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Maestros de San Miguel Totolapan reiteran que no regresarán a clases si no detienen a El Tequilero

Maestros de San Miguel Totolapan no volverán a clases si el gobierno no detiene a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, informaron a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de Seguridad Pública (SSP), durante una reunión en esta cabecera municipal.
Este martes a las 11 de la mañana, unos 200 maestros se reunieron con los funcionarios estatales en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses, para tratar asuntos laborales y de seguridad.
A la reunión llegaron en un helicóptero de la Policía del Estado, el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para reunirse con los profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz y analizar el regreso a clases.
Los funcionarios estatales escucharon más de dos horas los testimonios de comerciantes, profesores, padres de familia y profesionistas, que han vivido la violencia en ese municipio de Tierra Caliente en los últimos ocho años.
“Tenemos un gran problema en el sector educativo, vale más perder un día de clases a perder otra vida, basta ya de injusticias, de shows mediáticos que nos hacen una y otra vez a este pueblo que no ha descansado de la violencia”, expresó un poblador fundador del Movimiento por la Paz.
En la cancha de la escuela se encontraban al menos cien efectivos del Ejército y policías estatales que iban a ser presentados por las autoridades como parte de un nuevo “operativo” para detener al grupo delictivo conocido como Los Tequileros.
Las autoridades llegaron a San Miguel Totolapan para garantizar el regreso a clases. Para eso anunciaron la operación especial que consiste en desplegar 15 grupos operativos con 75 policías estatales y 250 efectivos militares que realizarán recorridos de vigilancia en las comunidades del municipio y en las escuelas donde la banda de El Tequilero ha cometido decenas de secuestros.
Un comerciante que fue secuestrado reveló en su testimonio que se “estaban llevando a nuestras mujeres, nos organizamos y nos levantamos en armas por el bien de nuestros hijos, ya se acabaron al pueblo, teníamos que defender a mi mujer y mis hijos, nos pedían cuota, hay un personaje siniestro y oscuro (en referencia a Raybel Jacobo), si no hubiese reventado esto nadie lo hubiera nombrado, aquí en el pueblo sabemos qué pasa, no hemos descansado, hemos aportado elementos para detenerlo a los militares, a la Policía Estatal y parece que protegen a los delincuentes y no a nuestras familias, les pido que se sensibilicen”.
Los funcionarios que llegaron acompañados por el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia; el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta y el comandante del Mando Especial Iguala, general brigadier Raúl Guereca Valenzuela, se dedicaron a escuchar y escribir los testimonios de violencia vividos por los pobladores.
Una maestra de la zona escolar 165 de una primaria de la zona rural dijo que de diez escuelas que hay, cinco han cerrado “porque los padres de familia abandonan sus pueblos, las escuelas están solas”.
Se quejó de que “ya no regresaron a su centro de trabajo porque están espantados, en octubre en San Francisco un maestro de San José Poliutla también fue secuestrado y nos organizamos e hicimos cooperación económica, hasta los niños cooperaban aunque se quedaran sin dinero para el recreo, nadie nos garantiza que si salimos a trabajar vamos a regresar sanos y salvos”.
Otra maestra que fue secuestrada junto con su hijo de 10 años en el 2014, clamó que han sido “muy lastimados, fui secuestrada con mi hijo cuando regresaba de mi centro de trabajo”.
La joven profesora dijo que “¡tenía miedo por mi hijo y mi niña que se quedó en casa, tenía 3 años, gracias a la comunidad se pagó un rescate y regresé con vida, pónganse un poco en nuestro lugar, estuvimos 12 días durmiendo en el piso, todas las noches veía al cielo y pedía a Dios mi vida por la de mi hijo, fue muy fuerte, les pido que sientan lo que sentimos!”.
