Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.
El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas
Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.
