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Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.

Los reportes de la vigilancia

Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los reportes de la vigilancia

En Guerrero no se van a permitir más ni persecución
política ni represión, promete Evelyn

Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.

También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.

CIDH: injerencia de la FGR en el caso Ayotzinapa pone en riesgo la investigación

Advierte la CIDH injerencia de FGR en el caso Ayotzinapa que pone en riesgo la investigación

Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, Julissa Mantilla Falcón, Tania Rennó, Esmeralda Arosemena y Fiorella Messi escuchan a la rondalla Romance con la canción Ahora soy #43, ayer en la Normal Rural ubicada en Tixtla Foto: Jessica Torres Barrera

Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento presentan en la Normal Rural el tercer informe ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Piden a López Obrador una indagatoria y una fiscalía independiente. Uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército, señalan. Observan avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas

Zacarías Cervantes

Ayotzinapa

Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.

La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación

Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se

destacan los contrastes que hay entre la UEILCA y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que por una parte se ven “los esfuerzos para esclarecer los hechos y procurar el acceso a la justicia de las víctimas” y, por la otra, “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”.
Cuestionan que el modelo de recuperación de información diseñado por el Estado mexicano encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado.
“Es preocupante que pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”, señala.
El organismo también cuestionó que a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército.
Del paradero de los estudiantes el informe de la CIDH reconoce que el Estado viene integrando evidencias que dan cuenta oficialmente de la detención de los estudiantes por agentes estatales, “su posterior tránsito por locaciones estatales como La Barandilla o el 27 Batallón de Infantería, y se entregaron a personas integrantes de grupos criminales”.
“Así, en manos de los grupos criminales, los estudiantes habrían sido privados de la vida y sus restos despojados a través de diversos métodos”, subraya el informe.
Agrega que la CIDH “observa que estas hipótesis son objeto de investigación y verificación judicial y recuerda que la determinación del paradero de los estudiantes debe orientar la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa” y que deben observarse los tratados internacionales de derechos humanos de los que México “es parte y de la obligación ius cogens de derecho internacional, respecto de la prohibición de la desaparición forzada de personas”.
De la búsqueda, el informe reconoce que el Estado “ha transformado positivamente su estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes, procurando acciones coordinadas con las familias y sus representantes legales para garantizar su participación, conocimiento y presencia”.
Refiere que la CIDH ha observado avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas desaparecidos y ha tomado nota de los esfuerzos estatales para la formulación de hipótesis de búsqueda sustentadas en nuevas declaraciones testimoniales, y otras evidencias que obran en la investigación penal del caso.
En la sesión de preguntas y respuestas, Arosemena de Troitiño dijo que la mayor preocupación que se recoge en el informe son los obstáculos que se están presentando para dar seguimiento a la investigación y preparación del material probatorio, que serán presentados ante los jueces para la judicialización del caso, “lo que puede afectar el ritmo de las investigaciones”.
Dijo que hay la necesidad de que las investigaciones se den con la debida diligencia, transparencia e imparcialidad, y que eso se garantiza con independencia, “si hay otra Unidad que no es la que está encargada de las investigaciones, por supuesto que va a haber una afectación al proceso”, advirtió.
Sin embargo, las integrantes del Mecanismo no respondieron a una pregunta de un reportero en el sentido de que si esa injerencia que obstaculiza las investigaciones viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro planteamiento en el informe es que le damos al Estado y a las instituciones esta hoja de ruta y guía orientadora para reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que la investigación tenga el cauce debido en estos principios, si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia, que es lo que piden los padres: verdad y justicia”, dijo Arosemena.
“La investigación tiene que ser independiente, la Fiscalía, la UEILCA y cualquier unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni de nadie”, expuso.
Recordó también, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, “las desapariciones forzadas no pueden terminarse por un decreto que diga se acabaron, la desaparición forzada es un delito continuo, tan es así de grave que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no solamente considera víctima de desaparición a la persona desaparecida, sino también a las familias”.
“Tan es así de grave que la ONU y el Sistema Interamericano consideran a la desaparición forzada como una violación de derechos humanos compleja”, y agregó que con mayor razón en el caso Ayotzinapa, “que no es un caso aislado en México, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones”.

