Este sábado, en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, continuó el foro Diálogo Nacional por la Educación, organizado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
El encuentro inició el viernes y terminará hoy en el transcurso de la tarde. Este sábado unos 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), y algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, acudieron al segundo día de encuentro.
Uno de los integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que impartió un taller de Derechos Humanos, Armando Miguel Barrera Rocha, compartió algunos consejos de qué hacer en caso de represión, desde cómo evitar el gas lacrimógeno, hasta qué debe tener un botiquín básico para las marchas.
En el transcurso del día hubo cuatro participaciones en el Auditorio de la Normal, un taller de Derechos Humanos fue presentado por la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta; fue leída la ponencia “Diálogo Nacional por la Educación”, de Hugo Casanova; César Navarro Gallegos habló de la Historia de la FECSM; y por último la ponencia “Desaparición Forzada” fue presentada por Valentina López de Cea.
En el taller de Derechos Humanos, integrantes de la Brigada de Paz Marabunta explicaron a los estudiantes y a los padres de familia cuáles son las medidas que deben tomar en marchas y mítines.
Uno de los integrantes de la Brigada, Armando Miguel Barrera Rocha, dijo que cuando un grupo de personas protesta, deberá tener un plan de prevención, saber qué hacer durante la protesta y después.
Además, compartió algunos consejos de qué hacer ante el gas lacrimógeno, cómo generar un protocolo de seguridad, cómo armar redes de monitoreo contra detenciones arbitrarias y qué debe tener un botiquín básico de primeros auxilios para las marchas.
Hoy se espera que culmine el foro Diálogo Nacional por la Educación, con las ponencias “Educación Alternativa”, impartida por Erika Candelaria Hernández; taller de Derechos Humanos, dirigido por la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta; y Política de la Educación Básica y Normal en México, de Alberto Arnaut.
Al finalizar se realizará una actividad sociocultural y clausura del Foro.
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Inauguran normalistas y padres de Ayotzinapa un foro para defender la educación
11:10. Los secretarios generales del Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el vocero y el abogado de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, Melitón Ortega y Vidulfo Rosales, respectivamente, inauguraron el foro Diálogo Nacional por la Educación, organizado para defender la educación pública.
En el acto de inauguración, Melitón Ortega dijo que este foro también es para coordinar que la lucha por la presentación con vida de los alumnos desaparecidos en septiembre de 2014 continúe por parte de los padres y los normalistas. Agregó que es obligación de los estudiantes seguir participando en el movimiento social, agradeció el apoyo a los jóvenes e integrantes de organizaciones y los llamó a la unidad.
Por su parte, los secretarios generales del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, expresaron en la inauguración que un pueblo puede tener armas pero sin educación está indefenso, y reiteraron que seguirán en la lucha por sus compañeros.
En el foro, organizado por los jóvenes, participan unos 150 estudiantes de la normal e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fue inaugurado cerca de las 10:30 de la mañana de este viernes y concluirá el domingo.
Hoy el abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan iniciará las conferencias con el tema Derechos humanos y desaparición forzada, mientras que otros ponentes expondrán la historia del normalismo y hablarán del Plan Integral, Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales.
Sí existen los videos del ataque en Iguala y ya se entregaron a la PGR, afirma Robespierre Robles
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado informó ayer a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que el material videográfico tomado por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) y que forman parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Al respecto, la entonces presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín había asegurado que desconocía si esos videos existían.
El magistrado presidente del TSJ también entregó a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa cuatro cajas de cartón que contienen las copias certificadas de las causas penales 212/2014-II, 214/2014-II, 216/2014-II y 217/2014-2 en el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del distrito de Hidalgo, instruidas por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, “y otras personas”.
Además entregó un informe “de todo lo actuado” en relación con esas mismas causas penales, y al respecto explicó que éstas se encuentran en “etapa de instrucción ordinaria”, es decir, se encuentran en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas incorporadas por las partes.
La información relacionada con el material videográfico, las copias certificadas de las cuatro causas penales y el informe de las actuaciones que se han realizado con relación a esos expedientes, fueron solicitadas por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en una reunión anterior que tuvieron con el presidente del TSJ el pasado 19 de febrero.
