Participaron más de 100 civiles armados en las balaceras en El Cundancito, informan

 

En las balaceras de la noche del sábado y la madrugada del domingo en la comunidad del Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, donde fallecieron nueve asistente a una fiesta y una turista que atacaron en la carretera, participaron más de 100 civiles armados, de acuerdon con informes policiacos.
Versiones policíacas confirmaron que el primer convoy que acudió a conocer la versión de los hechos a El Cundancito, primero se topó con la camioneta de la pareja de turistas, lo que los hizo detenerse, y desde ahí, sólo policías del estado avanzaron a pie, intentando ingresar al pueblo, y fueron recibidos a balazos desde los cerros.
Una vez que terminaron los disparos, la policía recibió la versión, en la primera casa, de que en el pueblo había más de 100 personas con armas de grueso calibre apostadas para “enfrentar una guerra, de ser necesario”, lo que hizo que regresaran, pues, ni el Ejército ni la Policía Federal tenían órdenes de ingresar al pueblo, hasta reforzar el grupo.
En ese momento, según el informe, eran cerca de 60 federales, estatales, ministeriales y soldados, y los civiles armados se ubicaron en puntos estratégicos para emboscar a quien intentara ingresar.
Por la mañana del domingo, ingresaron a El Cundancito más de 150 efectivos de las diferentes corporaciones, acompañados del Ministerio Público.
Los mismos vecinos dijeron que durante la fiesta de 15 años en la que se dio la balacera, se habría pactado una reunión entre grupos contrarios de la delincuencia que operan en el lugar, “sin armas”, para pactar un acuerdo, pero no lo respetaron.
No se ubica cual de los dos grupos arribó con más gente, pero sumaban más de 100 hombres armados en la fiesta donde, hasta las 8 de la noche, hubo militares que se fueron antes del enfrentamiento entre delincuentes.
Asimismo, vecinos dijeron que desde hace al menos seis meses, los Salamanca controlaban todo en la localidad, fuentes de empleo, comercio y trasiego de droga, con el cobro de cuota para los productores de amapola.
En tanto que otro de los grupos instalado en el Cundan Grande, muy cerca de El Cundancito, pretendían un acuerdo que les permitiera trabajar la producción de amapola sin presiones ni conflictos.
El acuerdo no se llevó a cabo. La reunión no logró su objetivo, y terminaron por enfrentarse a balazos.

Deja de recibir demandas la Casa de Justicia de San Luis Acatlán “hasta nuevo aviso”, informa

La Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) dejó de recibir desde ayer demandas “hasta nuevo aviso”, por el exceso de casos y expedientes acumulados, que suman 317 de distintos delitos.
En una de las paredes de las oficinas de la Casa de Justicia, se lee en un cartel, “Ojo no se aceptan demandas de ningún tipo, hasta nuevo aviso, atentamente la CRAC-PC”. La Policía Comunitaria, como parte de sus funciones dentro del sistema de seguridad y justicia en las comunidades atiende las denuncias de los pobladores, muchas de las cuales no son atendidas por las autoridades locales.
El coordinador de la Casa de Justicia, Abad García García declaró que el motivo de la cancelación también obedece al cambio de los nuevos cinco coordinadores que serán elegidos el próximo 21 de febrero en una asamblea regional.
García García indicó que el rezago de la atención de las denuncias obedece a que la gente confía más en el sistema comunitario que en el Ministerio Público. Precisó que son poco más de 317 denuncias que se encuentran en proceso de investigación y desahogo, que fueron interpuestas desde el año 2015.
García García indicó que, una vez que las nuevas autoridades comunitarias sean nombradas se reactivará el servicio que ofrece la Casa de Justicia. En una mesa en las oficinas se encuentran por separado las denuncias por homicidios, robo, abigeato, deudas, fraudes, lesiones y violaciones.

Suspenden la audiencia de Nestora en Chilpancingo porque no se le notificó, informa su abogado

 

