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Rechazan PRD, PAN y el PT que se dialogue con el crimen, como propone el obispo Rangel

Los dirigentes del PRD, PAN y del PT en el estado opinaron que atender el problema de inseguridad y violencia es responsabilidad de los gobiernos estatal y federal y que la iglesia no debe participar ni ser intermediaria, en tanto que para el PRI cualquier mecanismo puede ser válido. Esto después de que el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, revelara que se ha reunidos con jefes de grupos delictivos a partir de amenazas a sacerdotes.
En declaraciones telefónicas, el presidente priista Heriberto Huicochea Vázquez dijo que las autoridades son las que deben combatir a la delincuencia organizada, y afirmó que lo están haciendo “con mucha responsabilidad” y que por eso en algunos meses la violencia baja, aunque reconoció que también ha repuntado.
Comentó que el obispo está realizando una misión religiosa en Chilpancingo y sus acciones deben de coincidir “en un punto de unidad para el bienestar de la población, queremos que se vaya mitigando la violencia y mira, cualquier mecanismo que se utilice es bueno, siempre y cuando sea un mecanismo que de paz y seguridad y certidumbre”.
Se le preguntó su opinión por el hecho de que el obispo tuviera que buscar a jefes criminales para evitar agresiones contra sacerdotes: “reitero que todos los mecanismos que se puedan ocupar para poder disminuir la violencia son válidos”.
Después dijo que todas la intervenciones que busquen que la violencia se reduzca “y no vaya a salir contraproducentes” y recordó el caso del asesinato del cardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, “yo espero que las instituciones se fortalezcan y sigan haciendo su trabajo” e insistió en que cualquier intervención es válida mientras su fin sea mitigar la violencia.
De su propuesta como intermediario que realizó el obispo, el dirigente no quiso opinar “porque es un tema muy, muy delicado, en ese sentido yo reservo mi opinión”.
Se le preguntó por lo dicho por el obispo en el sentido de que al gobierno no termina la violencia porque no le conviene, ya que existen “repartición de dividendos”. En ese sentido dijo que la gobernabilidad del estado “no descansa en suposiciones”.
Después apuntó que “es muy delicado, inclusive ustedes los medios de comunicación juegan un papel ahorita muy, muy delicado para todo este manejo (de la información de la información y los hechos) que se está haciendo, porque los únicos perjudicados es la gente, hay que tener mucho cuidado”.

Ley, no diálogo: PRD

Por su parte el dirigente del PRD Celestino Cesáreo Guzmán dijo que lo revelado por el obispo es una grave señal de que la delincuencia ya no respeta a nadie.
El dirigente perredista consideró que las opiniones del obispo son muy delicadas porque “eso denota el nivel de violencia, inseguridad y amenazas que hay, y ese es el motivo por el que ha pedido ese tipo de reuniones” con organizaciones del crimen organizado.
Dijo que ante la acción a la que se vio obligado el obispo Salvador Rangel, el PRD demanda “nuevamente” al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que cumpla su palabra de dar orden y paz a Guerrero”.
Celestino Cesáreo dijo que no comparte la idea de que ni la iglesia, ni mucho menos el Estado tengan que negociar con los delincuentes. Contrario a eso, dijo que lo que deben hacer es perseguirlos, detenerlos y encarcelarlos, porque consideró que es necesario “aplicarles la ley y no establecer diálogo”.
Insistió en que el Estado no puede “someterse a la ley de la delincuencia, al contrario debe aplicar la ley y debe poner tras las rejas a los delincuentes”, y que la propuesta del obispo de diálogo “no es la solución”.
Al dirigente se le preguntó por lo dicho por el obispo Salvador Rangel en el sentido de que las autoridades se han reunido con organizaciones del crimen organizado y que han tenido acuerdos “por debajo de la mesa”, y que por eso no han querido resolver el problema de la violencia “porque no les conviene”, debido a que “en el fondo hay cierta repartición de dividendos”.
El perredista apuntó que no tiene elementos para secundar “ese tipo de señalamientos, lo que yo digo es que es un tema muy delicado y ante este tipo de señalamientos, la autoridad estatal y federal debería dar señales de que por lo menos está siguiendo a los delincuentes”.