Ayer los padres y el magistrado presidente se reunieron a las 12 del día en el auditorio del TSJ, en el edificio del centro de la ciudad, en el mismo lugar de la reunión anterior.
Cerca de 50 padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, llegaron al edificio acompañados por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Isidro Vicario Aguilar y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
El contingente llegó al lugar bajo la intensa lluvia que caía en la capital, sin embargo, esto los motivó a corear consignas como: “Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento” y “porque vivos se los llevaron vivos los queremos”. Los padres ya eran esperados en la entrada del inmueble por Robles Hurtado, quien saludó a todos de mano antes de que entraran.
De entrada, el presidente del TSJ dijo que es el primer obligado a dar cumplimiento al derecho a la información y a la transparencia del quehacer público, y que con base en la ley ponía a su disposición toda la información documental y videográfica de los “lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Sobre una mesa, tras de la cual Robespierre Robles se sentó junto con integrantes de una comisión de los padres de los 43 normalistas encabezada por Melitón Ortega, yacían las cuatro cajas de cartón que contenían las copias certificadas de las causas penales 212/2014-2, 214/2014-2, 216/2014-2, y 217/2014-2, y el informe de las actuaciones que ha realizado el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito de Hidalgo, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, asesinados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los documentos fueron entregados a Melitón Ortega, en representación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Con respecto al material videográfico que registraron las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre, que ya habían solicitado los padres el 19 de febrero, Robles Hurtado informó que “actualmente el Poder Judicial del Estado no cuenta con material videográfico alguno, toda vez que el 24 de julio de 2015, en la investigación de los hechos relacionados con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, Ernesto Oscar Francisco Ornelas Delgado, agente del Ministerio Público de la federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acompañado de personal pericial acudió a las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde el licenciado en informática Javier Uribe Iturbe les entregó una memoria USB que contiene un respaldo extraído del DVR (Digital Video Recording) del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Robles dijo que esta información la proporcionaron el ingeniero en sistemas computacionales, Luís Europa Solís Jiménez, programador analista adscrito al distrito judicial de Hidalgo; el licenciado en informática Javier Uribe Iturbe, encargado de informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal; la delegada administrativa del Consejo de la Judicatura; el director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura y la ex magistrada presidenta, Lambertina Galeana Marín.
En el primer informe que dieron a conocer el 27 de agosto los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente GIEI, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su “preocupación por la pérdida de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, sobre la carretera federal México-Acapulco”.
El texto dice: “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”.
El 27 de agosto de 2015 la ex presidenta Galeana Marín dijo que no existían los videos, y el 14 de septiembre que “probablemente” sí existían, pero ayer el nuevo presidente del TSJ confirmó su existencia y que un respaldo de éstos fue entregado a la PGR desde el 24 de julio de 2015.
Consultado al final de la reunión, el presidente del TSJ informó incluso que el original del video está instalado “completito” en el mismo lugar donde siempre ha estado, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público, en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, expresó.
Aseguró además que toda la información y todas las evidencias que pueda tener el material videográfico están incluidas en la averiguación previa respectiva de la PGR.
Mencionó que él no ha tenido acceso al contenido del video porque no ha desmontado el original, como tampoco ha tenido acceso al expediente que abrió la PGR con respecto al material videográfico, “lo que tengo es el informe y el comentario que nos dieron (el equipo técnico) y que va en el informe que entregamos”, dijo.
Aseveró que a pesar de que el aparato de videograbación es propiedad del TJS no ha sido desmontado para revisarlo para no incurrir en violaciones a la ley o que se piense que fue manipulado.
Si le queda grande el cargo, renuncie, le piden
Cuando terminó de dar la información a los padres y detalló lo que le entregaba a Melitón Ortega, la madre María Elena Guerrero, insatisfecha, sobre todo con respecto a lo relacionado con el material videográfico, le gritó desde las graderías donde se encontraba, “su puesto le quedó grande” y le dijo que debería exigir a la PGR que le entregara el material.
