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Llega un joven de Honduras a la capital; venía con la caravana migrante

El joven hondureño de 21 años, Jefferson Rodríguez quien viajaba con la caravana de migrantes centroamericanos y quien decidiera pedir asilo en Guerrero, posa a un costado de la estatua de Morelos en Chilpancingo . Foto: Jesús Eduardo Guerrero

 

Un joven hondureño que salió de su país en la caravana de migrantes “por el mal gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado” y huyendo de la violencia de los grupos de narcotraficantes, Jefferson Rodríguez llegó a Guerrero con el sueño de estudiar Leyes.
Dijo que los guerrerenses lo tratan bien y consideró que es “sorprendente” que las familias busquen a sus desaparecidos, porque en su país nadie se atreve a hacerlo.
Delgado, de tez morena, cabello chino, vestido todo de negro, aretes y tenis, Jefferson de 21 años este jueves relató su travesía para salir de su país, llegó a Chilpancingo hace una semana y espera que pueda ser nacionalizado para continuar sus estudios.
“No me gustan las entrevistas” –sonríe y agacha la cabeza–, “bueno está bien qué quieren saber”, dijo luego de que un reportero le comentó, “todos somos compas”, ansioso, como el resto, de saber los motivos por los que se fue de Honduras.
El hondureño originario de Juticalpa Olancho en la República de Honduras, recientemente terminó su bachillerato y tiene pensado estudiar leyes en México.
“Es un lugar tranquilo donde vivo”, dijo el joven, pero con el cambio en la Presidencia las cosas son distintas, antes podía andar en las calles pero con el nuevo gobierno no.
Los grupos que provocan la violencia en su país y en la caravana migrante podrían ser mandadas por la Presidencia o el narcotráfico, pero se ve reflejado en el incremento de los precios de todos los productos.
Consultado en el Zócalo de Chilpancingo donde ayudó a los familiares de desaparecidos y asesinados a colocar una ofrenda floral por el Día de Muertos, se sentó un rato y continúo, “allá en Honduras no existe la protección civil de personas, la prensa esconde todo, informan otro tipo de noticias”.
Habla con un acento distinto a los que se escuchan en México, así relató que salió de su comunidad porque tenía muchos problemas, “no con mi familia, sino con personas que llegaron y que quieren meter a jóvenes que estudian la universidad para que entremos a cosas (ilícitas) que no queremos”.
“Me han dicho que México es un lugar difícil y peligroso, pero en caravana el gobierno nos ha ayudado siempre”, relata. Jefferson dejó al grupo que partió de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, él se separó de la multitud en Chiapas. Fue apoyado por el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Jose Filiberto Velázquez Florencio, quien acudió a la caravana en Chiapas.
“México es de lo mejor, prefiero vivir aquí que en mi país, aunque me encanta, espero que lo ayuden”. Cruzó la frontera de Guatemala a México hace 16 días y no tuvo ningún problema al pasar en balsa el río Suchiate.
Informó que en la caravana hay personas que “no venían” incluso consideró que el mismo gobierno de Honduras los manda “para hacer desorden”.
Dijo desconocer por qué está en Guerrero, meditó y cree “que fue el destino”, ahora espera que arreglen sus papeles para que continúe sus estudios.
El hondureño manifestó que llegó con un grupo de amigos y espera a que su situación mejore, que pueda trabajar y estudiar.
“En mi país a nadie puedes ver mal porque tienes problemas, y más si te metes con el gobierno te desaparecen, allá no te buscan como aquí, porque veo que si te desaparecen te buscan. Tengo familiares y amigos desaparecidos, los jóvenes que hablan de más los desaparecen, nadie puede hacer nada porque con el gobierno nadie puede”, concluyó el joven quien sonrió durante toda la entrevista.

 

Respaldan obispos del país la labor de Rangel y el diálogo con jefes del narco

La reunión con jefes del narco, un trabajo pastoral, responde el obispo Rangel a críticas

“Yo estoy haciendo una pequeña labor, simplemente, si quieren hacer caso, que lo hagan”, dice y critica que las autoridades hablen de aplicar la ley pero no hagan nada para resolver los problemas, por muy pequeños que sean

