a la violencia a los feligreses de Apango, dice el obispo

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza informó que la inconformidad de la reubicación del sacerdote de Mártir de Cuilapan es por un “fanatismo rebasado” de los feligreses que lo apoyan, quienes bloquearon la parroquia de Apango y seis capillas más de la cabecera municipal, pero será cambiado.
Recordó que hace un mes en su visita a Atliaca, los feligreses lo retuvieron durante 3 horas dentro de una capilla para exigir que el sacerdote Carlos Cristino Luna no sea reubicado, “me parece preocupante, ya que el fanatismo de los feligreses los está conduciendo a una conducta de violencia extrema”.
Entrevistado en sus oficinas del obispado en la capital, Rangel Mendoza dijo que la decisión de reubicar al sacerdote Cristino Luna de Apango es irreversible, y será trasladado en los próximos días a la parroquia de San Martín Caballero de Acamixtla, municipio de Taxco.
Explicó que la decisión de remover al sacerdote fue a causa del fanatismo que manifiestan los feligreses hacia Cristino Luna, y sostuvo que durante una reunión privada le comunicó el decreto, “sin embargo, el sacerdote se lo reveló a la gente”.
Recordó que hace un mes durante una visita a Apango para realizar una procesión de dos horas en el pueblo, al terminar y retirarse a los ornamentos en la sacristía “los feligreses entraron y me encerraron”.
Indicó que solicitó salir de la oficina para ir al sanitario, “y me percaté que el sacerdote estaba cerrando las cadenas del portón de la sacristía, mientras los pobladores me exigían que el párroco se quedara, todo estaba orquestado y calculado”, expuso.
Rangel Mendoza reconoció que este incidente influyó en la decisión de remover al párroco, así como el “exagerado” fanatismo que los feligreses profesaron en ese momento al sacerdote, “escuché las oraciones que hacía todo el pueblo, ya que era la procesión del Santísimo Sacramento, pero escuchaba a la gente echarle porras al padre en vez de hacer oraciones, es ahí donde confirmé que hay un excesivo fanatismo”.
Recalcó que si sigue el fanatismo en Atliaca y Apango será peligroso, ya que las mujeres acuden a la iglesia con la cabeza cubierta, se hincan para recibir el sacramento y hay separación de hombres y mujeres, “esto ya me está sonando a un cierto fanatismo, incluso los de Atliaca me entregaron cartas con mensajes groseros y ofensivos, según son personas evangelizadas, pero a mi se me hizo un acto totalmente ofensivo”.
Agregó que la conducta de los feligreses no es la correcta, ya que la iglesia no actuará por presiones y tampoco con amenazas, aunque reconoció que detrás de los protestantes hay intereses ajenos, “que desconozco por qué ocurran”.
Del bloqueo en la parroquia de San Francisco de Asís en Apango y en capillas de las comunidades de Zotoltitlán, Hueyitlalpan, Ahuexotitlán, Xicomulco, Tebernillas y Aixcualco, desde el domingo pasado, donde fueron suspendidos los servicios religiosos, Rangel Mendoza dijo que esta reacción obedece a “movimientos primarios”.
Señaló que en su visita a Apango comunicó a los religiosos el cambio del nuevo sacerdote del Santuario de los Mártires de Taxco, “cuando necesiten alguna celebración yo tengo el personal que los atienda, los sacerdotes deben disciplinarse como en el ejército o en la escuela”.
-¿Entonces, debido a los conflictos no teme por la integridad de los nuevos párrocos en Apango?
-En mi opinión los feligreses que protestan no pertenecen a una autentica evangelización, ya que deberían ser tolerantes, honestos y perdonar al prójimo, personalmente sí temo por la integridad del párroco nuevo, le daré posesión en otro lugar, posiblemente en Tixtla.
Rangel Mendoza expuso que el “modus operandi” en Guerrero es protestar, “sin embargo, ellos no tienen autoridad para cerrar las iglesias, son edificios federales y el responsable de esas iglesias es el obispo y el párroco que yo pongo, de cierta manera están quebrantando las normas federales, pero también son católicos y cristianos y yo estoy dispuesto a escucharlos, a dialogar con ellos, siempre y cuando acaten lo que yo estoy ordenando porque hay un orden en la iglesia, yo no caeré en su juego”, dijo.
-Pero siguen tomadas las capillas y la parroquia de Apango ¿Cuál es la solución?, preguntó este reportero.
-Si verdaderamente son católicos todos deben tener disciplina, si ellos quieren un servicio tengo a los sacerdotes preparados para lo que quieran consultar, sin embargo, yo fui a hacer la procesión y descubrí que era una trampa.
Acerca de la petición de los inconformes para reunirse con él, Rangel Mendoza dijo que la única manera será dialogar con una comisión, ya que una multitud generaría violencia, “si ellos solicitan reunirse conmigo, de manera decente y ordenada, yo estoy con las puertas abiertas a dialogar, pero piden que Atliaca no pertenezca a la parroquia de Apango, y que se quede el sacerdote, quieren dialogar pero ya tienen las soluciones, y no estoy de acuerdo”.
-¿Y no teme usted un conflicto armado?
-Hay un grave problema de inseguridad, donde muchos delincuentes están infiltrados, tengo el conocimiento de que en esa zona están irrumpiendo grupos armados, y en asuntos como éste puede mezclarse el fanatismo y la delincuencia, yo veo esto como posibilidad muy real y ante todo debo deslindar a la iglesia.
Reveló que a causa de todos los problemas surgidos, el sacerdote hace pocos días solicitó su reubicación de Atliaca, “ya que no aguantaba a los feligreses”.
-¿Entonces por qué hay tanto fanatismo, si el párroco finalmente se quiere ir? ¿Cuál es su interés?
-Es un doble juego y una irresponsabilidad del padre, públicamente él me dijo que quiere salir de Atliaca y aún permanece ahí, yo creo que le falta sinceridad y está jugando doble.