Sin embargo, Melitón Ortega explicó que se llevarían toda la documentación con la información que les entregó el magistrado presidente y que valorarían su contenido para emitir un pronunciamiento después.
También dijo que había el compromiso de parte de Robespierre Robles de mantener “la puerta abierta” para que en caso de que le requirieran más información se las proporcione, y comentó que para los padres lo más importante son los videos y que después de valorar la respuesta que les dio Robles Hurtado regresarían, “porque está claro que lo que queremos son evidencias que identifiquen a los que agredieron a nuestros hijos, y si no encontramos esas evidencias, regresaremos para que instruya que se haga lo que se tiene que hacer”, expresó Ortega Martínez.
En respuesta el presidente del TSJ indicó que de su parte hace lo que puede “y frente a ustedes les respondo con lo que tengo”.
Otra de las madres, María de Jesús añadió que les quedó claro que lo que se pretende es proteger a quienes se llevaron y mantienen secuestrados vivos a sus hijos. “¿Hasta cuando Enrique Peña Nieto nos va a entregar a nuestros hijos?”, preguntó y dijo que si fueran hijos de él ya hubiera dado con ellos, “pero como somos gente que no tiene dinero, no nos hace caso”, expresó.
Consultado al final, Melitón Ortega adelantó que valorarán si solicitarán al presidente del TSJ desmontar y revisar juntos el contenido del original del video, que según Robles Hurtado sigue montado en el aparato en el mismo lugar, afuera del Palacio de Justicia de Iguala.
Reciben organizaciones a los padres de los 43 en San Luis Potosí, en su camino hacia Matamoros
Movimientos de izquierda y de corte maoísta recibieron a los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa en San Luis Potosí, en su camino a la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en la cuarta Caravana Nacional por la Verdad y la Justicia.
A su paso, en la capital del estado y en la cabecera municipal de Matehuala, puerta del desierto potosino, hicieron mítines en plazas públicas para manifestar que pretenden traer de Matamoros los expedientes de cuatro causas penales que les han negado a sus abogados sobre los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y para exigir que no salgan en libertad los policías municipales incriminados en los hechos, hasta que aparezcan sus hijos.
Asimismo, pedirán una entrevista con los jueces del Primero y Tercer Juzgado de Distrito de Matamoros, que han otorgado amparos a al menos 22 de 53 policías detenidos y en procesos de revisión, y para saber por qué se negaron las órdenes de aprehensión por desaparición forzada contra los detenidos, pues éstas se reclasificaron como secuestro.
En la plaza Juárez de Matehuala, la mamá de Getsemaní Sánchez García, Joaquina García Velázquez lamentó que “habiendo tanta gente inocente en prisión, los que cometieron graves delitos están en proceso de libertad”, refiriéndose a los policías.
Reveló que los padres se sienten “muertos en vida”, pero mantienen la confianza en que están vivos (sus hijos), “y si ya murieron, ¿por qué no nos los entregan?”, recriminó.
Insistió en que el gobierno tiene a los estudiantes, y que les ocasionó un dolor muy grande cuando presentó su verdad histórica, desechada ya por los peritos independientes.
Más afectada reiteró, “cada día nos preguntamos, ¿cuál es su propósito (de mantenerlos ocultos)?, y si están muertos, ¡por qué no nos los entregan!… tanta pinche gente corrupta que hay, dijeron que nuestros hijos eran delincuentes, no lo son, ellos lo único que quieren es salir adelante, no como uno que en el campo a veces hay buen tiempo, a veces no, les pedimos que nos ayuden”.
De igual forma el papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez denunció que, “ya no queremos saber nada del basurero de Cocula, queremos que faciliten los expedientes (la PGR), que faciliten todo, nos hartamos de tanta mentira, nos da mucho coraje que este gobierno juegue con nosotros, somos campesinos y tenemos dos temporadas de cultivo sin trabajar, sin hacer nada…”
Indicó que ayer en las manifestaciones les gritaron que se pusieran a trabajar, particularmente un taxista en San Luis Potosí, “pero no saben la rabia, el dolor que tenemos encima, jamás vamos a olvidar, por eso pedimos a ustedes que nos apoyen”, dijo, ante las mentiras de las autoridades que han presentado cuatro tesis falsas sobre la ubicación de los estudiantes.
