Etiqueta: Periodistas

Protestan mujeres periodistas ante la sede del Cobach por acoso a reportera de El Sur

Reporteras durante el acto de protesta afuera de la Dirección del Colegio de Bachilleres (Cobach) Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con una manifestación contra el acoso ante las oficinas del Colegio de Bachilleres, mujeres periodistas llamaron a otras mujeres a evidenciar en los medios de comunicación el acoso u hostigamiento, luego que un trabajador de esa institución hostigó a la reportera de El Sur, María Avilez Rodríguez, este miércoles durante su jornada de trabajo.
En la protesta, Avilez Rodríguez advirtió de los riegos de los infantes y adolescentes en las escuelas ante los acosadores que actúan de manera velada y oculta, más vulnerables que mujeres adultas frente a estas conductas en la calle, donde ella pudo encarar al agresor.
Después de la acción política y su difusión en diferentes medios digitales, además de la carta de la periodista publicada ayer en estas páginas del relato de los hechos, la Contraloría Interna de Cobach informó que inició un procedimiento en contra del señalado, identificado el mismo día de la agresión como trabajador del plantel 1 con sede Chilpancingo, a través de las redes sociales.
De acuerdo con los comentarios en la red social de Facebook, esa forma de conducirse ha sido recurrente en él.
Sobre los hechos, María Avilés explicó que se encontraba cubriendo una protesta en las inmediaciones del Museo La Avispa, el martes, cuando descubrió que el hombre que luego fue identificado como trabajador administrativo del Plantel 1 del Colegio de Bachilleres, le tomaba fotografías con su teléfono celular.
Al encararlo, él justificó el hecho a que ella “está bonita”, y sólo por eso consideró que podía fotografiarla, y con dos compañeros periodistas le exigió que borrara el contenido de ella en el celular, porque tampoco había policías en los alrededores. Esta situación es preocupante porque María Avilez ha sido hostigada en varias ocasiones por actores políticos y sociales, en el ejercicio de su trabajo.
En este caso, el agresor es miembro de una comunidad escolar, y su comportamiento indica un riesgo para las jóvenes estudiantes de la institución donde labora.
Con el escrito dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, y al director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega, se denunció que el acoso sexual en espacios en un problema social gravísimo, normalizado por el patriarcado que justifica al agresor y responsabiliza a la agraviada de la conducta de otro.
Asimismo, que las autoridades imponen a la víctima la responsabilidad de presentar pruebas en caso de denuncia, por hechos generalmente cometidos de manera velada u oculta.
En la denuncia que María Avilez hizo también en redes sociales, hubo reacciones misóginas, donde se le responsabiliza por exponerse a estas conductas en su trabajo como periodista y por cómo se viste.
Se condeó el hecho y que se culpe a las víctimas y se justifique a los agresores.

Contraloría interna investiga al señalado

La Contraloría interna del Colegio de Bachilleres informó que inició un procedimiento administrativo, derivado de las denuncias en redes sociales por actos de acoso sexual en la vía pública en contra de la reportera de El Sur, en las que señala a un trabajador administrativo de la institución educativa.
Independiente de la vía por la que la agraviada opte en el caso, indicó que el Cobach realizará una investigación de los hechos, en los términos establecidos en la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas, así como las aplicables al tema y, bajo una perspectiva de género.
El director general, Jesús Villanueva Vega, rechazó todo acto de violencia hacia las mujeres dentro y fuera de las instalaciones de este organismo.,
En un breve acercamiento a María Avilez, tras la breve manifestación en las oficinas centrales, informó que van a implementar un protocolo de denuncias.

 

 

Advierte Artículo 19 de “graves implicaciones” en derecho internacional ante el espionaje al GIEI

 

La organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19 afirmó que la confirmación de Citizen Lab de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado mediante el spyware Pegasus podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Además el organismo en un comunicado dice que se refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria sobre el espionaje, como lo han señalado los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica” señala Artículo 19 en su comunicado.
El caso del GIEI confirmado por Citizen Lab, abunda, es “especialmente grave” dado que fue el Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la CIDH.
Consideró que el espionaje contra el GIEI podría tener “graves implicaciones” en términos de derecho internacional.
La gravedad de la revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que han lanzado: Primero generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por todas las dependencias que pudieron haber adquirido el spyware de la empresa NSO o similares, vendedoras de servicios de espionaje.
“Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación, sin embargo sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas”, subraya Artículo 19.
Este lunes el diario The New York Times hizo público un informe de Citizen Lab en el que se confirma que el GIEI fue objeto del uso del spyware Pegasus.
El análisis confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía Pegasus.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.

