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Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración  de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.

Se carea Arturo Campos con cinco testigos en su contra, que no sostienen las acusaciones

Los agraviados que se presentaron al careo contra el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, Arturo Campos Herrera, que supuestamente lo acusaban de secuestro y privación de la libertad, no sostuvieron las acusaciones contra él y en la lectura de sus declaraciones no lo mencionan.
El careo inició a las 10 de la mañana en la Primera Secretaría de Acuerdos del juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con la secretaria Imelda Molina Sánchez, el representante del Ministerio Público, Mariano Ramírez. Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Campos Herrera y cinco agraviados de los 43 que lo señalan. De éstos alrededor de 20 son de municipios de la Montaña y el resto de la Costa Chica, donde se desarrolla su proceso bajo la causa penal 196/2013-I.
El procedimiento inició con la lectura de las declaraciones asentadas de los agraviados y luego el careo entre Campos Herrera y ellos, sobre lo que declararon cuando se integró el expediente y en el cual se escucharon textos similares y palabras rebuscadas fuera del contexto de la gente de la región, además en ninguna de ellas lo mencionan.
En el careo Arturo Campos respondió a todos que no lo mencionan en sus declaraciones ni que él los hubiera detenido o pedido dinero, que cada comunidad tenía su propia Policía Comunitaria, que él reconocía que era parte de la CRAC-PC y por eso acudía a la Casa de Justicia.
A uno le dijo que él mismo reconocía que estuvo en una Casa de Justicia no en una casa de seguridad, que estuvo a la vista del pueblo, no escondido, que podía hablar con sus familiares “un secuestrado no habla con su familia, sin embargo tú no tienes la culpa porque te hicieron firmar eso en el Ministerio Público, ahí pusieron las cosas por el delito de secuestro, yo no te pedí dinero, ni te detuve”, remarcó.
El agraviado respondió que acepta que él no lo había detenido, pero lo iba a ver y les decía cosas malas al decirles que si no trabajan no comerían, los apuntaba con sus armas y dijo que podía dispararles, ante lo que respondió que él no llevaba armas porque no es policía comunitario, y cada policía llevaba su credencial.
Finalmente la víctima dijo, “reconozco que usted nunca nos pidió dinero” y le reprochó que nunca investigó si estaban injustamente encarcelados, a lo que le respondió que para eso se llevaba un procedimiento de deliberación con el análisis de sus expedientes y la asamblea decidía su libertad o reeducación temporal, “yo llevo tres años encerrado sin haber cometido delito y el gobierno no me dice ‘tú no cometiste delito’”.
Le remarcó que no negará que es de la Policía Comunitaria que se organizó para defender al pueblo porque el gobierno no puede.
A otro según su declaración se lo llevaron de la comunidad de Santa Cruz a la Casa de Justicia en El Paraíso, y lo rescató un grupo de policías federales y ministeriales cuando estaba secuestrado con otros, le pedían 25 mil pesos para liberarlo y reconoció a algunos en fotografías que le mostraron con cargos y nombres completos, pero no estaba Arturo Campos.
Campos Herrera, una vez más le dijo que en su declaración no lo menciona, ni le pedía dinero a nadie y que cada comunidad tenía su Policía Comunitaria y desconocía si tenía algún problema en ella, y le reiteró que en la CRAC todo se decide en asamblea.
Le mencionó que Germán Cantú, otro de los acusados, no era policía comunitario sino un profesor que iba por el lugar y le preguntó ¿los conoció?, y el agraviado le dijo que no “la verdad eran varios, los veían, pero no sé sus nombres”.
Campos Herrera le dijo que en la operación estuvo el Ejército y la Marina y eso no aparece en sus declaraciones, sólo las policías estatal y ministerial, “le digo que hay muchas cosas inventadas que le hicieron firmar y me declaro inocente, pero me llevaron al penal del altiplano con delincuentes como La Tuta, El Chapo, el ex presidente de Iguala, al gobierno se le ocurrió armar un expediente”.
Le remarcó que no lo detuvo, que no le pidió dinero y si es no ocurrió no es secuestro, estuvo ahí en proceso de reeducación.
Este agraviado le contestó que no tenía nada contra él y que ya no quería saber nada del proceso legal, que no lo acusaba de nada “usted no me hizo nada físicamente, no lo acuso de nada y si pidiera firmar un acta donde yo me deslindo de esto lo hago, aunque no me acuerdo de todo, a usted no lo acuso”.
Además argumento falta de dinero y tiempo para andar en vueltas porque tenía trabajo y quería firmar para deslindarse.
Campos Herrera le remarcó que había cosas inventadas, que el MP los hizo firmar lo que armó en su contra, que esperaba salir de la cárcel, visitar las comunidades y no quería que lo vieran feo porque no era un delincuente.
Otro agraviado mencionó que reconoció a los comunitarios cuando le mostraron 15 fotografías, pero ahí tampoco estaba Arturo Campos quien le reiteró que no lo detuvo ni le pidió dinero a él ni a sus familiares.
A él lo detuvieron en otro lugar el 1 de diciembre de 2013, no el 21 de agosto de 2013 y que la Casa de Justicia era limpia, no estaban en condiciones inhumanas como mencionaba su declaración.
Le dijo “ahorita que me trajeron me metieron al cuarto de castigo con otros que están enfermos y ni baño tiene” y regreso al tema al decirle que si lo acusaban de secuestro debía haber un rescate, y en ese caso no fue así porque sus familiares los visitaban.
Dijo que el gobierno sabe de la existencia de la Policía Comunitaria y sus casas de justicia y que cuando lo detuvieron ya existía la Ley 701, los tratados internacionales, la reforma al artículo 2 de la Constitución y le dijo que él no tenía la culpa “les hicieron firmar”.
El agraviado resumió que no tenía nada en su contra y que se deslindaba, además de no tener dinero y estaba enfermo para andar dando vueltas.
El último agraviado en la lectura de su declaración mencionó que le pedían dinero para liberarlo del campo de concentración, Arturo le dijo que no lo mencionaba en su declaración, que no pidió dinero y que si la policía de comunidad lo golpeó “puedo entender que cometieron violaciones, pero no fui yo, por lo que no se justifica el delito de secuestro”.
Después del careo siguió el interrogatorio a los cinco agraviados para que dijeran si sabían la fecha de creación de la policía comunitaria en su comunidad y si ésta tenía algún tipo de vestimenta a lo que contestaron que llevaban pantalón negro, playera verde, logotipos en sus gorra, playeras y armas.
Al término del careo los abogados de Tlachinollan mencionaron que los agraviados iban con desconocimiento de los hechos y se observó que a Arturo campos se le fabricó el delito porque los supuestos agraviados no lo conocían, no lo mencionaron y no lo acusaron directamente y hasta se querían desistir.
Mencionaron que seguirán los careos e interrogatorios con el resto de los involucrados aunque muchos no han comparecido y se buscará la manera de que lo hagan, para agilizar el proceso.