Recomienda profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias

En sus recomendaciones al Estado mexicano, el organismo pide que se establezcan los protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso.
Además, mantener y profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en los espacios de coordinación interinstitucional, lo que supone retomar las reuniones periódicas de la Covaj.
También, mantener el modelo de investigación autónomo dispuesto para el caso Ayotzinapa, “consagrando la independencia de la investigación y replicar estas características de investigación en otros casos de graves de violaciones a los derechos humanos en el país”.
Respecto a la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las integrantes de la CIDH informaron que el organismo tomó la determinación de que permanecerán los cuatro integrantes hasta diciembre.
Antes se había dicho que sólo continuarían (sin precisar por cuánto tiempo) Carlos Beristáin y Ángela Buitrago y que se retirarían Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.
Sin embargo, ayer se precisó que continuarán los cuatro pero hasta el próximo diciembre.

También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación

Reprochan la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, lo que ha llevado, opinaron, a que ocurriera el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Investiga la UIF?a Murillo Karam por caso de lavado de dinero ligado a los Pandora Papers

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.

Implica al hijo de ex titular
de la SCT en la investigación

En el lavado de dinero por el que se investiga al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también está involucrado el hijo del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Dosal, quien fue su secretario particular.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de familiares de Murillo.
Las contrataciones se dieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando Ruiz Dosal era secretario particular de Murillo en la PGR y su padre, estaba al frente de la SCT.
Se trata de las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso, (Murillo) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.
La indagatoria contra Murillo Karam, que derivó en una denuncia presentada ayer por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal, surgió tras la investigación internacional denominada Pandora Papers, revelada en octubre del año pasado, que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas “off shore” y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.
Según la denuncia, Murillo Karam recibió depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos, los cuales supuestamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.

No obedece órdenes del Ejército de no atender una queja sobre Ayotzinapa, dice la CNDH

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.

Abren estudiantes de Ayotzinapa la 35 Zona Militar; arrojan un camión, cohetes y piedras

Padres y madres de los 43 desaparecidos, frente a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin político en la explanada de la 35 Zona Militar en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Padres de los 43 desparecidos y alumnos de Ayotzinapa insistieron en que el Ejército sea investigado y se detenga a los militares implicados en la desaparición de los estudiantes; normalistas arrojaron un camión de Coca-Cola al portón de la 35 Zona Militar, arrojaron cohetones y pintaron consignas en los mur.
En su segundo día de jornada de movilización y a unos días de cumplirse el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, padres y alumnos a las 12 del día se manifestaron en Chilpancingo.
Los manifestantes a bordo de autobuses descendieron afuera del cuartel de la 35 Zona Militar, ubicada en la lateral de la Autopista del Sol, en el sentido sur-norte, el cual fue cerrado durante su actividad, que duró una hora y media.
Al llegar, los padres y algunos alumnos con sus resorteras lanzaron piedras a las cámaras de seguridad, arrancaron unas banderas que adornaban la fachada del lugar y colocaron pegatinas en el portón con la frase “nos faltan 43”; posteriormente iniciaron su mitin.

No hay militares detenidos pese a que hay órdenes de aprehensión

El vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que el reciente informe que dio el gobierno federal tiene elementos importantes que deben de ser investigados, ya que por primera vez reconoce que fue un crimen de Estado.
Indicó que al decir que fue un crimen de estado “significa que los funcionarios, las fuerzas armadas y policías participaron para desaparecer a los 43 alumnos y asesinar a tres de ellos: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes”.
Melitón Ortega consideró que es importante para la lucha de los padres esclarecer lo que pasó el 26 y 27 de septiembre y que el gobierno profundice esas líneas que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa dio a conocer el pasado 17 de agosto, por lo que debe de seguir deteniendo a los culpables.
“Pero para calmar los ánimos de los padres, de los estudiantes y del pueblo fue la detención de Jesús Murillo Karam (ex procurador general de la República), para decir que están haciendo mucho, pero hasta la fecha no tenemos más detenidos”, dijo.
El vocero recriminó que Murillo Karam pidió un amparo para no ser procesado, y sostuvo que los padres y madres no lo van a permitir, “en el informe que presentó, Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) señala que participó el Ejército del 27 batallón de Iguala, el 48 batallón y el 35 sede en este lugar”.
Destacó que hay unas 80 órdenes de aprehensión dentro de las cuales están los agentes y los altos mandos del Ejército, “que hasta la fecha no se sabe nada si van a actuar en contra de ellos, de la Marina y las fuerzas armadas que hasta hoy está impune”.