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El obispo Salvador Rangel Mendoza, declaró que “yo estoy haciendo una pequeña labor, simplemente, si quieren hacer caso, que lo hagan, y si alguien se siente ofendido, les pido disculpas”, en respuesta a las críticas a la reunión, que dio a conocer, con jefes del crimen organizado de la Sierra de Guerrero.
El prelado fue consultado vía telefónica ante la polémica que provocó su declaración respecto a que el Viernes Santo se reunió con un jefe del narcotráfico en la Sierra, quien se comprometió no realizar actos violentos en el proceso electoral y pidió a través del obispo que los candidatos no compren el voto y que tampoco hagan promesas que no van a cumplir.
En respuesta a lo que reveló el obispo, el secretario de Gobernación federal, Alfonso Navarrete Prida respondió que “el gobierno no negocia la aplicación de la ley. A su vez los dirigentes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, rechazaron el acercamiento del obispo con los jefes del crimen organizado. En tanto que el candidato del PRI al senado, Manuel Añorve Baños, atajó que Salvado Rangel “tendrá sus razones para reunirse con narcos”.
Salvador Rangel declaró que lo que está haciendo es su trabajo pastoral. “Si logro sembrar un buen sentimiento en esas personas yo me doy por satisfecho”, y agregó que también está de acuerdo que se debe aplicar la ley, pero que el diálogo “es un instrumento valioso en todo el mundo”, y que debe utilizarse para resolver ciertos problemas.
Después, criticó que las autoridades hablen de aplicar la ley pero no hagan nada para resolver los problemas, por muy pequeños que sean, “a ver, ¿qué habían hecho en esa comunidad de Pueblo Viejo, en donde les habían quitado la luz y el agua? Tuve que ir yo a platicar con esas personas y a pesar de ser enemigos de esa comunidad ellos les reconectaron la luz y el agua”.
En cuanto a las críticas que ha recibido por su reunión con ese “personaje” y lo que opinó después con respecto al contenido de lo que hablaron, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, respondió que “es el punto de vista de ellos, yo estoy de acuerdo que la ley no se negocia, pero yo pienso y creo que vale la pena hacer cualquier cosa en favor de la paz”.
Dijo que hace su trabajo pastoral, “lo bueno es hacer algo porque con puros discursos, ¿a dónde vamos a llegar?”.
Añadió que está de acuerdo en que se debe aplicar la ley, pero que, también, “si el diálogo es un instrumento valioso en todo el mundo, “¿por qué no dialogar?”.
Atajó que su intervención para que no asesinen a los políticos, “es una velita que le estoy dando a los políticos, es un granito de arena, una pequeña cosa, y yo pienso que con eso no me estoy saliendo fuera de la ley, no estoy quebrantando ningún instrumento”.
Consideró que es criticable que las autoridades hablen de aplicar la ley pero no hacen nada para resolver los problemas, por muy pequeños que sean, “a ver, ¿qué habían hecho en esa comunidad de Pueblo Viejo, en donde le quitaron la luz y el agua a la gente?. Tuve que ir yo a platicar con esas personas que son enemigos de esa comunidad, y a pesar de ser enemigos reconectaron la luz y el agua”, se ufanó el clérigo.
Añadió que por eso ve más voluntad de estas personas que de otras. “Aunque yo estoy convencido que el gobierno y las instituciones pueden hacer lo que quieran, pero militarizando Guerrero no se va a conseguir nada, ustedes saben que en el 2017 fue el año en el que aumentaron los crímenes, tiene que buscarse un camino. Yo, simplemente, hice una pequeña cosa al hablar con estas personas para que no asesinen”.
Siguió: “A ver, le voy a poner un ejemplo, si le están apuntando con una arma y yo logro desviar esa arma para que la apunten para otro lado, es un pequeño granito de arena que yo estoy haciendo, y ojalá que no se molesten las autoridades, y si ellos quieren seguir con sus discursos oficiales y políticos pues que Dios los ayude y que los bendiga, ¿pero a dónde van a llegar con eso?.
–¿Entendió usted como una advertencia de parte de estos señores, de que si no les cumplen lo que piden, entonces si van a actuar en contra de los políticos?.
–No. Fue circunstancial el tema. Yo les pedí que por qué no dejaban desarrollar el proceso político en libertad y ellos me respondieron, “que compitan, no nos vamos a meter y que gane el que tenga más votos.
–¿Usted los buscó o ellos lo buscaron para este encuentro?
–Bueno, ya he dicho como empezó todo. Las gentes (de Pueblo Viejo) vinieron a decirme que no tenían agua ni luz, y hará unos 15 días que subí a la Sierra y encontré a dos personajes de ellos y yo les pedí que por qué no les ponían el agua y la luz, que había ancianos, niños, gente enferma y mujeres embarazadas que tienen que caminar kilómetros para ir por agua, tienen que ir hasta el río y es una bajada muy pesada, muy terrible, tienen que ir hasta Campo Morado (otra comunidad vecina), y gracias Dios les pusieron el agua y la luz.
Contó que el 30 de marzo ya andaba buscando una entrevista “y me dijeron que el Viernes Santo, entonces yo fui a buscarlos en donde me dijeron y pude hablar con ellos, simplemente para agradecerles que restituyeron el agua y la luz, y fue cuando salió el tema político, fui yo el que les dijo que por qué no dejan que se desarrolle libremente el proceso electoral, y que intervengan solamente los que deban de intervenir y ellos estuvieron de acuerdo en eso”.
Aclaró que después lo que le pidieron fue el estilo de muchos políticos en México que es la comprar de votos, “ellos me decían que están en contra de que se compren los votos o que se dé dinero a alguien en particular para obtener el voto, y que si se va a apoyar con algo que sea una obra social que le sirva a toda la comunidad, pero que no se entregue dinero de manera en particular para que voten por ellos”.
Remarcó que le dijeron que están en desacuerdo de que los políticos hagan tantas promesas si no las van a cumplir, “y yo pienso que estamos de acuerdo todos en eso”.
Concluyó: “La mía es una simple opinión, que me escuche el que me quiera escuchar. Yo no quiero polémicas con el gobierno del país, ni con el de Guerrero. Yo estoy haciendo una pequeña labor, simplemente, si quieren hacer caso, que lo hagan, y si alguien se siente ofendido, les pido disculpas”.

