Debido a que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no se ponen de acuerdo en cómo distribuir los 202 millones de pesos del Fondo de Seguridad Pública (Foseg) para el 2006, el gobierno aún no ha podido adquirir armamento, equipo de comunicación, ni chalecos antibalas, reveló este viernes el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
Por otra parte, a pregunta expresa Chavarría dijo que el hecho de que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, hayan avalado al nuevo secretario de Protección y Vialidad de Acapulco, Juan Carlos Moreno Muñoz, no significa que ese vaya a ser un requisito para todos los Ayuntamientos, porque éstos gozan de “autonomía”.
Sobre el caso de Edgar Valdez Villareal, La Barbie, que es identificado por la PGR como el jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, Chavarría dijo que “es muy complicado saber” si se encuentra en Guerrero, aunque antes, entre risas, sugirió que mejor se le preguntara sobre “temas más agradables como el de Acapulco Brilla”.
En entrevista en sus oficinas y a pregunta de un reportero, Chavarría dijo que aún no se han adquirido armas, ni equipo o material de ningún tipo, porque “estamos tratando de conciliar entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial, la distribución de los recursos, si no hay en los próximos dos o tres días un consenso, tendremos que convocar al Foseg para que ahí tomemos una decisión, independientemente de que esté de acuerdo o no, alguna de las partes”.
Chavarría precisó que son 202 millones de pesos –152 que aporta la federación y 50 el estado– la cantidad que está asignada al Foseg y es la misma que se tiene que distribuir entre Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia.
Rechazó que la falta de consenso esté generando algún problema, debido a que “se están ejerciendo los recursos del 2005 y ahora se habla de cómo va a quedar la distribución en el 2006, y esto es normal, no es un problema realmente”.
El funcionario señaló que no puede revelar la propuesta de distribución del dinero, ni dónde está atorada la discusión, porque “es algo que estamos discutiendo internamente y genera implicaciones anunciar cantidades cuando todavía no tenemos el consenso”.
Dijo: “hay programas federales (dentro del Foseg) que estamos obligados a que tengan vigencia en el estado y que se tiene que asignar alguna cantidad para su funcionamiento. Son cinco: uno es la profesionalización de las corporaciones, red nacional de telecomunicaciones, el sistema nacional de información sobre seguridad pública, el seguimiento y evaluación, y el registro público vehicular”.
Dijo que los programas complementarios “son la construcción de los cinco cuarteles, la terminación del Instituto de Formación Policial (Infocap) en Chilpancingo y la construcción de otro en Acapulco, el mejoramiento para seis agencias del Ministerio Público y la compra de radios, armamento y chalecos”.
Más adelante dijo “no es que no estemos de acuerdo, estamos tratando de conciliar una propuesta, y es normal que en una distribución de presupuesto haya distintas opiniones”.
Chavarría negó que si por esa falta de consenso se estaba perjudicado a la población y las acciones del combate a la delincuencia.
Respecto a cuándo enviará el gobierno la iniciativa de la reforma integral al Poder Judicial y si en ésta se va a considerar el caso de los juicios orales, el secretario de Gobierno, expuso que dicha iniciativa “va a ir en un planteamiento más global que es la Reforma del Estado, no ha habido hasta este momento las condiciones para abocarnos a una discusión porque no queremos contaminar el proceso electoral”.
Señaló que el gobierno “ya tiene avanzada la propuesta de la ruta crítica, de la metodología, de la integración de algunas comisiones y este proyecto lo vamos a compartir en su momento con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con los partidos políticos y sectores representativos de la sociedad. A partir del 5 o 6 de julio estaremos en condiciones de llevar a cabo esta reforma, en donde uno de los temas es el fortalecimiento y la restructuración del Poder Judicial”.
En respuesta a otro reportero, negó que no haya disposición para abordar la Reforma Política como aseguran algunos diputados del PRI y afirmó que “yo creo que es una responsabilidad compartida, el Congreso local nombró a una comisión y entiendo que están trabajando en lo que es la parte conceptual y la parte de la propuesta para la metodología para desahogar la agenda temática”.
Mejor pregúntenme sobre Acapulco Brilla
Respecto a si ya había hablado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, sobre la demanda de amparo de Edgar Valdez La Barbie, presunto jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, Chavarría atajó entre risas: “no hay que hablar de esos temas, hay que hablar de temas más agradables, pregúntenme cómo va el Acapulco Brilla”.
–¿Pero eso no es un tema que le preocupa al gobierno, que a través de las instancias judiciales se estén escudando quienes han generado los hechos de violencia en la entidad? –se le preguntó.
–Ya el procurador (de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia) contestó sobre ese tema.
–Pero usted dijo que le iba a preguntar al presidente del Tribunal Superior de Justicia –se le insistió
–Sí, pero ya ayer el procurador fijó una postura oficial.
–¿No está de verdad La Barbie en Acapulco? –preguntó otro reportero.
–No sé, la verdad no sé, escapa a mis medios saber si está o no está. Es muy complicado saberlo, ustedes saben cómo actúa.
Rechazó más adelante que Torreblanca y Salinas vayan siempre a avalar a quienes sean nombrados funcionarios seguridad pública municipal, como ocurrió en el caso del secretario de Protección y Vialidad de Acapulco, Juan Carlos Moreno Muñoz, cuya designación fue consultada por el alcalde Félix Salgado, según reveló el mismo.
Chavarría agregó: “normalmente los Ayuntamientos son autónomos ¿no?, están amparados en el 115 de la Constitución, los Cabildos son los que determinan el nombramiento de los funcionaros. Yo no sé si efectivamente Félix hizo la consulta o no, de eso no tengo constancia, pero no es un requisito que el Cabildo consulte al gobernador ni a otras instancias policiacas”.
Rechazó que el asesinato del taxista en El Treinta –durante una gira de Félix Salgado por ese lugar–, esté vinculado con la amenaza anónima que recibió el alcalde porteño en un programa radiofónico, “hay indicios de que fue un asalto, un robo, lamentablemente a un taxista joven”.