Dijo que por eso, este martes, acudieron a la explanada en el exterior de la 35 Zona Militar para decirle al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “no vamos a descansar y que señalarán a los militares”.
Además, recriminó que el gobierno federal dice que las fuerzas armadas son las que van a generar las condiciones de paz en Guerrero y en el país, “cuando son ellos los responsables de desaparecer y asesinar a campesinos, alumnos y defensores de los derechos humanos. Se tienen que encarcelar a los miliares”.
Melitón Ortega destacó que acudían a la Zona Militar para decir a las autoridades que no pueden permitir que los militares anden en las calles como si nada, y haciendo creer que son ellos los que van a controlar todas las bandas criminales, “cuando son ellos parte de esta banda criminal”.
Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, portó una lona de plástico con el rostro de su hijo, y dijo: “nosotras como madres no vamos a parar hasta saber el paradero de nuestros hijos”.
Destacó que el gobierno federal reconoce que fue un crimen de Estado “cuando nosotros desde un principio ya lo sabíamos. También exigimos la ejecución de las órdenes de aprehensión, porque nada más detuvieron a Murillo Karam y ya no hay más detenciones”.
La señora Blanca manifestó que como madres exigen que se castigue a los responsables que se llevaron a sus hijos, porque ya están por cumplir ocho años y no los encuentran.
“Exigimos la verdad, no nos vamos a ir a casa con una respuesta de que están muertos, nos iremos cuando nos den pruebas científicas de que nuestros hijos están vivos o muertos, porque así como dicen las autoridades que no hay indicios de vivos tampoco lo hay de muertos”.
Aseveró que los padres y madres seguirán en las calles hasta encontrar con vida a sus hijos y que se castigue a todos los responsables. La madre de Jorge Álvarez consideró que el Ejército está para defender a la sociedad, no para que desaparezcan y maten, “aquí vamos a seguir en pie de lucha”.

Pintas, piedras, cohetones y dejan ir un camión de Cocacola para abrir la puerta

Al finalizar el mitin los padres se retiraron del lugar, en tanto los alumnos realizaron pintas con las frases: “Nos faltan 43”, “Fue el Estado”, “26 y 27 de septiembre no se olvida” y “Gobierno asesino”.
Los jóvenes con el rostro cubierto lanzaron piedras al interior de la Zona Militar, la cual estaba totalmente cerrada, arrojaron más de 10 cohetones y lanzaron un camión de la empresa Coca-Cola sin chofer al portón, que se abrió.
El camión, que llevaba costales blancos rellenos de taparroscas, quedó parado en la entrada, y en tres ocasiones los alumnos lanzaron al interior del camión cohetones, uno de ellos ocasionó que el vidrio saliera volando por los aires.
Al finalizar subieron a los autobuses, se retiraron de la vialidad y se dirigieron al municipio de Tixtla donde se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De acuerdo con la agenda de actividades de los padres este miércoles estarán en Iguala.
A la zona llegaron Bomberos para verificar que no hubiera artefactos, después salieron los militares para ver los daños causados; posteriormente retiraron del lugar el vehículo.

Bloquean la autopista dos horas padres de los 43

En la protesta, los familiares de los normalistas comenzaron una nueva jornada de lucha en la víspera de que se cumplan ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014. En el mitin que realizaron en el lugar en que policías mataron a los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 12 de diciembre de 2011, exigieron que sea detenido el ex go-bernador Ángel Aguirre y militares involucrados en los hechos de Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Bloquean dos horas la Autopista del Sol en Chilpancingo padres de los 43 y organizaciones

Comienzan una jornada de lucha por la presentación de los normalistas desaparecidos. Exigen que sea detenido el ex gobernador Ángel Aguirre y militares involucrados en los hechos de Iguala

