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Se reúne ONG alemana con víctimas de desaparición; recrimina la presión al obispo Rangel

 

Integrantes de la Organización no Gubernamental (ONG) Pan para el Mundo donde se integran Iglesias Evangélicas Regionales y Libres de Alemania para luchar en contra de la Exclusión, el Racismo y la Pobreza, se reunieron con representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco, Huitzuco, Chilapa y Chilpancingo y con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.
En una conferencia de prensa en el hotel Paradise Inn de esta ciudad, la presidenta de Pan para el Mundo, Cornelia Füllkrug Weitzel acompañada de la directora de la Unidad de México, Centro América y el Caribe, Silke Pfeiffer, la directora de la Unidad de Derechos Humanos y Paz, Julia Duchrow, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, y el traductor Lars Bedurke, dijo que está preocupada y consternada por la situación de violencia en Guerrero, la criminalización de las víctimas y la ardua labor de los defensores de los derechos humanos.
Explicó que la ONG acudió a México por invitación de los defensores de derechos humanos para conocer la situación de desapariciones y asesinatos impunes en Guerrero y Veracruz. El viernes los activistas se reunieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla con padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, y visitaron colectivos de otros desaparecidos y a Rangel Mendoza.
Del encuentro con Rangel Mendoza dijo que fue poco tiempo el que pudieron dialogar pero es “incomprensible” que a los que apoyan a las víctimas de los conflictos y luchan por la verdad se les persiga, “no entiendo cómo la Iglesia que debe hablar con todos los involucrados puede estar bajo esa presión”.
Luego de su encuentro con las víctimas y defensores de derechos Humanos, Cornelia Füllkrug dijo que ve con tristeza que en México las autoridades “criminalizan, deshumanizan y humillan” a las víctimas y a sus familiares, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Mencionó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto acudió a la Feria de Hannover y ahí se reunió con la canciller Angela Merkel, en esa visita “su presidente dibujó una imagen de México muy bonita y nos quedamos impresionados por las leyes positivas de acompañamiento a víctimas y contra la tortura que existen, de cuántas instituciones jurídicas operan aquí”, por lo que llegó con su equipo a México con una expectativa alta de la institucionalidad pero quedó impresionada por los casos de desaparición, así como las omisiones de las autoridades y que en el caso de Ayotzinapa también hay contradicción.
Pan para el Mundo cuenta con una amplia presencia en Europa y otros países y su prestigio le hizo ganarse comunicación directa con las autoridades del gobierno alemán, al que presentarán la información que recabaron de Guerrero y lo que observen en Veracruz con el fin de que exija a México que se respeten las cláusulas de protección de derechos humanos, de los tratados de comercio con la Unión Europea.
Dijo que la ONG y otras 140 organizaciones con las que colabora estarán pendientes de que las autoridades de México resuelvan el caso Ayotzinapa, no de manera rápida con el fin de cerrar el caso.
Barrera Hernández dijo que la visita de Pan para el Mundo es importante porque se trata de una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, además de consolidada.
Olivares Hernández dijo que se trata de un hecho de importancia relevante “en estos momentos y para el futuro”, porque los activistas acudieron para conocer la situación de violencia y las desapariciones que son “poco atendidas”.
“Para nosotros no queda otro camino más que recurrir a la comunidad internacional que es más sensible que las autoridades de nuestro país, gracias a ellos, a la presión diplomática, política, podemos lograr que el gobierno mexicano flexibilice su atención a las víctimas de desaparición”, declaró Olivares Hernández.

 

Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.

Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga

En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.

El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar

De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.

No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales

Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Conclusión inmediata de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa, exigen ONG

 

Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso en los números 2090 y 2091 sobre las investigaciones de la Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Uno de los investigados es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones la información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntan que entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República”.
Destacaron que “una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”.
Signan el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.

Exigen ONG y grupos sociales quese aclare la masacre en El Charco

 

Organizaciones sociales y organismos no gubernamentales de derechos humanos exigieron ayer el esclarecimiento de la masacre de indígenas ocurrido hace seis años en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla.

En una breve ceremonia, este domingo en Chilpancingo, las organizaciones que pertenecen al Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG), los dirigentes, entre ellos Pedro Nava Rodríguez, lamentaron que hasta ahora no haya avance de las investigaciones ni del gobierno federal ni estatal

Y es que ayer en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac de esta capital, los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero se manifestaron por el esclarecimiento de estos hechos que dejaron como resultados 11 indígenas muertos por parte de miembros del Ejército Mexicano.

