El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que el gobierno de México está desacreditando y descalificando al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para no castigar y actuar contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien sembró pruebas para la “verdad histórica”, que fue desestimada por los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El perredista, en declaraciones, sostuvo que el gobierno ha politizado el caso de los alcaldes relacionados con delincuentes. Además, de que la presencia de más soldados y policías en los municipios del estado sólo genera más violencia, y ejemplificó con el caso de Iguala, donde aseguró que no hay una disminución de los hechos violentos.
Encinas Rodríguez dijo, durante su intervención en el acto de homenaje al dirigente social Eloy Cisneros Guillén, que ”es evidente” que el gobierno “quiere descalificar y desestimar” a los integrantes del GIEI, por “una razón elemental, el reconocer efectivamente el informe de los expertos de la Comisión Interamericana implicaría no solamente derrumbar los pilares de la llamada verdad histórica, sino implicaría establecer responsabilidades al ex procurador (Jesús) Murillo Karam”.
“A todos los responsables de la investigación, por haber alterado el lugar de los hechos, por haber sembrado pruebas, por haber generado un conjunto de informaciones falsas y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que queremos conocer la verdad”.
El 6 de febrero, organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales expresaron su apoyo al GIEI, en su investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por una campaña de desprestigio coordinada contra el GIEI, que está ganando una mayor cobertura en los medios mexicanos.
El senador sostuvo que la nueva necropsia realizada al cuerpo del estudiantes desollado, Julio César Mondragón, que fue desenterrado el 4 de noviembre pasado y enterrado el viernes en Tenancingo, Estado de México, “va a traer al debate esa falsedad tan profunda que es la llamada verdad histórica, que el gobierno quiere imponernos, porque día a día salen a relucir la gran cantidad de anomalías, de engaños y de mentiras por las que se construyó esa falsa verdad histórica y más aún, ahora que se quiere desvirtuar la investigación del grupo internacional de la CIDH”.
Encinas Rodríguez exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y castigo a los responsables, “sean quienes sean, hayan ocupado el cargo público que hayan ocupado, porque Guerrero no se merece este tipo de autoridades y este tipo de acontecimientos”.
En declaraciones, abundó que la Fiscalía General del Estado, encargada de dar seguimiento de la investigación en el fuero común de los hechos de Iguala, está estancada. “Así como el hecho de no dar, por parte del MP local, toda las facilidades para la investigación”.
“Creo que hay un entorpecimiento por parte de la Procuraduría del Estado (Fiscalía General del Estado), para profundizar y agilizar estas investigaciones, que nada ayudan”. Indicó que en el proceso de exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón, “el juez que lleva la causa hizo cuestiones absurdas, como enviar por un lado a Veracruz a uno de los grupos de los acusados y luego a Nayarit, y no permitir que fuera atraída la investigación al ámbito federal”.
En su discurso, también lamentó que Guerrero se encuentre en una situación de una gran violencia e inseguridad; sin embargo, dijo que la situación no se va a remontar con más policías, con más marinos o con más soldados en las calles. Dijo que el gobierno del estado debe de enfocarse en políticas preventivas, como atender los problemas de desigualdad, pero particularmente con la participación de los ciudadanos.
“La presencia de los grupos militares y policiacos en el estado no solamente no han disminuido la violencia y la inseguridad, sino que la han incrementado y ahí está el mejor ejemplo en Iguala, donde participa hoy la Armada Nacional, Ejército, Gendarmería y la policía estatal, y no solamente no ha disminuido la violencia sino que el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada de las personas se ha incrementado”.
Sostuvo que de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, “hoy tres de cada cuatro guerrerense que ha sido desaparecido forzosamente, son de Iguala y de la región de Tierra Caliente, a pesar del operativo especial” de seguridad.
En declaraciones, abundó que no basta replantear la operación especial en Tierra Caliente y que está se extienda a 80 municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos, y Estado de México, “sino que se necesita una actuación más diligente, más responsable de la autoridad, de repartir justicia y en eso el gobernador no ha dado signos positivos”.
Agregó que la estrategia federal de seguridad no ha cambiado y sigue como la que implementó el presidente Felipe Calderón, “sigue la guerra contra las drogas”.
El senador dijo que se ha politizado el caso de los alcaldes a los que se les relaciona con grupos delincuenciales, en el caso del alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, detenido el 9 de febrero, señaló: “Se supone que las dirigencias de los partidos, antes de la elección del año pasado, hicieron consultas puntuales a la Procuraduría y a la Defensa Nacional, al Cisen y no hubo ninguna acusación. ¿Dónde está la falla?”.
Sostuvo que los partidos tienen que garantizar una buena selección de sus candidatos, ser el primer filtro, pero la autoridad no puede permitir que cuando existan indicios y averiguaciones, de algunos candidatos con la delincuencia organizada, dejar correr los asuntos, porque esto se presta al manejo político de las instituciones judiciales.
De la amenaza del ex diputado perredista local, Roger Arellano Sotelo, al corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores, afirmó que “no va a ser con amenazas como se resuelva el problema, si se tiene una queja contra el reportero que proceda por la vía legal, no con amenazas” y se pronunció por garantizar la seguridad de quienes trabajan en el periodismo.