El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador defendió a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado, quien fue señalada de secuestro por el abanderado de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade.
De gira en Jalisco el político tabasqueño sostuvo que Salgado, candidata plurinominal al Senado por Morena, fue calumniada por el aspirante del tricolor a quien recomendó cambiar de asesores.
“Ella fue calumniada, es una dirigente social que está luchando porque haya paz y tranquilidad y fue acusada de manera infame, eso no se hace, no actuó bien Meade”, dijo.
“Es que tienen muy malos asesores, los contratan en el extranjero, les pagan muchísimo pero son muy malos asesores, ya les voy a prestar un poco de asesores, de los que están aquí en el pueblo”.
La postulación de Salgado ha sido cuestionada por Meade desde hace meses, pero durante el debate presidencial el candidato la señaló como secuestradora, tras leer un supuesto testimonio de una carpeta de investigación.
La ex integrante de la Policía Comunitaria de la comunidad guerrerense de Olinalá exigió a Meade una disculpa pública, tras advertir que lo demandará formalmente. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
La ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y candidata a senadora por Morena anunció en conferncia de prensa en la Ciudad de México que la demanda será por daño moral y exigirá una disculpa pública, y dijo que el candidato del PRI que la acusó de secuestradora en el debate del domingo afectó su imagen y puso en riesgo la seguridad de su familia. Anoche, en un comunicado el priista reiteró la acusación y dijo a López Obrador que “es imperdonable” que la apoye. Por su parte, la CRAC-PC la defendió y dijo que los ataques son también al sistema comunitario indígena, los calificó como violencia política de género y llamó a no dar un solo voto al PRI Foto: Cuartoscuro
Anuncia Nestora que demandará a Meade por daño moral y le exige una disculpa pública
El candidato de la coalición Todos por México afectó su imagen al acusarla de secuestradora y puso en riesgo la seguridad de su familia, señala la candidata a senadora por la coalición Juntos Haremos Historia en conferencia en Cdmx
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Después de que en el pasado segundo debate presidencial José Antonio Meade acusó a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García de secuestro, la hoy candidata de Morena a senadora anunció que demandará por daño moral y exigirá una disculpa pública al candidato de la coalición Todos por México, pues, señaló, afectó su imagen al acusarla de ese delito y puso en riesgo la seguridad de su familia.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la que estuvo presente el presidente de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Nestora Salgado pidió la renuncia de Meade como candidato de la colación formada por PRI, PVEM y Panal, y dijo que después de sus declaraciones en el segundo debate presidencial la casa de su hija en Guerrero fue atacada a tiros. “Este señor pone en riesgo la vida de toda mi familia”, indicó.
La candidata aseguró que jamás se comprobó que ella hubiese pedido dinero a cambio de liberar a 50 personas, como dijo Meade.
El pasado domingo, durante el segundo debate entre candidatos a la Presidencia, José Antonio Meade acusó a Morena de postular a una “secuestradora” como candidata al Senado, refiriéndose a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, en Guerrero. Nestora fue detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de secuestro y delincuencia organizada, y quedó en libertad en marzo del 2016 porque los jueces determinaron que no cometió delitos.
Acompañada de su abogada Susana Mercado, Nestora anunció también que el próximo jueves presentará una denuncia civil por daño moral en contra de Meade, pues, insistió, con las declaraciones en el debate “puso en riesgo la vida de mi familia y mi persona”.
Por su parte el abogado Sandino Rivera indicó que Meade “demuestra desprecio total y falta de respeto al Poder Judicial y a la Procuraduría de Guerrero, pues ambas instancias dictaron la inocencia de Nestora”.
La candidata de Morena reclamó al candidato del PRI por sus afirmaciones y le preguntó si él ha visitado “a los pueblos originarios que viven en la pobreza y que no pueden comer tres veces al día. Habla de los migrantes, pero qué sabe de dejar a sus familias, qué sabe lo que es dejar a los niños en casa. Ese señor no tiene idea, porque tiene dinero, porque todos lo protegen”.
