El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD acusó al PRI de lucrar políticamente con los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en los que fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa; y advirtió que “como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda”.
Esta postura fue respaldada por la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Mojica Morga, quien denunció que el gobierno federal no tiene interés de esclarecer los hechos y aseguró que el caso no será resuelto en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, el CEE del PRD, que preside Celestino Cesáreo Guzmán, fijó postura respecto a los dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hechos que, aseguró, marcaron un antes y un después en la historia de Guerrero.
“Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática nos manifestamos por que se haga valer el derecho la justicia y la verdad de familiares, compañeros y la sociedad de los estudiantes normalistas desaparecidos, y de quienes perdieron la vida durante la agresión”, se lee en la misiva.
El partido manifestó que ante la dilación en las investigaciones, la exigencia de justicia es vigente, y criticó que no haya avances a pesar de la presión nacional e internacional y del propio movimiento de los padres de los normalistas.
“Lejos de resolverse las dudas sobre estos hechos, la verdad histórica planteada por el gobierno federal no resistió el análisis de los organismos internacionales que acompañan al movimiento social que exige justicia; y han surgido nuevas líneas de investigación que no han sido agotadas”, criticó el PRD.
En la misiva, el PRD asegura que en 2014 y 2015 el PRI lucró políticamente con los hechos de Iguala, a pesar de que se dio a conocer la versión de que también participaron policías municipales de Huitzuco, que era gobernado por el PRI, partido que volvió a repetir en el pasado proceso electoral; y criticó que ese tema se siga utilizando para atacar al PRD.
“Se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda. Es inaceptable que a dos años de la tragedia, se le utilice nuevamente para atacar al Partido de la Revolución Democrática”.
El partido, manifestó que no protege delincuentes y que tampoco le apuesta a la impunidad, “podemos ver de frente a la sociedad y rechazamos la manipulación de la investigación; demandamos que se investigue a quienes son señalados de torcer las investigaciones”.
El CEE del PRD indicó que Iguala no es “una isla de la violencia y descomposición institucional”, sino un espejo de lo que ocurre en Guerrero y muchas regiones del país.
Reiteró que sin justicia en el caso no habrá paz, y advirtió el riesgo del resurgimiento de mensajes de odio que “envenenen la exigencia de justicia”.
La dirigencia del sol azteca rechazó “el discurso violento” que, aseguró, se impulsa desde grupos priistas para atacar a quienes exigen resultados en el combate a la inseguridad en Guerrero.
Finalmente, expresó su solidaridad y acompañamiento con el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, “compartimos el dolor y la indignación de millones de personas que en Guerrero, el país y el mundo, vigilan que estos acontecimientos no queden impunes”.
Ayer al término de la reunión del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que la dirigencia perredista concluyó que prevalecen dudas de lo que realmente pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 y por eso “es válida la exigencia de que se presenten con vida los jóvenes porque no hay certeza de lo que pasó con ellos”.
Respecto a la responsabilidad del PRD en esos hechos –ya que quien gobernaba Iguala cuando fueron desaparecidos los normalistas era José Luis Abarca Velázquez, del PRD–, Cesáreo Guzmán dijo que el partido en su momento fijó una postura y asumió su responsabilidad.
“El señor que gobernaba ese municipio está preso, el que era gobernador (Ángel Aguirre Rivero) pidió licencia en su momento, esa responsabilidad política la asumimos en toda la extensión de la palabra, pero el tiempo le ha dado la razón a los padres, está claro que el caso Iguala es algo maquinado más allá de un gobierno municipal o estatal. Está claro que el tiempo nos ha dicho que fue el Estado”, dijo.
Por separado Mojica también emitió un comunicado para opinar respecto a los hechos de Iguala, postura que fue publicada en la página del CEN del PRD.
La ex candidata a gobernadora aseguró que las dudas que envuelven la desaparición de los estudiantes no serán resueltas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues consideró que no hay la voluntad de la federación.