La mayoría de los testimonios de maestros y pobladores exigían acabar con el grupo de Los Tequileros y expresaron su “cansancio” y “coraje” y reprocharon el engaño de las autoridades al no detenerlos.
“Que sepa el Presidente (Enrique Peña Nieto) lo que está sucediendo, no somos un grupo de delincuentes, somos un grupo de autodefensa que está harto de esa banda de secuestradores”, pronunció un integrante de la autodefensa formada en diciembre luego del secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque.
Otro profesor de primaria narró la historia de una señora y su hijo, que fueron asesinados presuntamente por Los Tequileros.
“Los niños quedaron afectados por esta tragedia, los criminales siguen impunes, por eso pedimos que venga el gobernador a ver cómo está el municipio, si no hay condiciones de seguridad no vamos a regresar a clases”.
Luego de varios minutos de testimonios y quejas por la inseguridad, el ingeniero Isauro de Paz Duque leyó un documento con la postura de los pobladores y maestros que exigen la captura de El Tequilero y la advertencia de que no regresarán los niños a clases si no se extermina al grupo delictivo.
“Los centros de trabajo de educación permanecerán cerrados en perjuicio de toda la población y el único responsable de ese daño es el gobierno estatal y federal, así como los secretarios de Educación de los dos niveles de Gobierno, por no prestar atención al problema de inseguridad en este municipio”, dice el documento.
Pidieron que se deje de “simular y se detenga de una vez por todas a todos los tequileros y se haga cumplir la ley”.
Por su parte el secretario de Educación, González de la Vega Otero, dijo que el gobierno quiere “encontrar soluciones, queremos que nuestros hijos tengan mejor educación, que los maestros acudan a clases, que van a cumplir su misión de generadores de cambio, que sea una primera de muchas reuniones, si no damos seguimiento no daremos resultados, queremos contribuir a solucionar las cosas”.
Afirmó que con el nuevo operativo se busca dar soluciones con la presencia del “Ejército y estén seguros, hay un enorme reconocimiento a esta tierra, tienen visión de futuro, es de las mejores regiones, es la mejor evaluada, son un magisterio excepcional a pesar de las difíciles condiciones, comparto el sentimiento esperanzador de buscar soluciones en conjunto, en alianza, de cada una de sus palabras tendrá conocimiento el gobernador, Héctor Astudillo y tendrán una respuesta satisfactoria, dennos la oportunidad de dar una solución de fondo e integral”.
El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, admitió que “hay denuncias en curso que aparentemente no han recibido la atención que esperan, sabemos que el sistema de justicia tiene sus tiempos y procedimientos, les invito que tengamos paciencia y esperemos resultados”.
Pidió que no se menosprecie “el trabajo que se ha estado realizando, se va a reforzar el operativo que se tiene desde noviembre, se triplica el efectivo de la Policía del Estado, con el apoyo solidario del Ejército”
El secretario de Seguridad solicitó al sector educativo que reflexionara sobre su decisión de no regresar a clases; “en materia de seguridad estaremos aquí”.
Finalmente el mando especial del Ejército en la zona, Raúl Güereca Valenzuela señaló que “hay interés de que vivamos en paz, dar seguridad, tranquilidad, actuar contra los delincuentes, llevamos cinco operaciones con 300 gentes para localizar a ese delincuente y su grupo, pareciera lento, pero seguiremos actuando, ayer iniciamos otra operación, debemos tener confianza en las instituciones, los primeros interesados en terminar con esta situación somos nosotros, no se va a militarizar este municipio y necesitamos de ustedes, los maestros”.
Al finalizar la reunión algunos maestros se acercaron al secretario de Educación para pedir sus cambios de zona y otros al secretario de Seguridad Pública para pedirle armas y garantizarle que “en tres días (con buenas armas) terminan con Los Tequileros.