 

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

No hay nada que festejar, manifiestan periodistas en lo que antes era el Día de la Libertad de Prensa

Periodistas de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo y Tierra Caliente se manifestaron y expusieron que este miércoles, cuando en los tiempos de la hegemonía del PRI se celebraba el Día de la Libertad de Prensa, no hay nada que festejar porque no hay garantías para ejercer la labor periodística en Guerrero.
Además, coincidieron en que los tres órdenes de gobierno deben de garantizar el ejercicio libre del periodismo y exigieron al gobierno del estado que informen sobre las investigaciones de los asesinatos de compañeros y que sean sancionados los agresores de reporteros.
Recalcaron que desarrollan su labor en un ambiente de violencia e inseguridad, que afecta a toda la población.

En Chilpancingo exigen que haya paz y tranquilidad para todos

En la capital los periodistas realizaron un mitin en la Plaza de la Libertad de la Expresión, en el centro de la ciudad, donde se congregaron miembros de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).
Portaron pancartas en las que se leyó: “#NosEstánMatando prensa” y “Sin libertad de expresión no hay democracia”.
En el mitin, el reportero Jesús Saavedra manifestó que hay una situación de alerta en el estado, por las agresiones que han sufrdo compañeros periodistas y asesinatos que no han sido aclarados, que por tal motivo se decidió hacer la protesta.
En su intervención, el director del semanario Trinchera, Ulises Domínguez Mariano, a nombre de la APEG agradeció al SNRP por la invitación a manifestarse juntos, lo cual dijo que demuestra la unidad por la cual han estado trabajando.
“Le agradecemos al sindicato porque generalmente nosotros no conmemoramos esta fecha, por dos razones: una por su origen. Esta fecha tiene un origen oficialista, creo que todos saben que se instituyó en el periodo de Miguel Alemán en 1951, y fue iniciativa de José García Valseca, que era dueño de una cadena de medios grandísima ligada al poder, y lo hicieron con una forma de rendir pleitesía al poder”, abundó.
Criticó el nombramiento de una fiscal especiali para delitos contra el gremio, pues dijo que se ha visto que estas fiscalias no sirven, ninguna ha entregado avances de los casos que se le encomiendan.
Además recalcó que no se manifiestan para que el gobernador los convoque a reuniones y les pongan mecanismos especiales, ni policías para estarlos cuidando, porque dijo que el trabajo debería de hacerse en un clima de tranquilidad y paz.
Subrayó que no sólo los periodistas quieren garantías de seguridad, sino toda la población, y por eso demandan al gobierno que trabaje para lograr la paz y la tranquilidad de todo el estado.
El secretario general del SNRP, Erick Chavelas, resaltó que conmemorar este día bajo fuego es una labor que los reporteros ejercen en el estado y en el país, y mandó un saludo a los compañeros de las distintas regiones y les manifestó que no están solos.
También recordó que fue el gobierno federal quien instauró esta fecha, y dijo que la agrupación que dirige exige al gobierno del estado resultados de las investigaciones de los asesinatos de los compañeros periodistas.
Agregó que el gobierno debe garantizar el trabajo de los periodistass, pues las libertades de expresiòn y de prensa están consagradad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Implementar un mecanismo de protección de derechos humanos de periodistas, que a nivel nacional no ha dado resultados, es una clara política de no hacer nada por garantizar el trabajo de informar, sólo quiere atender agresiones que este mismo gobierno ha hecho, siendo el principal agresor”, reprochó.
También demandó la reparación del daño a los siete reporteros asaltados que fueron asaltados por miembros de un grupo delictivo en un retén en la carretera Arcelia-Teloloapan frente a Acapetlahuaya.