Respaldan obispos la labor de Rangel en  su diócesis y el diálogo con narcos

“Está buscando generar formas o condiciones para que puedan tenerse diálogo y maneras de pacificación en lugares” violentos, dice Carlos Garfias

Arcelia Maya / Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras revelar que negoció con narcotraficantes de la sierra de Guerrero para evitar que asesinen a candidatos durante el proceso electoral, jerarcas católicos externaron su respaldo a la labor pastoral del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, sostuvo que Rangel crea condiciones de diálogo para disminuir la violencia que afecta a esta zona de Guerrero. “Él está buscando generar formas o condiciones para que puedan tenerse diálogo y maneras de pacificación en lugares donde se ha recrudecido la violencia”, externó en entrevista. “Es respetable lo que está haciendo Monseñor. Es un camino que él esta haciendo”, dijo el también responsable de la llamada Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
El arzobispo llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a crear las condiciones para que este proceso electoral se viva en paz. Resaltó que él en Morelia implementa grupos de escucha y trabaja vínculos con instituciones y la sociedad civil, para generar una agenda común contra la violencia.
De acuerdo con Salvador Rangel, entre las condiciones que pusieron los capos del narco en su encuentro el fin de semana pasado, está que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que cumplan lo que prometen.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, afirmó que el gobierno no negocia la aplicación de la ley. El gobierno estatal, a través del vocero, Roberto Álvarez, señaló que la violencia en la entidad no se resuelve con pactos.
Para el sacerdote Rogelio Narváez Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS)-Cáritas, el obispo de Chilpancingo está en un espacio “minado”. “Guerrero es un estado sumamente lastimado por la violencia y él (Rangel) tiene que ser un pastor para la población. Él tiene que ser un actor que sume al bienestar del lugar”, indicó. “Él está haciendo su esfuerzo y desde afuera sería injusto desacreditar lo que hace el obispo”, opinó.
El presbítero llamó al titular de la Secretaria de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a asumir su responsabilidad y brindarle seguridad a la población. “El ministro de interiores no se debe quejar que un obispo dialogue con delincuentes. Yo le preguntaría ¿existe, señor Secretario, gobernabilidad en el país?”, cuestionó.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera llamó a los grupos políticos y de poder a garantizar la seguridad de los mexicanos. La violencia, manifestó, se gesta por la corrupción, impunidad, pobreza y desempleo que existen en México. En este momento, manifestó, el crimen organizado forma parte del mismo Estado, que opera con impunidad. “La violencia es una estrategia política de Gobierno para controlar a la población y para controlar territorios”, señaló.

El obispo Rangel violó la ley al reunirse con un jefe del narco: Florencio Salazar