 

Fue una emboscada del FUSDEG a la UPOEG lo que ocurrió en Tlayolapa, sostiene el gobierno

Tras la muerte de siete civiles en un enfrentamiento del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tlaloyapa, Juan R. Escudero, el Grupo Coordinación Guerrero pidió que los grupos de civiles armados no busquen venganza y que favorezcan el diálogo para evitar la violencia.
Sin una acción para dar seguridad, el gobierno del estado relegó su responsabilidad y señaló al gobierno federal como a quien corresponde el desarme de los dos grupos, bajo el argumento de que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.
La tarde de este martes en el edificio Centro del Palacio de Gobierno el Grupo de Coordinación Guerrero dio una conferencia de prensa para dar su versión de lo ocurrido el lunes entre el FUSDEG y la UPOEG.
El vocero Roberto Álvarez Heredia pidió a los civiles armados que no recurran a la venganza y colaboren con las autoridades competentes.
“Hacemos un atento y un enérgico, pero enérgico llamado a que exista un alto total de las hostilidades por el bien no solamente de ellos mismos, sino de los vecinos donde viven, quienes están siendo presas del miedo y de la zozobra y es una situación que no puede ser tolerada”, advirtió.
En la conferencia participó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez quien detalló que se abrió una carpeta de investigación bajo el número 036 por homicidio y lesiones por arma de fuego a quien resulte responsable.
“No hay inculpados, hasta el momento se está haciendo la investigación y está como quien resulte responsable, el lugar de los hechos fue en Tlayolapa”, municipio de Juan R. Escudero.
Relató que en la madrugada del lunes llegaron a la comunidad integrantes de la UPOEG y en ese punto se encontraban parapetados integrantes del FUSDEG para evitar el ingreso del otro grupo.
“Acto seguido según testimonios recabados por la Fiscalía, los segundos (FUSDEG) abrieron fuego contra el grupo de la UPOEG teniendo como resultado siete personas muertas y dos más heridas como se apuntó”, agregó.
Dijo que la Fiscalía fue informada por el FUSDEG de los hechos, por lo que un grupo multidisciplinario integrado por dos fiscales cinco agentes del Ministerio Público, y cinco peritos en criminalística forense se dirigieron al lugar.
“Los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos, siendo trasladados Juan Arismendi miembro del FUSDEG a la comunidad de Tlayolapa y los de Hugo Moctezuma, Anastasio Valente, Salustio Mayo, Silvino Carrillo y Valente Sonora, a la cabecera de Teocoanapa, mientras que los lesionados fueron llevados al hospital general del municipio de Ayutla”, mencionó, pero sólo mencionó los nombres de seis de los siete muertos.
Más tarde en un boletín la Fiscalía expuso, “al arribar al lugar, el equipo multidisciplinario se percató que los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos siendo trasladado Juan “N” (miembro del FUSDEG), a la comunidad de Tlayolapa y los cuerpos de Hugo “N”, Anastasio “N”, Salustrio “N”, Rigoberto “N”, Silvino “N” y Valente “N”, a la cabecera municipal de Tecoanapa para entregarlos con sus familiares, mientras que los lesionados Norvi “N” y Valfre “N” fueron trasladados a Ayutla para atención médica”.
“Respecto a los lesionados Norvi “N” se encuentra estable de salud y continua recibiendo atención médica en el Hospital General de Ayutla, mientras que Valfre “N” por la gravedad de las lesiones se trasladó al Hospital General de Chilpancingo, donde su estado de salud es delicado pero estable”, agrega.
En la conferencia el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes relató, “a las 11:40 de la mañana a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa fueron localizados dos cuerpos tirados sobre las vías de comunicación al lado de los vehículos, de los cuales más tarde se tendría conocimiento que serían integrantes del grupo de la UPOEG que había sido emboscado alrededor de las 4:30 de la mañana, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Dijo que a raíz de los hechos el gobierno del estado determinó integrar una operación en la que participan 208 policías estatales que se distribuyeron en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, para cubrir el territorio de El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar que se registre otro enfrentamiento.
“En el transcurso de la noche a pesar de la tensa calma los informes policiales no reportaron novedad, sin incidentes aunque en la zona prevalece una situación tensa, pero continúan los patrullajes”, agregó.
Afirmó que a las 8 de la mañana supieron de la presencia de 200 integrante de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, mientras que del FUSDEG 350 hombres estaban en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas.
“Se detectó que los hombres armados portaban armas inclusive del Ejército, Fuerza Área y Armada Nacional”, puntualizó.
A pesar de indicar este hecho de la portación ilegal de armamento no se informó cómo se procedería al respecto.
En una segunda intervención el secretario de Seguridad dijo que para garantizar la seguridad se debe estar “consciente” de un problema que existe en Guerrero “la existencia de grupos civiles armados al margen de la ley”.
“El gobierno del estado ha sido muy tolerante, y ha trabajado mucho en la operación política para que en coordinación con la policía se proceda a su desarme o por lo menos en una convivencia pacífica respetando el derecho de algunos pueblos de sus usos y costumbres, aunque ha habido una extralimitación”, agregó.
Dijo que la Policía del Estado está en la zona actuando con la responsabilidad y prudencia para destensar la situación, aunque no están acabados los trabajos políticos.
“Nosotros estaremos pendientes si es necesario reforzar con mas efectivos, hasta que la razón sea rebasada y tengamos que actuar de otra forma, pero serán otras instancias las que determinen la solución”, agregó.