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En su primer día de jornada de lucha, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, miembros de organizaciones sociales y estudiantiles bloquearon dos horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, para demandar la presentación con vida de los jóvenes, y reiteraron que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero debe ser detenido.
Asimismo, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa se llevaron tres tráileres de empresas privadas y un automóvil de Barcel.
Los manifestantes a bordo de unos 10 autobuses cerraron la vialidad a las 12:30 del día, frente al hotel el Parador del Marqués, al sur de la capital, donde están las cruces de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos asesinados en un desalojo en el 12 de diciembre de 2011 y colocaron una corona de flores.
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio ofició una misa, ahí dijo que todos fueron convocados por los padres y madres de los 43 estudiantes para iniciar con la jornada de lucha.
Pidió por quienes han perdido la vida a causa de la violencia, en especial a Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús y por los 43 alumnos que se encuentran desparecidos, “que esta oración nos ayude a poder caminar con fuerza y esperanza durante esta jornada”.
El vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que es el inicio de su jornada de lucha a ocho años de la desaparición forzada de los alumnos. Dijo que iniciaban en ese lugar donde asesinaran a los dos estudiantes, “los que asesinaron a los jóvenes siguen libres, uno de ellos es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, él es responsable”.
El vocero pidió al gobierno federal y estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, que reabra el caso y que se sancione penalmente a los responsables, quienes “gozan de la libertad de las calles”.
Dijo que los padres no ven con claridad los avances que se tienen con el caso Ayotzinapa, “que este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López que dé con los responsables y los encarcelen, no nos vamos a quedar con las migajas que nos han querido ofrecer”.

Seguirán en las calles hasta encontrar a sus hijos, dicen madres

María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, agradeció a las organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales que los sigan acompañando a casi ocho años de la desaparición de sus hijos.
Pidió que haya justicia y que como madres y padres quieren saber dónde están sus hijos, “lo exigimos porque las mismas autoridades reconocieron que fue el Estado, si saben que fue el Estado, ¿qué están haciendo para detener a los responsables”.
Martínez Zeferino dijo que les da coraje ver que los responsables de la desaparición de sus hijos andan en la calle como si nada, “y nuestros hijos, ¿dónde están? Yo lo único que quiero es a mi hijo, los padres no tenemos la culpa de estar estorbando, nosotros no estuviéramos aquí si a nuestros hijos no los hubieran desparecidos”.
Manifestó que el presidente de la República no piense que con el informe que les dio crea que con eso ya cumplió, “pues no, para nosotros no está claro, y las autoridades dicen que ya saben qué pasó con nuestros hijos pero nosotros seguimos en la misma no sabemos dónde están”.
La madre pidió que no los hagan creer que los mataron y que sus “restitos cambian de lugar, los desentierran y los pasan a otro lado, a nosotros no nos van a engañar con eso, queremos la verdad, quiero pruebas científicas que me digan que mi hijo ya no está, yo seguiré gritando y exigiendo que me lo regresen con vida porque así se lo llevaron”.
Consideró que las autoridades federales los ignoran porque cuando se reúnen con el presidente de la República les dicen que tienen toda la disponibilidad, pero se da la espalda y los ignoran, “somos pobres pero no pendejos”.
María Martínez externó que López Obrador pensó que con lo que les dijo que ya no estaban sus hijos se iban a ir a sus casas, “no me puedo ir porque aún me falta mi hijo y mientras no lo tenga aquí voy a seguir, los que tienen un hijo saben lo que se siente perder a uno, ver que pasan días y no los tenemos junto a nosotros”.
En su participación, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio manifestó que a casi ocho años de la desaparición forzada de sus hijos no saben dónde están, y que tienen esa preocupación como madres y padres de no saber, pero por el amor que les tienen siguen exigiendo al gobierno que avance con las investigaciones.
Sostuvo que las madres y padres no pueden estar en sus comunidades sin saber dónde están sus hijos, por lo que van a seguir en la lucha y seguirse organizando para alcanzar la verdad y la justicia.
La madre indicó que cuando ocurrieron los hechos en Iguala el 26 y 27 de septiembre estaba como gobernador Ángel Aguirre Rivero, por lo que debe de ser castigado, ya que por su culpa asesinaron a tres alumnos: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, otro quedó en coma Aldo Gutiérrez Solano y desaparecieron a 43 estudiantes.
“Ahora sabemos que fue el Estado que despareció a nuestros hijos. Como madres, padres y organizaciones ya lo habíamos señalado pero nunca nos hicieron caso”.
Manifestó que el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto dijo que a sus hijos se los llevó la delincuencia organizada, “los padres siempre dijimos que la delincuencia y el Estado se coordinaron”.
Cristina Bautista consideró que las autoridades pensaron que por ser campesinos no reclamarían a sus hijos, “pero aquí nos tienen a casi ocho años”, –ya casi para finalizar la madre hizo una pausa y lloró–, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