Ayer se suspendió la audiencia de la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, debido a que no fue notificada, además de que no se presentaron sus denunciantes, informó el abogado de la luchadora social, Leonel Rivero Rodríguez.
Este vienes, se llevaría a cabo una audiencia de vista relacionada con la apelación que la defensa legal de Salgado García interpuso en contra del auto que desechó el incidente de nulidad planteado dentro de la causa penal 5/2014, que se sigue en contra de la líder de la CRAC por el delito de secuestro agravado, audiencia en la que estaría representada por su abogado, explicó.
La audiencia sería en la Cuarta Sala penal en la Ciudad Judicial, en Chilpancingo; sin embargo, los denunciantes no se presentaron. En el lugar se consultó al abogado Leonel Rivero Rodríguez, quien informó que la audiencia no se realizaría debido a que Nestora Salgado no fue notificada.
Rivero Rodríguez explicó que se le debe de notificar a Nestora Salgado la fecha de audiencia, pero no llegó a tiempo la constancia de que fue notificada, “para efecto de no generar ningún tipo de nulidad, lo que se hace es señalar una nueva fecha de audiencia y ordenar que se le notifique”, precisó.
Señaló que el problema es que se vuelve a caer en lo mismo, porque es un desgaste que se genera para la defensa en términos de tiempo, además de que estos atrasos le ocasionan a la familia más gastos de dinero.
El responsable de que no se le notificará a Nestora Salgado fue el Tribunal Superior de Justicia, porque la Cuarta Sala ocasionó la negligencia en términos de que no vigiló que el oficio se mandara rápido a la Ciudad de México para que se notificara y posteriormente se regresara.
A pregunta expresa de qué es lo que está deteniendo el proceso legal de Nestora, respondió que es la lentitud de la justicia, pero no sólo es un problema de Guerrero, dijo el abogado, sino que es a nivel nacional, “el famoso” principio de justicia expedita que en realidad no existe, “porque te enfrentas a una serie de burocracias que hacen que la justicia sea tardada”.
El abogado dijo que este viernes tenían que comparecer el Ministerio Público y el abogado de las presuntas víctimas, sin embargo no acudieron.
“La prueba de que no hay un interés de ellas (de las denunciantes) en la búsqueda de justicia, como lo han manifestado, porque no acudir a las audiencias es algo recurrente, ni acuden a las audiencias de careo donde tienen la oportunidad de ratificar sus acusaciones y que no lo han hecho”, enfatizó Leonel Rivero.
Precisó que el caso de Nestora se puede resolver en el ámbito del fuero común, decir que el gobernador, el presidente del Tribunal y el fiscal general pueden influir para que se resuelva.

Hallan policías federales una carroza abandonada con un ataúd en la carretera Iguala-Taxco

Policías federales hallaron la noche de este martes una carroza fúnebre con un ataúd vacío en su interior, la cual fue abandonada en la carretera Iguala-Taxco, a la salida de esta ciudad, y que estaba reportada como robada.
Fuentes de Seguridad Pública federal informaron que alrededor de las 9 de la noche del martes, al hacer un patrullaje al norte de la ciudad, a la orilla de la carretera federal Iguala-Taxco, cerca del puente Tinajillas de esta ciudad, fue hallada una camioneta abandonada.
La camioneta, una Ford Expedition color negra adaptada como carroza fúnebre, con placas REB-19-94 de Nayarit, y con rótulos de la Funeraria San Pedro, fue revisada por los policías federales, quienes hallaron dentro un ataúd de madera.
Informaron que al revisar el número de serie de la camioneta, confirmando que tenía reporte de robo con violencia, el 28 de diciembre de 2015.
Los policías federales abrieron el ataúd y confirmaron que estaba vacío; posteriormente, pusieron la carroza a disposición del Ministerio Público con sede en esta ciudad.

Mantienen vecinos armados los retenes de búsqueda en Zotoltitlán, Mártir de Cuilapan

La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango) del partido Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez informó que ayer seguían instalados los retenes de vecinos armados en la comunidad de Zotoltitlán, ya que los familiares del campesino desaparecido creen que sigue retenido cerca de esta comunidad.
Vía telefónica la alcaldesa informó que el domingo los familiares presentaron la denuncia ante el Ministerio Público de Tixtla, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargue de la investigación.
Informó que ayer se reunió en Acapulco con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le manifestó todo el apoyo del gobierno estatal para localizar al campesino Antelmo (que inicialmente se dijo que era Anselmo) García Reyes, de aproximadamente 47 años, quien desapareció el 20 de enero a las 11 de la mañana cuando salió al campo.
Dijo que el gobernador intervino para que en la tarde de ayer la recibiera el fiscal Xavier Oléa Peláez, quien se comprometió a investigar el paradero del campesino.
La alcaldesa aclaró que los vecinos armados con escopetas, machetes y palos, que instalaron tres retenes en Zotoltitlán el domingo por la mañana no son un grupo de autodefensa, y las acciones son para buscar al campesino García Reyes.
Dijo que, “lo que pasó, es que el día 20 salió un señor (Antelmo García Reyes) a trabajar al campo y se extravió, pero nos lo reportaron hasta el 21”, agregó que se comunicó a Zotoltilán y a otras comunidades para buscarlo.
Dijo que sus familiares han recibido mensajes de texto del teléfono celular del desaparecido, diciendo que estaba bien y que salió por 20 días y le avisen a su mamá, pero a sus familiares les pareció extraño porque no sabe leer ni escribir.
Agregó que también les mando mensajes para “distraerlos”, pues los manda a lugares distintos a buscarlo.
La alcaldesa les dijo el domingo a los vecinos de Zotoltilán que se debe pasar a una siguiente etapa, que dejen de buscarlo ellos y las autoridades se encargarán.
Dijo que por eso presentaron la denuncia ante el Ministerio Público y se harán cargo las policías Estatal y Ministerial.
Agregó que el domingo también acudió la Policía Comunitaria de Tixtla para ayudar en la búsqueda, pero los vecinos de Zotoltilán rechazaron su apoyo.