Nava Rodríguez informó que por ello este lunes integrantes de diferentes organizaciones sociales se manifestarán en la localidad de El Charco, municipio de Ayutla, para exigir que continúen las investigaciones del caso y se deslinden responsabilidades, así como el castigo a los responsables del múltiple homicidio.

Nava Rodríguez lamentó que a seis años de los hechos aún no se aplique la ley a los responsables, “que yo sepa no hay detenidos, no hay responsables de estos hechos, mientras que los familiares y los dirigentes de organizaciones sociales siguen exigiendo justicia”, dijo.

René Juárez apoya su ley sobre desapariciones, dicen miembros de ONG

 

 Exigen activistas al Congreso aprobar su propuesta sobre desapariciones

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Representantes de organismos civiles de derechos humanos exigieron al Congreso del Estado que “dictamine y apruebe”, en este periodo ordinario de sesiones, la Ley Especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que “respete los estándares más altos” de protección a los derechos humanos”.

En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que ayer jueves los representantes organismos civiles de derechos humanos y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se reunieron en Casa Guerrero, con el gobernador René Juárez Cisneros.

En la reunión –según Barrera Hernández– plantearon al mandatario estatal “la necesidad” de tener una ley especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que contenga “los más altos estándares de protección de derechos humanos”.

Acompañado por representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Barrera Hernández dijo que también solicitaron al gobernador “su adhesión” a la propuesta que hicieron llegar al Congreso del Estado en abril de este año, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos.

Barrera Hernández aseguró que el planteamiento que el gobernador hizo llegar al Congreso del Estado, en enero del año pasado, y que establecía sólo reformas al Código Penal, “se nos hace importante porque reconoce la situación delicada sobre desaparición forzada, pero le pedimos que se apropie de nuestra propuesta y que la impulse desde su competencia”.

Producto de la reunión, el gobernador se comprometió con los organismos civiles a “impulsar y a hacer todo lo necesario” como Poder Ejecutivo para que la propuesta de Ley Especial sea aprobada por el Congreso del Estado.

Mencionó que el gobernador durante la reunión remarcó que a pesar de las diferencias que hay con los organismos de derechos humanos, “hay un punto de coincidencia y es el tema de la Ley Especial” sobre desaparición forzada.

Entonces, dijo “si el gobernador se comprometió a impulsar la propuesta, pues ahora le pedimos al Congreso del Estado que dictamine y apruebe la iniciativa de Ley Especial durante este periodo ordinario de sesiones, misma en la que deben respetar los estándares que otorgan mayor protección a las victimas de desaparición así como mayor protección de los derechos humanos”, concluyó Barrera Hernández.

Darán preferencia en el Congreso a la iniciativa de ONG sobre desapariciones

Hay voluntad de los coordinadores, dice Castro Justo

La propuesta de ciudadanos y funcionarios de Codehum es la más completa, en comparación con la del gobernador y las de diputados, indican integrantes de todos los partidos de la Comisión de Derechos Humanos

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se comprometió ante representantes de ONGs y funcionarios de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que la iniciativa de ley ciudadana, que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delitos graves tendrá un trato preferencial para el dictamen, que se espera este listo antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia y PRS indicaron que la iniciativa de ley ciudadana es la más completa, en comparación de las reformas que propone el gobernador René Juárez al Código Penal, y las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD, Joel Eugenio Flores y José Jacobo Valle, quien esta semana presentó su propuesta de iniciativa de ley.

Al respecto, en la reunión que sostuvieron legisladores y defensores de derechos humanos en una sala del Congreso local, el coordinador del PRI y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Castro Justo, dijo que el objetivo es “hacer nuestra” la iniciativa propuesta por los organismos no gubernamentales y la Codehum, y presentarla formalmente ante el pleno legislativo para que se incorpore al procedimiento legislativo.

“Hay voluntad de los coordinadores parlamentarios y representantes de partido para refrendar la iniciativa de ley para tipificar como delitos graves la tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el priísta.

El legislador por el PRS, Heriberto Noriega Cantú, consideró como única ocasión que el Congreso del Estado “hace suya” una propuesta de ley ciudadana. Calificó el hecho como extraordinario.

Dijo que esto se debe a que la iniciativa ciudadana no plantea reformas constitucionales o adiciones al Código Penal, “sino que es una iniciativa completa”.