 

Aprueba el Congreso la comparecencia de Pedro Almazán, Daniel Pano y Xavier Olea

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto, ante comisiones, al titular al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
El dictamen aprobado no contempló al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a pesar de que es la cabeza del gabinete de seguridad del gobierno del estado.
También se aprobó un exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; al secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes, y al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a que de manera coordinada refuercen acciones en materia de seguridad y prevención del delito para la protección de la población porteña.
Ambos puntos fueron aprobados luego de una larga discusión, en la que la fracción parlamentaria del PRD criticó y cuestionó la postura de Florencio Salazar, quien arremetió contra el presidente de Acapulco, a quien acusó de incumplir sus obligaciones en materia de seguridad, y responsabilizó a las administraciones perredistas de la violencia que vive el estado.
Al respecto, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez exigió al secretario general que “cerrara la boca” y mejor atendiera los problemas que enfrenta el estado, además pidió a la fracción del PRI aclarar con qué recursos se movilizaron todos los diputados de ese grupo parlamentario a Acapulco, para dar una conferencia en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, y criticó que impidieran que Florencio Salazar compareciera ante el Legislativo.
Por su cuenta, la fracción del PRI defendió la postura del secretario de Gobierno, de quien dijeron tiene el derecho a manifestar su opinión, acusó al alcalde de Acapulco de haber actuado como un dirigente partidista yendo a la Ciudad de México, para cuestionar el actuar del gobierno del estado y dejando a un lado sus responsabilidades como presidente, y reiteraron lo dicho por Florencio Salazar, en el sentido de que la crisis de violencia que enfrenta Guerrero es producto de los gobiernos del PRD.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz pidió a los perredistas que en lugar de defender a Evodio Velázquez, hablaran con él, lo orientaran y enseñaran a defenderse solo, “déjenlos que vayan solitos al frente, a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
Este jueves se celebraron las últimas dos sesiones del tercer periodo ordinario de sesiones, y tomaron protesta los diputados que integrarán la Mesa Directiva, que dirigirá y coordinará los trabajos legislativos del segundo año de ejercicio constitucional de la actual legislatura.
En la primera sesión, que comenzó a las 4 de la tarde y concluyó poco antes de las 10 de la noche, se aprobó el dictamen por el que se exhorta a Miguel Ángel Osorio Chong y al comisionado de Seguridad, Renato Sales, a que se coordinen con el secretario de Seguridad, Pedro Almazán, y con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, para que de manera conjunta refuercen las acciones de seguridad y prevención en ese municipio para la protección de sus pobladores.
El dictamen corresponde a la propuesta que presentó el 12 de abril la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC).
Previo a la votación del dictamen, el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Ricardo Mejía Berdeja, aclaró que su propuesta fue presentada en abril, a manera de deslinde del intercambio de acusaciones que existe actualmente entre el secretario general de gobierno y el PRD.
En su intervención manifestó que “no se vale” que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal se deslinde de sus responsabilidades en materia de seguridad, pues dijo que se trata de una responsabilidad compartida.
“Hemos señalado que lo que ha faltado en Acapulco es una policía eficaz, si no se depura la policía, seguirá habiendo problemas y no habrá estrategia de seguridad suficiente mientras se mantenga el estatus inalterable (de la policía)”.
Subió a tribuna el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, quien dijo que no porque el exhorto incluyera al alcalde de Acapulco, que es perredista, ese grupo parlamentario se opondría a su aprobación.