“Refirió que por intervención de la visoría externa se derribó el mito de la “verdad histórica” que plantearon (el ex procurador de la república) Jesús Murillo Karam y (el ex director de la Agencia de Investigación Criminal) Tomás Zerón de Lucio, y el segundo fue premiado con un cargo cercano al staff del Presidente”, en referencia a que fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Advirtió que Iguala encarna “la descomposición” que se vive en muchas regiones del país, y que atribuyó a “la fallida estrategia” de combate a los delitos del orden federal.
Mojica Morga señaló que el Estado Mexicano tuvo conocimiento desde el momento en que los estudiantes ingresaron a Iguala, cuando fueron agredidos a balazos, detenidos y posteriormente desaparecidos, y no hizo nada por garantizar su integridad, ni por realizar una investigación confiable.
Coincidió con el CEE en el sentido de que se lucró políticamente con esos hechos, “se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, se omitió a los policías de Cocula y Huitzuco gobernados por el PRI y a dos años de esos hechos, pretenden reeditar el linchamiento que impulsaron en 2014”.
Dijo que los perredistas asumieron en su oportunidad el costo de postular “un gobierno fallido en Iguala”, en referencia al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, preso por sus vínculos con la delincuencia organizada, pero dijo que se ha demostrado que el PRD no protege delincuentes, “como sí ocurre en el PRI”.
Beatriz Mojica dijo que si el expediente se mantiene abierto, es por la presión de la comunidad internacional, “la indignación persiste, el reclamo de justicia continúa y pese a ello la actuación de la PGR es muy lenta y no apunta a sancionar a quienes presuntamente desviaron la investigación”.
Finalmente se pronunció porque se haga valer el derecho a la verdad de los padres de los estudiantes, de sus compañeros, y de la comunidad nacional e internacional.
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No dejará de buscar justicia en el caso Chavarría; “era un gran amigo mío”, dice Héctor Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores convocó “a todas las personas que estén opinando y que sepan algo” sobre el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a aportar para así “mejorar” la investigación y contar con mayor información.
En declaraciones a reporteros antes de la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2016-17 y que se desarrolló en la primaria Luis Donaldo Colosio, en el Acapulco Diamante, añadió que su gobierno no dejará de hacer lo que le corresponda para resolver el caso.
“Del caso Chavarría debe seguirse recibiendo toda la información que sea posible recibir, y la Fiscalía desde mi punto de vista, debe de hacer todo lo que le corresponda, para mejorar esa integración de la investigación y todo lo que necesite, y todas las personas que estén opinando, que sepan algo, y que puedan aportar, debe ser bienvenida su aportación, o sea, no debe de dejar de buscarse hacer justicia en el caso de Armando Chavarría, que por cierto era un gran amigo mío”, dijo.
Al preguntarle si representa un reto para la actual administración resolver el caso, el gobernador respondió que lo será para la Fiscalía, y consideró que también ha representado un reto para las fiscalías pasadas. Añadió que “ésta no tiene que dejar de hacer lo que le corresponda”.
A pregunta de reporteros sobre el repunte de la violencia, el gobernador admitió que sigue siendo un problema en Guerrero, no obstante que no es privativo de esta entidad, sino que lo consideró como “una tendencia” en todo el país.
Adelantó que se reuniría por la tarde con empresarios en Ixtapa-Zihuatanejo y que sesionaría el Grupo de Coordinación Guerrero.
En relación a la reunión que sostuvo el domingo pasado con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, mencionó que en ella se habló de la vigilancia para las escuelas por el inicio del ciclo escolar.
El gobernador dijo que con las lluvias del fin de semana pasado en la región Centro y Montaña hubo afectaciones en 20 familias, unas 100 personas, así como en Iguala y Zihuatanejo, aunque no precisó más.