Con escopetas, instalan tres retenes contra el crimen organizado vecinos de Zotoltitlán, Mártir de Cuilapan

Los vecinos de la comunidad indígena de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, armados con escopetas, machetes y palos instalaron a las 7 de la mañana del domingo tres retenes en la entrada del pueblo para defenderse de los grupos del crimen organizado, que han dejado un muerto y un desaparecido en las últimas dos semanas.
El caso más reciente, que desbordó la inconformidad, ocurrió el miércoles 20 de enero, cuando hombres no identificados levantaron a un vecino y hasta la tarde de ayer no había sido localizado.
El pueblo de Zotoltitlán tiene 2 mil habitantes, y está a 25 minutos en carro al poniente de Apango, del municipio de Mártir de Cuilapan.
Las casas bordean la carretera hacia Zitlala; La Esperanza-Zotoltitlán-Apango-Atliaca-Tixtla es un corredor en disputa por los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
La tarde del miércoles en Zotoltilán hombres no identificados se llevaron al campesino Anselmo García y hasta la tarde de ayer no se sabía de su paradero; sus familiares sólo han recibido mensajes de texto de su teléfono celular, dice que ya no lo sigan buscando, porque se encuentra bien.
Los vecinos del pueblo lo empezaron a buscar el jueves, además presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, hasta el sábado no habían tenido respuesta.
Por este motivo, ayer a las 7 de la mañana se armaron con escopetas, machetes y palos para instalar tres retenes, dos rumbo a Apango y otro en un camino hacia Zitlala.
Se supo que se suspendió el servicio de transporte público de Apango-Zotoltitlán, y los vecinos sólo podían llegar caminando o en carros particulares.
Los vecinos armados y encapuchados se negaron a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Fuentes del Ayuntamiento informaron que la presidenta municipal del Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez, acudió al pueblo a las 2 de la tarde, acompañada de agentes del Ministerio Público para tomar la declaración de la esposa y los familiares del desaparecido e iniciar las investigaciones para dar con el paradero de Anselmo García.
En un recorrido por la cabecera municipal se observaron entre 18 y 20 policías de la Fuerza Estatal a bordo de tres patrullas y una ambulancia de Protección Civil, sin embargo, los policías dijeron que no sabían si fueron enviados por el conflicto en Zotoltitlán, a las 5 de la tarde aún esperaban instrucciones.
Otros funcionarios del Ayuntamiento que pidieron no ser citados, informaron que antes de la desaparición de Anselmo García, hace dos semanas, un campesino del mismo pueblo fue encontrado degollado, sin dar con los responsables.
La fuente reconoció que hay temor e indignación entre los vecinos de Zotoltitlán por los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, sin que las fuerzas federales y estatales atiendan el problema a pesar de que han denunciado los hechos.
La comunidad se encuentra en el territorio que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos, conflicto que inició hace dos años en Chilapa, después se trasladó a Zitlala, y ahora a Apango la cabecera de Mártir de Cuilapa, ya que hay una carretera que conecta con Zitlala, pasando por las comunidades de La Esperanza y Zotoltitlán hasta llegar a Apango, los tres pueblos de Mártir de Cuilapan y de allí retorna a Tixtla.
La violencia ha comenzado a afectar a comunidades de Mártir de Cuilapan, por eso los vecinos de Zotoltitlán se armaron, pero se rehusaron a hablar con los reporteros de los medios de comunicación.
Hasta las 7:30 de la noche se encontró vía telefónica a la presidenta municipal, pero informó que continuaba en una reunión y no precisó si seguía en esta comunidad.
Dijo que después se comunicaría con el reportero, pero ya no fue posible localizarla para conocer su postura respecto a estos hechos.
A esa hora, fuentes de la cabecera municipal confirmaron que los retenes instalados por los habitantes armados continuaban en los accesos a Zotoltitlán.