El abogado Isidoro Vicario Aguilar recordó que entre las primeras recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue pedir que un juez concentrara los procesos penales para que tuviera un panorama amplio de los hechos de Iguala, pero siguen dispersos, cuatro causas penales en Matamoros, cuatro en Iguala, y están abiertos otros en la Ciudad de México.
La caravana
La organización Felipe Carrillo Puerto y otros movimientos de izquierda, integrados a la Asamblea Popular Nacional de Ayotzinapa, en San Luis Potosí, se encargaron de la logística de las actividades públicas y del hospedaje.
Al mediodía los padres salieron de un aula donde pasaron la noche, a pocas cuadras del centro, y enfilaron sobre un bulevar a la Plaza de Armas de la ciudad colonial, donde unas 400 personas, incluidos niños de la escuela maoísta, los recibieron con mantas de bienvenida y consignas socialistas.
Una comisión de padres, a medio acto dio una conferencia de prensa en un restaurante del primer cuadro de la ciudad. A las 2 de la tarde los dos autobuses de la caravana tomaron una carretera casi desierta al municipio de Matehuala, acompañados de representantes de organizaciones del Frente Popular Revolucionario.
Con ellos, cuatro observadores de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, como única garantía de seguridad mientras estuvieran en San Luis Potosí.
A las 4 de la tarde los padres encabezaron otro mitin en Matehuala, con representantes de organizaciones del lugar y del municipio de Real de 14, uno de los principales puntos mineros de San Luis Potosí durante la Colonia, y atractivo turístico a la fecha.
En lengua tenek, un activista indígena llamó a la unidad ante el gobierno federal que impusieron los ricos y desapareció a los normalistas, “qué culpa tienen esos chavos que los desaparecieron… esos policías o secuestradores mandados por el gobierno no se tientan el corazón, soy padre de familia y entiendo que duele tanto perder a un hijo. En mi municipio mataron a niña de 17 años, y ahorita el malhechor creo que ya va a salir, por eso digo que los derechos humanos (de parte del gobierno) no sirven”, expresó.
En la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento, un activista de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, denunció nexos del alcalde, del PRD, de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, los cuales dijo, son de dominio público y cuestionó, “hace falta otra atrocidad como la del 26 y 27 de septiembre (de 2014) para que se proceda contra la clase política, a limpiar este tipo de personajes ligados a la delincuencia organizada”, aseveró.
Luego, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que la declaración de militares es fundamental para la ubicación de los estudiantes.
“El Ejército sí es responsable de desapariciones en los años 70, de agresiones a indígenas, a campesinos ecologistas, pero más allá, lo que pedimos al Ejército es que ponga a disposición de la PGR las pruebas que tiene de los crímenes de Iguala”, exigió.
Ante la negativa de declarar ante el escrutinio del GIEI señaló: “Nosotros nos preguntamos qué esconden, qué ocultan, ¿hay una ley distinta para ellos?, ¿pertenecen a otra casta social?, ¿con quién hicieron pactos o de qué privilegios gozan para no declarar (sobre) un hecho criminal que ellos observaron, (y) omitieron aplicar medidas preventivas para evitarlo?”
En la conferencia, el señor Epifanio Álvarez denunció que ninguna autoridad civil ni militar se compromete a encontrar a sus hijos.
Comentó que policías y generales les piden a los padres los puntos de búsqueda, y les dicen que vayan por delante, “nosotros les decimos que por qué no nos dan sus armas y que se vayan ellos detrás”.
Reveló que en una de las primeras búsquedas, estando los militares al frente, encontraron un campo de amapola. Subrayó que ya todos saben que fueron los policías los que se llevaron a los estudiantes, pues los sobrevivientes dieron los números de las patrullas.