Anarsis Pacheco y Rosalba Ramírez

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que el obispo Salvador Rangel al reunirse con un capo del narcotráfico está incurriendo “en actos violatorios a la ley”.
“Nosotros hemos, como gobierno, dialogado en diferentes ocasiones con él (el obispo), le hemos expresado que es una actividad primero muy delicada para él, y segundo, que es una cuestión que le compete al gobierno pero el propio gobierno no tiene ninguna facultad, no hay ninguna norma que le autorice para hacer negociaciones con delincuentes”.
En una entrevista realizada en la sala de reuniones Aurora Meza Andraca, Salazar Adame aseguró que al gobierno le preocupa que el obispo insista en tocar “estos temas”, en referencia a las reuniones que ha sostenido con grupos del crimen.
“Ya está incurriendo en actos violatorios a la ley, esto es una función del Estado y hay que recordar que en México hay una separación de la Iglesia y el Estado, somos un Estado laico”, agregó.
Insistió que de la misma manera en que el gobierno respeta los credos de las diferentes personas, quienes son ministros de los cultos tienen la responsabilidad de respetar la ley y la laicidad del Estado.
Dijo que ante estos actos del obispo a quien le compete investigarlo es al gobierno federal, por la Ley de Asociaciones Religiosas. Si lo estima pertinente la subsecretaría de Asuntos Religiosos sería la que actuaría conforme a derecho.
El pasado domingo el obispo Salvador Rangel dio a conocer en Chilapa que sostuvo un encuentro con un capo del narcotráfico en Guerrero, quien prometió que su organización no mataría candidatos.
Este lunes el obispo detalló en una segunda declaración, que en el pacto con el narcotraficante se condicionaba la posibilidad de que no se compraran los votos, y en lugar de comprarlo ese dinero se invirtiera en obra pública para las comunidades.
Salazar Adame, enfatizó que investigar al obispo no es de competencia estatal, ni a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que únicamente le corresponde al gobierno federal.
Sobre la propuesta de pacto con candidatos y el narcotráfico, el funcionario estatal recordó que sería un despropósito.
“Los candidatos, los que resulten electos protestaran cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen”.
Señaló que los candidatos que opten por este tipo de negociaciones durante su campaña o administraciones no pueden actuar al margen de la ley, por lo que no sería legitimo que participen en un proceso “celebrando acuerdos con grupos delincuenciales”.

El obispo no debe inmiscuirse en asuntos del Estado: Vicario

El presidente del Congreso local, Héctor Vicario Castejón, consideró que las opiniones del obispo Rangel Mendoza deben dejarse en el ámbito espiritual y no polemizar al respecto; sin embargo advirtió que no debe meterse en asuntos competencia del Estado.
En declaraciones en el Congreso local, Vicario Castrejón coincidió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y afirmó que “con la delincuencia no hay punto de negociación, se les debe aplicar la ley a quienes la infrinjan”.
Sin embargo reconoció que el ámbito del ministro católico es “la sociedad en general y él tiene que ver con los buenos y con los malos, pero su atención es del espíritu, mientras que la responsabilidad del Estado es ver por el bien común de toda la sociedad”.
El priista consideró que se tiene que delimitar las funciones del obispo, “como dice el dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Etiquetas: México, Guerrero, violencia, Florencio Salazar Adame, obispo, Salvador Rangel, crimen organizado

Respaldan obispos la labor de Rangel en su diócesis y el diálogo con narcos

 

Tras revelar que negoció con narcotraficantes de la sierra de Guerrero para evitar que asesinen a candidatos durante el proceso electoral, jerarcas católicos externaron su respaldo a la labor pastoral del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, sostuvo que Rangel crea condiciones de diálogo para disminuir la violencia que afecta a esta zona de Guerrero. “Él está buscando generar formas o condiciones para que puedan tenerse diálogo y maneras de pacificación en lugares donde se ha recrudecido la violencia”, externó en entrevista. “Es respetable lo que está haciendo Monseñor. Es un camino que él esta haciendo”, dijo el también responsable de la llamada Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
El arzobispo llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a crear las condiciones para que este proceso electoral se viva en paz. Resaltó que él en Morelia implementa grupos de escucha y trabaja vínculos con instituciones y la sociedad civil, para generar una agenda común contra la violencia.
De acuerdo con Salvador Rangel, entre las condiciones que pusieron los capos del narco en su encuentro el fin de semana pasado, está que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que cumplan lo que prometen.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, afirmó que el gobierno no negocia la aplicación de la ley. El gobierno estatal, a través del vocero, Roberto Álvarez, señaló que la violencia en la entidad no se resuelve con pactos.
Para el sacerdote Rogelio Narváez Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS)-Cáritas, el obispo de Chilpancingo está en un espacio “minado”. “Guerrero es un estado sumamente lastimado por la violencia y él (Rangel) tiene que ser un pastor para la población. Él tiene que ser un actor que sume al bienestar del lugar”, indicó. “Él está haciendo su esfuerzo y desde afuera sería injusto desacreditar lo que hace el obispo”, opinó.
El presbítero llamó al titular de la Secretaria de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a asumir su responsabilidad y brindarle seguridad a la población. “El ministro de interiores no se debe quejar que un obispo dialogue con delincuentes. Yo le preguntaría ¿existe, señor Secretario, gobernabilidad en el país?”, cuestionó.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera llamó a los grupos políticos y de poder a garantizar la seguridad de los mexicanos. La violencia, manifestó, se gesta por la corrupción, impunidad, pobreza y desempleo que existen en México. En este momento, manifestó, el crimen organizado forma parte del mismo Estado, que opera con impunidad. “La violencia es una estrategia política de Gobierno para controlar a la población y para controlar territorios”, señaló.

