Etiqueta: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Acude la ONU-DH a Chilapa; ahí se vive una tragedia y el Estado debe garantizar justicia, señala

 

La tasa nacional de homicidios se queda corta con la registrada en Chilapa, y detrás de esas cifras hay una historia de dramatismo y ruptura que se refleja en las miradas de los familiares de la víctimas, expuso ayer en esta ciudad el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos.
Indicó que los asesinatos y desapariciones no son fatalidades naturales, sino conductas humanas que gozan de la complicidad de las autoridades pero que se pueden erradicar.
Recomendó a las autoridades aceptar el problema y sus circunstancias, revertir, suprimir y erradicar el modelo de seguridad policiaco y militar así como que el Estado mexicano, sobre todo los gobiernos locales, adopten marcos regulatorios internacionales en materia de derechos humanos.
Ayer alrededor de las 11 de la mañana en el centro de la ciudad fue el primero de dos días del Foro Nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero.
El foro fue organizado por el colectivo Siempre Vivos, coordinado por el profesor José Díaz Navarro quien propuso una mesa de trabajo entre autoridades, representantes de los organismos de derechos humanos y las víctimas para que los dos días del foro salgan resultados.
No llegaron colectivos invitados de Veracruz, Michoacán, Coahuila y Morelos por temor a la inseguridad, informó José Díaz.
Participó el vicecoordinador de Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rey Yañez quien explicó el procedimiento para la identificación de las víctimas, y reveló que de diciembre de 2016 a la fecha cuenta con 2 mil 315 perfiles en la base de datos de genética.
El oficial del Alto Comisionado de la ONU-DH, Alan García Campos dijo que se ha demostrado que en Chilapa se vive una tragedia.
“Una vivencia cotidiana para muchos y muchas de ustedes, están cargando sobre sus hombros una tragedia”.
Dijo que el Estado debe garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño para evitar que las familias enfrenten circunstancias catastróficas como las que padecen en Chilapa, Zitlala y sus alrededores.
Indicó que en México hay una crisis en materia de derechos humanos pero la que enfrentan las comunidades de Chilapa han transcendido a nivel internacional, pues son un epicentro del dramatismo aunado a la corrupción y la ausencia del Estado, que socavan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, señaló.
El oficial de la ONU-DH dijo que para un país que no está en un conflicto armado o en guerra, las cifras oficiales de homicidios son escalofriantes.
En 2017, añadió, se registró a nivel nacional la mayor tasa de homicidios con un promedio al día de 80 personas privadas de la vida, “esta cifra en un municipio como Chilapa se queda corta. De ese tamaño es el dramatismo al que se enfrenta México”.
“Detrás de estas cifras hay una historia de dramatismo, de ruptura, las historias que empezamos a identificar en los ojos, en las miradas de ustedes”, dijo.
Agregó que la impunidad en el país es del 96 al 98 por ciento en los delitos denunciados, con lo que advirtió que en un contexto en el que no hay castigo se repite el ciclo de violencia.
Comentó que las autoridades tienen la obligación de prevenir, pero cuando ya son cometidos los delitos la obligación es investigar, perseguir, enjuiciar y castigar a todas las personas que participaron y la sanción debe ser apropiada a la gravedad de la conducta. “El castigo debe corresponder al daño y a la lesión cometida”.
Además de reparar de manera integral y adecuada a las víctimas, para aminorar el cambio de vida que padecen.
Saludó el proyecto de la Ley de Desaparición Forzada y conminó a hacerlo con organismos de la sociedad civil, de derechos humanos y familiares de las víctimas, además de que posteriormente los congresos locales se apropien de las leyes sin que se desentiendan como, dijo, regularmente sucede.
Deslizó que el origen de la violencia es producto de conductas sociales y de la complicidad con autoridades, pero que se pueden erradicar.
“Las ejecuciones, asesinatos, desapariciones de las personas, no son fatalidades naturales ante las cuales el ser humano no tengan ningún recurso para enfrentarlos, no, estamos hablando de conductas humanas perpetradas desde la maldad pero que gozan lamentablemente, la complicidad entre muchas circunstancias, de las autoridades, que deben erradicarse.
“Y esta obligación (de erradicar) reposa en las autoridades, este estado de cosas puede transformarse porque estamos frente a conductas humanas y como cualquier conducta humana es susceptible de modificarse, de erradicarse”.
“Esto es justamente lo que se tiene que hacer, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales: reformar nuestro empeño y conducta para transformar”, indicó.
Los elementos para construir una agenda, dijo, son reconocer el problema, modificar el modelo de seguridad pública e implementar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Conocer el problema y sus dimensiones como paso indispensable para enfrentarlo, es fundamental que las autoridades acepten las circunstancias por las que pasa la sociedad”.
“Modificar el modelo de seguridad imperante y recientemente reforzado, de un modelo militar de seguridad a uno de seguridad ciudadano. La guerra contra las drogas, científicamente se demuestra que el paradigma no sólo no ha materializado lo concebido, sino que ha agravado la circunstancia crítica de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país”.
“Es fundamental poder revertir ese modelo, suprimir, erradicarlo e instaurar un modelo de seguridad ciudadano que haga compatible el anhelo legítimo de la sociedad con la obligación que tiene el estado de proteger y respetar los derechos humanos”.
Además, Alan García Campos llamó a implementar modelos y marcos regulatorios compatibles con estándares internacionales de derechos humanos, “en México no existen algunos marcos regulatorios, por lo que se permite la violación de los derechos humanos”.
Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) acudieron Román Jaimes Contreras, tercer visitador general y Adelaido Memije, visitador adjunto. Del gobierno del estado Luis Camacho Mancilla y del gobierno municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Aldy Esteban.

 

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

 

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).