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En 2011 comenzaron los asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que desde el crimen que ocurrió el 2011 contra los normalistas iniciarían las agresiones violentas hacia la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Antes de ese crimen el Estado no se había atrevido asesinar a un estudiante, a lo más que pudo hacer fue desalojar de manera violenta a los estudiantes en el Congreso local, pero en el 2011 las fuerzas estatales y federales por órdenes del gobierno asesinaron a los dos normalistas”.
Dijo que a pesar de que pidieron juicio político contra Ángel Aguirre Rivero se los negaron, por lo que su autoritarismo creció y los actos violentos contra la Normal Rural de Ayotzinapa siguieron sucediendo.
El abogado consideró que después del 12 de diciembre al gobierno “se le hizo fácil agredir a normalistas, le resultó barato matar estudiantes de Ayotzinapa y utilizar armas contra hijos de campesinos, de gente pobre”.
El 26 de septiembre en las primeras horas de agresión el gobierno del estado de Guerrero sabía lo que estaba sucediendo junto con el Ejército tenían el tiempo exacto de los estudiantes, “es falso que el ex gobernador Aguirre Rivero ahora dice que no tenía conocimiento”.
Expresó que el Ejercito pese a que tenía a un elemento infiltrado en la Normal Rural y que ese día estaba en riesgo decidieron que desapareciera, “ese es el Ejército, que deja morir a un soldado porque estaba en una Normal y que deja morir a otros estudiantes y permiten que desparezcan más jóvenes”.
Vidulfo Rosales aseveró que el Ejército dirigía las operaciones en Iguala, controlaba y que por lo menos un coronel de infantería (José Rodríguez Pérez) dio la orden de asesinar a seis alumnos de Ayotzinapa, “esas son las fuerzas de seguridad que tenemos (…) nadie nos puede decir que no exijamos prisión para los elementos del Ejército ya señalados por el gobierno”.
A más de un mes del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, “hoy no tengamos a ningún miembro del Ejército detenido, por eso es legítima nuestra protesta”, destacó.
Al finalizar en declaraciones por la reaparición de Ángel Aguirre Rivero con el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, Melitón Ortega opinó: “ahora se quiere colgar de los religiosos para lavar su imagen, pese a que es responsable del asesinato de dos estudiantes en el 2011, de tres más en Iguala y de la desaparición de los 43 alumnos”.
Manifestó que se tiene que abrir una carpeta de investigación contra el ex gobernador, porque tenía en sus manos evitar tan grave masacre contra los estudiantes, “Aguirre Rivero pretende refugiarse en mano de los religiosos”.
A las 2:40 de la tarde las organizaciones sociales entre ellas el colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo entonaron el himno Venceremos y posteriormente se retiraron .
En tanto, alumnos durante el mitin retuvieron tres tráileres de empresas privadas y un automóvil de Barcel, los cuales se llevaron a la escuela Normal Rural ubicada en el municipio de Tixtla.

Peña Nieto nunca tuvo la intención de ayudar a buscar a sus hijos, señalan padres de los 43

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos encabezaron una marcha en la Ciudad de México a 50 meses de los crímenes de Iguala .Foto: Agencia Reforma