Tlachinollan

Más tarde en un comunicado Tlachinollan dijo que los cinco testigos de cargo no pudieron sostener sus señalamientos, aceptaron expresamente que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro contra ellos y que tampoco les pidió dinero para ponerlos en libertad como dijeron en sus primeras declaraciones.
Además que la causa penal presenta fisuras legales e inconsistencias de origen que la hacen insostenible, pues es la misma que se les instruyó a los cinco indígenas de la CRAC-PC que fueron liberados porque un juez de Distrito resolvió que no se acredita el secuestro por que son autoridades comunitarias reconocidas por la ley.
De igual forma es el mismo proceso penal que pesaba contra Nestora Salgado y que la misma jueza que hoy tiene en prisión a Arturo Campos, la exoneró.
Así se demuestra de manera fehaciente la inocencia del luchador social Arturo Campos, que su detención es por consigna política de los gobiernos federal y estatal que tienen el propósito de atacar y medrar los sistemas normativos de los pueblos indígenas y todos sus derechos ganados que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Política Federal y la Ley 701 del Estado de Guerrero, ante lo que exigió su libertad inmediata e incondicional.

Retiene la Tecampanera unos cien camiones de productos para Tierra Caliente y mantiene paralizado Teloloapan

 

En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.

Denuncian ante el MP la desaparición en Iguala de una mujer y su hija de 3 años que iban a Cocula, y de una pareja

 

En hechos distintos fue reportada ayer la desaparición de una mujer y de su hija de tres años ocurrida el domingo luego de que salieron hacia Cocula, y el viernes la de un hombre y una mujer de unos 40 años en Iguala.
Según fuentes policiacas ayer se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la desaparición de una mujer y su hija de tres años, quienes son vecinas de la colonia 24 de febrero de esta ciudad y se les vio por última vez el domingo de la semana pasada cuando salieron hacia el municipio de Cocula, a visitar a unos familiares.
Según la información que familiares dieron a las autoridades, la última vez que tuvieron comunicación vía telefónica con Enriqueta de 36 años quien iba con su hija de tres años, les informó que la tenían en Cuernavaca, Morelos, por lo que sus familiares solicitaron apoyo de policías para su localización, sin embargo no la encontraron donde había dicho.
El esposo informó a las autoridades que el jueves le llamaron de un teléfono con lada de Cuernavaca, donde le informaban que tenía que ir solo por su esposa y su hija, pero hasta la tarde de ayer no las había localizado.
En un hecho diferente la tarde de este domingo fue reportada ante el Ministerio Público la desaparición de un hombre y de una mujer de unos 40 años, y según versiones de fuentes policiacas, ayer localizaron abandonado el taxi en el que se les vio por última vez el viernes.
Familiares de los desaparecidos dieron a conocer a las autoridades que el viernes la pareja salió a bordo del taxi número 261 de la colonia 28 de abril, al poniente de la ciudad.
Informaron que un día después localizaron abandonado el taxi en la colonia Adolfo López Mateos, el cual fue decomisado por policías estatales y puesto a disposición del MP.
Hasta la noche de ayer se desconocía el paradero de las dos personas y si es que se han comunicado con sus familiares para pedir algún tipo de rescate para su liberación.

