Familiares de presos e integrantes de la OCSS en conferencia de prensa en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, anunció que terminará el plantón que está desde el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque en una reunión el lunes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó facilitar la liberación de los presos políticos Orlando Ávila y Gilberto Aguirre.
“El acuerdo al que se llegó ayer es que se va a liberar a dos compañeros. (son) El compañero Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, se les va a facilitar su proceso para que puedan salir en libertad”, dijo Mesino.
Aclaró que en el caso del preso Antonio Barragán Carrasco se seguirá trabajando para resolver las causas por las que se le acusa, y solicitó que apoyo para dar difusión a la situación que presenta.
“En el caso de Antonio Barragán Carrasco vamos a intensificar una campaña por su libertad, le pedimos a todos los medios que nos apoyen a darle difusión, es un preso inocente que lleva más de 21 años en la cárcel”, explicó Norma Mesino.
Agregó que la reunión del lunes se llevó a cabo con Cresencio Jiménez y Facundo Santillán, intengrantes de la Secretaría de Gobernación. Indicó que continuarán buscando la libertad de sus compañeros.
“Desde nuestro estado, la lucha por la libertad de cada uno de nuestros compañeros que ya no pueden estar en la cárcel, no podemos hablar de transformación si no hay justicia, no podemos hablar de transformación cuando hay presos en el estado”, expuso.
De igual forma aseguró que la OCSS ha resultado agraviada por el estado de Guerrero y el país, resaltando que hay más de 500 personas que mantienen el estatus de desaparecidas en la entidad.
“La OCSS ha sido una de las organizaciones más agraviadas del estado y del país, nosotros como militantes de esta organización, somos hijos, somos nietos, somos familiares de los más de 500 desaparecidos en el estado de Guerrero”, comentó.
Mediante un posicionamiento escrito, la OCSS indicó que los acuerdos alcanzados en conjunto con la Secretaría de Gobernación, resultaron en la gestión y trámites necesarios para la liberación de los apresados.
“En este sentido, los acuerdos a los que se comprometieron los funcionarios de las dependencias fueron: gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Agua Blancas”, manifestaron.
Expresaron que en la reunión se establecieron y pactaron compromisos con los funcionarios de las instituciones y visitarán Morelos y Guerrero para dialogar con las instancias correspondientes y agilizar los procedimientos.
En la reunión se establecieron una serie de compromisos, “en los que los funcionarios de las dependencias mencionadas se trasladarán a los estados de Morelos y de Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros tres compañeros obtengan su pronta libertad”, indicaron.
Dos de los cuatro presos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, calificaron como “procedentes” por el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía, informó ayer la dirigente de la organización, Norma Mesino.
La dirigente de la OCSS y el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, se reunieron el martes con el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión de Amnistía, Crescencio Jiménez Núñez, así como con el titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Facundo Santillán Julián.
Entrevistada por teléfono, Norma Mesino informó que los funcionarios les informaron que de 28 expedientes de presos en el país que se revisaron, sólo 15 fueron calificados “procedentes” y de ellos dos son de la OCSS.
Sin embargo, para no entorpecer sus procesos omitió los nombres de los posibles beneficiarios, además dijo, porque la OCSS y la APPG van a seguir insistiendo en que deben de ser beneficiarios los cuatro miembros de esa organización.
La OCSS ha venido exigiendo la libertad de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
Norma Mesino informó que les explicaron que antes de que sean liberados los dos que resultaron beneficiarios deben seguir una ruta legal, aunque aclaró que de ambos la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que documentó sus casos, ya les integró una carpeta maestra en las que comprobó la práctica de la tortura para obligarlos a que se declararan culpables de los presuntos delitos de secuestro y homicidio.
“Sólo se está buscando la manera de seguir la ruta legal”, insistió.
“Hemos estado en comunicación con el Comité de Pre liberación y lo que le pedimos fue saber cuál es el procedimiento que está buscando el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía”, informó.
Es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal
Con respecto al caso de Gerónimo Hernández Refugio, a quien el martes la jueza de Ejecución de Penas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Maritza Jiménez Santiago le dictó una sentencia de tres años más de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, calificó que es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal.
Dijo que se esperaba que el integrante de la OCSS, preso en el penal de Chilpancingo, cumpliera su sentencia por el presunto delito de secuestro este diciembre, pero ahora con la nueva sentencia estaría saliendo hasta en el 2025.
La dirigente de la OCSS informó que, sin embargo, con la apelación que promovió el abogado Hegel Mariano Ramírez “estamos buscando que ya se libere”.
Se quejó de que en Guerrero no hay voluntad, a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dado mensajes de que los presos políticos sean puestos en libertad, “son precisamente las instancias de procuración de justicia las que están obstaculizando los procesos”, denunció.