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

“No se imaginan el dolor que significa para nosotros estar aquí, tras 50 meses, no se lo pueden imaginar”, dijo María de Jesús Tlaltompla, madre de uno de los 43 estudiantes desparecidos hace cuatro años y dos meses, en el mitin que se efectuó la tarde de este lunes en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México.
“El próximo viernes se acaba esta administración y jamás hubo intención de ayudarnos a encontrar a nuestro hijos”, indicó la mujer frente a decenas de presentes tras concluir la marcha que inició en el Ángel de la Independencia.
“Ya basta de crímenes, ejecuciones. ¿Hasta cuándo tendremos un gobierno democrático? Por eso confiamos en la siguiente administración de Andrés Manuel López Onrador , para que llegue a la verdad en este caso y vele por nosotros, por su pueblo”, señaló en la última manifestación en la Ciudad de México que se realizó en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración sostiene la “verdad histórica” de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.
A 50 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, esta manifestación culminó con la quema de una piñata alusiva al presidente Enrique Peña Nieto, y en la protesta también se osbservaron figuras de otros políticos que trasitaron por la administración que finaliza esta semana: Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño, Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Karam.
También había piñatas de exfuncionarios de Guerrero, como el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaki Blanco, y de otros personajes como Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR; los exlíderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo y Juan Díaz de la Torre, e incluso de Cladio X. Gónzalez, fundardor de Mexicanos Primero.
Las familias de los estudiantes desaparecidos dijeron en el mitin que estos políticos son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres, y también los culparon de la deporable situación de la educación en el país. “Peña Nieto se va con las manos llenas de sangre, por eso realizamos esta quema simbólica. Una y otra vez se le pidió que nos ayudara a encotrar a los estudiantes desaparecidos, lo mismo a sus funcionarios, y jamás se interesó por nosotros”, dijo Melitón Ortega, vocero de las familias.
“Se cumplen 50 meses de dolor, de frustración, pero también de lucha. Nosotros no vamos a dejar a las calles. No sabemos si el próximo gobierno se pondrá a trabajar, no sólo en este caso, sino en el de los miles de desaparecidos en el país”, dijo, por su parte, Felipe de la Cruz, también vocero del movimiento.

“Reyes de la impunidad”

Este lunes se cumplieron 50 meses de la desaparición de los estudiantes y la marcha y maifestación para que sean presenteados con vida comenzó poco después de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez. Las familias de los 43 exigieron una vez más sobre Paseo de la Reforma que sus hijos regresen vivos y que el gobierno que viene realice la investigación necesaria para que el caso se esclarezca, “pues Enrique Peña Nieto nunca tuvo disposición”.
Las actividades iniciaron el pasado jueves, en la 50 Acción Global por Ayotzinapa y México, entre el Dolor y la Esperanza, y culminaron con la marcha por Paseo de la Reforma y el mitin en el hemiciclo. Por la mañana de este lunes se efectuó un “juicio político” en el Zócalo del Centro Histórico en contra “del más sangunario de los presidentes den la historia de México, Enrique Peña Nieto y los integrantes de su gabinete, reyes de la impunidad”.
“Los encontramos culpables, sentenciándolos al repudio total de los mexicanos, y cadena perpetua por los siguientes delitos: corrupción, impunidad, desaparición forzada de los 43 normalistas, homicidas de más de 32 mil mexicanos en el sexenio”, gritaron en el centro del país.
La marcha de ayer, como cada mes, estuvo encabezada por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, seguidos por decenas de normalistas, en representación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). En esta ocasión también marcharon integrantes de la Federación Nacional de Movimientos y Organización Populares (Fnamop), miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ala disisnte del SNTE, y pobladores de Atenco.
En el Paseo de la Reforma, los manifestantes exigieron a las autoridades federales que aparezcan con vida los estudiantes, sin dejar de exclamar la consigna emblema de este movimiento desde hace más de cuatro años “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Como entre los contingentes también se encontraban organizaciones sindicales, éstas exigieron la liberació de presos políticos y la derogación de la reforma educativa.
Ya en el Hemiciclo a Juárez, los familiares de los 43 confiaron en que pronto habrá castigo para los responsables de la desaparición de sus hijos, “los cuales deben aparecer con vida porque no nos han demostrado que ya no estén aquí”. Advirtieron que no permitirán que Peña y sus colaboradores, como como el exprocurador Murillo Karam o Tomán Zerón, “se vayan impunes”. “Ayotzinapa será su pesadilla, no podrán estar tranquilos”, afirmaron.

Detienen en Cdmx a un alumno de Ayotzinapa y lo acusan de robo, denuncian padres de los 43