Agregó que José Antonio Meade no sabe qué es luchar contra el crimen organizado como, dijo, lo hizo ella en Guerrero cuando era comandanta en la Policía Comunitaria. “Quiero preguntarle a este señor si él sabe del dolor de las madres de desaparecidos, del secuestro de un hijo. Yo sí sé de ese dolor. Sé lo que es que te secuestren un hijo y que te llamen para informarte que lo van a asesinar”.
Nestora también aprovechó la ocasión para informar que en su regreso a Guerrero, la semana pasada, fue recibida en un ambiente “de fiesta”, pues en su pueblo, Olinalá, las personas están convencidas de su inocencia.
Tras sus declaraciones del domingo, Meade dijo el lunes que éstas están fundadas en el “hecho de que la activista y defensora de derechos humanos estuvo involucrada en el delito de secuestro”, y, según él, “se encuentra actualmente en libertad por deficiencias en el proceso en su contra”.
Ese mismo día, Salgado le recordó al candidato que “la difamación es un delito” y lo retó públicamente a comprobar sus afirmaciones.
Mientras tanto, la iniciativa de periodismo colaborativo Verificado 2018 indicó este martes que Meade mintió al señalar a Nestora de secuestradora. De acuerdo con los datos recabados de la plataforma, la ex comandanta de la Policía Comunitaria fue liberada en 2016, luego de que los tres jueces que llevaban su caso concluyeron que era inocente y emitieron sentencias absolutorias.
Irrumpe Díaz Navarro en la conferencia
Por otra parte, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro, irrumpió en la conferencia, y acusó a las policías comunitarias de Guerrero de estar vinculadas a la delincuencia organizada.
Díaz Navarro ha denunciado la desaparición de decenas de personas en manos de un grupo denominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, y que está vinculado al grupo de la delincuencia organizada cártel de Los Ardillos.
En la conferencia de prensa, cuando la ex comandata de la Policía Comunitaria de Olinalá exigía la renuncia y una disculpa pública de José Antonio Meade, tras acusarla de secuestradora, Díaz Navarro acusó que ese frente comunitario está vinculado al crimen organizado y que policías asesinaron a algunos de sus familiares.
Durante algunos segundos, la atención se centró en Díaz Navarro y la conferencia perdió el objetivo: exigir una disculpa a Meade.
Díaz afirmó que las policías comunitarias de Guerrero forman parte de la delincuencia organizada y, por otro lado, Salgado indicó que esos familiares también estaban involucrados con el crimen.
Con voz alta, Díaz dijo que cinco personas, entre ellas sus hermanos y trabajadores de empresas de construcción “fueron secuestrados, torturados, asesinados y desmembrados por presuntos miembros de las policías comunitarias”.
El hombre dijo que la acusación no iba dirigida directamente a Nestora Salgado, sino “a las policías comunitarias en general, que están ligadas al crimen organizado en el territorio guerrerense y al PRD”.
Como Díaz Navarro no mostró identificación ni es conocido entre los asistentes a la conferencia en la Cdmx, su presencia generó molestia y algunos preguntaban: “¿quién te mandó?, ¿de qué partido eres?”, pues la persona expresó su rechazo a la “amnistía” que ha ofrecido el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Díaz negó formar parte de algún partido político y volvió a declararse “víctima” de las policías comunitarias. Mostró fotocopias de expedientes y denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el asesinato de sus familiares y conocidos.
“Las policías comunitarias fundadas por Salgado están siendo operadas por el grupo delictivo de Los Ardillos, encabezado por los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, hijos de Celso Ortega Rosas, La Ardilla”, afirmó.
Ante la situación, Nestora Salgado y sus acompañantes anunciaron que se retirarían del lugar, pero antes aclaró que la policía comunitaria de Chilapa, también en La Montaña, se ha asociado con la delincuencia organizada y en particular con Los Ardillos, pero “son personas que se hacen pasar por policías comunitarios, ya que no forman parte de la CRAC”, recalcó.
Se le preguntó a Nestora Salgado por qué razón no denunciará a Meade por la vía penal y la activista respondió que lo único que busca es una disculpa pública.