Se comprometió a cabildear con sus compañeros diputados para que se dictamine, retomando las propuestas del gobernador y de los legisladores, antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, y propuso el 26 de mayo como fecha para reunirse con el representante del alto comisionado de la ONU en México, Anders Kompas.

Al respecto, el representante legal de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, expresó: “el comisionado de la ONU lleva dos meses tratando de entrevistarse con los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo que el acuerdo de los diputados fue unánime. “Eso demuestra que hay consenso entre las fracciones para que se retome la iniciativa de ley ciudadana”, expresó.

La diputada panista Porfiria Sandoval reiteró el respaldo a la iniciativa ciudadana, y celebró que en esta ocasión los legisladores se olvidaron de las banderas políticas.

Por su parte, Mario Patrón señaló que este es un paso importante, pero falta que los diputados pasen de la firma a los hechos. Indicó que no están en contra de que su propuesta sea “enriquecida” con las demás iniciativas, reformas y adiciones. Pero advirtió: “No permitiremos que el estándar más alto de protección a la ciudadanía se baje”.

Mientras que el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que los legisladores aprueben esta iniciativa de ley, que será un instrumento de protección           y prevención para los ciudadanos.

Como ejemplo, dijo que la recomendación 19, en contra de una veintena de agentes y dos comandantes de la Policía Judicial del Estado por la desaparición forzada de por lo menos nueves personas, fue aceptada por el gobierno del estado y cumplida parcialmente.

Esto se debe –explicó– a que a pesar de que cinco agentes están encarcelados actualmente se les juzga por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, “pero los cuerpos no aparecen”.

“Faltan todavía 15 órdenes de aprehensión que ejecutar a igual número de policías y comandantes de la Policía Judicial, “de ahí que para la Codehum el gobierno del estado a cumplido parcialmente la recomendación 19”, aseveró Lugo Cortés.

Darán preferencia en el Congreso a la iniciativa de ONG sobre desapariciones

Hay voluntad de los coordinadores, dice Castro Justo

 La propuesta de ciudadanos y funcionarios de Codehum es la más completa, en comparación con la del gobernador y las de diputados, indican integrantes de todos los partidos de la Comisión de Derechos Humanos

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se comprometió ante representantes de ONGs y funcionarios de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que la iniciativa de ley ciudadana, que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delitos graves tendrá un trato preferencial para el dictamen, que se espera este listo antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia y PRS indicaron que la iniciativa de ley ciudadana es la más completa, en comparación de las reformas que propone el gobernador René Juárez al Código Penal, y las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD, Joel Eugenio Flores y José Jacobo Valle, quien esta semana presentó su propuesta de iniciativa de ley.

Al respecto, en la reunión que sostuvieron legisladores y defensores de derechos humanos en una sala del Congreso local, el coordinador del PRI y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Castro Justo, dijo que el objetivo es “hacer nuestra” la iniciativa propuesta por los organismos no gubernamentales y la Codehum, y presentarla formalmente ante el pleno legislativo para que se incorpore al procedimiento legislativo.

“Hay voluntad de los coordinadores parlamentarios y representantes de partido para refrendar la iniciativa de ley para tipificar como delitos graves la tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el priísta.

El legislador por el PRS, Heriberto Noriega Cantú, consideró como única ocasión que el Congreso del Estado “hace suya” una propuesta de ley ciudadana. Calificó el hecho como extraordinario.

Dijo que esto se debe a que la iniciativa ciudadana no plantea reformas constitucionales o adiciones al Código Penal, “sino que es una iniciativa completa”.

Se comprometió a cabildear con sus compañeros diputados para que se dictamine, retomando las propuestas del gobernador y de los legisladores, antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, y propuso el 26 de mayo como fecha para reunirse con el representante del alto comisionado de la ONU en México, Anders Kompas.

Al respecto, el representante legal de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, expresó: “el comisionado de la ONU lleva dos meses tratando de entrevistarse con los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo que el acuerdo de los diputados fue unánime. “Eso demuestra que hay consenso entre las fracciones para que se retome la iniciativa de ley ciudadana”, expresó.

La diputada panista Porfiria Sandoval reiteró el respaldo a la iniciativa ciudadana, y celebró que en esta ocasión los legisladores se olvidaron de las banderas políticas.

Por su parte, Mario Patrón señaló que este es un paso importante, pero falta que los diputados pasen de la firma a los hechos. Indicó que no están en contra de que su propuesta sea “enriquecida” con las demás iniciativas, reformas y adiciones. Pero advirtió: “No permitiremos que el estándar más alto de protección a la ciudadanía se baje”.