“Donde hubo más problemas recientemente fue en la zona de Huitzuco, fue en Iguala, y ayer en Chilpancingo, y también ayer en Chilapa, fueron las dos zonas, ayer, insisto, les decía, hubo solamente en Chilpancingo, tres tormentas, entonces hay que estar muy atentos porque se está como acrecentando la cantidad de lluvia que cae, especialmente en algunas regiones”.
Se le preguntó su opinión sobre el préstamo de 158 millones de pesos que solicitó el alcalde Evodio Velázquez al Cabildo de Acapulco, y opinó que quienes se encuentran en funciones públicas, “fundamentalmente en grupos que son deliberativos”, requerirán de autorizaciones de sus plenarias y pidió “ser muy puntuales en lo que dice la Constitución General de la República y la Constitución del estado”.
Critica el Ayuntamiento que la Fiscalía no haya actuado antes del asesinato de policías
El secretario general del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Meza Loeza, declaró que le llama la atención que la Fiscalía General del Estado (FGE) señale que existen evidencias de la participación de los tres policías viales asesinados con grupos de delincuencia, y “no se haya hecho nada con antelación”.
Lo anterior, en respuesta a lo dicho por el fiscal Xavier Olea Peláez, quien en conferencia de prensa en la capital del estado declaró que los agentes asesinados, Víctor José Herrera Enriques, Nery Hernández Reséndiz y Julio Eduardo García Nava, realizaban actividades de “halconeo” para grupos del crimen organizado, que su muerte está relacionada con el reacomodo de los grupos delincuenciales que operan en el municipio.
En tanto, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre, en declaraciones después que terminó la sesión de Cabildo, respecto al tema dijo: “No tengo interés en entrar en confrontación con el fiscal, pero sí aclarar puntualmente lo que este gobierno está haciendo y, sobre todo, determinación al respecto en materia de seguridad pública”.
Abundó que el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Max Sedano Romano, darían un posicionamiento respecto del comunicado que leyó el fiscal Olea Peláez, donde hacía el señalamiento de que los tres policías viales asesinados trabajaban para grupos de la delincuencia organizada.
“No voy a entrar en provocación alguna, que quede bien claro”, reiteró el alcalde Velázquez Aguirre e insistió en que “si hubiese algún tema de esa naturaleza no entraré en confrontación, ni tampoco en confusión de ninguna manera”.
Velázquez Aguirre adelantó que este jueves habrá una reunión de seguridad en la Novena Región Militar, con el Grupo de Coordinación Guerrero, “y vamos a tomar determinaciones y el gobierno municipal, en voz del presidente, llevará la voz de redoblar esfuerzos y fortalecer estrategias más vigorosas y sobre todo coordinadas”.
Después, en la sala de Cabildo, salió Meza Loeza, sin el secretario de Seguridad Pública ya que justificó que atendía temas de su área, y leyó el posicionamiento del municipio y dijo: “Llama la atención que después de los homicidios referidos, se señale la existencia de evidencias de la participación de los elementos asesinados con grupos delictivos, y no se haya hecho nada con antelación por parte de la dependencia de esta situación”.
“Con esto queremos decir que no basta con hacer un señalamiento una vez que sucede el caso, sino que si se tiene conocimiento de un hecho delictivo, se tiene que actuar en consecuencia y actuar en el momento, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en materia de prevención, pero no es la tarea de investigación, sin embargo, que esto se pudiera dar con antelación para tomar las medidas pertinentes”.
Meza Loeza reiteró que el gobierno municipal ha dicho que si existen “responsabilidades por la comisión de una conducta delictiva de cualquier integrante o funcionario de la presente administración, se aplique todo el peso de la ley, tal y cual lo ha venido reiterando el presidente municipal”.
El funcionario municipal dijo que “la primera autoridad del municipio en su momento declaró, con toda responsabilidad y con pleno conocimiento de las atribuciones de cada instancia, que la encargada de señalar las causas y culpables de los crímenes cometidos, es como lo ratifica el propio fiscal, la dependencia que él mismo encabeza”.