Insiste Meade contra Nestora; es imperdonable que
la apoye, le dice a López Obrador
El candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal) a la presidencia de la República, José Antonio Meade afirmó que le parece imperdonable que Andrés Manuel López Obrador apoye a la ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Nestora Salgado, que sobre su conciencia recaerá llevar a una persona “con esos antecedentes” al Senado.
En un pronunciamiento enviado ayer después de las 9 de las noche titulado Yo estoy del lado de las víctimas, López Obrador de los criminales, el candidato del PRI indicó que el texto que leyó el domingo en el segundo debate presidencial deriva de información pública con relación a la acusación a Nestora Salgado, respecto de los delitos de secuestro, extorsión y robo.
Mencionó que en México muchos han sido víctimas “exigimos a las autoridades correspondientes se haga justicia, me parece imperdonable que Andrés Manuel López Obrador se ponga del lado de los criminales, al pretender realizar un gran acuerdo con la delincuencia al que llama amnistía y otorgarle una senaduría plurinominal en Morena a Nestora Salgado, una persona que fue acusada de delitos graves y que, por fallas de debido proceso, quedó absuelta hasta en tanto los tribunales de apelación resuelvan de manera definitiva”. (Redacción).
El presidente de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Nestora Salgado y el moderador de la conferencia Neftalí Granados Foto: Cuartoscuro
Después de que en el pasado segundo debate presidencial José Antonio Meade acusó a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García de secuestro, la hoy candidata de Morena a senadora anunció que demandará por daño moral y exigirá una disculpa pública al candidato de la coalición Todos por México, pues, señaló, afectó su imagen al acusarla de ese delito y puso en riesgo la seguridad de su familia.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la que estuvo presente el presidente de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Nestora Salgado pidió la renuncia de Meade como candidato de la colación formada por PRI, PVEM y Panal, y dijo que después de sus declaraciones en el segundo debate presidencial la casa de su hija en Guerrero fue atacada a tiros. “Este señor pone en riesgo la vida de toda mi familia”, indicó.
La candidata aseguró que jamás se comprobó que ella hubiese pedido dinero a cambio de liberar a 50 personas, como dijo Meade.
El pasado domingo, durante el segundo debate entre candidatos a la Presidencia, José Antonio Meade acusó a Morena de postular a una “secuestradora” como candidata al Senado, refiriéndose a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, en Guerrero. Nestora fue detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de secuestro y delincuencia organizada, y quedó en libertad en marzo del 2016 porque los jueces determinaron que no cometió delitos.
Acompañada de su abogada Susana Mercado, Nestora anunció también que el próximo jueves presentará una denuncia civil por daño moral en contra de Meade, pues, insistió, con las declaraciones en el debate “puso en riesgo la vida de mi familia y mi persona”.
Por su parte el abogado Sandino Rivera indicó que Meade “demuestra desprecio total y falta de respeto al Poder Judicial y a la Procuraduría de Guerrero, pues ambas instancias dictaron la inocencia de Nestora”.
La candidata de Morena reclamó al candidato del PRI por sus afirmaciones y le preguntó si él ha visitado “a los pueblos originarios que viven en la pobreza y que no pueden comer tres veces al día. Habla de los migrantes, pero qué sabe de dejar a sus familias, qué sabe lo que es dejar a los niños en casa. Ese señor no tiene idea, porque tiene dinero, porque todos lo protegen”.
Agregó que José Antonio Meade no sabe qué es luchar contra el crimen organizado como, dijo, lo hizo ella en Guerrero cuando era comandanta en la Policía Comunitaria. “Quiero preguntarle a este señor si él sabe del dolor de las madres de desaparecidos, del secuestro de un hijo. Yo sí sé de ese dolor. Sé lo que es que te secuestren un hijo y que te llamen para informarte que lo van a asesinar”.
Nestora también aprovechó la ocasión para informar que en su regreso a Guerrero, la semana pasada, fue recibida en un ambiente “de fiesta”, pues en su pueblo, Olinalá, las personas están convencidas de su inocencia.