 

A casi dos años de su creación, fue desarticulado el FUSDEG; sólo mantiene un bloque de resistencia en Tierra Colorada

Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.

Ataques y enfrentamientos

En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.

El territorio

La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.

Bloquean vecinos la carretera a Filo Mayor; protestan por el asesinato de las autoridades

La muerte de autoridades comunitarias de Polixtepec, comunidad de la sierra de Leonardo Bravo, evidenció un conflicto entre comunidades que venden la planta de amapola a dos grupos de narcotraficantes en la misma zona.
La Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo del Estado de Guerrero denunció que en una emboscada fueron asesinados el comisario y el secretario municipal de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos y Víctor González Luna, cuando se dirigía a comprar gasolina en garrafones a la comunidad de Campo de Aviación en una camioneta particular, el jueves por la tarde.
En protesta, vecinos de distintas localidades bloquearon ayer durante seis horas la carretera a Filo Mayor, en el poblado de Campo de Aviación, a poca distancia de Filo de Caballos y a una hora de la capital. Responsabilizaron del ataque a los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arrellano, originarios de la misma localidad, Polixtepec.
Los acusaron también de robos y secuestros en los pueblos, y señalaron al gobierno de ser su protector porque los hermanos llegaron con más de 70 sicarios a los pueblos hace tres semanas, y en la 35 Zona Militar no hicieron nada para detenerlos.
Por separado, en una llamada a la redacción de El Sur una mujer que se identificó como familiar de los fallecidos, aseguró que los homicidios fueron perpetrados por vecinos de Filo de Caballos que trabajan con el Cartel del Sur, que controla la plaza de Chilpancingo.
Reconoció que Polixtepec es el único pueblo que vende la planta a un grupo distinto del que se los compra a las demás localidades; añadió que todos en los pueblos “viven del ganado y de la planta; y quienes digan que no, están mintiendo”.
La Sierra, ahora octava región económica del estado, por años ha sido estigmatizada a causa de la producción de estupefacientes.
Ayer por la mañana, la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo del Estado de Guerrero denunció el homicidio de las autoridades de Polixtepec, y advirtió que es una amenaza para los 40 comisarios de los pueblos que participan en la organización.
Bloquearon de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde el paso de la carretera de Filo Mayor, rumbo al municipio de Tlacotepec, para exigir a los tres órdenes de gobierno, garantías de seguridad para las autoridades y los pobladores. Advirtieron que hoy continuarán el bloqueo, si las autoridades no atienden el conflicto.
Recordaron que la organización surgió hace dos años por distintos hechos de violencia, y los homicidios del comisario y su secretario ponen de nuevo en alerta al movimiento. Entonces, se integraron al proyecto de la Policía Rural que impulsó el exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, para regular a las policías comunitarias.
Informaron que la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo del Estado de Guerrero incluye a 40 pueblos de la sierra, de los cuales 22 tiene Policía Estatal Rural y 18 sólo policías comunitarios.
En este marco, se han reunido con distintas autoridades de gobierno para hablar sobre inseguridad, empleo y proyectos productivos para las familias.
Sin embargo, a pesar de las constancias de acuerdos, reprocharon la inoperancia de las autoridades, “ya que este lamentable suceso fue perpetrado a unos metros de una base del Ejército”.
La emboscada a las autoridades comunitarias ocurrió en una carretera de curvas rastreada, sin pavimentar, entre la localidad de Polixtepec y Puentecillas, una desviación de la carretera de Filo Mayor, en Filo de Caballos.
Los comisarios aseguraron que continuarán en el plantón en Campo de Aviación hasta que las autoridades los escuchen y garanticen su seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Al anochecer, en la redacción se recibió una llamada de una mujer que se identificó como familiar del comisario, para negar la acusación contra los hermanos Villalobos Arrellano.
Aclaró que cuando ocurrió la emboscada contra el comisario y el secretario, hablaron a la Fiscalía General del Estado para que levantara los cuerpos e hiciera la investigación, y les dieron un teléfono del poblado de Filo de Caballos, que es de una casa particular.
Insistieron ante las autoridades en Chilpancingo, y en la noche, los mismos familiares se llevaron los cuerpos.