 

Abren proceso a los detenidos por el caso de la Urvan por asalto y asesinato sin premeditación

El juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió la mañana de este jueves la vinculación a proceso, con prisión preventiva, de cuatro de los acusados por el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y del chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
La audiencia pública fue en la sala 1 de juicios orales ubicada en la Ciudad Judicial, a las 7:30, en donde el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que el móvil del múltiple homicidio fue el asalto y que los dos estudiantes normalistas asesinados opusieron resistencia, pero el asesor legal de los dos normalistas, Vidulfo Rosales Sierra insistió en que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los dos normalistas
También hubo discrepancias en cuanto al número de personas que actuaron en el múltiple homicidio. Los representantes del Ministerio Público (MP) que presenta los elementos y su investigación, y de la Fiscalía que defiende su caso, sostuvieron que fueron cinco, mientras que Rosales Sierra dijo que fueron seis.
Sin embargo hubo coincidencia en cuanto a la mecánica y la ruta que siguieron los ahora imputados la tarde de ese 4 de octubre.
Asimismo compartieron la certeza de que los detenidos son los que participaron en los homicidios de las cuatro personas ese día, aunque al término de la audiencia de vinculación a proceso solicitaron un plazo de cuatro meses para la próxima –la audiencia de juicio-, plazo que utilizarán para presentar más argumentos en contra de los imputados.
A su vez los dos defensores públicos que asisten legalmente a los acusados, se reservaron “por estrategia” su derecho a presentar argumentos a favor de sus defendidos, y también omitieron su derecho a emitir argumentos en su defensa.

La ruta de los acusados

La versión de los representantes del MP y de la Fiscalía, que obtuvieron mediante el testimonio de dos testigos, es que los cinco detenidos (cuatro mayores de edad que ayer fueron vinculados a proceso y un menor de edad al que le dictaron medidas cautelares el miércoles en el Tribunal de Justicia para Adolescentes), abordaron la Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla en la colonia Indeco, y que cuando llegaban al kilómetro 4 en el punto conocido como El Derrumbe o la Curva del Amate, sacaron pistolas con las que dos de ellos amagaron al chofer y lo obligaron a detenerse.
“Órale hijo de tu puta madre, párate o matamos a todos”, le habría dicho uno de los hombres armados al conductor, quien detuvo la unidad. Entonces otro disparó (no precisa el MP si éstos se hicieron dentro o ya fuera del vehículo), pero dice que después bajaron a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.
Según el MP y la Fiscalía, Jonathan Morales y Filimón Tacuba (estudiantes de Ayotzinapa) opusieron resistencia y fue cuando les dispararon.
También le dispararon al trabajador del IEEJAG, Juventino Carranza, quien quedó herido pero murió cuando era atendido en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Posteriormente los ahora detenidos dispararon a otros conductores, entre éstos al chofer de una Urvan que circulaba de Tixtla a Chilpancingo e hirieron a un niño de 8 años que iba de pasajero y al conductor. Asimismo resultó herido el chofer de una camioneta de una tienda de abarrotes de Chilapa y el conductor de la Urvan 41 en la que viajaban las víctimas.
Según el MP y la Fiscalía después los cinco hombres armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo particular (del que no mencionan las características) en el que se regresaron rumbo a Chilpancingo y cerca de casa Guerrero lo abandonaron y caminaron rumbo a la colonia Ampliación Revolución (que se encuentra a menos de un kilómetro) en donde en la calle Constitución le hicieron la parada al chofer de la combi número 63 de la ruta Reforma-Mercado, quien al ver que iban armados lo mataron a balazos. Se trata del chofer Marco Antonio Organista Lorenzo.
Enseguida los cinco armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo Chevrolet Sonic negro, quien bajo amenazas los trasladó al otro extremo de la ciudad, a la colonia Sección Séptima, (que se encuentra en la parte alta de la colonia López Portillo, al poniente de la ciudad), en donde se dispersaron y tomaron rumbo desconocido.
El representante del MP y el de la Fiscalía, destacaron que los dos testigos han identificado plenamente a los cuatro detenidos.
La discrepancia

