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No acreditó Taxco 5 millones para seguridad en 2015; Chilapa y Chilpancingo, con observaciones

 

De los cinco municipios del estado que recibieron subsidios para la seguridad pública en 2015 y que tienen los mayores problemas de inseguridad, Taxco no acreditó el destino de 5 millones asignados, y Chilapa y Chilpancingo tienen pendientes de acreditar 700 mil pesos cada uno.
Acapulco tuvo 22 observaciones por adjudicaciones directas, las cuales ya fueron solventadas.
Chilpancingo e Iguala, no invirtieron en el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, y en el caso de Taxco no hay registro de ninguna inversión con ese dinero.
Como parte de los Subsidios a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) actualmente llamado Fortaseg, en 2015 Acapulco recibió 26 millones 280 mil pesos, Chilapa 10 millones de pesos, Chilpancingo 6 millones 294 mil pesos, Iguala 5 millones 52 mil pesos y Taxco 5 millones.

Taxco

En el Informe General de la Cuenta Pública 2015, consultado en la página de internet de la ASF señala que como resultado de la revisión encontró que “el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de 5 millones de pesos”.
En el caso de Acapulco hizo siete adjudicaciones directas para la compra de uniformes y equipo para la policía municipal sin justificar los criterios en los que se fundamentó esa decisión.
En el caso de Chilpancingo la ASF estima recuperaciones probables por 700 mil pesos, y en Chilapa por 750 mil pesos.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 publicado en la página de internet de la ASF “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 5 millones de pesos por no acreditar el uso del dinero para el fortalecimiento de cuatro programas de seguridad pública.
Los programas de los que el gobierno de Taxco no presentó la documentación comprobatoria son Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información”.
“La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 003/CP2015, del 30 de agosto de 2016”.
El alcalde de Taxco en el período 2012-2015 fue Salomón Majul González y en septiembre de ese año asumió el cargo su primo Omar Jalil Flores Majul por el periodo 2015-2018, ambos priistas.

Chilapa

En cuanto a Chilapa, la ASF observó que el gobierno municipal “abrió más de una cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos e intereses del SUBSEMUN 2015, las cuales no se consideran como cuentas específicas, ya que se genera opacidad en el manejo de los recursos del subsidio”.
La ASF encontró que el gobierno municipal no presentó la documentación comprobatoria de los conceptos de Evaluaciones de Control de Confianza, Evaluación del Desempeño, Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos generales, Formación de Mandos, y Herramientas de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera Policial, todo por valor de 752 mil pesos. También tuvo un subejercicio por 681 mil 600 pesos.
La Auditoría emitió dos recomendaciones, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y una observación.
El alcalde de Chilapa en el periodo 2012-2015 fue el priista Francisco Javier García González, y en septiembre de 2015 entró en funciones el también priista Jesús Parra García por el trienio 2015-2018.

Chilpancingo

En Chilpancingo la Auditoría señala como recuperaciones probables 700 mil pesos por la compra de uniformes para los policías. Una factura tiene fecha de 26 de febrero de 2016, por la adquisición de uniformes, la cual no ampara las erogaciones realizadas en 2015, “por lo que existe un monto pendiente de comprobar por cien mil pesos.
También hay un contrato por 600 mil pesos para la compra de uniformes consistentes en camisola, chamarra, pantalón, gorra tipo beisbolera o kepis, calzado y fornitura de piel, la cual se pago mediante una transferencia que se hizo a la cuenta del Fortamun y el gobierno de Chilpancingo no acreditó que la adquisición de uniformes corresponde al presupuesto de SUBSEMUN.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Chilpancingo no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía 115 agentes, ni en prevención social del delito, donde era una obligación destinar el 20 por ciento del total del dinero del SUBSEMMUN ejercido.
Como resultado de la fiscalización la ASF emitió dos recomendaciones, ocho promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos pliegos de
observaciones.
El alcalde de Chilpancingo por el periodo 2012-2015 fue el priista Mario Moreno Arcos. En septiembre de ese año asumió el cargo Marco Antonio Leyva Mena por el trienio 2015-2018.

Iguala

Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el gobierno de Iguala no invirtió en su policía en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza.
“No puso a disposición de los elementos de seguridad pública las adquisiciones realizadas con los recursos del SUBSEMUN 2015, referente a 10 bastones policiales, 30 esposas, 30 linternas, 30 gases lacrimógenos y 50 chalecos balísticos nivel III-A”.
Compró con dinero del SUBSEMUN tres vehículos Sedan, los cuales en la fecha de la auditoría se constató que no operan y no cuentan con el equipamiento, conforme al catálogo de bienes y servicios, ni con el balizamiento, conforme al manual de identidad.
También encontró que el gobierno municipal no asignó al área de seguridad pública 24 computadoras de escritorio, ocho impresoras, cinco licencias antivirus, diez software office y 24 UPS.
“Adquirió con recursos del SUBSEMUN, 40 equipos de cómputo y 160 mesas de trabajo, por un importe de un millón 21 mil pesos, para el proyecto Violencia Escolar, de los cuales, las mesas de trabajo no operan, se encuentran desarmadas y en almacén; asimismo, el equipo de cómputo no funciona correctamente”.
De una adquisición de 300 libros del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial al personal de Seguridad Pública sólo entregó 97.
Derivado de la auditoría la ASF emitió dos recomendaciones y tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
El alcalde de Iguala en período noviembre 2014-septiembre 2015 fue Silvano Mendiola Pérez. En septiembre de 2015 asumió el cargo el priista Esteban Albarrán Mendoza, quien en octubre de 2016 dejó la alcaldía para irse al Senado en sustitución de René Juárez Cisneros, quien fue nombrado subsecretario de Gobernación. El actual alcalde de Iguala es Herón Delgado .
Mendiola Pérez asumió el cargo luego de que el suplente de José Luis Abarca Velázquez, Luis Mazón Alonso pidiera licencia. José Luis Abarca quien actualmente está preso en una cárcel federal en Tamaulipas, abandonó la alcaldía después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos en la que participaron policías municipales de Iguala y Huitzuco.

Acapulco

Acapulco tuvo observaciones por asignaciones directas.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Acapulco no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía mil 901 agentes.
Otras observaciones fueron adjudicación directa en la compra de equipo y uniformes para policías, en prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar y expedientes incompletos en cursos de capacitación.
El gobierno municipal , adjudicó directamente la prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar por 6 millones 272 mil pesos y prestación de servicios profesionales para el programa Mediación Comunitaria por 2 millones 120 mil pesos, en ambos casos no proporcionó la fianza de vicios ocultos por la contratación de servicios profesionales de los programas Violencia Escolar y Mediación Comunitaria.
Otra adjudicación directa fue la compra de 30 motocicletas y 6 cuatrimotos por 5 millones 669 mil 900 pesos; 12 camionetas RAM por 6 millones 240 mil pesos.
Otra compra sin licitación fue la adquisición de 250 chalecos balísticos Nivel III-A por 2 millones 389 mil 600 pesos que no contaron con los logotipos y estampados de la policía municipal; la compra de mil 300 camisolas manga corta, mil 300 pantalones tácticos, mil 300 botas tácticas, mil 300 gorras tipo beisbolera y 130 cascos por un importe de 4 millones 21 mil 800 pesos; 12 equipos terminales y 16 equipos de radios móviles por un millón 174 mil cien pesos “los cuales no operan y no cumplen la función para la cual fueron adquiridos”.
En todos los casos de adjudicación directa, la ASF señaló que el gobierno municipal “no acreditó los criterios ni la justificación en la que se fundamentó la adjudicación; tampoco se indicó el nombre de la persona propuesta para la adjudicación, acompañada del estudio de mercado correspondiente; y las cotizaciones solicitadas no se obtuvieron en los treinta días previos a la adjudicación; además, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, validó esta adjudicación sin considerar los montos máximos indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por estas faltas la ASF integró carpetas de investigación.
Otra de las anomalías encontradas por la ASF es que el gobierno municipal adquirió una herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Policial que se integró por una cámara web, un lector de huella, una licencia de uso de software, dos multifuncionales, dos computadoras, un teclado, un mouse y un cargador por 250 mil pesos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, pero a la fecha de la Auditoría “el software se encuentra sin operar y sin cumplir la función para el cual fue adquirido”.
Entre los expedientes incompletos que presentó el gobierno municipal a la Auditoría están la capacitación de 150 agentes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal ni evidencia documental del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública para 50 policías en Activo, ni del curso formación inicial para 70 aspirantes a policías. Las comprobaciones del gobierno municipal las hizo durante el transcurso de la auditoría.
El alcalde de Acapulco en 2015 fue Luis Uruñuela Fey de Movimiento Ciudadano y en septiembre de ese año asumió el cargo el perredista Evodio Velázquez Aguirre por el trienio 2015-2018.

Fijan fechas para instalar mesas para la armonización de al menos siete leyes

 

En su sesión de este miércoles, integrantes de una comisión interinstitucional que se encargará del proceso de revisión de la armonización de al menos siete leyes, aprobaron el calendario para la instalación de las mesas de recepción de los proyectos de iniciativas de leyes o de proyectos y adiciones.
La reunión que se realizó a puerta cerrada en una sala de la secretaría de Gobierno, estuvo presidida por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y por el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen.
El objetivo del encuentro fue la presentación del plan de trabajo para la elaboración de la legislación secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción. Así como la aprobación del calendario de instalación de las mesas que revisaran la armonización de otras seis iniciativas de leyes.
De entrada los representantes de las diversas instituciones que participarán en la revisión aprobaron el calendario para la instalación de las mesas de trabajo y recepción de los proyectos de ley.
La mesa para la Ley del Sistema Anticorrupción se instalará el 8 de marzo; la mesa para la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se instalará el 15 de marzo, y la de la Ley Orgánica del Tribunal de los Contencioso y Administrativo, será el 22 de marzo.
Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se revisará el 29 de marzo y el Código Penal del estado, el 5 de marzo. Mientras que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, será 19 de abril y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas el 26 de abril.
En la misma reunión se aprobó la integración de la comisión interinstitucional que estará integrada por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Robespierre Robles Hurtado y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Magdalena Camacho Díaz.
Asimismo, quedó integrada la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Flor Añorve Ocampo; el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Manuel Salvador Saavedra Flores; el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, y el consejero presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Roberto Rodríguez Saldaña.
También se aprobó la integración de la magistrada del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, Olimpia María Azucena Godínez, el fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez; el auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alfredo Romero Olea. La mayoría podrán proponer un enlace para que los represente.

Se movieron recursos de un rubro a otro para pagar salarios, insiste Rogelio Ortega

“Si alguien cometió errores en mi gobierno, pues simple y sencillamente se le tiene que llamar para que aclaren, que hagan las aclaraciones pertinentes y si alguien tiene que ser sujeto a alguna sanción del tipo que sea, ahí están las autoridades para que proceda”, respondió el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez cuando se le preguntó sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo de que cada quien tiene que responder a las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por su tiempo en la administración.
En declaraciones en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Alta-mirano de la UAG, donde acudió a la conferencia magistral de la socióloga de la UNAM Cristina Puga, Ortega Martínez recordó que cuando llegó al gobierno en 2014 solventó ese ejercicio fiscal que correspondían al periodo de Ángel Aguirre Rivero, aun cuando estuvo días de octubre y los meses de noviembre y diciembre, por lo que al gobierno de Héctor Astudillo le “corresponde solventar, no quiere decir esto que el gobierno de Astudillo sea el responsable, sería una absoluta contradicción de lo que se ejerció completo en el 2014; somos corresponsables con dos meses y días y en mi caso diez meses”.
Ortega Martínez subrayó que hay procedimientos que seguir y cuando la ASF convoca a hacer las aclaraciones pertinentes “lo hace al gobierno en turno, de manera que nosotros como gobierno teníamos que solventar el ejercicio del 2014 e, incluso observaciones sobre años anteriores, porque es la autoridad que está al frente de la responsabilidad del gobierno”.
Indicó que ya están hechas las observaciones y ahora “hay que solventarlas”, y muchas veces se comente el error de entender cuando dices desvío de recursos de que alguien se lo llevó, por lo que se tiene que indagar que si se lo llevó algún funcionario o están invertidos. Insistió que cuando llegó a gobernar había plazas sin presupuesto en Educación y Salud y que vio cómo se pagaban.
Indicó que estaba el estado “en llamas” y si no se pagabam esas plazas en el sector Salud y Educación se iban a quedar sin trabajo, por lo que instruyó “que se siguiera pagando como se venía haciendo y cuando viene la auditoría a nosotros nos observan esas deficiencias, desvió recursos del seguro popular para pagar plazas; además nos cobraron en el 2015 el ISR cuando antes a ningún gobierno se lo habían cobrado, Hacienda lo subsidiaba”.
Ortega Martínez dijo que si alguien cometió errores en su gobierno pues “simple y sencillamente que hagan las aclaraciones pertinentes y si alguien tiene que ser sujeto a alguna sanción del tipo que sea ahí están las autoridades para que esto proceda”.
El ex gobernador agregó que la Auditoría pide al gobierno en turno que hagan los procesos administrativos correspondientes y “ya viene la otra parte de fincar responsabilidades a quienes de manera clara se les compruebe que cometieron algún ilícito y de la magnitud que este sea puede ser la sanción que la autoridad aplique, eso yo lo tengo perfectamente claro”.
Sobre si no tiene miedo a sanciones, respondió que está satisfecho por el papel que le tocó cumplir en un momento difícil, y “lo hicimos con vocación de servicio, responsabilidad y con una estrategia que dio resultados porque no hubo ningún encarcelado del movimiento social, sin perseguidos, sin represión y fue producto de una tolerancia extrema y diálogo permanente con todos los actores para restablecer la gobernabilidad en Guerrero”.
Sobre lo dicho por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza, de que los recursos se deben usar para lo que son etiquetados, pues de lo contrario se considera desvío y está tipificado como una irregularidad, el ex gobernador respondió que coincidía en que hay reglas de operación, pero “si te llega un recurso para un puente finalizando el año fiscal y las reglas de operación dice que tienes que licitar, ya no da tiempo, y quedan dos alternativas; uno es regresas el recurso y otra es hacerlo violando la norma, entonces es un tema de decisiones difíciles”.
La norma es clara, pero “cuando se es muy consciente de lo que se está haciendo se asumen las consecuencias que pueden tener con ejercer recursos de Salud etiquetados para el Seguro Popular; cuando dices no tengo para pagar los cinco mil trabajadores y no los voy a mandar a la calle y hay un recursos de donde se puede tomar y lo hago. Se aplicó en salario, está fuera de la norma, pero son decisiones difíciles que se tienen que tomar”.
Añadió que lo que debe quedar claro es que es grave que ese dinero se tome para beneficio personal de algunos funcionarios, “en la función pública se puede meter la pata y explicar por qué se metió, si fue un error involuntario o de manera consciente se actúa para resolver un problema, pero grave es si se toman esos recursos para llevárselos a su bolsillo, grave es meter la mano”.

La reducción de salarios y gasto es para lavarle la cara a Peña Nieto por el gasolinazo: Mejía

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que la reducción de los salarios y en general el plan de austeridad que el PRI propone es un distractor para esconder “las malas decisiones presidenciales”.
Consideró que la medida propuesta el miércoles por la coordinadora de la fracción priista, Flor Añorve Ocampo, de reducir el sueldo de los diputados en un 20 por ciento, “tiene tintes demagógicos”.
A pesar de eso, dijo que los diputados de MC apoyarán cualquier recorte, pero no “quitaremos el dedo del renglón” en la insistencia de dar marcha atrás al gasolinazo.
“El plan de austeridad es para lavarle la cara al gobierno federal por sus excesos, por sus errores, sus corruptelas y por estas políticas económicas que están lastimando a la población”, manifestó Ricardo Mejía.
En una llamada a la redacción de El Sur, el diputado insistió en que el Congreso del estado debe pronunciarse en contra del gasolinazo y solicitar al gobierno federal que dé reversa al incremento, así como al alza en la luz eléctrica y el gas LP, porque es lo que está afectando directamente a la economía de los mexicanos.
De lo contrario dijo que el descuento en sus sueldos será sólo una medida demagógica que avala el incremento a la gasolina.
Afirmó que el PRI pretende centrar el debate en otros temas, porque además dijo que al acatar únicamente el plan de austeridad se “está aplaudiendo los excesos, los errores, las arbitrariedades del presidente de la República”.
Precisó que no está en contra de la reducción de los sueldos de los diputados y las medidas de austeridad que se quieran implementar, pero planteó que éstas deben realizarse de manera paralela al pronunciamiento en contra del gasolinazo y la petición de que se dé marcha atrás al incremento.
Incluso dijo que los descuentos a los salarios deberían ser permanentes y no sólo como medida por el gasolinazo.
Dijo que ningún descuento a los sueldos de los legisladores y funcionarios tendrá la eficacia o capacidad de revertir el daño económico que se causó al país, “parece que toda esta cadena de supuestos descuentos y rebajas es para lavarle la cara a Peña Nieto por el gasolinazo”.
También llamó al Poder Legislativo a darle trámite a la iniciativa de MC para reformar la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que se aplica a las gasolinas.
Lo verdaderamente importante es que se dé marcha atrás al gasolinazo, porque “le cuesta a los mexicanos más de 280 mil millones de pesos, cinco veces más el presupuesto anual de Guerrero”, destacó Mejía Berdeja.

Planteará una reducción salarial para los diputados locales de entre 10 y 20%, anticipa Flor Añorve

Diputados del PRI, del PVEM y de manera sorpresiva la de Morena bloquearon un exhorto dirigido al gobierno del estado, a los titulares de los órganos autónomos, al Poder Judicial, a los ayuntamientos y al propio Legislativo, para emprender medidas de austeridad que ayuden a enfrentar las consecuencias del incremento en el precio de las gasolinas.
Entre las propuestas planteadas en la iniciativa, que fue presentada por el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, estaba un recorte de 20 por ciento en el salario de funcionarios de primer nivel, magistrados y de los diputados locales.
Por su cuenta, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, informó que ya se prevén medidas de ese tipo, sin embargo dijo que para que se apliquen debe existir consenso al interior del Congreso.
Este miércoles se realizó la primera sesión de la Comisión Permanente correspondiente al periodo de receso. En ella el diputado Sebastián de la Rosa presentó una iniciativa en atención a la inconformidad social que ha desatado el gasolinazo en Guerrero y todo el país.
El exhorto propuesto va dirigido al gobierno estatal; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Robespierre Robles Hurtado; a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Flor Añorve; a los titulares de los órganos autónomos y a los ayuntamientos para implementar programas de revisión, evaluación y reestructuración administrativa “destinadas a enfrentar el impacto en la prestación de los servicio públicos derivado del aumento en el precio de los combustibles”.
Su propuesta plantea la revisión y evaluación del presupuesto de egresos para implementar adecuaciones a fin de garantizar el cumplimiento de las metas que establecen los planes y programas de inversión en infraestructura social y productiva, eficientar su operación y, en su caso, ampliar su cobertura y beneficios a los usuarios.
También propone la disminución inmediata del 20 por ciento en salarios de los servidores públicos de primer nivel, incluyendo al gobernador Héctor Astudillo Flores, secretarios de despacho y directores de los organismos públicos descentralizados, magistrados del TSJE, todos los diputados locales, titulares de órganos autónomos, alcaldes, síndicos, regidores y directores municipales.
La diminución del 20 por ciento incluye también los gastos de administración de las entidades y dependencias de la administración pública estatal y municipal no vinculados a la operación de programas sociales.
La intención, explicó De la Rosa, es que los recursos que se generen a partir de estas medidas se destinen a la ampliación de la cobertura y beneficios a usuarios de programas sociales prioritarios.
El perredista solicitó que su iniciativa fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución; sin embargo los priistas Flor Añorve, Saúl Beltrán Orozco, Héctor Vicario Castrejón, Eusebio González Rodríguez; la diputada del PVEM, Rossana Agraz Ulloa; y de manera sorpresiva la de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, votaron en contra, por lo que la propuesta -que fue respaldada sólo por Sebastián de la Rosa, Ricardo Mejía Berdeja, Jesús Martínez Martínez y Rosa Coral Mendoza Falcón- fue turnada a comisiones para su análisis.
En las intervenciones antes de la clausura de la sesión, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, aseguró que ese partido seguirá insistiendo en la necesidad de que se revierta el gasolinazo.
Lamentó que a pesar de que desde 2013 se advertía el fracaso de las reformas estructurales, principalmente de la energética, el gobierno federal haya insistido en aplicarlas generando consecuencias como lo es hoy el incremento en el precio de las gasolinas.
Después la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, aclaró que votó en contra de la iniciativa porque se trata de “una simulación” del PRD, pues recordó que ese partido avaló las reformas estructurales cuando firmó el llamado Pacto por México.
“Una vez más, los mismos de siempre vienen a hacerle el juego sucio al régimen, ahora salen con medidas de austeridad, eso es pura hipocresía y simulación, sólo para callar las voces de la enérgica y también legítima manifestación de la gente en contra del gasolinazo. La gente no es ingenua, diputadas y diputados, nadie les va a creer a los partidos del pacto contra México”, dijo.
De inmediato volvió a tomar la palabra el diputado Sebastián de la Rosa, quien dijo que si su iniciativa no fue aprobada fue porque Flor Añorve estaba molesta, presuntamente porque no le permitieron presentar la propuesta.
Criticó que mientras el gobierno del estado anuncia recortes en salarios de funcionarios y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) disminuyeron sus ingresos en un 10 por ciento, el Congreso aún no informa si aplicará un plan de austeridad.
En una interpelación, Héctor Vicario dijo que la iniciativa fue turnada a comisiones porque estaba mal redactada, toda vez que no se debió incluir al propio Congreso en el exhorto.
En respuesta, Flor Añorve acusó a Sebastián de la Rosa, sin mencionarlo, de querer ser protagonista; además dijo que nadie en el Congreso está de acuerdo con el alza en el precio de las gasolinas porque sería estar en contra de la población.
Explicó que cuando las iniciativas se turnan a comisiones no es para desecharlas, sino para analizarlas y perfeccionarlas, y en caso de existir consenso se aprueban por mayoría o unanimidad ante el pleno.

Si habrá plan de austeridad, asegura Flor Añorve

En declaraciones a reporteros al concluir la sesión, Flor Añorve dijo que sí habrá un plan de austeridad y que el Congreso acepta el llamado que hizo el gobernador el lunes pasado para emprender acciones que ayuden a enfrentar las consecuencias del gasolinazo.
Indicó que las medidas que aplique el Congreso se definirán en la Junta de Coordinación Política, donde tienen voz y voto todas las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, a fin de que el plan de austeridad que se diseñe sea por consenso.
Dijo que buscará reunirse con todos los diputados del PRI para que juntos definan las propuestas que se presentarán en la Junta de Coordinación, aunque adelantó que se planteará una reducción salarial de los diputados entre un 10 y 20 por ciento.
Comentó que otra de las medidas a impulsar es que todos los documentos que circulen en el Congreso ahora se compartan vía electrónica y ya no en físico, para ahorrar en papelería.
En cuanto a los viáticos para trabajadores que son enviados a las diferentes regiones para entregar oficios o notificaciones, comentó que se diseñará una estrategia para que no tengan que pasar la noche fuera y así ahorrar el pago de hospedaje.
“Todas estas propuestas deberán ser consensadas con la Junta de Coordinación Política, no será una decisión de la diputada Flor Añorve, no será una decisión personal ni de mi fracción, a pesar de que tengamos la mayoría, sólo esperamos que todos los anuncios que se hagan tengan un verdadero consenso”.

Proponen Comisión de Política de Drogas

En la sesión de este miércoles, el diputado Ricardo Mejía presentó a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano una iniciativa de ley por la que se crea la Comisión de Políticas de Drogas del Estado.
Su planteamiento es que esta comisión se encargue de evaluar la política de drogas y la normatividad correspondiente; identificar las estrategias efectivas y de poco impacto de la política actual en materia de drogas ilícitas; analizar las iniciativas académicas que se formulen en la materia; y elaborar documentos de referencia para proponer ante las autoridades competentes la integración de la normatividad.
También se encargará de realizar consultas con entidades estatales, instituciones académicas, personas y organismos que la comisión considere pertinentes, para realizar la evaluación de la política implementada en materia de drogas ilícitas durante los últimos años y formular las recomendaciones correspondientes.
Y propuso que la comisión sea encabezada por el gobernador y la integren los titulares de la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública, de Gobierno, diputados y personalidades de la sociedad civil.
La propuesta fue turnada a comisiones.

Convocan a una marcha hoy para exigir freno a la violencia contra las mujeres

 

Feministas de la Colectiva Caminando Violeta informaron que, según sus registros, 195 mujeres han sido asesinadas en Guerrero en lo que va del año.
En conferencia de prensa ayer dieron a conocer que este viernes realizarán una marcha para exigir al gobierno del estado que frene la violencia feminicida en la entidad.
Yolitzin Jaimes Rendón explicó que se concentrarán en la Alameda Granados Mal-donado, y que aún no se define el punto donde concluirá la marcha, sin embargo explicó que cerrarán con un mitin político-cultural en el que exigirán justicia por todas las mujeres asesinadas en Guerrero.
Precisó que la marcha está convocada en Chilpancingo y Acapulco, y se replicará en varios estados, así como países de América Latina por el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer.
Dijo que otro de los objetivos es visibilizar la violencia feminicida que hay en el estado, por lo que llevarán 180 cruces con los nombres de las víctimas.
Informó que una de las integrantes de la organización registra a través de los medios de comunicación los asesinatos de mujeres en el estado, y aseguró que en lo que va del año se han documentado 195 casos.
Aclaró que serán 180 cruces y no 195 porque cuando las hicieron cuando aún no se llegaba a la última cifra.
Explicó que la violencia feminicida es un problema de daño colateral que no sólo afecta a las mujeres, pues hay hombres que están exigiendo justicia por el asesinato de sus hijas o hermanas.
En la conferencia participó Delfino Arriaga Guerrero, de Jóvenes REDefine del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, quien explicó que los hombres deben ser aliados en este movimiento.
Aseguró que en el estado y el país hay una red de hombres jóvenes que se oponen a la violencia contra las mujeres, y apoyan sus derechos sexuales y reproductivos.
En cuanto a las estadísticas que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que informó que Guerrero es el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos de mujeres durante 2015, con 220 casos en todo el año, Azucena Moncayo Cesáreo, también integrante de la Colectiva, expresó que esa cifra refleja la necesidad de actuar para erradicar el problema.
“Necesitamos actuar, el gobierno, ciudadanía, debe haber acciones conjuntas, es un problema de siglos. Se necesitan acciones de prevención, concientización para hombres y mujeres a una edad temprana”, dijo.
De las recomendaciones que debe cumplir el gobierno del estado en un plazo de seis meses, que vence en marzo de 2017, para evitar que se declare la alerta por violencia de género, Jaimes Rendón comentó que “la alerta de género no es la panacea, pero es un método que estamos exigiendo para que se realicen acciones y haya perspectiva de género en la Fiscalía y en las oficinas gubernamentales”.

Avala el INE la propuesta de los partidos para la redistritación electoral en el estado

 

La Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) dictaminó ayer por unanimidad a favor de la propuesta de redistritación que impulsan los partidos políticos en Guerrero y que plantea respetar casi por completo la actual demarcación.
En una llamada a esta redacción, Misael Medrano Baza, representante suplente del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), dio a conocer que ayer a las 5:30 de la tarde sesionó la Comisión Nacional de Vigilancia y avaló el consenso que construyeron todos los partidos políticos en la entidad.
Explicó que el siguiente paso es presentar el dictamen ante el Consejo General del INE, donde será analizado y votado por los consejeros nacionales.
Dijo que el respaldo de la Comisión de Vigilancia se logró gracias a que los representantes de los partidos en Guerrero hicieron el cabildeo necesario con sus pares ante ese órgano nacional; y aseguró que harán lo propio con los representantes ante el Consejo General del INE, con la intención de que ahí también se mantenga el consenso.
“La importancia es que se construyó con mucho esfuerzo un consenso local, se hizo con transparencia, con la participación de todos los partidos, se tuvo también comunicación con los pueblos indígenas y bueno, logramos avanzar y ahora toca pasar al Consejo General”.
Destacó también la participación de los dirigentes estatales en este proceso, incluso comentó que no tiene registro de que en otros estados se haya dado un consenso unánime como en el caso de Guerrero.
Aseguró que su propuesta cumple con todos los criterios que estableció el INE, como el rango poblacional, los distritos indígenas, además de que no se fraccionaron regiones como se pretendía en el escenario del Comité Técnico de Redistritación, que planteaba combinar municipios de Tierra Caliente con la Costa Grande y de la Montaña con la Costa Chica.
Los partidos plantean en su proyecto respetar casi por completo los 28 distritos electorales locales, y sólo hacer ajustes en dos demarcaciones para cumplir con el rango poblacional.

Zanahoria y garrote para los maestros, recomienda el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle

El gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, aseguró que para atender el conflicto magisterial por es necesario “tener dos manos: una con zanahoria y otra con garrote, una tiene que ser la aplicación dura de la ley y la otra tienen que ser los incentivos”.
Consideró también que para combatir el problema de la violencia en el país es necesario afectar las finanzas de los grupos delictivos y no sólo detener a sus “cabezas”.
Además calificó como errónea la estrategia de seguridad federal.
Del caso Ayotzinapa, dijo que la exigencia de justicia de los padres de los estudiantes desaparecidos debe de partir de la idea de que sus hijos “no están vivos”.
Moreno Valle asistió ayer como invitado especial a la sesión del Grupo Cuicalli, donde expuso su estrategia de gobierno y los logros de su administración.
Antes, el martes, participó con una ponencia en el ciclo de conferencias Era Familiar que se celebra en el puerto de Acapulco.
A pesar de que durante su interacción algunos miembros del Gru-po Cuicalli se referían a él como “aspirante” o “candidato” del PAN a la Presidencia en 2018, negó que se tratara de un acto proselitista y dijo que accedió a visitar Guerrero porque fue invitado para promover las acciones de su gobierno.
En la ronda de preguntas y respuestas, un asistente le preguntó por qué en Puebla no se veían conflictos entre las autoridades y el magisterio, como ocurre en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Al respecto, respondió que cuando él se convirtió en gobernador, en 2011 y antes de la reforma educativa, en Puebla había un conflicto con los maestros, pues se negaban a presentar la prueba Enlace, situación que generó movilizaciones en ese estado.
Dijo que de inmediato puso un ultimátum a los maestros y les advirtió que si no presentaban la prueba serían cesados, lo cual cumplió y dio de baja a 41 directores, y entonces el resto del magisterio optó por cumplir con ese requerimiento del gobierno federal, y con eso, aseguró, evitó que el conflicto creciera.
“Esa decisión me trajo broncas, llegaron los de la coordinadora a decir que éramos muy malos, pero aguantamos. Los problemas se deben atender de inmediato, un problema no se resuelve solo, al contrario, va creciendo, no es lo mismo tratar de resolver el problema magisterial hoy a que se hubiera resuelto hace años”, dijo.
Aseguró que en la política “necesitas tener dos manos, una con zanahoria y otra con garrote, una tiene que ser la aplicación dura de la ley y la otra tienen que ser los incentivos”, y explicó que en Puebla su gobierno reconoce con estímulos el esfuerzo de los maestros.
Por ejemplo, dijo, ha dado vi-viendas a los mejores, regala computadoras a quienes toman cursos de computación, los que aprenden inglés son enviados a Nueva York para que sigan capacitándose, ofrece créditos hipotecarios y otros incentivos, aunque reiteró que la aplicación de la ley debe darse.

Hay que afectar las finanzas de los grupos delictivos, propone

Otro asistente le preguntó si la estrategia de seguridad del ex presidente panista Felipe Calderón funcionó y si la que mantiene el actual gobierno federal es la correcta, pero dijo que ninguna era la indicada.
Explicó que cuando se detiene al líder de un grupo delictivo aparecen otros tres que recrudecen la violencia, porque buscarán ganar ese territorio, y consideró que lo que se tiene que hacer es atacar las finanzas de las células criminales.
“Se prometió en esta administración una solución y no lo ha habido, esto es un reto enorme que se debe atender con el apoyo de la sociedad y pegándole al tema financiero, yo empezaría al revés, combatiría primero las finanzas de los capos y además, cuando les pegas debes estar listo con los efectos secundarios, si les pegas en las finanzas por trasiego de drogas se pueden ir al secuestro o a la extorsión y hay que estar listos para eso”.
Otra asistente le preguntó si gobierna con perspectiva de género, pues Puebla se caracteriza por ser conservadora y estar contra el aborto y los matrimonios igualitarios.
Al respecto, dijo que fue el primer gobernador en enviar una iniciativa al Congreso para que se garantizara la paridad de género en las candidaturas.
Del aborto explicó que se debe respetar a los congresos de los estados, pues son el reflejo de la sociedad, y consideró que si en Puebla no se despenaliza esa práctica es porque la población en su mayoría está en contra.
DIjo que en la Ciudad de México la situación es distinta, pues sí está permitida la interrupción legal del embarazo porque la mayoría de los capitalinos está de acuerdo y es una postura que se respeta.
Moreno Valle explicó que su gobierno tiene programas para que las mujeres que no desean ser madres pasen su embarazo en un lugar seguro y tengan su parto en condiciones óptimas que no la pongan en riesgo, para posteriormente dar en adopción a sus hijos a familias que no pueden procrear.
Poco antes de concluir la sesión, una persona le preguntó su opinión del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El gobernador de Puebla dijo que la lucha de los padres debe partir de la idea de que sus hijos “no están vivos” y en lugar de exigir su presentación con vida, pidan justicia y castigo a los culpables, pues consideró que es un escenario complicado encontrarlos vivos.
Propuso que se agoten todas las líneas de investigación y que se encarcele a todos los involucrados en los hechos de Iguala, y pidió que el caso no se utilice “como bandera de polarización” en el país.

Paga de su bolsa sus actividades políticas, dice

En declaraciones a reporteros al fi-nalizar su encuentro con el Grupo Cuicalli, Moreno Valle negó que fue un acto proselitista, dijo que las actividades que realiza los fines de semana y que son de carácter partidario las solventa con dinero propio y no del presupuesto público.
Aclaró que su visita surgió por el acercamiento que tuvo el Grupo Cuicalli con él, y no respondió si es su aspiración conseguir la candidatura del PAN a la Presidencia del país en 2018.
–¿Cómo califica el gobierno de Héctor Astudillo? -preguntó una reportera.
–Considero que Héctor es un político con una gran experiencia, con una trayectoria larga en el sector público, tiene un conocimiento profundo del estado, no ha cumplido aún su primer informe de actividades y obviamente heredó una situación muy compleja, está enfrentando situaciones difíciles en materia de seguridad, en materia de educación y espero que toda esta experiencia la pueda poner al servicio del estado y sacarlo adelante.

Para combatir la corrupción, va a “bancarizar” el gobierno todas sus operaciones, anuncia Astudillo


Al instalar el comité rector del plan estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que para evitar actos de corrupción, su administración va a “bancarizar” todas las operaciones del gobierno.
Asimismo, invitó al Con-greso del estado a sumar esfuerzos e iniciar la discusión de la nueva legislación de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción.
“Los convocó a organizar unas mesas de análisis temáticas con especialistas académicos, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, así como diputados y servidores públicos, para ir construyendo una legislación moderna”, dijo.
Astudillo Flores convocó también a los presidentes municipales a que asuman como propia la agenda de ética del programa estatal; las nuevas leyes de transparencia y disciplina financiera y contabilidad gubernamental, pues “ya los obliga a los ayuntamientos a cumplir con nuevos estándares de economía e integridad y uso responsable de los recursos”.
En su mensaje ante funcionarios estatales, diputados locales y federales, así como empresarios en un salón del Fórum Mundo Imperial, Astudillo Flores dijo que cuando hay contratos, licitación o compra del gobierno se presume que habrá corrupción y que para combatir éssta es un “reto de proporciones mayores; no se trata de aplicarles soluciones simples, hoy la corrupción es el principal lastre de la sociedad que impide que la máquina funcione adecuadamente”.
Astudillo Flores compartió algunos datos y dijo que de acuerdo con el INEGI hay en el estado 12 mil 590 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, es decir, el 12.5 por ciento de acuerdo con la tasa de prevalencia de corrupción del 2015.
En materia de transparencia dijo que Guerrero ocupó el lugar número 30 en el 2015, en el estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica.
Y en calidad de la información de las finanzas públicas dijo que el estado ocupa el vigésimo octavo lugar a nivel nacional, de acuerdo con el índice de información presupuestal estatal del 2015, elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad.
Subrayó que eso se traduce en “retroceso”, y por eso en su administración se ha puesto una meta clara, que es “regresar la integridad y la ética al servicio público, la ética dignifica la política y la orienta a un actuar honesto e íntegro, la dota de un sentido de responsabilidad social, la humaniza y la vuelve sensible a las necesidades de los ciudadanos”.
Añadió que la transparencia promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública y fomenta la honestidad e integridad en el servicio público.
Astudillo Flores añadió que el combate a la corrupción mejora la eficacia de programas públicos y permite recuperar la confianza en las instituciones de gobierno.
Cumple un compromiso, dice

El gobernador indicó que con la instalación de dicho comité se cumple con su compromiso al tomar posesión, pues “ese día afirmé que fortalecería el Estado de derecho, promovería la
cultura de la legalidad, implementaría un nuevo código de ética, erradicaría la impunidad y conseguiríamos la transformación de la administración pública estatal”.
Recordó que el pasado 3 de abril presentó el programa estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción.
Subrayó que con ello Guerrero se convierte en la primera entidad que tiene una agenda integral, colectiva y responsable de combate a la corrupción, pues “queremos que Guerrero se transforme y que sea el primero en la promoción de gobiernos íntegros y que promuevan la honestidad, algo muy importante es que seguimos trabajando”.
Precisó que el programa estatal está vinculado directamente con lo impulsado recientemente por el gobierno federal, que inició con la reforma constitucional el 27 de mayo del 2015, y que se consumó el lunes con la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Astudillo Flores dijo que dicho sistema marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país, y “por eso todos los gobiernos estatales y municipales tenemos la obligación de apoyar sin reserva. Todos los poderes dentro del gobierno, Legislativo, el
Judicial y Ejecutivo, sin duda tenemos que respetar lo que establecen las nuevas leyes anticorrupción, así como todos los presidentes municipales”.
El gobernador dijo que el plan estatal permitirá armonizar la legislación estatal con la federal en materia de combate a la corrupción; también que contará con una legislación vanguardista en materia de transparencia, que replique las mejores prácticas y promueva una cultura de datos a través de plataformas de acceso.
Dijo también que se reordenarán las finanzas públicas con mecanismos de vigilancia y monitoreo para controlar las operaciones financieras y pagos de toda la administración pública estatal, y con esta nueva ingeniería financiera se podrá conocer el origen y destino de cada peso gastado.
Indicó que una de las “principales medidas será bancarizar todas las operaciones del gobierno del estado; que también se consolidará un marco de control interno que promueva la eficiencia y eficacia de programas gubernamentales que proporcionen la información financiera del gobierno, confiable y oportuna, y que delimite de manera clara y precisa el marco legal de actuación para todos los funcionarios del estado”.
Dijo que el plan estatal va a transparentar los procedimientos de adjudicación de obra pública y adquisición de bienes y servicios, minimizando los espacios de corrupción en las asignaciones, teniendo el mayor control de las adquisiciones y el gasto público; va a depurar y publicar los padrones beneficiarios de los programas sociales para que el gasto social llegue a donde verdaderamente se necesita.
Dio a conocer que en términos de la nueva legislación nacional y las que se elaboren estatalmente, “se harán públicas las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal de los funcionarios públicos, protegiendo los datos personales, pero todos están obligados a hacerlas”.
Añadió que en los próximos días se publicarán los formatos para ese fin y advirtió que se revisará que los funcionarios estatales hayan cumplido con su declaración patrimonial el 31 de mayo como lo marca la ley, así como copia de su declaración fiscal, y “de no ser así se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes”.
Astudillo Flores indicó que como gobernador seguirá trabajando para recuperar la confianza de la sociedad en sus gobiernos y “este plan es fundamental”.

Guerrero se anticipó: Florencio Salazar

Mientras que el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, al presentar las funciones que tendrá el comité rector del plan estatal dijo que para combatir la corrupción se requiere de la corresponsabilidad de todos.
Indicó que se demanda una legislación vanguardista para disuadir las prácticas y promover los principios de legalidad, honradez y lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.
Indicó que Guerrero hizo un esfuerzo para anticiparse al cambio normativo e institucional a través del programa estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción el pasado 5 de abril.
Indicó que el comité rector de dicho plan será la instancia administrativa de coordinación, colaboración y concertación que garantice la operatividad y ejecución del programa.
Salazar Adame dijo que el comité será presidido por el gobernador Héctor Astudillo, y lo integrarán los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría, la Secretaría de Finanzas, la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la de Desarrollo Social.
Indicó que entre las funciones del comité rector estará vigilar las ejecuciones del programa y evaluar sus avances; también deberá velar por concretar las reformas legales que el programa demande.
Dijo que podrá requerir toda la información para garantizar que se materialicen las acciones propuestas por dicho programa, y deberá fungir como fuente de diálogo de las fuerzas políticas del estado; será el garante de que el combate contra la corrupción sea una realidad en el estado.
Añadió que el comité rector deberá presentar informes con avances y el seguimiento a los acuerdos a los que se lleguen en las distintas sesiones.
Precisó que es responsabilidad de los integrantes del comité aprobar sus aficiones y modificaciones al programa y acordar las acciones oportunas y suficientes que deberán efectuarse.
“El comité rector será garante del compromiso del gobernador de combatir la corrupción y promover una ética de servicio público”, expuso.

Reitera el dirigente de Morena su rechazo a una alianza con el PRD para el 2018

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dijo que su partido no va a desgastarse en alianzas pragmáticas sólo por ganar votos, y descartó alianzas con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Pero dijo que serán bienvenidos todos los militantes libres que quieran sumarse a su partido.
El martes en conferencia de prensa, ex presidentes del PRD propusieron la unificación de las izquierdas para la elección presidencial de 2018 y respaldaron como candidato al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
En declaraciones por teléfono Sandoval Ballesteros consideró que la propuesta es sólo para repartirse los espacios y no hay proyectos de cambio.
“El planteamiento es erróneo cuando no se parte de programas, de postulados ideológicos sino de sumas y restas, como si se tratara de canicas, como han acostumbrado hacerlo en el PRD”, señaló.
“No se trata de juntarnos para ganar, se trata de proponer proyectos de cambio profundo en el país y eso no lo están proponiendo, ellos no están viendo el proyecto de cambio, están viendo cómo se va a repartir esto y nosotros decimos no, las alianzas se hacen con proyecto”, dijo.
“No es cierto eso de que solamente con alianza se va a ganar en 2018, nosotros nos hemos planteado que nuestra alianza única será con los movimientos sociales, no estamos planteando una alianza con los partidos políticos”, agregó.
El presidente de Morena en el estado agregó que a su partido le “da gusto” que varios liderazgos identificados con el PRD, “respetables y con principios”, se pronuncien por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
“No se trata de ganar por ganar, sino de ganar con principios, ganar con honestidad y con planteamientos claros hacia la sociedad y eso es a lo que le apuesta Morena, un planteamiento claro de alianza, de qué vamos a hacer con este país que necesita un cambio radical, en el sentido de que sea desde la raíz, un cambio profundo, verdadero”, abundó.
Insistió que Morena está abierto a los militantes de “buena voluntad, no a los que se dicen líderes y que dicen que tienen mucha gente y que sólo con ellos se va a poder ganar la elección”.
“Con PRD, PT y Movimiento Ciudadano no, con los militantes libres de esos partidos vamos a llamarlos, nosotros estamos interesados en que se integren hombres y mujeres libres”, reiteró.
Del PRD dijo que lo que ven es que la dirigencia de ese partido no tiene ninguna voluntad de acercarse a Morena y la evidencia es que se alió con el PAN en el pasado proceso electoral.
Agregó que el PRD al aliarse con el PAN lo que hizo fue ocultar su “catástrofe electoral”, y señaló que en la elección del 5 de junio pasado los candidatos que ganaron con los emblemas del PAN y del PRD son del PRI, “no es que ganaron candidatos panistas, no es que ganaron candidatos perredistas con estas alianzas, sino que ganaron los priistas que se salieron en procesos coyunturales”.
Criticó que esas alianzas son “poliquitería barata” sin sustento ideológico o de principios y en Morena tienen principios y un proyecto de cambio radical.
Opinó que es “una vacilada” considerar que el PRD será la bisagra de oro en la elección de 2018 porque será determinante en el triunfo de los candidatos presidenciales, “nosotros consideramos que el PRD es un cascarón vacío ya, no tiene la fuerza que representó el movimiento de izquierda hace muchos años”.
Sandoval Ballesteros dijo que Morena está en preparación para defender la voluntad popular en 2018 porque cree que los ciudadanos le darán el triunfo a su partido.
El ex alcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio, los ex presidentes estatales del PRD Saúl López Sollano, Misael Medrano Baza y Ranferi Hernández Acevedo, y los ex presidentes del Consejo Estatal del mismo partido, Mauro García Medina y Apolinar Segueda Dorantes, así como Félix Moreno Peralta y Carlos Sánchez Barrios, coincidieron el martes en que el PRD puede ser quien incline la balanza a favor del triunfo de los candidatos en el 2018.