Agregó que con respecto a Orlando Ávila Mesino, que también está preso por delitos del fuero común en el penal de Acapulco, se llevó a cabo la audiencia el 25 de noviembre, cuando el juez de la causa rechazó el incidente de libertad que promovió el abogado Mariano Ramírez, y a pesar de que la instrucción quedó cerrada “estamos esperando que los jueces puedan determinar su libertad”, informó.
Organizaciones sociales, campesinas y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de Atoyac, anunciaron la integración del colectivo Fuerza Ciudadana de Atoyac, para rechazar las reformas estructurales y el gasolinazo en el municipio.
Los activistas iniciaron brigadas informativas en colonias y comunidades sobre los efectos del gasolinazo en la economía familiar, para aclarar que es falso que el incremento a los precios de las gasolinas fue una medida para no afectar los programas sociales.
Luego de reuniones municipales con varios sectores, los integrantes anunciaron en conferencia de prensa que se conforman en un solo movimiento.
Anunciaron la creación de la nueva organización, los dirigentes del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor; de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino; del Frente Atoyaquense Ciudadano, Arturo García Jiménez; y de la Coalición de Ejidos, Patricio Barrientos, se suman al nuevo frente, junto con la CETEG y la Fundación Lucio Vive.
En un documento al que dieron lectura, exponen que, ante la sorpresa del aumento de las gasolinas iniciaron por separado, pero se integran hoy en una sola fuerza para tener acciones coordinadas contra el gasolinazo y las reformas estructurales.
Argumentaron que las reformas laboral, educativa, energética, tributaria y de telecomunicaciones, promovidas por los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Enrique Peña Nieto, responden a los intereses del neoliberalismo y, “han presentado un descalabro en la vida social y económica de los mexicanos, lejos de mejorar las condiciones de los grupos más pobres y marginados en el país”.
Dijeron que el gasolinazo es apenas un ejemplo de los abusos y arbitrariedades, la impunidad, “y todos los males que perturban a los sectores de la población que hoy se encuentran en protesta y se organizan, una forma de autodefensa y de lucha, en filosofía de la resistencia, la información y participación ciudadana”.
Reiteraron su invitación a toda la población a organizarse y manifestarse de manera pacífica ante toda irregularidad que afecte a las familias, y a resistir las políticas de desinformación.
Con la Fuerza Ciudadana Atoyaquense se incorporan a las jornadas de protesta pacífica nacional, estatal y municipal, para fortalecer las brigadas de información que estarán recorriendo el municipio, explicaron.
Sostuvieron que el colectivo no tiene injerencia de partidos políticos, que la toma de decisiones es por consenso y que su objetivo es impulsar acciones que no afecten a los ciudadanos.
Dijeron que el nuevo colectivo considera tomar acciones conjuntas con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para frenar las reformas estructurales, y un acto cultural con el cantautor Gabino Palomares, en Atoyac.
El recorte presupuestal que anunció el gobierno del estado para enfrentar el gasolinazo es sólo un asunto mediático para distraer, acusaron las organizaciones sociales de Atoyac.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino considera que la verdadera causa de la crisis que se vive en el estado es la corrupción.
Mencionó el caso del desvío de recursos del erario público del municipio y del estado a la clínica contra el cáncer en Atoyac, que no se ha finalizado, además de que las dependencias no aplican los recursos en la Clínica de la Mujer, que tiene casi tres años de retraso.
Criticó que bajar los salarios de los funcionarios no es garantía, “porque ellos tienen las manos libres para robar y llevarse los recursos”.
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y Otros Referentes de Lucha hicieron un foro en la capital donde ratificaron su exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, refrendaron la unidad y pidieron atención a las demandas de los sectores populares y educativos y la construcción de una acción unitaria estatal.
En este foro denominado Por la articulación de la lucha social en Guerrero y el país donde se acordó construir los principios y un programa de lucha que pueda rescatar las demandas de todas las organizaciones sociales que conforman la Dirección Colectiva, también que se respete la autonomía de cada organización basándose en la crítica y en la autocrítica.
En esta actividad participaron el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Frente de Defensa Popular (FDP), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), damnificados del Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Universidad Pedagógica Nacional, Pensionados y Jubilados de Educación Pública, y prepas populares de El Quemado.
El evento estuvo a cargo como escrutadora la líder de la OCSS, Norma Mesino, como secretario Efraín Torres y estuvo como presidente el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez.
Nicolás Chávez indicó que ratificaron su postura que este gobierno ha estado mintiendo en las estadísticas de mortandad y de desapariciones.
También que se mantienen las demandas centrales de la exigencia de justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, castigo a los culpables y apoyo incondicional a las familias.
Agregó que continúa la demanda de libertad a los presos políticos por la unidad de la lucha en Guerrero y el país, así como la exigencia a darle solución a la huelga de los mineros de Taxco.
Resaltaron que deben atender las autoridades las demandas de los pobladores del Nuevo Balsas quienes exigen que la empresa minera Media Luna resarza los daños causados al medio ambiente, una indemnización de 500 mil pesos anuales pues además ha disminuido su principal actividad económica que es la pesca, la cual se ha reducido hasta en un 70 por ciento.
Manifestó que reivindicaron el apoyo incondicional a la libertad de expresión, la exigencia del esclarecimiento de periodistas que han sido castigados como en el caso de Carmen Aristegui “que ha sido atosigada por el Estado mexicano”.
Informó que se acordó hacer una movilización en la capital el lunes 28 de noviembre, esto ante el incumplimiento de las autoridades de demandas en los sectores populares y educativos.
Además que el 2 de diciembre se va a dar continuidad a este foro en Atoyac, en el marco de la caída del profesor y comandante del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos y del aniversario del FDP.
En este foro se retomarán los temas de las reformas estructurales, apoyo al magisterio, la unidad en todos los sectores y el planteamiento de recuperar los orígenes de las policías comunitarias como la CRAC. (Beatriz García / Chilpancingo).
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas . Foto: Francisco Magaña
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas
Francisco Magaña
Atoyac
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
La Red de Mujeres por la Salud manifestó su temor de que la entrega de la Clínica de la Mujer para la Prevención del Cáncer, en Atoyac, no sea entregada el 5 de junio próximo, fecha anunciada por las autoridades municipales y estatales, después de que fueron plantadas por el alcalde de Atoyac, Dámaso Pérez, y la procuradora de la Mujer, Imelda Pacheco, con quienes inspeccionarían el inmueble que sigue en construcción.
Integrantes de la Red, que aglutina a Raíz Zubia, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Frente de Defensa Popular, el Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de la Costa Grande, Parteras y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), visitaron las instalaciones ubicadas dentro del Hospital General Regional.
Las integrantes de las organizaciones dijeron que el proyecto que inicio en marzo de 2014, estaría lista en siete meses, según se anunció, pero a más de dos años continúan los retrasos.
Insistieron que no se requiere sólo que se concluya su obra física, sino que esté ya operando porque la garantía del mastógrafo que adquirieron autoridades de Salud, ya caducó por el retraso de más de dos años.
La integrante de Raíz Zubia, Susana Oviedo, comentó que hay una estela de corrupción en el ejercicio de los recursos de la obra, y exigió informes, porque no se conformó desde su inicio el comité de obra.
Desde 2014 les han dado diferentes fechas de entrega de la Clínica, y con su incumplimiento laceran los derechos a la salud de las mujeres, dijo la activista un día antes de la conmemoración del Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Las denunciantes consideran que ha habido irresponsabilidad del gobierno estatal y municipal, que no han aclarado los recursos que ejerce la misma constructora Orcamex, que incumplió en un sinfín de detalles del proyecto.
Recordó que en este año las autoridades les aseguraron que en mayo estaría funcionando la clínica, y al no cumplir la recorrieron al 5 de junio y pidió que se revise el presupuesto para la remodelación del Hospital General, “y que no se quiera insertar la Clínica de la Mujer en esa remodelación, o que se mezclen los recursos asignados”.
Con una marcha en la avenida Juan Álvarez y la entrega de volantes, representantes de organizaciones sociales de Atoyac protestaron en el Día Internacional de la Mujer ante el retraso de la construcción de la Clínica de la Mujer, que se ocuparía de la prevención del cáncer, iniciada en el anterior gobierno municipal.
Dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Raíz Zubia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la Coalición de Ejidos, México Hoy y el Frente de Defensa Popular, respaldadas por medio centenar de mujeres, coreaban, “este día no es de fiestas es de lucha y de protesta” o “ya se pagó, no se entregó”, y exigieron que se respeten sus derechos y que se haga juicio político a los responsables de esa obra inconclusa de la clínica de la Mujer, presupuestada en 9 millones de pesos, con parte de los cuales se compró equipo médico y aparatos que están desde julio en el Hospital General Regional de Atoyac, sin poder utilizarlos.
Con mariposas en las que estaba impresa la imagen de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, las mujeres pedían su libertad, así como justicia para la luchadora social asesinada mientras hacía trabajo comunitario en Mexcaltepec, durante la contingencia de la tormenta Manuel, Rocío Mesino.
La integrante de Raíz Zubia, Susana Oviedo compartió una carta que, dijo, es en solidaridad con Nestora Salgado a quien el gobierno quiere hacer ver como una delincuente, que se empeña en mantener encarcelada.
Leyó, “ellos no saben que tu voz se entiende más allá de los barrotes que creas continentes de unidad, no saben que tus pensamientos traspasan los muros de Tepepan e incendian procesos organizativos, no saben que tus pensamientos son como la ceiba, que dan fruto, sombra y vida, no saben que tú comandante conoces la miseria que vive el pueblo y gritas ya basta, no saben que eres de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que nació por los atropellos y abusos perpetrados por los que se arrastran y ocupan un cargo público, y se dicen jueces del orden y la justicia, no saben que tus manos se estrechan con las de otras mujeres para tejer tu libertad, la libertad de todos y todas. Tu andar ha creado caminos de esperanza para otros pasos, no lo saben, esa es nuestra ventajas no estás sola, todas organizadas reclamaremos tu libertad”.
El retraso de la clínica ha impedido la detección temprana de algunos casos de cáncer en Atoyac, denunció Norma Mesino, de la OCSS, quien dijo que otro cáncer por erradicar es la corrupción, “como la frase lo dice, el cáncer es una corrupción, y hay que prevenirlo, combatirlo, así como esta clínica que es para prevenir el cáncer, porque a tiempo se previene, debiéramos nosotras, como mujeres y sociedad, velar porque las obras se hagan y sean transparentes, porque son nuestros recursos, del pueblo, para eso pagamos nuestros impuestos”.
Abundó que tienen esperando más de un año que se termine la obra, y piden sancionar a la empresa responsable, porque se va a aportar más dinero cuando ya había una cantidad entregada.
Pidió que se frenen los feminicidios y asesinatos de los luchadores sociales, así como justicia para la activista hondureña, Berta Cáceres.
Ángeles Santiago, de México Hoy, exigió que el director y los regidores que acompañaron en la marcha, Carlos Mesino y Osmayra Nava Santos, sean portavoces de la demanda de que se concluya la obra, porque el cáncer es una enfermedad que ataca a ricos y pobres, y es necesario combatirlo.
Lamentó que se sigan pisoteando los derechos humanos de las mujeres, algunas asesinadas, otras presas, para las que piden justicia.
Familiares de enfermos de cáncer que participaron en la marcha urgieron que se entregue la clínica porque, dijeron, es doloroso ver a sus familiares y tener que salir del municipio sin recursos para atenderse en otros lugares.
Entregan el reconocimiento Hilda Flores, a tres años de haberlo suspendido
Asimismo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las inconformes se trasladaron al Zócalo de Atoyac para acompañar a dos mujeres que recibieron el reconocimiento instituido en honor de la luchadora social Hilda Flores, que se retoma después de tres años de haber sido cancelado por el anterior gobierno municipal.
Por primera vez, el reconocimiento se entrega a dos mujeres al mismo tiempo: a Patricia Galeana Luna, empresaria local que se ha caracterizado por apoyar las campañas de salud, particularmente de la Cruz Roja, y a Gloria Olmedo Silva, de la comunidad serrana de San Vicente de Benítez, quien fue propuesta por las organizaciones sociales, ante su apoyo a ese poblado y atender partos de emergencia en momentos de contingencia, como los padecidos en la tormenta Manuel.
Las organizaciones sociales demandan que se mantenga este reconocimiento, cumpliendo su deber de reconocer el trabajo de las mujeres en la sociedad “y no por amiguismo”.
Asimismo, piden que se cumpla con la entrega de la medalla y el apoyo económico, que era de 10 mil pesos, el cual en esta ocasión no se entregó, sino sólo un reconocimiento que dio el cabildo en ausencia del alcalde Dámaso Pérez Organes.
En respuesta a la resolución de la Primera Sala Penal del Poder Judicial estado, que desechó un incidente de libertad para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México (RNDDHM) convocó este domingo a una visita masiva a la luchadora social en el penal de Tepepan.
A través de una convocatoria en redes sociales, llamaron a defensoras y defensores, activistas, periodistas, hombres y mujeres guerrerenses radicados en el Distrito Federal a participar en la protesta, este 10 de enero a las 11 de la mañana, en el penal donde está recluida Salgado García desde mayo pasado. Antes, desde el 22 de agosto de 2013, estuvo prisionera en un penal federal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, que forma parte de la RNDDHM, con más de cien organizaciones y activistas de derechos humanos, explicó que la manifestación se organizó a partir de la negativa de los magistrados de Guerrero que declararon improcedente una apelación que pedía tomar en cuenta la resolución de un juez que desechó un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada en el fuero federal.
En marzo de 2014, un juez federal determinó que los hechos que motivaron la denuncia de delincuencia organizada contra Salgado García forman parte de sus funciones como autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), reconocidas en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Hace tres días, la organización insistió en que la Fiscalía General del Estado se desista de las causas penales y órdenes de aprehensión contra la luchadora social, y al Poder Judicial que ajuste sus resoluciones a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, en particular, en la resolución sobre el incidente de libertad que incidiría en los tres procesos de secuestro que hay en su contra.
Ante los obstáculos judiciales, llamaron a exigir su libertad en una visita colectiva, en el penal de Tepepan en la Ciudad de México.