De las medidas de seguridad, en un territorio en que todos a media voz les dicen que es peligroso, pues es territorio del Cártel del Golfo y los Zetas, y paso de los migrantes centroamericanos que cruzan México sin garantías, Rosales Sierra aclaró que la mejor seguridad que pueden tener es la cobertura de las organizaciones y de los medios de comunicación.
“Vamos haciendo actos públicos en cada lugar para dejar claro nuestro objetivo, el único interés que mueve a los padres es encontrar a los hijos, y el Estado es el que tiene la obligación de salvaguardar el derecho a la vida, si algo sucede será su responsabilidad”, declaró.
Instalan pinos padres de los 43 con retratos de sus hijos en México, Tixtla y Chilpancingo
Aún el 24 de diciembre, comisiones de padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron en Tixtla, Chilpancingo y en la Ciudad de México, colocando pinos navideños en plazas y espacios públicos, decorados con las imágenes de sus hijos y leyendas alusivas a su lucha y a la demanda de presentación con vida.
En el Zócalo de Chilpancingo no se colocó el pino que la empresa Coca Cola, pese a un intento del Ayuntamiento para que el plantón del Movimiento Popular Guerrense (MPG) no interviniera en la instalación ni alterara la imagen de la empresa, revelaron los activistas. El espacio donde se instalaba un pino monumental quedó vacío, como el año pasado.
Alrededor del asta bandera de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, como símbolo de luto y sangre, activistas formaron un pino con mantas de colores negro y rojo, y colgaron las fotografías de los estudiantes, y de tortugas, emblema de la Normal Rural. En lo alto, en lugar de una estrella, ondeó una bandera de México con siglas MPG y CETEG, y en el centro un número 43.
Luego de colocar viñetas adicionales, los padres, en pleno sol de las 3 de la tarde, hicieron un acto político para invitar a la población a no dejar sola esta lucha y para ratificar que en 2016 seguirán con más fuerza.
A las 11 de la mañana en Tixtla, junto al monumento a Vicente Guerrero, en el parque central, colocaron un pino de plástico verde de unos dos metros de alto sobre una base metálica para sostenerlo en la intemperie.
En la Ciudad de México, una comisión de padres acompañó a un grupo de activistas a la avenida Reforma, junto a un monumento alusivo a los 43, a lado de la escultura El Caballito, para instalar el pino.
En Chilpancingo, el representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega aclaró que no tendrían necesidad de salir a las calles si las autoridades hubieran hecho una investigación sincera y responsable de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Al contrario, denunció que montaron una mentira sobre el paradero de los estudiantes, sometiendo a los implicados para que avalaran su tesis y protegieron a los responsables.
Sin embargo, los padres de los desaparecidos, con el respaldo de la población y la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que auspicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lograron tirar la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tras muchas protestas y largas negociaciones con el organismo internacional, el gobierno mexicano creó una nueva unidad de investigación. Expresó la confianza en el nuevo equipo de la PGR, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, por el acompañamiento y la buena coordinación que tienen con el GIEI.
No obstante, informó que continuarán las manifestaciones los días 26 de cada mes, y las intermedias. Este sábado en la Ciudad de México, convocaron a una marcha que partirá a las 4 de la tarde del Zócalo de la ciudad de México a la Basílica de Guadalupe, con antorchas y velas. En la ruta más corta, se estimó que la distancia de la protesta será de 8.6 kilómetros.
En el día de Nochebuena, previo a la Navidad, también se convocó a las organizaciones a colocar pinos navideños alusivos a la lucha por la presentación de los 43.
Pedirán a Osorio Chong que los expertos entrevisten a militares, dicen padres de los 43
El representante de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, reiteró que los militares saben dónde están los estudiantes, quién ordenó la desaparición forzada, quién recibió las indicaciones y a dónde se los llevaron finalmente. Aclaró que la demanda no es una ocurrencia, está documentado que los soldados del 27 Batallón de Iguala siguieron todas las actividades de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, y en la reunión del próximo miércoles 16 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, van a insistir en que permitan al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que entrevisten a los soldados.