Tras sus declaraciones del domingo, Meade dijo el lunes que éstas están fundadas en el “hecho de que la activista y defensora de derechos humanos estuvo involucrada en el delito de secuestro”, y, según él, “se encuentra actualmente en libertad por deficiencias en el proceso en su contra”.
Ese mismo día, Salgado le recordó al candidato que “la difamación es un delito” y lo retó públicamente a comprobar sus afirmaciones.
Mientras tanto, la iniciativa de periodismo colaborativo Verificado 2018 indicó este martes que Meade mintió al señalar a Nestora de secuestradora. De acuerdo con los datos recabados de la plataforma, la ex comandanta de la Policía Comunitaria fue liberada en 2016, luego de que los tres jueces que llevaban su caso concluyeron que era inocente y emitieron sentencias absolutorias.
Irrumpe Díaz Navarro en la conferencia
Por otra parte, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro, irrumpió en la conferencia, y acusó a las policías comunitarias de Guerrero de estar vinculadas a la delincuencia organizada.
Díaz Navarro ha denunciado la desaparición de decenas de personas en manos de un grupo denominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, y que está vinculado al grupo de la delincuencia organizada cártel de Los Ardillos.
En la conferencia de prensa, cuando la ex comandata de la Policía Comunitaria de Olinalá exigía la renuncia y una disculpa pública de José Antonio Meade, tras acusarla de secuestradora, Díaz Navarro acusó que ese frente comunitario está vinculado al crimen organizado y que policías asesinaron a algunos de sus familiares.
Durante algunos segundos, la atención se centró en Díaz Navarro y la conferencia perdió el objetivo: exigir una disculpa a Meade.
Díaz afirmó que las policías comunitarias de Guerrero forman parte de la delincuencia organizada y, por otro lado, Salgado indicó que esos familiares también estaban involucrados con el crimen.
Con voz alta, Díaz dijo que cinco personas, entre ellas sus hermanos y trabajadores de empresas de construcción “fueron secuestrados, torturados, asesinados y desmembrados por presuntos miembros de las policías comunitarias”.
El hombre dijo que la acusación no iba dirigida directamente a Nestora Salgado, sino “a las policías comunitarias en general, que están ligadas al crimen organizado en el territorio guerrerense y al PRD”.
Como Díaz Navarro no mostró identificación ni es conocido entre los asistentes a la conferencia en la Cdmx, su presencia generó molestia y algunos preguntaban: “¿quién te mandó?, ¿de qué partido eres?”, pues la persona expresó su rechazo a la “amnistía” que ha ofrecido el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Díaz negó formar parte de algún partido político y volvió a declararse “víctima” de las policías comunitarias. Mostró fotocopias de expedientes y denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el asesinato de sus familiares y conocidos.
“Las policías comunitarias fundadas por Salgado están siendo operadas por el grupo delictivo de Los Ardillos, encabezado por los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, hijos de Celso Ortega Rosas, La Ardilla”, afirmó.
Ante la situación, Nestora Salgado y sus acompañantes anunciaron que se retirarían del lugar, pero antes aclaró que la policía comunitaria de Chilapa, también en La Montaña, se ha asociado con la delincuencia organizada y en particular con Los Ardillos, pero “son personas que se hacen pasar por policías comunitarios, ya que no forman parte de la CRAC”, recalcó.
Se le preguntó a Nestora Salgado por qué razón no denunciará a Meade por la vía penal y la activista respondió que lo único que busca es una disculpa pública.
El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa, hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).
A un año de haber salido de la cárcel, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado, quien radica en Estados Unidos, señaló que la criminalización en su contra persiste y que no cuenta con garantías para regresar a México.
La comandanta fue aprehendida el 21 de agosto de 2013 y fue acusada de secuestro y homicidio. Por la noche del 17 de marzo de 2016 le notificaron el auto de libertad que determinó que no existen elementos suficientes para inculparla, y al siguiente día salió libre.
A un año de permanecer en libertad y radicando en el país del norte, mandó un comunicado desde Phoenix, Arizona, donde expresó que la siguen criminalizando, persiguiendo y no tiene garantías de seguridad para regresar a México.