Dijo que para los perredistas es importante el tema de seguridad pública, pero cuestionó que el exhorto sólo incluyera a Acapulco, a pesar de que según estadísticas del Inegi, los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Zihuatanejo, también enfrentan problemas serios de violencia, los tres primeros gobernados por el PRI, y arremetió en contra de Florencio Salazar.
“Les hemos dicho aquí que partidizar el tema nos lleva a la aberración y torpeza política del secretario de gobierno, Florencio Salazar. Ahora parece que el secretario de este estado no es sólo defensor de su patrón (Héctor Astudillo), que es legítimo, sino también defensor de su partido (el PRI)”.
Criticó también que los diputados del PRI “corrieron” a Acapulco para dar una conferencia de prensa en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, “porque les tocaron la piel”, y defendió que el alcalde de Acapulco se haya trasladado a la Ciudad de México para hablar a nombre de los presidentes municipales.
Los acusó de actuar en mancuerna con Florencio Salazar, a quien acusó de estar actuando como un líder partidista y no como funcionario de gobierno, pues dijo que estuvo en varias radiodifusoras denostando el gobierno municipal de Acapulco.
“Supongo que conocen Proceso, que conocen Reforma y el Universal, que informaron de los últimos detenidos, ahí están los malos, en clara alusión a la secretaria general de la Red de Jóvenes por México del PRI, y media hermana de la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal, Ximena Bernal, detenida junto al presunto narcotraficante Carlos Alberto, El Ruso, y otras cinco personas el viernes”.
Criticó también que la fracción parlamentaria del PRI haya evitado la comparecencia de Florencio Salazar, a quien pidió “cerrara la boca” y en lugar de hacer esas declaraciones en medios de comunicación, mejor compareciera ante el Congreso con las pruebas en mano de lo que dice.
“Ojalá cerrara la boca el secretario y se pusiera a trabajar por los guerrerenses o que venga a esta tribuna, desde abril pedí su comparecencia ¿por qué no viene aquí a decir lo que no se cansa de decir en los medios o en la radio? Yo estoy pidiendo que venga. ¿Por qué se resiste a decirlo aquí o por qué la fracción del PRI le niega esa oportunidad?”.
Las críticas de Sebastián de la Rosa motivaron un largo debate entre las fracción del PRD y del PRI, sin embargo, la más crítica fue la diputada Pilar Vadillo, quien dijo que cuando gobernaba el PRD, éste no escuchó críticas de sus diputados ante “lo que estaba resultando una atrocidad y el peor gobierno de Guerrero”.
Dijo que si bien Iguala enfrenta situaciones complicadas, es producto de un gobierno emanado del PRD que detonó el mayor conflicto social que ha enfrentado el estado, con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
También defendió al gobierno del estado tras la detención de la media hermana de una funcionaria del gabinete, “deberían reconocer que este gobierno no está metiendo la mano para salvar a quien cometa errores, tenga o no militancia, está permitiendo que las autoridades actúen”.
Pilar Vadillo dijo que si no se cuestionaba a otro municipio perredista, era porque solamente el de Acapulco estaba haciendo funciones de un dirigente de partido, en referencia a la conferencia que dio en Ciudad de México el pasado martes, y pidió al resto de los perredistas lo dejen defenderse solo.
“Déjenlos que vayan solitos al frente a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
En la segunda sesión, que comenzó a las 10 de la noche y continuaba hasta las 11:30, se aprobó en lo general y por unanimidad el exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto ante comisiones al secretario de Seguridad, Pedro Almazán; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano, y al fiscal Xavier Olea, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
A las 11:40 de la noche, Sebastián de la Rosa presentaba ante el pleno una reserva a la Mesa Directiva, para que compareciera también Florencio Salazar, por ser la cabeza del gabinete de seguridad, y no así Daniel Pano Cruz.