Aseguró que es la única forma de saber del paradero de los 43 normalistas, pero el gobierno federal insiste en distraer la atención y realizar el tercer peritaje en el basurero de Cocula, pese a que el GIEI desechó en dos ocasiones, con evidencias científicas, la versión oficial de que en ese lugar fueron asesinados y calcinados los estudiantes, y los restos tirados al río San Juan.
Indicó que en la reunión con Osorio Chong en Acapulco, la cual se pospuso la semana pasada, van a plantear al funcionario que el gobierno deje de desviar la atención y que se establezca el mecanismo para hacer las entrevistas a todos los que tienen que ser investigados en la nueva etapa.
Entre los que deben ser investigados sobre el paradero de los estudiantes están militares, policías federales y estatales, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como representante del Ejecutivo, los políticos de la región y sus vínculos con la delincuencia organizada, y que se castigue al ex procurador Jesús Murillo Karam por inventar la tesis del basurero de Cocula.
Aunque consideró que el gobierno federal está empeñado en mantener viva la línea oficial de investigación de que los estudiantes están muertos, porque pretende aplicar el tercer peritaje.
No obstante, dijo que esperan un compromiso serio del gobierno federal para que se presenten los militares ante los expertos, que no haya más barreras y pronto se resuelva el caso, que se sepa lo que se tiene que saber sobre el paradero de los estudiantes, y que se garantice el seguimiento de todas las líneas de investigación que señalaron los expertos.
“Contentos no estamos, estar esperando más de 14 meses que el gobierno federal diga la verdad, (pero) quisieron inventar, imponer la visión de ellos, y los padres estamos encabronados, cómo es posible que digan que hay justicia, atención a los ciudadanos y que habrá castigo a los responsables; eso no existe, es un mensaje político”.
Denunció que tenemos un gobierno autoritario, que reprime a quienes exigen justicia, “vivimos maltratados en este país, un gobierno que diga que hay democracia, que hay libertad de expresión, pero en la vía de los hechos los padres son golpeados”.
Aclaró que en la Normal “no se van a quedar con los brazos cruzados”, y este año como el pasado, los padres de los desaparecidos tampoco tendrán Navidad ni Año Nuevo, “mientras no aparezcan los chavos no podemos celebrar”, y aseguró que seguirán movilizados.
Informó que el jueves 17, después de la reunión con Osorio Chong, se van a reunir con la procuradora Arely Gómez y con la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, donde también estarán presentes los integrantes del GIEI y los abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
En esa reunión van a conocer el avance y las líneas de la investigación y dijo que confía en que se basen en las recomendaciones de los expertos.
Lamentó que el gobierno federal haya dejado de lado el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para presentar en Acapulco la agenda de seguridad, pues por ello pospuso la reunión.
Aclaró que el tema de seguridad y justicia no está separado de Ayotzinapa, “son hechos graves y que quieren dejar en el olvido, y nosotros decimos que no habrá impunidad, que los actores intelectuales y materiales deben ser castigados, porque es el dolor de los padres, a más de 14 meses, nadie, ningún detenido sabe dónde están los estudiantes”, expresó Melitón Ortega.
Marchan en Tlapa organizaciones, estudiantes y maestros a 6 meses del asesinato de Antonio Vivar
Finalizan con una misa en la Iglesia de la virgen de Guadalupe. Participan integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, estudiantes de la Normal Regional de la Montaña y de la Universidad Pedagógica Nacional, y familiares del activista
Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, organizaciones sociales, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), estudiantes de la Normal Regional de la Montaña y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y familiares de Antonio Vivar Díaz participaron en una marcha peregrinación para exigir justicia a seis meses de su asesinato.
El contingente partió del mercado Un Nuevo Horizonte para Guerrero a la iglesia de la colonia El Tepeyac, recorrió la avenida Colegio Militar y la calle Guerrero hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe donde se celebró una misa.
Al frente del contingente marchaban los hermanos y las sobrinas de Antonio Vivar; llevaban retratos del joven asesinado y gritaban, “¡justicia!”; les seguían los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del MPG y más de cien manifestantes.
Los padres de los 43 se veían cansados, después de 14 meses de buscar a sus hijos; Margarita Zacarías Rodríguez, madre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, no terminó el recorrido a pie, sino en un carro que la llevó hasta la iglesia en el Tepeyac, que se encuentra en un lugar empinado.
El padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, Margarito Guerrero resbaló y tuvo que ser auxiliado tras caer al suelo, pero siguió caminando.
En el trayecto, las voces de los inconformes coreaban, “¡Toño no murió!, ¡el gobierno lo mató! ¡7 de junio no se olvida!”.
Entre las organizaciones que marcharon estuvo la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Al llegar a la iglesia fueron recibidos por el sacerdote, quien dijo que la misa era por Antonio Vivar.
Los de la UPN colocaron una manta con el retrato del joven en la colonia El Tepeyac, en el lugar donde cayó abatido por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral.
El recorrido de más de 2 kilómetros fue acompañado por una banda de música de viento.
Hay una estrategia de descalificación a su movimiento, denuncian padres de los 43
Con la exigencia de que se cumpla el acuerdo firmado entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Estado mexicano, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se pronunciaron contra la estrategia de “descalificación a las víctimas, a sus representantes legales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, impulsada por algunos “medios de comunicación oficiales y al servicio de la autoridad”.
En el décimo tercer mes de los ataques de las fuerzas de seguridad contra los normalistas en Iguala, Guerrero, algunos familiares de los desaparecidos y estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez, antes de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
En consulta con reporteros, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, señaló que entre los puntos de urgente implementación de los acuerdos firmados en Washington la semana pasada, resalta la canalización del expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo más importante es que se garantice la creación de la unidad especializada (dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos) para que tomen en cuenta las líneas de investigación propuestas por el GIEI, porque la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ha estado trabajando en contra del informe del equipo de expertos. No podemos mantener en manos de ellos el expediente”, destacó Ortega.
El abogado, quien también representa a familiares de los tres estudiantes ejecutados hace un año, hizo una relatoría de los intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto por “convertirnos en cenizas” al imponer la “verdad histórica” y desplegar “una campaña feroz contra la Normal y los padres de familia”.
Subrayó: “Los editoriales de periódicos, pantallas de televisión y cine, tribunas de legislaturas locales y federales, así como algunos especialistas y analistas públicos, vociferan contra las víctimas y contra el GIEI y su informe”.
Asimismo, resaltó que para desactivar el movimiento, las autoridades han inventado “divisiones inexistentes en la organización de los padres de familia de los 43 estudiantes”. También han recurrido a la criminalización de los normalistas asociándolos “con grupos delictivos” y a “cooptación de víctimas”.
Al censurar la negativa a investigar a autoridades municipales de Guerrero, Morelos y el Estado de México, “señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada”, pero también de la desaparición de los jóvenes, el orador inscribió en la estrategia mediática de “estigmatización, mentiras y desprestigio” la producción de la película La Noche de Iguala, realizada por el periódico Excélsior y dirigida por Jorge Fernández Menéndez.
Para los padres de los normalistas, el filme “criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende la memoria de los estudiantes asesinados”.
De igual manera, va en contra de las conclusiones del GIEI, donde se señala que el objetivo de los normalistas era participar en la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México, que estaban desarmados, que “no se trató de un enfrentamiento” y, sobre todo, que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, en el sentido de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Ortega insistió que los hechos se enmarcan en un “crimen de Estado que debe de ser investigado y castigado”, y exigió la presentación de los estudiantes, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, cese a la “criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia”; el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en Washington, y el acatamiento de los recomendaciones del GIEI.
El abogado también urgió trasladar el expediente de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y crear la unidad especializada, que deberá contar con “la presencia del equipo de expertos hasta que concluya la investigación”.
Luego de señalar que se ha negado a sus representantes –abogados de los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Tlachinollan– el acceso al expediente después de la última detención de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, relacionado con la desaparición de los normalistas, insistió en la necesidad de que el GIEI verifiqué la legalidad de su declaración.
Melitón Ortega urgió a la PGR a implementar el acuerdo de colaboración, con la participación del GIEI, para que se abran las líneas de investigación señaladas y se localice a los jóvenes desaparecidos.