Estudiantes que se encuentran de guardia en una carpa bloquearon la avenida Juárez y se confrontaron con policías capitalinos y lanzaron un explosivo a una patrulla
Policías de la Ciudad de México aprendieron y golpearon a un estudiante de primer grado de la Normal Rural de Ayotzinapa que hacía guardia en una carpa instalada en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, y para justificar la agresión, las autoridades capitalinas le abrieron una carpeta de investigación por el delito de robo, denunció el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Melitón Ortega.
En consulta telefónica, indicó que esta acción provocó la protesta inmediata de sus compañeros que bloquearon la avenida Juárez, junto al Hemiciclo. De acuerdo con reportes periodísticos, ahí se suscitó una confrontación con los agentes de Seguridad Pública, donde los manifestantes lanzaron un artefacto explosivo a una patrulla.
Los normalistas que estaban en la escuela, en Tixtla, también organizaron una protesta en la capital del estado, donde atacaron a una patrulla de la Policía Federal e intentaron llevarse a uno de los oficiales, a fin de hacer un intercambio, de acuerdo con el reporte del gobierno del estado.
Melitón Ortega aclaró que el estudiante fue localizado y luego liberado por las autoridades de la Cdmx; por la tarde noche continuaban las pláticas para retirar el cargo contra el normalista.
Explicó que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tuvieron un acto cívico la tarde del sábado 15 de septiembre en el Hemiciclo a Juárez, una actividad que denominan el anti-grito de Independencia, con activistas y sindicalistas.
Para resguardarse de la lluvia, colocaron tiendas de lona que dejaron en el lugar para continuar este domingo 16 de septiembre una actividad cultural.
Ahí se quedaron algunos estudiantes y activistas haciendo guardias, al cuidado de los materiales.
Indicó que alrededor de las 2 de la tarde de ayer, un grupo de policías, uniformado, llegó la tienda agrediendo a un par los jóvenes por la colocación de la tienda en un sitio prohibido. Les dijeron que ahí no podían acampar.
Indicó que los agentes trataron de detenerlos y uno de ellos logró escapar, y al otro lo aprehendieron, y de inmediato sus acompañantes comenzaron un bloqueo a la avenida principal de la capital del país.
El activista, tío de uno de los normalistas desaparecidos, aclaró que al enterarse, los integrantes del movimiento por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a buscar a los enlaces con el gobierno de la Ciudad de México, para ubicar al estudiante. Al mismo tiempo, dijo que los normalistas emprendieron acciones de protesta para exigir su libertad inmediata.
El vocero confirmó que encontraron al estudiante en la delegación Cuauhtémoc, golpeado y acusado de robo.
Aclaró que el delito fue montado porque existen testimonios de personas que vieron a los policías perseguir al normalista que se resistió a una detención arbitraria, y cuando se logró el diálogo con los mandos de seguridad pública, les dijeron que lo aprehendieron por el robo de un celular, lo cual también consideró una provocación.
Indicó que una vez que el normalista fue liberado, se suspendieron las protestas, y aún se reunirían con las autoridades capitalinas para demandar la cancelación de la orden de aprehensión y que se investigue los golpes al detenido. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Padres de los 43 piden a la SCJ que los jueces valoren las irregularidades en la investigación