Señalamientos por conocimiento de causa: PAN

El dirigente panista Marco Antonio Maganda Villalba consideró que lo dicho por el obispo Rangel Mendoza “deja de manifiesto la falta de resultados” de los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico.
La falta de coordinación entre las estrategias de seguridad tiene como consecuencia la falta de seguridad para los guerrerenses.
De lo dicho por el obispo en el sentido de que las autoridades no han querido resolver el problema de la violencia, porque no les conviene debido a la repartición de dividendos entre grupos delincuenciales, el panista consideró que si el obispo se atrevió a realizar esa declaración es porque “tiene conocimiento de causa, yo no pudiera afirmarlo”.
Maganda Villalba dijo que los señalamientos no “es algo nuevo, muchos liderazgos han manifestado lo mismo, que hay acuerdos bajo la mesa, que hay vínculos entre el gobierno y la delincuencia organizada, hay pactos, hay acuerdos, que se sientan a negociar, eso no es nuevo”.
Sin embargo ante los reiterados señalamientos “se va creando una incertidumbre” ante los presuntos vínculos entre grupos criminales, por eso urgió al gobernador a que cumpla con su promesa de campaña de generar paz en el estado.
De la propuesta de dialogar con los grupos criminales, consideró que sería incorrecto que cualquier gobierno (municipal, estatal o federal) se “sienten a negociar, al contrario, deben de combatir, erradicar esa situación”, dijo que respeta la opinión del obispo, pero en ese sentido no la comparte.

Responsabilidad del gobierno: PT

Por su parte el comisionado político en Guerrero de la dirigencia nacional del PT, el diputado federal Victoriano Wences Real, opinó que la Iglesia no tendría porque intervenir en temas de inseguridad, porque esa es responsabilidad de los gobiernos del estado y federal
Insistió en que la inseguridad en Guerrero debe ser atendido con “mucha prontitud” porque es un problema que afecta a todos los ciudadanos, incluso a las religiones y que por eso el obispo tuvo que tomar la decisión de intervenir por los religiosos.
Al gobierno federal le pidió reorientar y revisar la política de seguridad en Guerrero “porque es lamentable que se tenga que estar buscando pactar, porque creo que no es lo correcto, estamos en gobiernos que tiene la capacidad de resolver el problema de inseguridad”.
Del señalamiento de vínculos y repartición de dividendos entre el gobierno y los grupos criminales, el comisionado político dijo que “es algo muy fuerte esas declaraciones, esperemos que no haya repercusiones más fuertes en Guerrero”, dijo que la única solución es que “el gobierno se ponga en su papel, porque la ciudadanía espera mucho del gobierno del estado y del federal”.
Dijo que pactar con el crimen organizado, es “lo peor que pueden hacer los gobiernos, no se puede estar dando concesiones porque estaríamos cayendo en un problema fuerte” en el estado.
Llamó a los gobiernos de Héctor Astudillo Flores y Enrique Peña Nieto a que actúen “con prontitud en Guerrero que es un foco rojo de actividad criminal”.

Dar nombres: Fermín Alvarado

En el mismo tema, el presidente del Comité Municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo llamó al obispo Salvador Rangel Mendoza apegarse a la ley, exponiendo los nombres y haciendo las “denuncias pertinentes”.
En conferencia de prensa,  manifestó que es “sano” que den esos señalamientos sin embargo defendió al gobierno del estado y federal de prevalecer la ley y no consideró el diálogo con el crimen organizado.
Expuso que desde hace 10 años con el inicio de la administración perredista de Zeferino Torreblanca y después, con Ángel Aguirre Rivero son “la clara muestra” de los señalamientos de obispo Salvador Rangel  “de eso que él dice que vivimos y lo padecemos todavía, en el hecho simbólico y lamentable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”. Defendió que ahora “las cosas son distintas”.
Sugirió  al obispo que se denunciara y dieran los nombres de quienes están relacionados con el crimen organizado.