Meza Loeza reconoce que al gobierno municipal le corresponden las tareas de prevención en materia de seguridad pública, “acción que en ningún momento hemos evadido, sino por el contrario, trabajamos desde el combate del origen social de la conducta delictiva hasta la coordinación con los otros niveles de gobierno, en la estrategia de combate al crimen planteado en el Grupo de Coordinación Guerrero”.
En ese “espíritu” de colaboración, que hay entre cada instancia de seguridad, aseguró que no sólo prosigue el proceso de evaluación y certificación de cada policía, sino también “hemos señalado y lo reiteramos que ante la existencia de responsabilidades por la comisión de una conducta delictiva de cualquier integrante o funcionario de la presente administración, se aplique todo el peso de la ley, tal y cual lo ha venido reiterando el presidente municipal”.
Meza Loeza precisó que después del ataque de dos policías viales, ocurrido el pasado viernes en avenida Constituyentes, los policías se “están agrupando, están trabajando los viales de manera conjunta con la policía urbana, elementos que están certificados, que están armados porque deben defenderse ante esta situación, detalles que no puedo comentar por la propia seguridad de ese dispositivo, pero es lo que se está haciendo”.
No quiere que suceda lo de Oaxaca y no usará la fuerza pública contra los maestros, dice Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no se aplican las órdenes de aprehensión contra los maestros de la CETEG porque no quiere que en Guerrero ocurra lo mismo que en Oaxaca.
Dijo que en la entidad “todavía hay heridas fuertes” de lo que sucedió en Iguala en septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Astudillo Flores celebró que se haya dado la primera reunión entre los maestros y el gobierno federal, y confió en que se encuentren rutas para “destensar” el conflicto magisterial.
El gobernador también habló de la marcha de los trabajadores del sector Salud y dijo que no se propone una privatización de los servicios.
Asimismo, confió en que la Secretaría de Seguridad Pública dé resultados pronto en el caso de las 10 personas levantadas en Ajuchitlán.
El gobernador ofreció una conferencia de prensa la tarde de ayer en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), en Acapulco, en la que habló de tres temas y respondió a preguntas de reporteros.
Fijó su postura en el caso de la primera reunión entre la Secretaría de Gobernación y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la movilización de los trabajadores del sector Salud y el Acabús, que entra en operaciones mañana.
“Celebro mucho” que se haya dado la primera reunión entre los maestros de la CNTE y el gobierno federal, y que el próximo lunes haya otra reunión, dijo el gobernador, y añadió que “deseo que se encuentren rutas en estos encuentros, rutas que permitan destensar el problema”.
“Deseo que este problema amaine, que este problema encuentre salidas de solución sin transgredir la ley”, insistió.
El gobernador dijo que es de sentido común prever cuál sería el resultado de confrontar una manifestación y por eso ha decidido no proceder con la fuerza pública contra los maestros.
Llamó a los maestros de la CETEG “a mantener la cordura, la prudencia y no afectar derechos de terceros en términos de la propia Constitución, recordemos especialmente los maestros manifestantes, que Guerrero y especialmente Acapulco vive del turismo, del comercio”.
“Ojalá que todos los maestros que están en manifestación, con todo respeto escuchen el llamado del gobernador”, dijo.
Al gobernador se le preguntó por las órdenes de aprehensión que hay contra los maestros, de acuerdo con la información que dio el fiscal Xavier Olea Peláez el pasado lunes.
El gobernador dijo primero que por respeto a la Fiscalía General del Estado no opinaría del tema, “no me quiero meter en temas que son de la Fiscalía”, argumentó.
“No es el gobernador quien anda promoviendo órdenes de aprehensión, por favor que así salga”, dijo.
Luego otro reportero insistió en el tema y preguntó por qué se aplica la ley con criterios políticos, y en respuesta el gobernador dijo que preferiría no hablar del tema pero que su responsabilidad como gobernador le obliga a fijar una postura al respecto, y añadió que él “es el primer interesado en que no se tensen las cosas”.