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron ayer en la Ciudad de México con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis María Aguilar, y le plantearon que los jueces deben valorar las irregularidades en la investigación del caso. El Consejo de la Judicatura Federal informó que Aguilar garantizó que los jueces actuarán de manera valiente e independiente.
Antes de esta reunión, integrantes del Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reprocharon al gobierno federal que no haya avances sustanciales en la investigación.
Los comisionados Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas junto con representes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron con autoridades de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según asistentes al encuentro, Vargas manifestó su preocupación por la falta de avances sustantivos en la investigación de los hechos del 26 de septiembre de 2014, mientras que Mario Patrón, del Centro Prodh, dijo al respecto que hubo manifestaciones de ambos comisionados.
“Lo cierto es que han venido pasando las fechas y el Estado no ha tenido la voluntad y la capacidad para ir dando resultados en cada uno de los ejes temáticos de la investigación”, manifestó Patrón.
Sin embargo, se informó que todas las partes mostraron voluntad para que este año terminen las labores del Mecanismo de Seguimiento y se presente un informe final en el último trimestre del año.
Entre los acuerdos que se lograron, señaló que habrá audiencias sobre Ayotzinapa en los cuatro periodos de sesiones de la CIDH durante este año, así como visitas oficiales a México bimestrales.
La actualización del cronograma de trabajo se formalizará el 2 de marzo en Bogotá, Colombia, en el 167 periodo de sesiones de la CIDH. Acordaron también que tras la audiencia pública sobre Ayotzinapa que se realizará el 2 marzo en Bogotá, Colombia, definirán el plan de trabajo y el cronograma que seguirán durante este 2018.
En un comunicado conjunto, la dependencias federales que estuvieron en la reunión señalaron que también se informó de posibles órdenes de aprehensión adicionales, sin aclarar por qué delitos.
Ayer concluyó la primera visita oficial del Mecanismo de este 2018, la cual duró dos días y en la que participaron la relatora para México, Esmeralda Arosemena y el comisionado Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo del organismo regional, Paulo Abrao.
Los integrantes de la CIDH se reunieron en la delegación regional de la PGR, ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, con autoridades del Estado mexicano y representantes de las víctimas, mientras que padres de los normalistas desaparecidos en 2014 se reunían con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en el Consejo de la Judicatura Federal.
Aunque desde hace prácticamente un mes la CIDH envió al Gobierno mexicano un cuestionario de 111 preguntas sobre el caso, las autoridades no entregaron todas las respuestas y se comprometieron a hacerlo la próxima semana.
La reunión empezó minutos después de las 9:00 horas y terminó hacia las 11:30, mientras que la mayoría de los padres de los estudiantes desaparecidos se reunieron con el ministro Aguilar y cinco consejeros de la Judicatura.
Al término de este encuentro, Vidulfo Rosales explicó que plantearon al ministro presidente que los jueces deben valorar las irregularidades de la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, tales como las denuncias de tortura y manipulación de las supuestas escena del crimen.
También pidieron que el Consejo de la Judicatura que pueda tener comunicación con la CIDH y el Mecanismo de Seguimiento.
“El acuerdo que sacamos es que ellos van a revisar todos los planteamientos que pusimos sobre la mesa y que nos estaremos viendo en un mes”, explicó Rosales.
En tanto, el CJF informó en un comunicado de prensa que Aguilar garantizó que los jueces actuarán de manera valiente e independiente, aunque no puede decirles a los jueces cómo resolver los casos, pues eso también vulnera su independencia.
“Ustedes tienen derecho a recibir justicia y nosotros estaremos pendientes de ello”, les dijo el Ministro.
El encuentro comenzó en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) poco después de las 10:30 horas, luego de una breve protesta de los familiares afuera del edificio.
Integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron este martes con padres y madres de los 43, y ayer en su visita a México sostuvieron reuniones con funcionarios del gobierno federal para revisar la agenda a seguir en el año.
Además dialogaron con el representante del Alto Comisionado de Naciones en México Jan Jarab, en la quinta visita oficial del Mecanismo.

Demandaron que se resuelva el amparo en la Visitaduría General contra Tomás Zerón, informa Tlachinollan

En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que en una ronda de participaciones los padres y madres hablaron de sus inconformidades frente a las actuales causas penales, las nuevas acusaciones, el amparo en la Visitaduría General contra el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, al que acusan de sembrar pruebas en el caso de la desaparición, así como la solicitud de participación del CJF en los informes que rinde el Estado a la CIDH.
Agrega que solicitaron al Poder Judicial que reciba a los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa en sus próximas visitas, además, que se sumen a la dotación de información periódica por parte del Estado al Mecanismo.
De las causas penales abiertas, demandaron excluir toda prueba ilícita de las investigaciones, solicitando que sean peritos del CJF y no de la Procuraduría General de la República quienes efectúen el Protocolo de Estambul a los acusados que han referido tortura. Apremiaron a que para las causas radicadas en Tamaulipas, exista una manera más eficaz de notificarles las resoluciones emitidas en el juzgado de Distrito de Matamoros, así como apertura para la revisión de expedientes escaneados.
En cuanto a las nuevas acusaciones, señalaron que es un indicativo de que la PGR reconoce a más sujetos involucrados sin embargo al parecer hay jueces que no han actuado conforme a derecho. Otro punto fue respecto al amparo interpuesto por padres y madres de los 43 en el poder Judicial frente a las irregularidades en la investigación de la Visitaduría General.
“Exigimos a nuestros hijos vivos, así como se los llevaron”, expresó Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benajmín Ascencio, ante los integrantes del Consejo, quienes en voz del presidente expresaron su solidaridad con los padres y madres de los 43 y los familiares de doña Minerva Bello, madre del normalista desaparecido Everardo Rodríguez, quién falleció el 4 de febrero pasado en Omeapa, Tixtla.
El documento agrega que Aguilar Morales atajó que si bien no les dirían a los jueces lo que deben hacer, pueden buscar que sean imparciales, honestos, que no tengan miedo, y solicitó más datos a los padres para “repartir responsabilidades en dado caso de que quizá algún juzgado esté cargado de trabajo, distribuirlo con otros”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo)