Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam

El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo

“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido

“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.

Su defensa

Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.

La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos

La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.