“Yo no quiero que Guerrero viva lo que ha vivido Oaxaca, me interesa mucho que ustedes registren lo que estoy diciendo, el gobernador no quiere que Guerrero viva lo que está viviendo Oaxaca, Guerrero todavía tiene fuertes heridas visibles del tema Iguala-Ayotzinapa, y nosotros no queremos que la confrontación en las calles o en las carreteras sea lo que le vuelva a dar imagen nacional a Guerrero”, explicó.
Agregó que mantendrá una actitud prudente y llamará a la armonía, “porque en este momento” no ayuda andar persiguiendo a nadie y no será él quien inicie la persecución o detenciones en cadena, que lo único que van a provocar es mayor tensión, “por eso el gobernador prudentemente insiste en hacer el llamado en que los maestros tengan claro que no es la confrontación en la calle lo que le va a dar salida a este problema que se vive por las protestas”.
Confusión sobre la universalización de la salud
De las marchas y protestas de ayer de los trabajadores del sector Salud, el gobernador dijo que la información que conoce es que hubo movilizaciones del sector Salud en todo el estado, en las que participaron unas “400 personas que trabajan en Salud”.
Este miércoles cientos de maestros y ciudadanos acompañaron a trabajadores del sector Salud a manifestarse contra la reforma en ese sector en las calles de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco; en Chilpancingo paró labores el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
El gobernador dijo que “hay alguna confusión de los temas en relación a lo que le llaman la universalización de la salud, que se requiere informar más a los trabajadores de estas dependencias, en qué consiste, la universalización consiste en que dentro del sistema de salud nacional se puedan prestar los servicios sin llegar a la atención privada”.
“Pongo un ejemplo, si no sirve un aparato en el Seguro Social y si lo tiene el ISSSTE, el ISSSTE le da las facilidades al elemento que tenga incorporación al Seguro Social, estando en el Seguro Social o viceversa, eso es en sí en parte importante la universalización de los servicios médicos en el país”, agregó.
Indicó que la protesta de los trabajadores de la Secretaría de Salud tiene su origen en Guadalajara, Jalisco, donde despidieron a un “importante” número de trabajadores, 16 en total.
Héctor Astudillo dijo que las manifestaciones del sector Salud no afectaron los trabajos del sistema de salud en el estado y no hubo paro de labores en ningún hospital ni en ningún centro de Salud de la entidad.
El ruido de las ejecuciones
Durante la conferencia al gobernador se le preguntó sobre los resultados correspondientes a mayo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, que reportó que en Guerrero han ocurrido 857 ejecuciones en los primeros cinco meses del año, de las cuales 165 ocurrieron en mayo y Guerrero se ubica en el segundo lugar nacional en cuanto al número de homicidios registrados por cada 100 mil habitantes; en respuesta Astudillo Flores sólo dijo que se queda con que Guerrero está en el segundo lugar.
Héctor Astudillo reiteró que se mantiene el promedio de 6 ejecuciones por día, pero hay días en que son menos y otros en los que son más los asesinatos y éstos “hacen más ruido” cuando ocurren en Acapulco que cuando suceden en otras partes del estado.
En el caso de los diez vecinos levantados entre los municipios de Ajuchitlán y San Miguel Totolapan, dos originarios de la comunidad de San Gabriel, tres de San Cristóbal y cinco de San Marcos, el gobernador dijo que la Policía del Estado y el Ejército realizan operaciones en la zona, “yo espero que en el transcurso de las próximas horas podamos tener resultado, estamos en el operativo”.
A la pregunta de un reportero el gobernador informó que el pasado martes sesionó el Grupo Coordinación Guerrero para analizar los problemas de inseguridad en Acapulco, Ajuchitlán, Chilpancingo y la sierra del estado.