Secuestran sicarios a dos menores en Carrizal, Ajuchitlán, en la Tierra Caliente

La tarde de ayer sicarios irrumpieron en la comunidad de Carrizal, municipio de Ajuchitlán del Progreso en la región Tierra Caliente y secuestraron a dos niños.
Según fuentes extraoficiales un grupo de hombres armados entró a la comunidad, disparó sus armas y se llevó a dos menores de una vivienda luego de amenazar a los padres de éstos.
El portal de Internet de El Universal informó que los delincuentes quemaron la casa de las dos víctimas y amenazaron a los vecinos con cortarles la cabeza si no abandonaban la comunidad.
El portal cita como fuentes a Adrián Grande Quetzalcoatl y a Dominga Montor, “padres de los menores Ángel Grande Montor y Jesús Grande Montor de 8 y 9 años de edad”.
El 11 de enero fueron levantados 21 hombres en las comunidad de El Salitre, Arcelia y otras cuatro personas fueron asesinadas.
El mismo día cinco maestros fueron secuestrados de la Secundaria Técnica 114 de Santana del Águila, Ajuchitlán del Progreso.
La madrugada del martes 19 hombres armados, que el fiscal Xavier Olea Peláez identificó como del grupo de la delincuencia de Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, irrumpieron en la casa de una familia en Arcelia y se llevaron a un matrimonio y a dos de sus hijos, de 12 y ocho años.

Otorgarán medidas cautelares a 39 familiares de desaparecidos en Iguala; son amenazados

El gobierno federal otorgará medidas de vigilancia individualizadas, en los casos de mayor riesgo, a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que han recibido amenazas, luego de la petición de medidas cautelares para 39 familiares de desaparecidos, que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas y cinco organizaciones nacionales, al Estado mexicano.
Uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala informó que entre los acuerdos con las autoridades federales está que, a partir del domingo 31 de enero, se proporcionará seguridad al grupo de buscadores de fosas, así como un carro, chofer y combustible para que se puedan desplazar en su búsqueda, acompañados de un agente del Ministerio Público y policías federales.
Asimismo, recibirán herramientas para las búsquedas, capacitación para los buscadores de fosas, protección a los familiares con mayor riesgo y rondines de vigilancia en las casas de los 39 familiares para los que se piden las medidas cautelares.
El jueves, una comisión de familiares de desaparecidos se reunió con funcionarios de la Secretará de Gobernación, con el apoyo de cinco organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como el centro Prodh, Idheas, la Comisión Mexicana de Enlaces Nacionales y el Instituto Mexicano para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se acordó el otorgamiento de medidas de protección individualizadas para los casos con mayor riesgo, es decir para los familiares de desaparecidos que han recibido amenazas.
La fuente informó que entre los compromisos hechos con el gobierno federal, con base en la petición de medidas cautelares para 39 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, algunos de ellos como parte del grupo de búsqueda de fosas clandestinas y otros que han recibido amenazas, las medidas de vigilancia serán individualizadas en los casos de mayor riesgo con rondines policiacos en su casas.
Se acordó también que, bimestralmente se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mayor seguridad en las asambleas de los martes a los familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, y seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
En el encuentro del jueves, las autoridades federales reconocieron el logro de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que en un año han logrado el hallazgo y la recuperación de 123 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, “un logro que ha superado por mucho al Estado”.
Informó que las ONG reconocieron también ante las autoridades federales que las acciones de búsqueda de los familiares de desaparecidos de Iguala han superado “por mucho” a las de la PGR.
Con este encuentro, dijo, se da reconocimiento al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, a nivel nacional e internacional, por los logros alcanzados a más de un año de su creación tras el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Denuncian choferes de Xochistlahuaca que Transportes retiene siete mototaxis ilegalmente

