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Preocupa a la CIDH descalificaciones del gobierno a la ONU en el caso Ayotzinapa

 

Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura

La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.

Piden a EU más datos de Guerreros Unidos

El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.

“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43

En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.

Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH

La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.

 

 

Expone Tlachinollan en foro de la ONU el caso de Arturo Campos de la CRAC que estuvo cuatro años preso

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, expuso el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, y en particular, la detención del consejero Arturo Campos Herrera, en la consulta Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección, de este lunes y martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
En un boletín informó que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz convocó a Tlachinollan, entre otros actores de la sociedad civil, a representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera habló de la formación de la CRAC-PC para brindar seguridad a las comunidades indígenas de la microrregión Costa Chica- Montaña, en el ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y de sus sistemas normativos.
En mesas de trabajo explicó cómo a través de los años, la CRAC-PC se convirtió en elemento de organización fundamental de varios procesos de la lucha indígena, como en San Miguel del Progreso, donde los pobladores emprendieron una lucha legal contra una concesión minera en sus tierras comunales, y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota también se unieron por la seguridad.
Señaló que “la criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por autoridades estatales y federales ha sido un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia, y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos”.
Barrera Hernández se refirió al encarcelamiento del consejero de la CRAC-PC y defensor comunitario del pueblo na’ savi, Arturo Campos Herrera, como un caso paradigmático de la criminalización en el estado.
Planteó que “su permanencia por más de cuatro años en prisión preventiva por un delito que no cometió, mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”.
Denunció los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en una operación de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que hay 25 personas en proceso judicial, 13 policías comunitarios del homicidio de seis personas armadas durante un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria, que fomentaron los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Destacó que existen otras formas de prevención y protección de sus derechos, desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CAADT), y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas.
Opinó que en este contexto de organización es necesario que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, que no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además se informó que en septiembre de este año la relatora Victoria Tauli-Corpuz presentará un informe temático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye el reporte sobre su visita a México de noviembre de 2017, que consideró La Montaña de Guerrero.
Reconoció que los informes de las y los relatores de la ONU hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.
Confió en que la participación de Tlachinollan “abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección”.

 

Que se indague la tortura en el caso Ayotzinapa, pide el Parlamento Europeo

El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exigió al gobierno de México indagar “de manera exhaustiva” los señalamientos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su informe sobre el caso Ayotzinapa.
“Pido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”, indicó el presidente del subcomité, Pier Antonio Panzeri.
El legislador cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para hacer una investigación imparcial sobre la desaparición de los 43 normalistas, y consideró inaceptable que se haya sometido a los detenidos a tratos inhumanos.
“Desde 2014 las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la ley general contra la tortura, en particular durante la fase de instrucción”, señaló.
Para el socialista italiano, las autoridades que están a cargo de las investigaciones deben respetar la Ley General contra la Tortura y las normas y estándares internacionales.

Excluyeron a líderes indígenas de la visita de la relatora de la ONU, se queja Carlos de Jesús