En cambio el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien funge como asesor jurídico de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo en su exposición que fueron seis los hombres armados que participaron en el múltiple homicidio.
El abogado citó como testigos a los mismos que utilizaron el MP y la Fiscalía, aseguró que primero en la parada de la colonia Indeco se subieron tres y tomaron los asientos de la parte de atrás de la Urvan. Metros más adelante abordaron la unidad otros tres que ocuparon los asientos delanteros, situación que el abogado utilizó para argumentar que hubo “premeditación” de los imputados pues planearon dejar en medio e indefensas a sus víctimas.
Rosales Sierra insistió en que durante el ataque a los estudiantes no hubo resistencia de los dos estudiantes y que, incluso, les dispararon a pesar de que Jonathan y Filimón les dijeron que eran estudiantes y que no llevaban nada (de valor).
En cuanto a la ruta que siguieron los hombres armados para darse a la fuga, Rosales sólo agrega que hubo cámaras del Centro de Control, Comunicación y Comando (C-4) que registraron a los seis armados y ahora acusados cuando huían por la colonia Reforma.
Sin embargo el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió que no existen elementos que establezcan que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados y coincidió con el móvil que expusieron el MP y la Fiscalía en el sentido de que se trató de un asalto circunstancial.
Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía expusieron que en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes y el trabajador del IEEJAG se encontraron 11 casquillos de pistola calibre 22, cinco de 9 milímetros, uno de 380 y otro de calibre 25.
Aunque en la necropsia a los cuerpos de las víctimas los impactos que recibieron sólo fueron de 9 milímetros y 22., casquillos de estas dos últimas armas también fueron encontrados en el lugar donde mataron al chofer de la Urvan del servicio público de Chilpancingo, en la colonia Reforma.
De las cuatro víctimas sólo los dos estudiantes de la Normal de Ayozinapa recibieron dos impactos. Filimón Tacuba recibió uno en la cara y otro en la sien, y Jonathan uno en la frente y otro cerca de la nariz. Mientras que Juventino Carranza recibió uno cerca de la patilla derecha y Marco Antonio Organista uno del que no se precisó el lugar del impacto.

Que Dios los Bendiga

Al final el juez de control sintetizó los señalamientos, acusaciones y argumentos del MP, la Fiscalía y de los asesores de los familiares de las víctimas y resolvió la vinculación a proceso de los cuatro imputados.
Asimismo aceptó la petición de los representantes del MP y de la Fiscalía de establecer un plazo de 4 meses para la próxima audiencia que será la de juicio. El plazo fue aceptado por los asesores de los familiares de las víctimas y por los defensores públicos. El juez destacó que este plazo servirá para que las partes presenten más elementos de prueba para la imputación, o bien para la defensa.
Acomodados en sus asientos dos de los imputados se observaron tímidos e intimidados, los otros dos recorrían con su mirada escrutadora la sala y a todos los actores del juicio, uno de ellos incluso parecía retador e interactuó permanentemente con uno de los defensores públicos acreditados para su defensa.
Francisco, el padre del chofer Marco Antonio Organista propuso representarse solo en el juicio, pero el juez le aclaró que tenía que utilizar al asesor de las víctimas del delito que paga el Estado, porque hay términos que sólo éstos conocen y declinó a su propuesta.
Al final quiso participar y el juez le cedió la palabra. Agradeció de entrada a las autoridades por la detención de los acusados, “yo no tengo la certeza (de que sean ellos), ustedes (las autoridades) sí la tienen”, dijo.
Mirando al juez, acusó: “hay autoridades que se corrompen, pero hay un Dios que no”.
Después volteó hacia los acusados y con los ojos húmedos pero firme, les dijo: “sepan ustedes que dejaron a dos niños en la orfandad. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas que enlutan a familias, ya no sigan matando a gente inocente. Que Dios los bendiga”, se escuchó casi suplicante, y, visiblemente abatido se desplomó en su asiento.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra declaró que tratará de demostrar que los detenidos por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la tarde del 4 de octubre actuaron con “premeditación” y no lo hicieron solos, sino que pertenecen a una estructura superior del crimen organizado.
El abogado insistió en que no se puede conformar sólo con los detenidos, “porque desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada y no solo con la delincuencia organizada, sino con todo un conjunto de complicidades de autoridades, de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos”.
Informó que personalmente ha debatido con el fiscal (Javier Olea Peláez), “le hemos solicitado que se puedan investigar estos vínculos, y verbalmente nos ha dicho que sí, esperemos que la Fiscalía se aboque a eso”.
También dijo que falta revisar todas las cámaras de video que hay cerca de Casa Guerrero por donde pasaron los detenidos, de la colonia Nueva Revolución e Indeco y de la colonia Sección Séptima, para determinar cómo actuaron los ahora detenidos.
Declaró que en este caso se debe comprobar la voluntad que tiene el gobierno para investigar más allá de los hechos del 4 de octubre. Pero dijo que lo que está viendo es una posición muy férrea de acotar los hechos a los detenidos, y que se asume la postura de que no hay nada más fuera eso, “y eso nos parece grave porque se están quedando cosas sueltas”.