El representante de la Unión de Mototaxis Nn’anncue Ñomndaa, Victoriano López Guzmán denunció que desde inicios de 2010 la Delegación de Transportes en la Costa Chica les retuvo siete mototaxis con los que pretendían dar un servicio alternativo en Xochistlahuaca.
En una llamada a la redacción, el dirigente manifestó que, por presiones de los taxistas de la zona fueron acusados de piratería, y a pesar de que el Ministerio Público consideró improcedente la acusación, los mototaxis retenidos siguen en un corralón privado. López Guzmán dijo que desde hace casi seis años dejaron de pedir que les devolvieran los mototaxis, porque el ex director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Juan Larequi Radilla no atendía sus llamadas.
Argumentó que el servicio de mototaxis surgió como una fuente de empleo para los jóvenes que no pudieron continuar sus estudios, además de que pretendían ofrecer “un servicio más barato a la comunidad amuzga”.
Contó que en 2010, pocos días después de que comenzaron a dar servicio, la Delegación de Transportes en la Costa Chica, a cargo entonces de Fidel Bello García, les recogió los siete mototaxis, tras una denuncia de taxistas que los acusaron de piratería, iniciando la averiguación previa ABAS/SC/05/358/2010
El 15 de marzo de 2010 se dictó una resolución que declaraba improcedente las acusaciones y ordenaba al delegado de Transporte devolver los mototaxis.
Dijo que cuando solicitaron sus motos a la empresa Grúas Domínguez, que sirvió como corralón, los propietarios les dijeron que liberarían las mototaxis si pagaban el pisaje por el tiempo que estuvieron en su propiedad, los dueños de los mototaxis se negaron a pagar porque eso le correspondía a la Delegación de Transporte, “y nosotros no cometimos ningún delito”.
De la negativa de la delegación de transporte por el pago del pisaje, Victoriano López dijo que acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Ometepec, que, de acuerdo con el expediente 079/2011, emitió la sentencia que ordena al delegado de Transporte de la Costa Chica, “la liberación de los vehículos sin cobro alguno”.
Desde 2011, cuando se dictó, la sentencia no se ha cumplido, ante la inacción de Transportes, el mismo Tribunal de lo Contencioso les ha aplicado multas, “pero sinceramente no sabemos si éstan pagándolas”.
López Guzmán solicitó al gobernador Héctor Astudillo su intervención y una reunión con el nuevo director de Transportes, Miguel Piña Garibay.
Expuso que en 2012, un delegado de Transportes –de quien no recordó su nombre– intentó pagar por las motos, para ese entonces Grúas Domínguez cobraba 80 mil pesos por el pisaje.
Recordó que en 2013, el entonces gobernador Ángel Aguirre se reunió con ellos y, ya con el conocimiento del problema, pidió al ex director de Transporte Juan Larequi Radilla que le diera seguimiento, pero después de dos reuniones sin avances, dejó de contestarles las llamadas.

Asesinan a cuatro hombres en Ixcatepec, Arcelia, cerca del área vigilada tras los secuestros

 

A pesar de la intensa operación policiaca y militar en la región, cuatro hombres murieron en una balacera en la comunidad de Ixcatepec, municipio de Arcelia, la madrugada de este miércoles.
Cerca del medio día de ayer, los cuerpos policiacos locales y los que se encuentran en la operación de vigilancia que anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores recibieron el reporte de la balacera y acudieron al lugar para tomar conocimiento.
Vecinos de la localidad lograron identificar a dos de los cuerpos, uno el de Agustín Ochotla Chávez de 26 años, originario de la misma comunidad de Ixcatepec, y uno más como Wiliulfo Pantaleón Calderón de 21 años, originario de la comunidad de Vista Hermosa, ambos albañiles.
Los otros dos cuerpos están en calidad de desconocidos y fueron trasladados a Arcelia para continuar la investigación.
Los cuerpos tienen impactos de bala calibre 22 y en el lugar se encontraron una motocicleta color rojo, y botellas y vasos con licor.
De acuerdo con versión de los familiares, se escucharon detonaciones después de la medianoche, en el lugar que está a las afueras del pueblo. Reportaron que uno de los muertos llevaba una moto que no fue hallada, por lo que estiman que los asesinos huyeron en ella.
Según las primeras versiones que recogió el Ministerio Público, había cerca de 10 personas bebiendo en el lugar donde se escucharon los disparos, pero no registraron la presencia de gente armada.
El agente del Ministerio Público comenzó la investigación del caso y trasladó los cuerpos sin identificar a Arcelia.
Ixcatepec está a dos horas en carro desde la cabecera municipal entrando por Almoloya; se ubica a 30 kilómetros de distancia de El Salitre, sobre un camino rural que cruza la zona de cerros. Ixcatepec está en una ruta alterna que lleva hasta la mina de Campo Morado.
Estos asesinatos ocurren a una semana y media de que delincuentes levantaron a 21 hombres y asesinaron a otros cuatro en El Salitre.
Tras la liberación de los 21 hombres levantados, el gobernador Héctor Astudillo anunció que colocaría un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Arcelia para resguardar a la población y darle tranquilidad.
Pero se confirmó que para este caso tuvieron que enviar policías desde la cabecera municipal, porque no había vigilancia en lugares cercanos al sitio de los hechos.
Este martes en Arcelia, también fueron levantados con violencia cuatro integrantes una familia en la colonia Progreso, donde hombres armados ingresaron a la casa y se llevaron a un matrimonio y a dos niños; por la noche todos fueron liberados.