Representantes de pueblos indígenas de varios estados de la República, incluido Guerrero, denunciaron que fueron excluidos de la agenda oficial de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en su visita oficial programada del 8 al 17 de noviembre en México, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
Vía telefónica el ex diputado indígena por el PRD, Carlos de Jesús Alejandro dijo que el gobierno federal quiere controlar la agenda, para evitar la interlocución directa de la relatora con los pueblos, “usando como filtro a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”.
Confió en que este jueves en la noche la relatora reciba a los representantes de la red que promueve, en un encuentro privado que están gestionando desde el 7 de noviembre.
De la conferencia detalló que se pronunciaron contra la reducción en 12 por ciento del presupuesto federal del anexo 10 de erogaciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, y de 51 por ciento al presupuesto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo dictamen podría ser llevado hoy al pleno.
Adelantó que la Red elaboró una propuesta de reasignación de recursos que entregó a la Junta de Coordinación Política, al presidente de la Comisión de la Cuenta Pública y de la comisión de Asuntos Indígenas.
Añadió que unas 200 personas de Oaxaca y de Guerrero estuvieron en plantón afuera de la Cámara para pedir “se evite recorte brutal y discriminatorio”, y en la tarde marcharon del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos.
De la visita oficial de la relatora especial aseguró que muchos integrantes de la Red insistieron desde 2014 en esta gira ante el mecanismo de expertos de pueblos indígenas en Ginebra, y mediante la cancillería, sin embargo, “el gobierno federal quiere controlar su agenda, evitando la interlocución directa con los pueblos y comunidades indígenas, y diversas ONG están prestándose y siendo un filtro para representar y suplantar la voz de los pueblos indígenas sólo con ellas”.
Destacó que mediante gestiones se abrió la posibilidad de que la relatora los reciba la noche de hoy.
De Guerrero indicó que participan la representación de los pueblos de Ayutla de los Libres que promovieron la elección por usos y costumbres, promotores para la creación de nuevos municipios, de pueblos nahuas de la parte baja de la Montaña, Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) activados en la lucha social contra la inseguridad, y él, de los pueblos del Alto Balsas que tienen amenazas de las mineras.
Mencionó la reforma constitucional de Guerrero en materia indígena y la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Dijo que pedirá un pronunciamiento de la relatora para el respeto a la libre determinación de los pueblos en la elección por sistemas normativos propios, en Ayutla de los Libres, y contra los lineamientos discutidos ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección 2018, porque no garantiza la representación de los pueblos indígenas en los espacios de gobierno.
Aseguró que de 28 distritos electorales federales clasificados como indígenas por el INE, (dos en Guerrero: el 5 de Tlapa y 6 de Chilapa), sólo en 12 los partidos políticos están obligados a presentar un candidato indígena.
Denunció que los 28 distritos indígenas no representan ni el 10 por ciento de la población del país, y de acuerdo con el conteo del Inegi 2015, hay 25 millones de indígenas en México, lo que representa más del 21 por ciento de habitantes.
Insistió en que hay una doble discriminación en el proceso electoral.

El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos

Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.

El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator

En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .

Piden padres de los 43 al relator de la ONU que respalde al mecanismo de seguimiento de la CIDH

El relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, quienes le pidieron que respalde al mecanismo de seguimiento de la investigación.
En la escuela fue recibido con collares de flor cempazúchilt y abrazos de varias madres, con quienes cruzó un breve saludo de bienvenida, él apoyado con un traductor porque no habla español, agradeció la recepción.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que fue una petición del relator visitar la institución educativa, en la negociación de su primera visita oficial a México con el Estado mexicano.
El relator caminó con los padres y entre las consignas que entonaron los estudiantes, por Ayotzinapa y por la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos, hasta la sala audiovisual en el casco de la escuela donde fue el encuentro cerrado.
Luego de media hora se permitió el acceso a reporteros para tomar fotografías con la mayoría de los 43 padres de familia. Se informó que dos grupos siguen en comisiones fuera del estado.
Después hubo un recorrido por la Normal Rural a los memoriales que dan cuenta de las represiones del Estado a los estudiantes.
En general, el funcionario de la ONU estuvo en las instalaciones casi una hora, de las 5:15 de la tarde a las 6:10 que se retiró con su equipo en una Urvan blanca, sin membrete.
Fue notoria la operación de seguridad en la carretera de cuota y el viejo libramiento, con retenes reforzados de policías y militares.
Del encuentro, Rosales Sierra indicó que el relator tiene suficiente información del caso que han enviado los familiares, y quiso hacer una visita oficial a la escuela.
Los padres en breves testimonios denunciaron que no hay indicios del paradero de sus hijos, y que en dos años de búsqueda de la verdad se han convertido en defensores de derechos humanos.
El abogado explicó que la desaparición forzada de estudiantes en Iguala hizo visible el problema de la desaparición de personas en México en todo el mundo, y los padres reivindican ahora la demanda por la presentación de los 27 mil desaparecidos en el país, y apuntalan muchas otras luchas como la defensa del agua, del territorio y de la educación pública.
Añadió que se hizo énfasis ante el relator sobre las agresiones a los padres, a sus representantes legales y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato en el país.
Indicó que a los padres se les ha intentado cooptar con dinero, se trató de desprestigiar a los estudiantes desaparecidos desde la investigación cuando se les vinculó con un grupo de la delincuencia organizada, cuando el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda declaró que los padres eran manipulados, y con intervenciones telefónicas ilegales que fueron difundidas para confrontarlos.
Lo llamaron a respaldar al mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado el antecedente de que se intentó desperstigiar al GIEI desde el Estado, tuvo dificultades y obstáculos que les impidió avanzar más “y no queremos que eso pase con el mecanismo especial de la CIDH”.
En el recorrido, observaron los murales a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados de la Normal que en la década de 1970 encabezaron dos movimientos guerrilleros, y se detuvieron en los espacios dedicados a las víctimas.
Fueron al asta bandera, ícono de la escuela que construyeron los estudiantes cuando fueron acusados de izar una bandera de huelga en lugar del lábaro patrio, lo cual fue considerado traición a la patria y ameritó una incursión de soldados a la institución, se le explicó al relator.
Vieron un mural sobre el asesinato del normalista de Campeche en la escuela Manuel Huikán Huikan por policías estatales, en una jornada de lucha por el retiro del bachillerato pedagógico de la Normal Rural.
Asimismo el memorial del desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y las 43 butacas con fotografías de los desaparecidos en la cancha techada de básquetbol, junto a un altar que cada día se nutre con el tiempo de nuevas imágenes religiosas.