En Zihuatanejo subrayan que los crímenes siguen impunes

En Zihuatanejo, unos 30 periodistas, de las dos agrupaciones que hay en este municipio, participaron en una manifestación frente a las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir justicia por los colegas asesinados en el país y en la entidad.
La manifestación duró aproximadamente 45 minutos y como ocurre cada vez que los reporteros han acudido a manifestarse en la PGR, los guardias de seguridad privada cierran de inmediato las puertas y nadie sale a escuchar las quejas.
Al grito de “justicia” y “ni uno más”, los periodistas de Zihuatanejo hicieron un llamado al gobierno federal y al gobernador Héctor Astudillo para que garanticen la seguridad al gremio periodístico para hacer su trabajo.
Durante sus intervenciones al micrófono, los dirigentes de la Fra-ternidad de Periodistas de Zihua-tanejo y la Asociación de Periodistas de Zihuatanejo, Fernando Arriaga Ramírez y David Obscura Talavera, respectivamente, coincidieron en que cada día es más riesgoso ejercer la actividad periodística, principalmente si no se tienen las garantías para ejercer la labor.
Por su parte, el periodista Ranferi Rosas López hizo un recuento de todos los periodistas que han sido asesinados en el país y en Guerrero en los últimos cinco años. Subrayó que todos los crímenes de los periodistas en México tienen una característica en común: la impunidad en la que permanecen.

En Iguala exigen acceso a las se-siones de Cabildo

Convocados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) , un grupo de 10 reporteros de diferentes medios de comunicación se congregaron a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez del zócalo de la ciudad.
El coordinador de delegados del SNRP en el estado y secretario general de la sección 30 de esta ciudad, Alejandro Aparicio Tetoto, dijo que “no hay nada que celebrar y sí mucho que exigir en este día”.
Repudió la agresión que sufrieron reporteros en Zihuatanejo, Leonardo Martínez Peralta y Eleazar Arzate Morales, quienes el lunes en el desempeño de su labor fueron encañonados por policías, “por lo que se pide a las autoridades que frenen estos agravios y se haga justicia para los compañeros”.
Después el grupo se trasladó a la sede del Ayuntamiento, donde se buscó una audiencia con el alcalde priista Herón Delgado Castañeda o con el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, pero al no estar ninguno, se reunieron con la primera síndica, Leticia Márquez Ocampo, a quien se le pidió por escrito que las sesiones de cabildo o las mesas de trabajo del cabildo sean abiertas y que se permita el acceso a comunicadores, para el mejor desempeño de su actividad y difundir los acuerdos que allí se tomen.

Reporteros de Tierra Caliente se manifiestan mediante un video

Periodistas de Tierra Caliente se manifestaron mediante un video en el que señalaron que en los últimos 10 años el ejercicio periodístico en el país y la libertad de expresión ha sido sinónimo de muerte.
Exigieron a las autoridades no más simulación.
En el video, que dura un minuto 38 segundos, los periodistas expusieron con frases la situación de violencia que viven en la zona, y manifestaron que les han callado su voz, pero que la pobreza, desigualdad y la injusticia están a la vista de la sociedad.
“Por eso hoy levantamos nuestra voz para decir que no se está cumpliendo con el derecho constitucional de la libertad de expresión”, expresaron.
Hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares para que cumplan la Constitución y respeten la libertad de expresión.
Dijeron que no quieren más represión, ni simulación de una libertad amordazada. “Señores políticos, matando periodistas no se asesina la verdad”, recalcaron.

En Chilapa ya no cubren información sobre la violencia

En la parte baja de la Montaña, los reporteros han dejado de cubrir la nota roja y han evitado salir a zonas de alto riesgo por los altos índices de violencia, además de que han adoptado medidas de auto protección, ante la desconfianza en las autoridades civiles y en las corporaciones de seguridad pública.
Félix Hernández Abarca, emblemático reportero de la nota roja en la zona desde 1994, reveló que se vio orillado a dejar de cubrir la fuente a raíz del incremento de la inseguridad, aunque aclaró que no ha sufrido amenazas o ataques.
Para Hernández Abarca en 2017 se llega en condiciones desfavorables para los reporteros de todas las fuentes.
“Llegamos en unas condiciones muy desagradables y desfavorables, ya no nos sentimos seguros de ejercer el oficio, de ir a cubrir, a tomar nota; ya no vamos a la nota roja o cualquier otro tipo, de política, con todo lo que se está viendo hay incertidumbre”.
“Mi respeto para los compañeros de la sección policiaca, los admiro y felicito porque estar jugándose la vida no es fácil; con el riesgo que existe debemos tomar las medidas de precaución, porque ya no hay confianza ni en las autoridades. En este momento en quién vas a confiar, más que en nosotros mismos, cuidarnos nosotros”.
En tanto, el camarógrafo Jesús Rojas Mendoza, quien ha colaborado en medios estatales y nacionales, como Televisa y Milenio, confirmó que no hay garantías de seguridad en la región por lo que se ha visto orillado a evitar zonas de alto riesgo en la ciudad y en la zona rural. Además de que ha empleado medidas de auto protección.
Ambos reporteros exigieron al Estado, por medio de sus representantes en el gobierno municipal, Jesús Parra García; estatal, Héctor Astudillo Flores, y federal, Enrique Peña Nieto, los tres de extracción priista, medidas de seguridad para todos los ciudadanos y poder generar condiciones para realizar su trabajo periodístico.
Al gobierno de Héctor Astudillo y al gobierno federal les demandaron el esclarecimiento de los casos de los periodistas asesinados en el estado, en 2016 y 2017, Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Birto.

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.

Se mantiene atención al caso de la locutora de RTG, asegura funcionario de la Segob

El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.

“Tiene muchas probabilidades de recuperarse”, informa el esposo de la locutora de Ometepec

 

“Tiene muchas probabilidades de recuperarse, la herida no es para causarle la muerte”, indicó el esposo de la locutora Marcela de Jesús Natalia, Mario Martínez Bautista, luego de la valoración que le hicieron a su esposa como resultado de la tomografía que le tomaron.
El regidor del PRI en Xochistahuaca urgió a las autoridades para que se investigue y detenga a quienes dispararon contra su esposa, para que no se vuelva costumbre la agresión a quienes trabajan en medios de comunicación.
La locutora indígena Marcela de Jesús Natalia fue agredida a balazos el pasado sábado por la mañana, cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), en Ometepec.
Al mediodía de ayer se encontraba estable, según lo dicho por los médicos a sus familiares. Su esposo explicó que los doctores indicaron que tiene “muchas probabilidades de recuperarse”, que la mantienen sedada porque tiene inflamada una parte del cerebro, aunque al parecer no tiene daño, lo cual se confirmará una vez que ceda el absceso.
Los médicos dijeron a la familia que probablemente mañana se pueda determina qué cirugías requiere.
Marcela de Jesús cumplió años el mismo sábado. Su esposo consideró que la agresión “fue planeada, la esperaron”, por eso exigió que se investigue el hecho. Enfatizó que como familia están enfocados en la salud de su esposa, porque es lo que les preocupa ahora, sin embargo consideró que esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de dar resultados de la investigación que inició por el atentado.
Expuso que es importante que se detenga y castigue a quienes atentaron contra su esposa, porque “sino se va a volver costumbre agredir a la gente que trabaja en los medios”.
Por la mañana, desde la Secretaría de Salud se informó que Marcela de Jesús se mantenía sedada, conectada a un respirador, sin deterioro neurológico, fiebre y taquicardia leve, y había recibido trasfusión de sangre.
De Jesús Natalia es conductora de diferentes programas en RTG, uno de ellos es dirigido a niños y otro a mujeres indígenas, que tiene el objetivo de concientizarlas en temas de desarrollo para empoderarlas.
Mario Martínez dijo que su esposa, además de locutora, es gestora social y colabora con diferentes organizaciones. Habla ñomndaa (amuzgo), que es su lengua materna, un savi (mixteco), español y un poco de inglés. Tiene cinco hijos.
Hace tres meses dejó el cargo como presidenta del DIF de Xochistlahuaca, porque no tenía apoyo para ejercer sus funciones, el cual ocupó luego de haber apoyado la candidatura de la priista Aceadeth Rocha en la pasada elección. Antes buscó en ocasiones diferentes la precandidatura a diputada local y a la de presidenta municipal por el PRD, partido que dejó por no permitirle avanzar políticamente.

Va al hospital Hipólito Lugo, de la CNDH

Vía telefónica, el coordinador de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés, informó que visitó a los familiares de Marcela de Jesús en el Hospital General, en la preocupación por preservar la vida y garantizar el derecho a la salud de la gestora amuzga.
Expuso que los médicos les dieron el diagnóstico y se analiza todavía si requiere o no cirugías. Lugo Cortés enfatizó que como CNDH tendrán “los ojos puestos” en el caso, para insistir a las autoridades en la investigación de los hechos y que se detenga a los responsables, porque si no se castiga quedará en impunidad y permitirá que sigan ocurriendo hechos similares.
Se congratuló de que los reporteros de Guerrero se hayan solidarizado con Marcela de Jesús, porque consideró que es una manera de insistir a las autoridades para que cumplan con la investigación.
El sábado, en un comunicado, la CNDH informó que solicitó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, medidas cautelares para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de De Jesús Natalia, además de resguardar las instalaciones de las radiodifusoras en las que labora, pues también tiene un programa en Radiorama. También solicitaron medidas de contención emocional para los familiares de Marcela y de quienes trabajan en RTG.
Recalcó que Guerrero ocupa el tercer lugar en homicidios de periodistas, junto con Tamaulipas y Chihuahua, con 14 casos; en primero se encuentra Veracruz, con 20, y Oaxaca en segundo, con 15.
En Guerrero persiste una situación de gravedad en contra de quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, “cuestión que debe obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a establecer las acciones y las políticas públicas acordes con la preocupante situación”.
La CNDH se solidarizó y respaldó a todos los periodistas del país y en especial de Guerrero. Demandó “a las autoridades correspondientes una investigación ágil y diligente para dar con los responsables de esta agresión y evitar a toda costa que haya impunidad”.
También, el sábado, el alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, condenó y lamentó el atentado contra la locutora y ex presidenta del DIF Municipal de Xochistlahuaca, la cual dijo “se enmarca en esa descomposición social de la que todos somos parte”.
Se expuso en el comunicado emitido por el Ayuntamiento que las circunstancias en que se vive obligan a reforzar los esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de la violencia e inseguridad, así como a no politizar la agresión contra la locutora, “la prudencia, el respeto y la solidaridad deben ser los valores que prevalezcan”.
Indicó que el gobierno municipal estableció comunicación con el fiscal general del Estado “para ser coadyuvantes con la disposición de las grabaciones registradas en las cámaras de videovigilancia, de manera que las autoridades competentes tengan y dispongan de elementos para el esclarecimiento y castigo a los responsable de este aberrante suceso”.
Asimismo, en una carta que circuló el mismo sábado, 132 periodistas y reporteros de Guerrero condenaron la agresión y exigieron a la FGE que “haga su trabajo”, al ser la dependencia encargada de la investigación de los hechos y dé resultados inmediatos.
En el texto se expone la “inoperancia” de las instituciones que deja en indefensión a los guerrerenses, “todo puede pasar en Guerrero porque los delitos quedan impunes, por ello es urgente que den resultados las autoridades investigadoras”.
Los reporteros expusieron que se vive en un ambiente de intimidación, con la que se pretende callar a quienes quieren comunicar lo que la sociedad siente ante la “incontenible violencia”. Solicitaron “acciones de protección, una investigación profunda y castigo a los autores materiales e intelectuales del atentado”.

 

Repudian 150 reporteros la agresión a colegas y exigen garantías de seguridad para su oficio

Más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron este domingo la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada, y exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El mediodía de este domingo, unos 30 reporteros locales y corresponsales nacionales se concentraron al pie de la estatua a José María Morelos, en donde leyeron un pronunciamiento y señalaron que lo ocurrido a los siete reporteros refleja una ausencia de garantías para el desarrollo de su trabajo periodístico.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados, que los despojaron de una camioneta propiedad de Sergio Ocampo, sus equipos de trabajo, celulares y dinero en efectivo.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
Los periodistas denunciaron que estos hechos atentan contra la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de los siete reporteros.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito.
Consideraron que es grave, también, que ante esos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital”.
Recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano.
Denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido.
Hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Mientras tanto, la PGR informó que la Feadle inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación.
“Desde ayer (el sábado), la Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, informó la dependencia en un escrito.
También informó que junto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
El gobierno del estado aseguró, en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
“Al saber que por sus propios medios habían llegado a Chilpancingo, autoridades federales, estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se entrevistaron con ellos, para ofrecer su apoyo y activar mecanismos de protección a periodistas”, dice boletín.
Confirmó que el grupo de comunicadores fueron detenidos y asaltados por individuos, “que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”.