Ejecutan afuera de su casa a un ganadero de Guayameo, Zirándaro, y levantan a su hijo de 19 años

 

Un ganadero fue ejecutado la noche de este jueves en la comunidad de Guayameo, municipio de Zirándaro, por hombres armados que lo sacaron de su domicilio y se llevaron a su hijo.
De acuerdo con el reporte policiaco, se trata de Raúl Romero Díaz, un ganadero vecino de la localidad de Guayameo. Se informó que alrededor de las 8 de la noche arribaron personas armadas a su casa y lo sacaron con violencia para matarlo en la calle.
Además, reportaron que se llevaron a su hijo, Aquiles Romero de 19 años, con rumbo desconocido.
Debido a la hora en la que ocurrieron los hechos, se informó qué sería hasta este viernes por la mañana cuando policías federales y estatales acompañarían al agente del Ministerio Público hasta la localidad para conocer de los hechos.
La localidad de Guayameo se ubica a una hora de recorrido desde la cabecera municipal. No hay vigilancia policíaca ni militar cercana. La comunidad tiene más de mil habitantes y es la población más grande de la parte alta de Zirándaro.
En Guayameo fueron asesinadas dos personas en un enfrentamiento con policías federales en noviembre de 2015, cuando también mataron a una mujer policía.
En diciembre, en rancherías cercanas ejecutaron a dos personas en una emboscada, y vecinos denunciaron que ahí operaba gente a bordo de carros de las autodefensas de Huetamo, Michoacán.

En espectaculares, ofrece la SEIDO recompensa a quien informe de una joven desaparecida en Iguala

 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), colocó desde el viernes cuatro espectaculares en los que aparece la imagen de una de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el que se ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos para quien dé información para su localización.
Se trata de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, cuando tenía 19 años, y su mamá, Sandra Román se integró al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala desde noviembre de 2014, cuando surgió el grupo tras el caso Ayotzinapa.
Según información proporcionada por Sandra Román, desde el 21 de octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que la PGR ofrece hasta un millón 500 mil pesos de recompensa a quien proporcione información para la localización de Ivette Melissa Flores Román y cuatro personas más secuestradas entre 2011 y 2014, y ofrece una cantidad similar, para quien aporte información para la captura de los responsables de los hechos.
En total fueron colocados desde el viernes cinco espectaculares en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco y el Estado de México, además de su publicación en medios impresos y canales de televisión, en el que aparece la fotografía de Ivette Melissa, datos de su desaparición y el teléfono y correos electrónicos para hacer la denuncia correspondiente.
En el caso de Iguala, el espectacular fue colocado en la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Chilpancingo en dirección sur-norte, junto al puente elevado del crucero con el Periférico Norte.
Los otros desaparecidos por las que se ofrece la misma recompensa son dos de Zitácuaro, Michoacán; uno de San Julián, Jalisco, y uno más de Orizaba, Veracruz.
Ivette Melissa Flores Román, que tiene una pequeña hija, es la primera de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala por cuya localización se ofrece una recompensa.
“Mi lucha es por mi hija y por mi nieta”, expuso Sandra Román, a más de tres años de buscar a su hija desaparecida en Iguala.