En la reunión, agregó, también se habló de los C-4, los cuales dijo ya empiezan a dar resultados desde que el pasado 10 de mayo los militares tomaron su control, pero también “han encontrado una gran cantidad de deficiencias”, como falta de cables y otras “circunstancias” que se atienden.
Astudillo Flores indicó que “frecuentemente” hay cambios en las estrategias de seguridad en la entidad, pero no se informa de ellas porque sería “poco responsable”, y abundó que ante cada nueva circunstancia que se presenta en la entidad se cambian las estrategias.
Sobre la alerta de género, el gobernador insistió en que ese tema “lo veo y lo veré con cuidado, no estoy de ninguna manera cerrado a eso, pero no es un asunto nada sencillo, de tal manera que está en permanente análisis”.
No sabe de ninguna investigación contra Aguirre, dice Astudillo
La reunión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero con 10 de 14 diputados locales del PRD, en la Ciudad de México, “es un asunto del PRD, no tengo yo ningún comentario”, respondió a pregunta expresa el gobernador Héctor Astudillo.
–¿Es ético que un ex gobernador que con miembros de su gabinete fueron acusados de corrupción, reaparezca en la política? –se le insistió.
–Sin comentarios.
–¿Tiene algún proceso administrativo en curso en contra de Ángel Aguirre Rivero?
–No tengo conocimiento.
–¿No se le investiga nada?
–No tengo conocimiento, respecto a alguna investigación que se realice sobre él.
Luego en una segunda declaración a la prensa en Casa Guerrero sobre el ex gobernador, quien ha sido citado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados federal por el caso Ayotzinapa, Astudillo acotó que no va a meterse “en ningún problema con algún ex gobernador”, señaló que tiene demasiados problemas como para estar metiéndose o descalificando o calificando correctamente su trabajo, porque sería un error.
Aunque dijo que sería de su incumbencia si un ex gobernador entabla un acercamiento para platicar para hacer cosas buenas para Guerrero.
En Acapulco, en declaraciones a reporteros después de la presentación del proyecto de construcción de la nueva terminal del aeropuerto, se le preguntó de nuevo su opinión sobre la reunión de Aguirre Rivero con diputados. Dijo que “cada quien tiene derecho a reunirse con quien quiera, a la hora que quiera y como quiera… Soy muy respetuoso del derecho constitucional sagrado del derecho de reunión”, expresó.
En relación a las elecciones pasadas en otras entidades del país, sostuvo que se debe hacer una auténtica valoración. “A veces se ve como si el PRI hubiera quedado en un estado de desastre y no es así. El PRI también ganó y recuperó Oaxaca, como recuperó Sinaloa y como recuperó Guerrero”, dijo.
Consideró “muy importante que la lección de las elecciones, debe también entenderse que en el PRI lo que menos conviene es que la lección de la elección vaya en el sentido de ahora destruirnos dentro del PRI. Tiene que haber una lección inteligente, responsable y de miradas hacia delante. Ni es la última vez que se va a ganar, ni tampoco la última vez que se va a perder. Hay que verlo con mucha responsabilidad, con mucha honestidad”.
La Iglesia acepta la unión pero no el matrimonio de personas del mismo sexo, advierte el arzobispo
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dijo que se requiere estudiar y consultar todos los aspectos de la iniciativa entregada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso para la legalización del matrimonio civil igualitario.
Aunque precisó que no cree que la Iglesia lo acepte en algún momento.
En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) indica que es prioritario evitar toda discriminación, sin embargo “las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio”.
El arzobispo informó que sacerdotes de la diócesis reciben capacitación de la organización Médicos Sin Fronteras para atender a las víctimas de la violencia en el cuidado emocional y también en primeros auxilios psicológicos, así como para tratar la violencia sexual como una urgencia médica y un problema de salud pública.
En conferencia de prensa en el Seminario del Buen Pastor en el fraccionamiento Costa Azul, en relación a la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña, el arzobispo puntualizó que debe estudiarse y consultarse para tener la aprobación de los legisladores.