Todo mundo sabe que hay autoridades en el negocio del narco, dice el obispo Rangel

El obispo Salvador Rangel Mendoza dijo que simplemente es un portavoz de lo que dice la gente de la participación de autoridades en el negocio del narcotráfico, y dijo que la suya y la del gobernador “son visiones distintas”, en respuesta a lo que declaró Héctor Astudillo de que esos señalamientos “van a ser una moda” y un medio para descalificar a partidos y candidatos de cara a las elecciones federales y locales del año próximo.
Pero Rangel Mendoza nuevamente se fue a la carga. Pidió a las autoridades que si no es así, que digan cuántos presidentes municipales han sido impuestos por el crimen organizado, e insistió que “el detalle” es que algunas autoridades están dejando pasar la goma de opio porque “cierran un ojo o cierran el otro para que circule y en el fondo hay gratificaciones”.
También respondió al fiscal del estado Javier Olea Peláez, quien en días pasados le dijo al obispo que “hablar es fácil” pero que presente pruebas y las denuncias para que se abran las carpetas de investigación y se de vista a la PGR. “Da la casualidad que yo soy el obispo y él es el fiscal, quien debe realizar las investigaciones es él”, respondió.
El obispo ha provocado polémica por sus declaraciones; primero, a su llegada, porque recomendó a las autoridades dialogar con los grupos del crimen organizado para resolver el problema de la violencia, y ahora “al poner el dedo en la llaga” –como él mismo lo dice– al denunciar que en el negocio de la droga están metidas muchas autoridades y que por eso no se resuelve el problema de la violencia.
Luego de una mañana ajetreada, en la que concedió varias audiencias, antes de que partiera a una reunión a Tecpan de Galeana, entrevistado en sus oficinas de la diócesis en esta ciudad capital, contestó apresuradamente algunas preguntas al reportero.
El gobernador dijo el domingo en Acapulco que las declaraciones que vinculan a políticos y autoridades con el negocio del narcotráfico, “van a ser una moda” y un medio para descalificar de cara a las elecciones federales y locales del año próximo.
Al respecto, Rangel expresó “como personas tenemos una visión distinta de las cosas. Yo he mencionado la situación de inseguridad, del crimen, de secuestros y de asesinatos que se están dando en el estado porque como obispo siempre busco la verdad y el bien de la gente”.
Agregó que seguramente las autoridades también buscan lo mismo, “pero desde un punto de vista, posiblemente, distinto. Yo respeto la opinión de todos ellos. He hablado de la inseguridad en Guerrero y de todo lo que está pasando aquí. Siempre he opinado que hay ciertas autoridades, no digo que todas, en todos los niveles, a nivel federal, estatal o municipal, que ciertamente están coludidas con el crimen organizado”.
El obispo preguntó entonces que si no es así que digan “cuántos presidentes municipales de Guerrero han sido impuestos por el crimen organizado. Ellos saben”, –dijo– “y yo simplemente hago esta pregunta. De allí yo deduzco que hay involucración”.
Insistió en otro de sus argumentos que ha venido declarando. Dijo que ciertamente se produce la amapola en la sierra, de la que se recoge la goma de opio, “pero esa goma de opio tiene un camino, no se queda en el estado, ¿por qué lugares pasa?, no sé, el detalle es que está pasando y creo que muchas autoridades cierran un ojo o cierran el otro para que circule y en el fondo hay gratificaciones”.
Admitió que puede ser que se equivoque como persona, “pero lo que he hecho yo es poner el dedo en la llaga y yo estoy diciendo una verdad que todo mundo sabe y yo pienso que si a veces ofendo, o a veces no están de acuerdo algunos, es opinión de cada quien”.
Añadió que, por ejemplo, se le hizo muy notorio lo que declaró el fiscal Javier Olea en el sentido de que todos los funcionarios de Guerrero son honestos, “cosa que yo personalmente lo pongo en tela de juicio, mejor hay que admitir la enfermedad y ponernos de acuerdo cómo aliviar al paciente”.
–También el fiscal dijo que hablar es muy fácil y lo convocó a que presente pruebas y haga denuncias concretas para que se integren carpetas de investigación y se dé vista a la PGR…
–Ciertamente lo ha dicho el señor Olea, pero da la casualidad que yo soy el obispo y que tengo contacto con toda mi diócesis. Yo no soy el fiscal, al que le toca investigar es a él, no a mí. Entonces (el fiscal) se lava las manos fácilmente así. A veces habla uno con mucha facilidad, pero en lo que a mí toca yo visito constantemente y todos los días la diócesis y escucho a la gente. Yo simplemente soy un portavoz de lo que piensa y dice la gente.
“Pero si con eso, en algo los he ofendido, pues les pido disculpas, a mí lo que me interesa es el bienestar y la paz de Guerrero”, dijo.
–¿Ha puesto del conocimiento de las autoridades eclesiásticas que están por arriba de usted el problema de violencia que se vive en su diócesis, lo que ha declarado a los medios y lo que le han respondido las autoridades civiles?
–No, cada obispo es autónomo en cada diócesis, yo he platicado con algunos obispos solamente pero a manera privada, entonces no ha habido oportunidad. No me lo han preguntado ni yo se los he dicho.
–¿No cree conveniente que los tenga enterados, sobre todo por la situación de violencia que está viviendo en su diócesis?
–Yo les comunicaría si ellos me lo preguntan, pero yo soy así, si no me preguntan cosas, no las digo.
–Pero es muy grave lo que pasa en su diócesis, le toca cubrir la zona más caliente de Guerrero; Chilapa, Tixtla, la zona Centro, Quechultenango, la Sierra. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de lo que se está viviendo en estos lugares?
–Ustedes saben bien esto: donde hay un solo grupo de narcotraficantes la gente normalmente vive en paz, hay ciertas ejecuciones como las hubo hace poco allá por Las Vueltas en la Sierra (Los Bajos y Vuelta del Sur, municipio de Heliodoro Castillo), o en otros lugares, pero es cuando otro grupo distinto se mete a incursionar terrenos prohibidos para ellos.
“El problema es donde hay varios grupos, por ejemplo Chilpancingo, Chilapa, a mí no me toca ese territorio pero también Acapulco, donde hay varios grupos delincuenciales es cuando hay ajustes de cuentas y hay una guerra entre ellos”.
–Aquí cerca, en la entrada de Chilpancingo tenemos a un grupo que se presenta como policía comunitaria o policía rural, pero ha sido denunciado de que en realidad pertenece al grupo criminal de Los Ardillos, da la impresión de que usted simpatiza con él porque en una entrevista anterior dijo que es aceptado por los ciudadanos debido a que los cuida mejor que las autoridades, ¿por qué?
–Yo puedo simpatizar con cualquier grupo y simpatizo también con las autoridades, siempre y cuando nos den seguridad. No es que yo tenga preferencia con un grupo, simplemente veo que los pueblos viven tranquilos, viven en paz. Si desgraciadamente estos grupos han llegado a ciertas comunidades es que han encontrado un vacío de poder, un vacío de la ley que ellos están llenando. Claro que el que debe proveer todo esto es el Estado, pero cuando el Estado no lo puede hacer llegan otros grupos. Entonces creo que el gobierno tiene toda la autoridad para entrar allí, ¿pero por qué no entra?, porque sus policías no son dignos de confianza.
–El Estado incumple su responsabilidad, ¿y por eso los ciudadanos tenemos que aceptar a gente del crimen organizado para que nos cuide?
–Bueno, entonces ¿quién nos va a cuidar? Yo tengo entendido que se está pidiendo crear las policías comunitarias, elegidas por el mismo pueblo y que esta misma policía sea avalada por el presidente municipal. Yo no sé si se pueda llegar a esto.
“Quiénes son los que están en Petaquillas, yo lo ignoro, lo único que sé es que el grupo anterior (el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEG) estaba provocando problemas y estaba extorsionando y por eso los sacaron, los sacó la misma gente de Petaquillas y si ahora está otro grupo, yo no sé quien sea el que esté, lo único que me ha reportado el párroco es que están más tranquilos y que están en paz, y al final es lo que buscamos, que estemos a gusto y que no haya levantones, crímenes, ni asesinatos”.
–El dirigente del FUSDEG, que es el que estaba en Petaquillas, denunció que desde Xaltianguis municipio de Acapulco a Petaquillas de Chilpancingo, es un corredor controlado por tres grupos; Los Ardillos, el Cartel del Sur y la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) y dice que fue un acuerdo con el gobierno del estado, y que el fiscal reconoció que por allí se bajan en droga 25 mil millones de dólares… ¿Qué opinión le merece que haya este tipo de convenios o acuerdos con la venia del gobierno del estado?
–Yo siempre he dicho que debe haber diálogo. Que con el enemigo, por peor que sea, vale la pena vernos a la cara y dialogar, porque en el fondo lo que se está buscando es la tranquilidad y la paz. Se está buscando que la gente viva tranquila. De allí que si ha habido arreglos a mí no me consta nada de eso, ni he estado dentro de los arreglos. Sí, yo prefiero que haya ciertos arreglos para que la gente viva en paz, en lugar de que esté en guerra y que haya muchos asesinatos.