Mueren cinco civiles armados en un enfrentamiento contra policías federales en el Centro de Chilapa

La balacera ocurre tras una persecución que comenzó al lado de la catedral, informa Seguridad Pública. En el pavimento se halló un arma corta y dentro del taxi otra, del lado del conductor. También se reportó que una transeúnte fue herida de bala

Un enfrentamiento entre presuntos sicarios y policías federales, dejó cinco muertos a dos cuadras del Zócalo de la cabecera municipal de Chilapa.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alrededor de las 8 de la noche, los cinco presuntos delincuentes viajaban a bordo de un taxi Nissan, tipo Tsuru de color blanco con café, número económico 0139 y placas de circulación 80-58-FFC, que, al ser obligados a detenerse para una revisión de rutina por policías federales, intentaron huir.
Los policías emprendieron la persecución del taxi, y al llegar a la calle Siete Oriente, esquina con la avenida José María Andraca, en las inmediaciones del Zócalo de Chilapa, se encontraron y se enfrentaron a balazos durante al menos 20 minutos.
A unos metros del lugar del enfrentamiento se ubican las oficinas de la Secretaria de Finanzas municipal, y a dos cuadras el domicilio particular del alcalde priista, Jesús Parra García, quien apenas el martes declaró públicamente que algunos medios de comunicación y las redes sociales “inventan” hechos de violencia que afectan la imagen del municipio.
En el enfrentamiento, de acuerdo con las fuentes, los policías federales mataron a los cinco hombres de entre 25 y 30 años que viajaban en el taxi, tres de ellos quedaron dentro del carro, y dos más tendidos en la calle.
Según las fuentes, el enfrentamiento habría iniciado atrás de la catedral de Chilapa, y terminó a unas dos cuadras del Zócalo. El taxi quedó a pocos metros del Ayuntamiento.
Al lugar acudieron soldados del Ejército, y policías federales y estatales, quienes hallaron decenas de casquillos percutidos de bajo calibre; en el pavimento se halló un arma corta y dentro del taxi otra, del lado del conductor. También se reportó que una transeúnte fue herida de bala.
Los policías acordonaron el área e iniciaron las diligencias de ley. Reportes posteriores indicaron que las principales calles de Chilapa se encontraban vacías luego del suceso.
Más tarde, acudió el agente del Ministerio Publico y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para encargarse de las diligencias legales.
El hecho provocó pánico entre transeúntes y comerciantes que de inmediato cerraron sus negocios.
Personas que rezaban frente al lugar de los hechos y vecinos entraron en crisis nerviosas o en zozobra. Asimismo, según testigos, cientos de niños vestidos de tigres, en compañía de sus papás, corrieron ante la balacera, a unos 15 días de que inicie el festejo tradicional de La Tigrada
Versiones extraoficiales, indicaron que luego del enfrentamiento, dos personas resultaron heridas de gravedad, quienes fueron trasladadas al hospital municipal para su atención médica.
Desde las 9 de la noche, en la cabecera del municipio los vecinos se auto impusieron una especia de toque de queda. Antes, alrededor de las 7 de la noche, vecinos reportaron disparos de arma de fuego a un lado de la catedral.
En redes sociales, vecinos reportaron que un joven había sido ejecutado en la colonia Los Pinos, al sur de la ciudad, y en la misma zona del enfrentamiento entre civiles y policías federales.
En Chilapa ha recrudecido la violencia debido a la disputa criminal que sostienen grupos de la delincuencia organizada que ahí operan, de acuerdo con fuentes oficiales.
El pasado miércoles, un hombre asesinado fue hallado dentro de la cajuela de un taxi sin placas en la carretera de Chilapa a Ahuexotitlán, en las inmediaciones de esa comunidad, rumbo a la localidad de Ayahualulco, en el municipio de Chilapa.
Un día antes, las cabezas de dos hombres fueron halladas por policías estatales a la orilla de la carretera federal Chilapa-Tlapa, en las inmediaciones de la comunidad de Nejapa, del mismo municipio.