Entregó al relator de la ONU una lista de los defensores que tienen “tutelas”, dice Florencio Salazar

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame entregó una lista de defensores que cuentan con “tutelas” en Guerrero al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst.
En una reunión a puerta cerrada a las 10:30 de la mañana en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, se entregó la documentación solicitada por el relator para el análisis de la situación de los defensores de derechos humanos en el estado.
A la salida del encuentro en breves declaraciones, Salazar Adame dijo que el encuentro fue solicitado mediante la Cancillería hace tres semanas, para entablar una mesa de trabajo de dos horas.
Dijo que en el encuentro se le informó por escrito al visitador de la ONU cuál es la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Guerrero.
“Se les entregó quiénes son los que tienen tutelas y los motivos por los cuales se les dieron, si te quiero mencionar que es delicado dar a conocer los nombres porque estaríamos violando la ley”, puntualizó.
Agregó que quienes cuentan con las medidas cautelares las tienen porque han sido o son amenazados, por lo que en el documento entregado se detalla quienes son y donde están.
En el informe entregado se detallaron nombres, organismos solicitantes, las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de persona defensora de derechos humanos, agregó.

Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles


El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.

Exige justicia el Centro Morelos

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

 

Pide el Centro Morelos a la ONU y a la CNDH que ayuden a sobrevivir a familias de desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa manifestó que los familiares de desaparecidos esperan que el representante en México de las Naciones Unidas, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez cumplan su promesa de intervenir para que los familiares de las víctimas de desapariciones reciban apoyos para su sobrevivencia.
En un boletín el organismo informó que los familiares de las víctimas que se reunieron con el representante de las Naciones Unidas y el visitador de la CNDH el martes y miércoles en Chilpancingo y Chilapa, pidieron proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, “sin restar importancia a las sugerencias y recomendaciones precisas que el gobierno del estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia para las víctimas, y poder tener un estado con mayor equidad y libre”.
Reprochó que siendo Guerrero un lugar donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas son temas cotidianos, haya una Fiscalía General del Estado (FGE) y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema.
En cuanto al primer asunto el Centro Morelos consideró que la visita conjunta del representante del Alto Comisionado y del visitador de la CNDH, “no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los guerrerenses fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades”.
Reclamó que por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, y extorsiones van a la alza.
“Además la saturación de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense, en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes”, cuestionó el organismo.
El Centro Morelos informó que los colectivos que se reunieron con el representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas.
“Tan sólo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, el 4 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre. Un día después se dio la privación de libertad del coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de un comando de hombres armados”, denunció.
En este contexto exhortó a la ONU-DH y a la CNDH a que cumplan los compromisos que hicieron con las víctimas, “entre estos el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre”, reclama el organismo mediante su comunicado.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que los hechos de desaparición involuntaria de personas han puesto en evidencia, que tanto la FGE como su Dirección de Servicios Periciales carecen de equipo material y humano para ofrecer un trabajo confiable a la población.
En este contexto el organismo denunció que los familiares además de salir a buscar a sus desaparecidos se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes, por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.