Mientras que el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que los legisladores aprueben esta iniciativa de ley, que será un instrumento de protección           y prevención para los ciudadanos.

Como ejemplo, dijo que la recomendación 19, en contra de una veintena de agentes y dos comandantes de la Policía Judicial del Estado por la desaparición forzada de por lo menos nueves personas, fue aceptada por el gobierno del estado y cumplida parcialmente.

Esto se debe –explicó– a que a pesar de que cinco agentes están encarcelados actualmente se les juzga por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, “pero los cuerpos no aparecen”.

“Faltan todavía 15 órdenes de aprehensión que ejecutar a igual número de policías y comandantes de la Policía Judicial, “de ahí que para la Codehum el gobierno del estado a cumplido parcialmente la recomendación 19”, aseveró Lugo Cortés.

ONG: prefieren diputados la iniciativa del gobernador sobre desapariciones

Apoya Rómulo Reza la propuesta para mejorar la iniciativa del ejecutivo

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Para los organismos civiles de derechos humanos es preocupante que el Congreso local no tome en cuenta su propuesta de proyecto de ley especial para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, consideró ayer la secretaria técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Silvia Castillo Salgado.

Y es que –señaló– parece que los diputados del Congreso local pretenden aprobar la propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado, que sólo prevé reformas al código penal para incluir dicho delito, cuando lo que proponen los organismos civiles y la propia Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) es una ley especial y que se castigue conforme a los cánones internacionales.

Indicó que los legisladores dan largas incluso hasta para revisar las propuestas que sobre el particular se han hecho al Poder Legislativo.

En el Congreso local se ha visto el desinterés a la propuesta de los organismos civiles y de la Coddehum, a tal grado que el organismo internacional Human Rights Watch envio una carta al gobernador René Juárez y al Congreso local en la que señala que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal “no incluye elementos fundamentales propuestos por la sociedad civil”.

Castillo Salgado informó ayer que en efecto en el Congreso local existen tres propuestas: una enviada por los organismos civiles y la Coddehum, otra por el Ejecutivo del estado y una tercera propuesta por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso local.

Informó que han tenido reuniones con las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y con la Comisión de Gobierno del Congreso local, para conocer los avances de la revisión a las propuestas, y que lo único que les informaron los diputados en la última reunión es que “ya integraron una que se encargará de revisarlas”.

Señaló que en el Congreso hay hermetismo para dar a conocer quiénes integran esa comisión.

Castillo Salgado ayer incluso buscaba una reunión con los diputados de la Comisión de Gobierno para que le informaran quiénes son los legisladores que integran la comisión, “para saber donde nos vamos a dirigir”.

Indicó lo que pretenden es dialogar con los legisladores para argumentar su propuesta, y convencerlos de que “hay una enorme diferencia” entre la propuesta presentada por el Ejecutivo estatal y la que enviaron los organismos civiles.

Y es que –señaló– es sospechoso que la propuesta del Ejecutivo estatal, presentada desde hace dos años, haya sido nuevamente sacada de los archiveros ahora que los organismos civiles enviaron la suya.

Si al llamado de Human Rights Watch

El diputado perredista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, aprobó en general la propuesta de la organización Human Rights Watch que hizo para mejorar la iniciativa del gobernador René Juárez –sobre la desaparición forzada de personas–, y señaló que a partir de la próxima semana comenzarán a elaborar una ley especial para prevenir y sancionar la tortura.

De acuerdo con el documento enviado en días pasado por el comisionado del organismo, José Miguel Vivanco, la iniciativa no incluye elementos fundamentales propuestos por la sociedad civil, además de que solicita mayor colaboración, en este sentido, del gobierno con los órganos no gubernamentales.

Pero Rómulo Reza reconoció al Ejecutivo por haberse interesado en una ley que castigue estos ilícitos “porque nadie lo había hecho (y) ya pasaron varios gobernadores”.

–¿Considera que está incompleta la propuesta de René Juárez?

–No es que esté incompleta, sino que pretendemos lograr una ley que permita tener más acciones complementarias. Por ejemplo, en la protección de testigos para los informes. Ahora nos toca examinarla y la próxima semana estaríamos platicando su contenido y sus alcances.

Agregó que se pretende que sea una propuesta emanada del consenso de la comisión de Derechos Humanos –formada además por el priísta Juan José Castro Justo como secretario, y los vocales, Félix Bautista de Convergencia; la panista Porfiria Sandoval Arroyo y Heriberto Noriega Cantú del PRS–, “sin menospreciar” la reforma emitida por el gobernador.