Cinco civiles armados muertos por federales en el centro de Chilapa

Mueren cinco civiles armados en un enfrentamiento
contra policías federales en el Centro de Chilapa

La balacera ocurre tras una persecución que comenzó al lado de la catedral, informa Seguridad Pública. En el pavimento se halló un arma corta y dentro del taxi otra, del lado del conductor. También se reportó que una transeúnte fue herida de bala

La calle José María Andraca donde fue ayer la balacera. Foto: Luis Daniel Nava

Alfonso Marín Amezcua y Luis Daniel Nava

Chilpancingo y Chilapa

Un enfrentamiento entre presuntos sicarios y policías federales, dejó cinco muertos a dos cuadras del Zócalo de la cabecera municipal de Chilapa.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alrededor de las 8 de la noche, los cinco presuntos delincuentes viajaban a bordo de un taxi Nissan, tipo Tsuru de color blanco con café, número económico 0139 y placas de circulación 80-58-FFC, que, al ser obligados a detenerse para una revisión de rutina por policías federales, intentaron huir.
Los policías emprendieron la persecución del taxi, y al llegar a la calle Siete Oriente, esquina con la avenida José María Andraca, en las inmediaciones del Zócalo de Chilapa, se encontraron y se enfrentaron a balazos durante al menos 20 minutos.
A unos metros del lugar del enfrentamiento se ubican las oficinas de la Secretaria de Finanzas municipal, y a dos cuadras el domicilio particular del alcalde priista, Jesús Parra García, quien apenas el martes declaró públicamente que algunos medios de comunicación y las redes sociales “inventan” hechos de violencia que afectan la imagen del municipio.
En el enfrentamiento, de acuerdo con las fuentes, los policías federales mataron a los cinco hombres de entre 25 y 30 años que viajaban en el taxi, tres de ellos quedaron dentro del carro, y dos más tendidos en la calle.
Según las fuentes, el enfrentamiento habría iniciado atrás de la catedral de Chilapa, y terminó a unas dos cuadras del Zócalo. El taxi quedó a pocos metros del Ayuntamiento.
Al lugar acudieron soldados del Ejército, y policías federales y estatales, quienes hallaron decenas de casquillos percutidos de bajo calibre; en el pavimento se halló un arma corta y dentro del taxi otra, del lado del conductor. También se reportó que una transeúnte fue herida de bala.
Los policías acordonaron el área e iniciaron las diligencias de ley. Reportes posteriores indicaron que las principales calles de Chilapa se encontraban vacías luego del suceso.
Más tarde, acudió el agente del Ministerio Publico y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para encargarse de las diligencias legales.
El hecho provocó pánico entre transeúntes y comerciantes que de inmediato cerraron sus negocios.
Personas que rezaban frente al lugar de los hechos y vecinos entraron en crisis nerviosas o en zozobra. Asimismo, según testigos, cientos de niños vestidos de tigres, en compañía de sus papás, corrieron ante la balacera, a unos 15 días de que inicie el festejo tradicional de La Tigrada
Versiones extraoficiales, indicaron que luego del enfrentamiento, dos personas resultaron heridas de gravedad, quienes fueron trasladadas al hospital municipal para su atención médica.
Desde las 9 de la noche, en la cabecera del municipio los vecinos se auto impusieron una especia de toque de queda. Antes, alrededor de las 7 de la noche, vecinos reportaron disparos de arma de fuego a un lado de la catedral.
En redes sociales, vecinos reportaron que un joven había sido ejecutado en la colonia Los Pinos, al sur de la ciudad, y en la misma zona del enfrentamiento entre civiles y policías federales.
En Chilapa ha recrudecido la violencia debido a la disputa criminal que sostienen grupos de la delincuencia organizada que ahí operan, de acuerdo con fuentes oficiales.
El pasado miércoles, un hombre asesinado fue hallado dentro de la cajuela de un taxi sin placas en la carretera de Chilapa a Ahuexotitlán, en las inmediaciones de esa comunidad, rumbo a la localidad de Ayahualulco, en el municipio de Chilapa.
Un día antes, las cabezas de dos hombres fueron halladas por policías estatales a la orilla de la carretera federal Chilapa-Tlapa, en las inmediaciones de la comunidad de Nejapa, del mismo municipio.

 

 

 

Atacan a balazos al ex presidente de la Comisión
de Box y Lucha de Acapulco y una vivienda
 

Redacción

El ex presidente de la Comisión de Box y Lucha de Acapulco, Fernando Bello Arredondo, fue atacado a balazos en la colonia Cuauhtémoc; quedó herido.
En otro hecho hombres armados dispararon contra una vivienda en el poblado de San Agustín.
Por otra parte, la mujer baleada el jueves frente a Plaza Caracol, murió ayer.
Por medio de llamadas de emergencias los efectivos de las diversas corporaciones policiacas fueron alertados de los distintos ataques a balazos.
El primer caso, la agresión ocurrió 4 de la tarde en la calle 11, cuando hombres armados a bordo de un automóvil en movimiento dispararon contra el ex dirigente deportista. Trascendió que iba con su hijo.
Los hombres armados atacaron a balazos un automóvil blanco Chrysler tipo Stratus, se supo que la víctima había ido a visitar a su familia, y que es dueño de tortillerías.
Los familiares de la víctima trasladaron al dirigente deportista a un hospital cercano para su atención médica. Los policías ministeriales encontraron casquillos de calibre 38 súper.
La zona fue acordonada por efectivos de las diferentes corporaciones policiacas y no hubo detenidos.
En la mañana, hombres armados dispararon contra una vivienda en la Unidad Habitacional San Agustín, ubicada en la zona conurbada de la ciudad.
A las 10 de la mañana mediante una llamada de emergencia fue reportado a las autoridades el ataque a balazos.
Los efectivos al llegar a la vivienda hallaron afuera 21 casquillos percutidos calibre AR-15 y uno de 9 milímetros.
Por otro lado, la mujer herida a balazos el jueves en el bulevar Vicente Guerrero, frente a Plaza Caracol, murió ayer en el hospital.
De acuerdo con la información recabada, la víctima se llamó Verónica, quien durante la agresión estaba en un sitio de taxis rojos con blanco. Las autoridades no proporcionaron más información.