“Creo que será un tema que suscitará mucha reflexión e implica mucho estudio, ciertamente tiene que estudiarse con mucha seriedad y vislumbrarse los efectos y consecuencias que pueda tener aprobar una iniciativa como esta, no es algo en contra de que quieran unir personas del mismo sexo, es algo que tengamos que ver lo que significa el matrimonio desde el plan de dios y de la familia”, dijo el prelado católico.
Insistió en que se debe escuchar a todas las expresiones, y puntualizó que el matrimonio entre personas del mismo sexo “no creo que la iglesia en un momento dado pueda aceptarlo, acepta la unión pero no el matrimonio”.
Agregó que la unión entre personas del mismo sexo se convierte en una manera de cerrar a la sociedad, “todos conocemos las experiencias en donde la vida se ha coartado y cómo hoy son sociedades que hoy están en decadencia, que están extinguiéndose, en ese sentido es importante entenderlo así”.
Garfias Merlos leyó el comunicado de la CEM en relación con la iniciativa presentada por el presidente de la República el pasado 17 de mayo para la legalización del matrimonio civil igualitario.
En el comunicado, la iglesia reconoce como prioritario evitar “toda” discriminación, y que ante la iniciativa es necesario “estudiar a fondo todas las consecuencias que conllevan”, se debe escuchar a todas las voces con seriedad y espíritu de diálogo constructivo en pleno respeto a las instituciones.
“Reiteramos que toda persona, independiente de su orientación sexual, ha de ser respetada en su dignidad y tratada con compasión y delicadeza, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente forma de agresión y violencia”, mencionan los obispos en el comunicado.
Sin embargo, en lo que se refiere a las familias, puntualizan que reconocen que hay variedad de situaciones familiares que pueden “brindar cierta estabilidad”, sin embargo las uniones de hecho entre personas del mismo sexo no puede equipararse con el matrimonio.
“Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad”, afirma la Iglesia, y puntualiza que “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”.
Consultado en relación con la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, que el número de muertos durante el 2016 es similar al del 2012, que fue el año con más homicidios dolosos con un promedio de 6.3 diarios, el arzobispo dijo que es un dato estadístico que significa que se tienen que reforzar las acciones y buscar las formas de generar seguridad y rescatar la confianza “de nuestro pueblo”.
Reiteró su llamado a los que generan la violencia a dejar de hacerlo, e insistió en que los ciudadanos deben encontrar formas de cuidarse y protegerse entre ellos, “tenemos que ir encontrando las formas de realizar protocolos de seguridad que ayuden a que puedan ir surgiendo esta participación y colaboración ciudadana que pueda irse uniendo a las estrategias de las autoridades”.
El arzobispo informó en su comunicado de prensa que unos 90 sacerdotes de la diócesis que abarca Acapulco, la Costa Grande y Costa Chica asistieron a capacitarse por parte de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, para poder identificar las emociones de las víctimas ante diferentes situaciones de riesgo y poder darles un acompañamiento adecuado.
Los sacerdotes buscan dar acompañamiento a las personas, familias y comunidades afectadas, “para que la gente no se aísle ni se resigne a la violencia”.
El arzobispo aseguró que no han tenido amenazas directas a la iglesia, y que la capacitación se da porque las personas buscan principalmente en las comunidades a los sacerdotes y para que éstos sepan cómo actuar ante los diferentes casos.
Dijo que se capacitó a los sacerdotes ante la importancia de los primeros auxilios psicológicos y de dar atención integral a las víctimas de la violencia sexual, “ya que los índices en Acapulco son muy altos”.
Aunque no dio cifras, señlaó que es recurrente que víctimas de violencia sexual acudan a las parroquias a solicitar ayuda, principalmente en los pueblos, y por eso buscaron la forma de que la iglesia sea la instancia para darles atención inmediata.