Les avisaron que ya íbamos

Durante la concentración de los periodistas en el Zócalo de la capital, uno de los periodistas agredidos, Sergio Ocampo, dijo que los delincuentes que los ultrajaron estaban predispuestos y que le da la impresión de que, “les avisaron que ya íbamos”.
Contó que la situación fue traumante cuando uno de los pistoleros apunto su arma corta hacia la cabeza de Hans Musielik.
“Lo que se nos hizo extraño es que antes estaba un retén del Ejército y hasta platicamos con los soldados, que nos preguntaron que a qué fuimos y les contamos todo”, dijo. Añadió que aproximadamente a un kilómetro de allí estaban los civiles armados y más adelante, a otro kilómetro, había otro retén del Ejército.
“Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”. Detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información”, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, una Patriot Jeep azul, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta roja para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
Añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”.
Insistió que ya sabían que iban a pasar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.

Pide el Congreso a Gobernación dar protección a periodistas y defensores de derechos humanos

En la sesión de este martes, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia brinde “la protección más amplia” a periodistas y defensores de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en Guerrero.
Además, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, que si tiene pruebas, proceda legalmente y detenga al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, hecho en el que fueron asesinados dos normalistas.
Los diputados aprobaron también 11 Leyes de Ingresos y seis Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para diferentes municipios de la entidad, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Ayer, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una propuesta de exhorto dirigido a los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para que cumpla los objetivos del Cuarto Informe de ese Mecanismo, que se presentó el pasado 7 de diciembre.
La propuesta incluye también que coadyuven en la medida de sus competencias a brindar la protección más amplia a periodistas y personas defensoras de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en el país, pero particularmente los que ejercen en Guerrero.
El exhorto es extensivo al fiscal Xavier Olea, a quien se pidió atender las denuncias presentadas ante la institución a su cargo por comunicadores y activistas que han sido amenazados en el ejercicio de su profesión.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, lo que “evidencia” la necesidad de fortalecer en su favor labores de prevención, protección y procuración de justicia.
Comentó que ese organismo tiene un registro de 119 periodistas asesinados desde 2000, de los que 12 son mujeres; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
Además dijo que quienes se dedican a esta labor en la entidad ahora no sólo sufren de ataques de servidores públicos, sino también de la delincuencia organizada, y advirtió que Guerrero es el tercer estado en el país donde más riesgo corre una mujer que ejerce el periodismo.
“El ejercicio periodístico sin lugar a dudas representa hoy en día una actividad de alto riesgo, por ello, debemos de garantizar que la libertad periodística esté protegida, dicha actividad realizada con ética profesional contribuye a que la sociedad esté mayor informada, elemento fundamental para fortalecer nuestra democracia”, señaló.
La propuesta fue aprobada por el pleno por unanimidad de votos.
Antes de desahogar ese asunto, la diputada de Morena subió a la tribuna para razonar su voto. Ahí expresó que ni en el país ni en Guerrero hay respeto a los derechos humanos ni garantías para quienes los defienden.
“Hay derechos humanos porque este es un asunto únicamente declarativo, ya que en los hechos, las permanentes vejaciones de las personas, niños, mujeres, hombres, adultos, homosexuales, indígenas, sufren  bullying, discriminación y todo tipo de atentados a sus derechos”, lamentó.
Dijo que en la entidad no hay ni infraestructura institucional ni capacidad de personal para frenar las violaciones “sistemáticas” a los derechos fundamentales, además de que las instituciones creadas para defenderlos han sido rebasadas.
“No hay garantías para que defensores de derechos humanos y periodistas ejerzan sus actividades, una prueba de ello es que muchos periodistas, reporteros y fotógrafos quedaron en medio del enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG, sin que las autoridades a las que hoy se pretende exhortar hicieran algo al respecto. ¿Dónde estaban? ¿Esperan hasta que haya muertos?”, cuestionó.