Matan a dos hombres en la Progreso en distintos hechos; levantan a uno en San Isidro

Dos hombres asesinados a balazos, un herido de bala y un levantado, fue el saldo de la violencia ayer en diferentes hechos.
A las 5:30 de la tarde, entre las calles 18 de Marzo y Sonora de la colonia Progreso, fueron alertadas las autoridades policiacas de un hombre asesinado a balazos.
De acuerdo con las autoridades, fueron alertadas al número de emergencia 066 de una persona herida y acudieron al lugar, donde encontraron tirado a un hombre, de unos 30 años, que vestía un pantalón de mezclilla azul y playera blanca. Tenía las manos amarradas con un mecate.
Los policías acordonaron la escena y cerca del cuerpo encontraron un casquillo percutido .9 milímetros.
De los hechos tuvieron conocimiento el agente del Ministerio Público del sector Central y los peritos de la Fiscalía General del estado, quienes realizaron las diligencias, después ordenaron el levantamiento del cuerpo.
En otro hecho y cerca de ese mismo lugar, a las 2:20 de la tarde se alertó que un hombre fue herido a balazos en la concurrida calle Ignacio Vallarta, de la colonia Progreso, y que horas más tarde murió en el Hospital General de Acapulco.
Según las autoridades ministeriales, las primeras versiones indican que el hombre caminaba por la calle frente a un puesto de ropa, cuando se escucharon los disparos.
Comerciantes y clientes de los comercios cercanos y aledaños al Mercado Central corrieron a esconderse en los locales cercanos.
En el lugar MACROBUTTON HTMLDirect los policías levantaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
El herido fue llevado por una ambulancia al Hospital General, donde se informó que a las 5 de la tarde había muerto a consecuencia de los impactos de bala.
La víctima fue identificada como Jesús Vargas Bustos, de 44 años.
Un familiar dijo que sabe que estaba trabajando en el mercado como repartidor de comida cuando lo hirieron a balazos.
San Isidro

En la colonia San Isidro, en la zona poniente de la ciudad, fueron alertados que había un hombre herido a balazos y que presuntamente se llevaron a un familiar.
De acuerdo con el reporte de la Policía Ministerial, a las 5:30 de la tarde fueron alertados de que en la calle Tuba había un hombre herido de tres balazos y se habían llevado a otro a bordo de una camioneta.
El herido Félix Reyes Sánchez, de 38 años de edad, fue auxiliado por paramédicos y llevado al hospital para su atención médica.
Según las primeras versiones, seis hombres llegaron armados con supuestos chalecos de la Policía Federal, se metieron a la vivienda y se llevaron a un hombre, hiriendo de bala a otro.
Al lugar llegaron policías estatales, ministeriales y federales.
De la persona que se llevaron se dijo que se llama Miguel y que es pariente del herido

No existe ninguna orden de aprehensión contra Nestora Salgado en el estado, confirma la Fiscalía

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García puede entrar y salir libremente de Guerrero, sin temor a ser detenida por la Fiscalía, porque no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.