Resaltó que antes de salir de prisión se enteró de que las órdenes de libertad otorgadas a su favor habían sido apeladas por las supuestas víctimas, pero que ha pasado un año y ninguno de los acusantes se ha presentado a ratificar su denuncia, lo que impide que su caso se cierre definitivamente, y por lo tanto abona a que persista la criminalización en su contra.
“A pesar de ello, un día después de salir me reuní con organizaciones sociales para agradecer de manera personal todo el esfuerzo que hicieron para lograr mi liberación y les informé que mi lucha no cesaría, que lucharía para exigir la liberación de los presos políticos en México y por la defensa de los derechos humanos, hoy mi compromiso sigue vigente”, señaló la comandanta.
Abundó que su trabajo y liberación fueron forjados por el pueblo. Además que cada una de las acciones para exigir su libertad en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo hizo posible derribar los muros que le permiten estar ahora con su familia y continuar su lucha.
Sostuvo que los 940 días que estuvo presa “de manera ilegal y arbitraria”, como lo declaró el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, y lejos de la Policía Comunitaria, su familia y la afectación a su salud no serán en vano, que seguirá luchando por su libertad absoluta y para que pueda continuar su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas desde Olinalá.
“Después de toda la fabricación de delitos en mi contra, como asesinato y secuestro, y de la tortura que sufrí desde el primer día en que fui detenida, el 18 de marzo es y será uno de los mejores días de mi vida”, recalcó.
Finalmente señaló que junto con el Movimiento Continental por los Derechos Indígenas y el Comité de Defensa del Barrio Tonatierra Movimiento Macehualli en Phoenix, Arizona, exigirán el cese a la criminalización en su contra, también el alto a las deportaciones de la policía de Estados Unidos y a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en este país.
“Hoy más que nunca (se necesita) la unión entre nuestros pueblos y la exigencia del respeto a nuestras formas de organización comunitaria desde cualquier parte del mundo”, manifestó.
En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hicieron una campaña de información en carreteras y caminos principales de la Montaña, Costa Chica y la región Centro para pedir que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Originarios del estado no se pueda modificar ni derogar y exigir la libertad de los presos políticos de organización.
La CRAC indicó que ayer se movilizaron 12 grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán, siete de Tixtla, cinco de Tecoanapa, uno de Espino Blanco, cinco de Chilixtlahuaca, cinco de Dos Ríos, dos de Tlacoachistlahuaca y 12 de San Luis Acatlán.
Por medio de folletos, los comunitarios demandaron que el Congreso local modifique el artículo 1 de la Ley 701, para que sea reglamentaria de los artículos que van del 8 al 14 de la nueva Constitución del estado, y que en caso de que se modifique, tendría que hacerse previa consulta de los pueblos afectados.
Además exigieron la libertad inmediata de los detenidos en penales de Ayutla y Chilpancingo por asumir la defensa de sus comunidades bajo el sistema comunitario, como Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, y la cancelación de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas por el gobierno federal a empresas transnacionales sin el consentimiento de los pueblos afectados.
En la Montaña se hizo una caravana de 10 vehículos y más de 70 policías comunitarios salieron a las 10 de la mañana de Huamuxtitlán a Xochihuehuetlán y se regresó sobre la carretera de Puebla a Tlapa pasando por las comunidades donde tienen presencia como Santa Cruz, Alpoyeca, Tlapa, Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac, Pochutla del municipio de Ahuacuotzingo y la cabecera municipal y se culminó en Olinalá.
La caravana, informó el comité de enlace incorporado a la Casa Matriz de San Luis Acatlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue para recordar que la Ley 701 reconoce la existencia del Sistema de Justicia Comunitario como un sistema establecido formalmente por los pueblos para impartir justicia y brindar seguridad.
Dijo que es para recordar que el Sistema Comunitario debe ser respetado por las autoridades estatales y federales y que éstas coadyuven a que sea reconocido como ya se establece en la ley al ser parte del sistema normativo de los pueblos originarios.