“En Acapulco hay más incidencia de violencia sexual por ser un puerto turístico, hay mucho abuso sexual de niños y en relación a eso ha estado trabajando en la parroquia de la Jardín la organización médica Médicos Sin Fronteras”, informó.
El arzobispo informó que además de las acciones que realiza la iglesia para la construcción de la paz como los centros de escucha, de jóvenes y atención a víctimas, se capacitarán 43 personas para ser facilitadoras para desarrollar en Acapulco las Escuelas de Perdón y Reconciliación (Espere), que fue una de las acciones del acuerdo firmado entre el Consejo Interreligioso de Guerrero y el Ayuntamiento de Acapulco.
Por la tarde, el arzobispo asistió a la ordenación de tres nuevos sacerdotes y cuatro diáconos, celebración que se realizó en las instalaciones del Club de Golf, con lo que se incrementa “el presbiterio de Acapulco y sumando más manos, mentes y corazones al proceso de evangelización y construcción de paz en la diócesis”.
Los nuevos sacerdotes son Luis Piza, Francisco Flores y René Peralta, y como diáconos se ordenaron Sergio Madrid, Marco Galeana, Víctor Rendón y Santiago Torres.
Consiguen un aumento los trabajadores del Congreso, pero no informan de cuánto
Tras ocho días de paro, trabajadores del Congreso local y de la Auditoría General del Estado (AGE) finalizaron su movimiento y se reincorporaron ayer a sus labores luego de conseguir un incremento salarial, sin embargo por acuerdo de asamblea no informaron el porcentaje del aumento.
El líder de la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Lenin Hernández Mena, explicó que el compromiso de la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, es que en la segunda quincena de este mes se reflejará el aumento, y además recibirán el retroactivo de enero, febrero, marzo y abril.
El compromiso se logró luego de una reunión que sostuvo una comisión de los sindicalizados, encabezados por Hernández Mena y el secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava, con Flor Añorve, el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Promotora Turística (Protur), en Acapulco. Comenzó poco antes de las 9 de la noche del miércoles y concluyó cerca de la una de la madrugada del jueves con la firma de la minuta de acuerdo entre ambas partes.
Gracias a ese acuerdo, ayer mismo fue reabierto el Congreso y los sindicalizados regresaron a laborar a sus oficinas.
El paro de los trabajadores comenzó el miércoles 10 de mayo con la exigencia de un incremento salarial del 13 por ciento. Desde entonces y hasta el martes por la noche, los paristas instalaron un campamento afuera del Congreso, obligando a los diputados a celebrar sus últimas dos sesiones del segundo periodo ordinario en sedes alternas.
Consultado ayer en la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso, luego de una reunión que sostuvo con trabajadores que participaron en el movimiento, Lenin Hernández dijo que la priista Flor Añorve se comprometió a hacer algunos ajustes en los gastos del Legislativo para garantizarles el aumento.
Dijo que esto se logró gracias a la intervención de Astudillo Flores y de Apreza Patrón, pero aclaró que el gobierno estatal no asignará recursos adicionales al Congreso para que se cumpla la demanda de los trabajadores, pues el compromiso es que habrá un ajuste en el gasto interno del Congreso.
Dijo que por acuerdo de asamblea, los trabajadores determinaron no informar el porcentaje que recibirán de aumento, pero aclaró que es superior al 3 por ciento que en un principio les ofreció la presidenta de la Comisión de Gobierno.
Celebró la disposición que mostraron tanto Flor Añorve como el gobernador para resolver la exigencia de los trabajadores, quienes, aseguró, dijeron estar satisfechos con los acuerdos que se consiguieron en la reunión.
Dijo que Flor Añorve garantizó que el 30 de mayo recibirán su salario con el aumento acordado, además de que se les pagará el retroactivo de enero, febrero, marzo y abril.
Para evitar que esta situación se repita el próximo año, comentó que los trabajadores esperarán los tiempos para que, en su momento, comience la negociación con los diputados a fin de garantizar que en 2017 se haga válido ese derecho.