“Ya no tengo ninguna orden de aprehensión en contra de ella, teníamos esas tres por las que decretaron su libertad”, agregó.
Vía telefónica, el fiscal Olea Peláez señaló que su dependencia no está promoviendo ningún recurso legal contra la lideresa de la CRAC.
Este viernes en la mañana, tras dos años siete meses en prisión fue puesta en libertad Nestora Salgado, quien fue acusada de secuestro y otros delitos.
El fiscal sostuvo que, el único órgano que podría revocar el auto de libertad es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de los magistrados que “conozcan el asunto”.
A pregunta expresa sobre si la Fiscalía tiene o no alguna investigación activa en contra de Nestora Salgado, el funcionario dijo que ninguno, pero advirtió que no puede dejar de cumplimentar lo que un juez llegue a ordenar.
“Ninguno… ninguno… ninguno, quiero reiterar que todos los procesos que se iniciaron contra Nestora Salgado no los inició el fiscal Xavier Olea”, dijo.
“Yo hago una manifestación jurídica, porque el Ministerio Publico tiene el deber de interponer el recurso de apelación, eso es todo, yo nunca he dicho que estoy en contra del auto de libertad que le dictó un juez”, señaló.
Explicó que el Ministerio Público, durante el proceso se convirtió en un órgano acusador, por lo que está obligado a apelar, pero le corresponderá a las salas penales resolver.
“El órgano acusador, que es el Ministerio Público, ya no investigador porque, repito somos parte del proceso, entonces ya será el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva al efecto, si confirma su libertad o revoca su libertad”, agregó.
A pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de que iniciará el proceso de apelación el órgano acusador, dijo que tres días después de que se le notifique sobre la libertad se inicia el proceso.
Aclaró que el proceso siempre se aplica en cualquier persona que haya sido condenada, por lo que el Ministerio Público tiene que interponer una apelación por el auto de libertad únicamente.
“Es decir, si al Ministerio Público le dejan en libertad a un reo, el tiene la obligación de interponer la apelación, porque el Ministerio Publico, primero, es autoridad cuando investiga, y luego es parte en el proceso”, detalló.
Se le preguntó entonces qué ministerios públicos presentarían la apelación, a lo que respondió que le corresponde a los adscritos a los tres juzgados que le dictaron su libertad.
A pregunta expresa sobre si él tenía conocimiento sobre el inicio de la apelación por el auto de libertad, dijo que no, e insistió en que la instrucción siempre es que se “apele sea quien sea”.
Detalló que un proceso de apelación versa sobre el auto de libertad que le fue concedido, únicamente, ya que el Ministerio Público no inicia ninguna averiguación.
Dijo que el Ministerio Público que esté en las salas correspondientes tendrá que hacer agravios en contra de la resolución del juez, y éste a su vez al juez superior, que son tres magistrados los que tendría que resolver en definitiva.
“Si fuera al revés, que a ella se le dictara auto de formal prisión, ella puede apelar y luego irse al amparo, nosotros no, también en este caso están las víctimas del delito… si me preguntan si ya apelaron las víctimas del delito, les contesto que lo ignoro”, sostuvo.

Las presuntas víctimas apelan los fallos de los jueces

Las presuntas víctimas de secuestro, de los que absolvieron a la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, porque no se configuró el cuerpo del delito, presentaron recursos de apelación contra los autos de formal prisión de las causas penales 05/2014, 48/2014-II y 50/2014-II
Los acuerdos, publicados en internet, indican que los recursos de revisión se presentaron el 16 de marzo pasado, luego de que los jueces dictaron los autos de formal prisión, sin embargo, la defensa estimó que las pruebas de descargo son bastante sólidas para que se desechen, por improcedentes.
La abogada de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, Amanda Rivero Espinosa explicó que los recursos de apelación fueron turnados a la Sala Colegiada del Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde pueden resolver la confirmación y el revocamiento de libertad.
Aún así, quienes se sienten agraviados pueden recurrir a un amparo indirecto para inconformarse, para confirmar o revocar el auto de libertad.

Ejecutan de varios balazos a tres hombres en una casa de la comunidad de Tomás Gómez, Cocula

Hombres armados con fusiles AK-47, conocidos como Cuerno de Chivo, y armas calibre .9 milímetros y 38 súper, ejecutaron la noche de ayer a tres vecinos de la comunidad de Tomás Gómez, municipio de Cocula.
De acuerdo con fuentes de Seguridad Pública del estado, cerca de las 10 de la noche de ayer fue reportada una balacera y un ataque a personas en una casa de esa comunidad.
Cerca de la medianoche se confirmó que tres hombres habían sido ejecutados de varios disparos y que, de acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron hallados adentro de una casa en el centro de la comunidad de Tomás Gómez, a donde los pistoleros habrían llegado a atacarlos.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Franco Pacheco, Juan Carlos Florentino Aguirre y José Manuel Encino Moctezuma, de entre 35 y 40 años, que presentaban varias heridas de bala.
De acuerdo con testigos, un grupo de al menos ocho hombres fuertemente armados con rifles AK-47, y pistolas .9 milímetros y 38 súper, atacaron a los hombres y luego huyeron con rumbo desconocido.
Al lugar llegaron policías del estado y ministeriales para acordonar la zona; así como peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en la zona Norte, quienes aseguraron en el lugar diversos casquillos calibre 7.62 para Cuerno de Chivo y .9 milímetros.
Los cuerpos fueron entregados en el lugar a sus familiares, quienes se opusieron a que los trasladaran a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), de esta ciudad de Iguala.
Esta ejecución se da a dos días de que unos 70 policías federales encargados de la seguridad abandonaron el municipio de Cocula. (Alejandro Guerrero/Iguala).