Recordó que la Ley 701 entró en vigor en abril de 2011 pero con la reforma hecha a la Constitución de Guerrero en junio de 2014, la ley reglamentaria quedó desfasada por lo que piden se ajuste a las nuevas disposiciones.
Pidió a los diputados locales que hagan su trabajo y por plazos ésta no pueda adecuarse y termine desapareciendo o la deroguen porque no conviene a los intereses del gobierno.
Mencionó que cualquier adecuación, cambio o modificación debe ser consultado a los pueblos indígenas y las organizaciones que pudieran ser afectados.
En el recorrido por carretera los policías entregaban folletos a la gente que estaba al paso.
Hicieron un alto en Tlatlauquitepec para tomar agua y seguir el camino a Ahuacuotzingo donde llamarían a la población a incorporarse al Sistema de Justicia Comunitario ante el aumento de la delincuencia en la zona.
El cierre sería en Olinalá, de donde es la comandanta Nestora Salgado, quien tras dos años de prisión ahora se encuentra en los Estados Unidos haciendo activismo en favor de los presos políticos.
Celebrarán el 21 aniversario de la CRAC en Horcasitas, San Luis Acatlán
Sobre Nestora Salgado, vía telefónica el abogado de la CRAC, Valentín Hernández Chapa informó que la Casa Matriz de San Luis Acatlán mantiene comunicación con la ex presa política sobre sus actividades en el extranjero, “por su seguridad se ha determinado que apoye las tareas de gestión y difusión por ahora, donde quiere que esté”.
Adelantó que se está afinando una propuesta para que en el 21 aniversario de la organización comunitaria, el 15 y 16 de octubre, Nestora Salgado se incorpore formalmente a una comisión de gestión, por acuerdo de los coordinadores y consejeros regionales.
Añadió que la primera propuesta es que la comunidad de Horcasitas de San Luis Acatlán sea la sede de los festejos del siguiente aniversario de la CRAC.
De las acciones en Tixtla, el representante de la Policía Comunitaria de El Troncón, en Tixtla, Pedro Santos Bartolo informó que de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde se colocó un retén informativo en el internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en la carretera que va a Chilapa. Indicó que hicieron algunas revisiones de vehículos, práctica cotidiana en el territorio comunitario, y se llevó a cabo sin incidentes, salvo el paso de una camioneta de militares que pasaron sin detenerse en este tramo carretero rumbo a Chilapa.
Indicó que participaron en la acción los grupos de la Policía Comunitaria de la colonia El Amate, El Zapote, Niños Héroes, las comunidades, La Estacada, El Troncón, Acatempan y El Durazno.
La ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García reconoció que no ocupa ningún cargo dentro de esta organización de seguridad y justicia, pero sigue colaborando con la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán desde el extranjero.
En consulta telefónica desde Washington, Estados Unidos, la comandanta que dirigió en 2013 un movimiento de seguridad en Olinalá aseguró que sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos, el abandono en que viven los pueblos y que está tratando de abrir espacios para apoyar a los campesinos y artesanos de La Montaña.
Adelantó que en diálogos con la comunidad latina han hablado de vender artesanías de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos, Canadá y España, incluso de ayudar a reconstruir escuelas, “hay mucho que hacer aparte de denunciar todos los crímenes en el estado, estamos buscando la manera de incitar, invitar a la gente para que nos apoye”.
Anunció que traerán al país a algunos técnicos que capaciten a los campesinos para producir su propio gas, sus sistemas de riego, de purificación de agua, “estamos pidiendo que donen un tiempecito, hay mucha gente con muchos conocimientos que puede ayudar invitando a que regresen, que ayuden a las comunidades, que los cambios puedan empezar de abajo”.
Dijo que esta labor es en colaboración con la Policía Comunitaria de Olinalá y con la CRAC. Informó que el mes pasado en Estados Unidos la acompañó la consejera de la CRAC, Felícitas Martínez Solano y posiblemente se incorpore al siguiente viaje previsto para octubre en EU, Canadá y Europa.
El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.