Se reunió González de la Vega con un jefe militar por la inseguridad; siguen cerradas 18 escuelas

El secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero confirmó que se reunió con el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, y con el secretario de Seguridad Pública (SP), Pedro Almazán, sin embargo todavía no han solucionado la inseguridad y violencia, por lo que siguen cerradas 18 escuelas en la región de la Tierra Caliente.
De la falta de maestros en diversas escuelas, el funcionario estatal dijo que ya se liberaron 180 plazas de profesores que se jubilaron y que se pueden asignar para las zonas donde se están requiriendo.
En relación a la estructura educativa, recordó que el 70 por ciento de las escuelas en Guerrero requieren alguna reparación, y de éstas, el 20 por ciento necesita reconstrucción total.
En declaraciones a reporteros después del inició de la demolición de la Escuela Primaria Francisco I. Madero en la colonia Carabalí, el secretario admitió que, “seguimos con el problema” en Tierra Caliente, de escuelas cerradas por la inseguridad y la violencia.
Indicó que el viernes se reunió con el comandante de la Novena Región, Alejandro Saavedra, y con Pedro Almazán porque les “preocupa y nos ocupa” que siguen cerradas 18 escuelas en Tierra Caliente, y aseguró que “estamos por resolver el problema”.
El pasado martes 9 de febrero, González de la Vega Otero indicó que eran 21 escuelas las que se encontraban cerradas en la Tierra Caliente, y en los municipios de Zitlala y Chilapa eran 17 las escuelas sin clases, principalmente secundarias, debido a la inseguridad y a la falta de maestros.
González de la Vega Otero reiteró que son 137 escuelas en Acapulco que están resguardadas por el Ejército, y en Zitlala y Chilapa “hay un operativo muy grande que tiene que ver con el tema de la violencia y tiene un gran impacto en la educación”.
En relación a la falta de maestros por jubilación, el secretario dijo que el martes se darán 180 nombramientos a maestros que salieron idóneos en los exámenes de evaluación; son plazas que se cancelaron y se podrán dar nuevamente para aquellas zonas donde los están requiriendo y donde hay una razón justificada para el abandono de aula.
Agregó que en el caso de los maestros que están comisionados o están de permiso tienen que regresar a sus centros de trabajo.
De la evaluación, reiteró que el 5 y 6 de marzo es la segunda etapa, que asistirán 600 maestros que están pidiendo hacer el examen de conocimiento y permanencia. Indicó que se aprende de las experiencias como el “boicot” que, dijo, se quiso hacer en la pasada evaluación, y recordó que siguen los cuatro procesos contra los maestros identificados.
José Luis González de la Vega dijo que junto con la evaluación se trabaja en mejorar la infraestructura de las escuelas, y se invertirá en mejorar las escuelas, debido a que el 70 por ciento de los planteles educativos requieren alguna reparación.

Espera la SEG tener un informe de extorsiones para buscar estrategias de seguridad, anuncia

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega dijo que espera tener el lunes un reporte completo de las escuelas que han sido extorsionadas e indicó que se buscará una estrategia para que los maestros tengan el menor riesgo posible.
De la inscripción de maestros para el examen de evaluación, el funcionario estatal informó que el 65 por ciento de los profesores han entregado evidencias para su validación. Agregó que Guerrero es el estado de la zona sur-sureste que mayor número de maestros tiene inscritos para la evaluación; los otros tres estados de la zona son Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
Reiteró el llamado a los maestros a que “no caigan en provocaciones o acciones que vayan a lamentar”, e insistió en que si trasgreden la ley habrá sanciones.
En declaraciones durante la reunión de presidentes municipales con el gobernador Héctor Astudillo y funcionarios del gobierno estatal, González de la Vega expuso que se redoblará la seguridad en las zonas complicadas de Acapulco, como las colonias Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Progreso y Jardín, luego de que hombres armados ingresaron el jueves a la primaria Artículo 27, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, a la primaria Plan de Ayutla y la secundaría técnica 200 Ángel Aguirre Rivero para exigir el pago de piso y parte del aguinaldo de los maestros, según informaron fuentes de las fuerzas federales.
De la secundaria, los hombres se llevaron computados y dinero, por lo que los maestros decidieron suspender labores.
González de la Vega pidió prudencia para informar de la situación, porque no tenía un informe concreto y no quería alarmar, “espero que no se repita y estaremos atentos”; indicó que en la reunión estaba sentado junto al secretario de Seguridad Pública, el general Pedro Almazán y estaban conversando sobre el tema.
Para disminuir el riesgo de que los maestros sean extorsionados, el secretario estatal expuso que se buscará una estrategia para dispensarlo, que están consideran que se pague en partes, lo cual tendría que ser en acuerdo con los propios profesores.
Añadió que se redoblará la vigilancia, “haremos todo lo que sea necesario para resguardar la seguridad de los niños, los maestros y los padres, no quisiera alarmar ni generalizar, porque no es en todo el municipio ni en los municipios de todo el estado”.
José Luis González informó que el 65 por ciento de los maestros ya se inscribieron al examen de evaluación que se empieza a aplicar el próximo 14 de noviembre; manifestó que no tiene una cifra exacta de cuántos profesores se inscribieron hasta ayer, que fue el último día, luego de que se amplió el registro del 31 de octubre al 7 de noviembre.

Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes

Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.