Por último, comentó que esperan tener una votación favorable, ya sea para lograr una ley especial o incluir al menos un capítulo con las propuestas antes de que concluya el presente periodo de sesiones, que termina el 31 de junio.(Adalberto Valle).

Pide Human Rights Watch a René Juárez retomar la iniciativa de las ONG sobre desaparición forzada

 

 El comisionado para América Latina del organismo internacional no gubernamental defensor de los derechos humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en un documento dirigido el lunes pasado al gobernador, expresó su preocupación porque la iniciativa de René Juárez Cisneros sobre la desaparición forzada de personas “no incluye elementos fundamentales propuestos por la sociedad civil”.

La opinión de Human Rights Watch plasmada en un documento de tres cuartillas, que fue enviada también al Congreso del Estado, considera que la ley especial promovida por la Red Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, contiene mecanismos fundamentales para asegurar que el Estado cumpla con sus deberes frente a este fenómeno.

“Creemos que Guerrero necesita una ley que no sólo criminalice la desaparición forzada, sino que aliente y obligue a los funcionarios del estado a investigar los casos de desapariciones forzadas, enjuiciar a los responsables y facilitar información a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos”, indica el documento.

Miguel Vivanco exhortó al gobernador de Guerrero a fortalecer su iniciativa con la propuesta de la sociedad civil y colaborar estrechamente con los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, para diseñar una legislación compatible con el derecho internacional y abordar la naturaleza de “este constante problema en Guerrero”.

Demandan ONG legislar la iniciativa contra las desapariciones en el periodo que comienza

Guerrero, la entidad con más casos Human Rights Watch

 Visita representante de esa organización de derechos humanos el estado, a fin de promover que este hecho se tipifique como delito. En Atoyac recuerdan la guerra sucia, dice activista

 Integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos consideraron como “impostergable” que se concluya el tema de la desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones, que empieza el 1 de abril.

En conferencia de prensa, en la que estuvo el representante para América Latina de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, los representantes de organismos civiles de derechos humanos que integran la Red, a través de un documento que leyó el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, demandaron también que el Congreso del Estado reciba en pleno al representante de las Naciones Unidas, Anders Kompas, especialista en materia de desaparición forzada de personas.

Piden, asimismo, que se dé trámite legislativo a la iniciativa ciudadana que propone la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para Guerrero, que presentaron la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

El la rueda de prensa estuvieron también Casiana Nava Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; Arturo Román Bahena, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Mario Ernesto Patrón, de Tlachinollan, y el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés.

La petición de los organismos civiles al Congreso local es que se legisle y se tipifique como delito la desaparición forzada de personas, y se da a tres meses de que de manera conjunta comenzaron la campaña estatal para impulsar la aprobación de una ley de esa naturaleza, para lo cual el 14 de enero pasado presentaron una iniciativa.

A esta campaña se han sumado también organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Lawyers Committee for Human Rights.

Según se informó ayer, estos organismos internacionales han revisado la propuesta de Ley para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para Guerrero, y verificaron que dicha iniciativa contara con las disposiciones que dan mayor protección a los ciudadanos.

Los organismos de derechos humanos que impulsan dicha iniciativa demandan también una reunión de trabajo con el gobernador Rene Juárez, “con la intención de dialogar en torno a la importancia que tiene crear una Ley Especial, debido a que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos                       y que no ha podido ser erradicada en el estado”, señala en el documento leído por Barrera Hernández.

Sin embargo, a pesar de que la petición al Ejecutivo estatal la plantean los representantes de los organismos civiles, desde hace mes y medio no han obtenido respuesta favorable.

El documento también señala que “vemos con preocupación que a unos días de empezar el siguiente periodo de sesiones, el tema de la desaparición forzada de personas no se encuentra dentro de la agenda legislativa”, incluso agrega que se desconoce si la propuesta de iniciativa de ley que presentaron ya se encuentra en trámite legislativo.

Mientras, tanto el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés, dijo que ante esta petición de los organismos civiles de derechos humanos, la Coddehum no puede permanecer “apacible”. Sobre todo porque                       siguen las desapariciones.

El funcionario de la Coddehum recordó que ese organismo emitió una recomendación, la 019, por la desaparición de nueve personas, motivo por el que actualmente se encuentran procesadas ocho personas por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, debido a que aún no está tipificado el delito de desaparición forzada de personas.