Acusaciones del fiscal, una cortina de humo

En su intervención, Cisneros Martínez dijo que respaldaría el exhorto de Movimiento Ciudadano, sin embargo advirtió que, en el caso del fiscal, “es como hablarle a un palo”.
Aprovechó para criticar las acusaciones que éste hizo en contra del actual coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, a quien Xavier Olea acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de procurador del estado y fueron asesinados Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Miren ahora, ya declaró que Alberto López Rosas mandó a atacar a los dos estudiantes de Ayotzinapa hace 5 años, ¿de cuándo acá un fiscal le advierte a un presunto delincuente que lo va a inculpar?, o ¿acaso pretende que huya o se ampare?”
Le exigió a Olea Peláez que si tiene pruebas que confirmen sus acusaciones proceda legalmente en contra del ex alcalde de Acapulco y lo detenga, aunque no descartó que sus declaraciones sean sólo una cortina de humo ante los pocos resultados del gobierno del estado para atender el problema de violencia.

Modifican Ley de Ingresos de Acapulco

En la sesión de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco, sin embargo hubo modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y el PRI.
Cuando se sometió a consideración del pleno el dictamen correspondiente, Ricardo Mejía presentó una reserva para que la expedición inicial o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan su expendio, mantengan los costos que establece la Ley de Ingresos vigente.
El legislador explicó que en la iniciativa que hizo llegar el gobierno municipal del puerto se incrementaba el monto para algunos lugares, principalmente los que forman parte de la cadena de tiendas Oxxo lo que, aseguró, lejos de estimular la inversión, la perjudica.
Recordó que por la situación de violencia que priva en la entidad, y los constantes cobros de extorsión de los que son víctimas empresarios y comerciantes de Acapulco, es necesario generar condiciones que no afecten su economía.
Por su cuenta, el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó otra reserva que evita que el gobierno municipal cobre un monto adicional a los establecimientos que hacen promoción, demostración y/o degustación de marcas y productos ajenas a las bebidas alcohólicas, como se ha venido haciendo.
Ambas reservas fueron aprobadas por el pleno.
Además de la de Acapulco, se aprobaron las leyes de ingresos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Alpoyeca, Cualac, Cuetzala del Progreso, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.
De igual forma se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Taxco y Zihuatanejo.

Otros temas

Ayer la Comisión de Justicia presentó ante el pleno el dictamen por el que se adiciona un artículo al Código Penal del estado, a fin de tipificar el tráfico de vehículos robados o partes de éstos.
“Con la aprobación del presente decreto, se busca inhibir el delito de robo y en consecuencia que no quede impune la comisión del delito de robo de autos, así como el tráfico de vehículos y de auto partes, por un lado, así como penalizar de forma severa la falsificación de documentos para la comercialización de automotores robados”, se lee en el dictamen que fue aprobado por el pleno.
Además, a propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso aprobó un exhorto por el que pide a la Secretaría de Atención al Migrante realizar el Padrón Geoeconómico, a fin de conocer la situación migratoria de Guerrero.
En las intervenciones, el diputado Ricardo Mejía reiteró su postura respecto a la necesidad de que se legisle para crear un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública, pero sin que se le otorguen atribuciones “excesivas” que puedan atentar contra los derechos humanos.
Indicó que para que el Ejército regrese a los cuarteles, como lo planteó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es necesario que se depuren las policías locales, a fin de garantizar que no tengan nexos con la delincuencia organizada y se recupere la confianza de la población.
Al respecto también habló la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, quien dijo que el Estado mexicano pasó de un régimen democrático a uno militar.
“Lo que intenta hacer el Senado de la República, de darle atribuciones policiales al Ejército, constituye una confesión en razón de que han estado actuando al margen de la legalidad y de la Constitución. Ante esto es obvio que hay una política de endurecimiento de las medidas para supuestamente combatir la violencia y la inseguridad y el Estado no cesa en lo que he venido reiterando, que el fuego no se combate con fuego”, advirtió.