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El gobierno mexicano habría espiado al GIEI cuando investigaba el caso Ayotzinapa: CIDH

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, también habrían sido espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México; en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia transmitida por Internet, la comisionada Esmeralda de Troitiño, quie presidió ayer la audiencia de la CIDH sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, en la que le notificó que recibió mensajes de texto con enlaces a páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro –quien fue integrante del GIEI-, e insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual esta semana celebra su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
En un año los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Su labor obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal que dice que los estudiantes fueron atacados por narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula, con lo que pretendía cerrar el caso de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.
Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron que es preocupante que el gobierno de México emplee la tecnología para vigilarlos, en lugar de utilizarla para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Cristina Bautista dijo que gracias a la investigación que hizo el GIEI los padres supieron que 17 celulares de los normalistas continuaron activos luego de los ataques en Iguala, “eso nos da a entender que las autoridades no han utilizado la tecnología para encontrar a nuestros hijos, el gobierno no tiene interés en buscarlos, utilizó la tecnología para espiarnos, a nosotros y a nuestros abogados”.
Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, recordó que en la última audiencia del mecanismo de seguimiento, el gobierno de México dijo que los padres no tienen disposición de aceptar los hechos, pero “nosotros vamos a aceptar los resultados científicos que den las investigaciones”.
Relató las manifestaciones y el plantón frente a la PGR de los padres, así como la represión con gases lacrimógenos de las que fueron víctimas en su movimiento para exigir respuesta a sus demandas.
Del cronograma que se hizo con las autoridades para dar resultados del caso dijo que “es mucho tiempo” el que solicitaron, y pidió que la CIDH intervenga para que los avances se den a conocer la segunda semana de agosto y no hasta octubre de este año.
“Los 43 padres de familia le decimos a la CIDH y al comisionado Vargas (Luis Ernesto Vargas Silva), no se deje engañar por este Estado mentiroso, que esté con la verdad, no con los padres, que exija la verdad del Estado Mexicano, porque ha sido mentiroso y nunca hace su trabajo”, expresó.

#GobiernoEspía

La empresa NSO Group de origen israelí desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años este programa fue utilizado, presuntamente, por instituciones gubernamentales mexicanas para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.
El creciente escándalo de espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo ayer en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos, -integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por sus abogados Vidulfo Rosales, Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, respondió Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben de ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.
El 17 marzo en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.
En esa ocasión el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscrito al caso Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro de por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, debido a las conclusiones de su informe, de los probables actos de tortura contra siete de cada diez detenidos, y por qué no se ha investigado el trasiego de heroína de Iguala a Chicago, además de la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares en los ataques a los normalistas.

Teléfonos de los 43 desaparecidos siguieron activos, acepta la PGR contrario a su versión oficial

Más de un año después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejara el país, la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a las mismas conclusiones que contradicen la versión oficial del caso Ayotzinapa.
En una audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, Perú, transmitida por Internet, Alfredo Higuera Bernal, fiscal que encabeza la Oficina del Caso Iguala en la PGR, informó de avances en las investigaciones referentes a la telefonía celular y al llamado quinto autobús que según la hipótesis del GIEI era usado para transportar heroína a Estados Unidos.
Ante los padres de los normalistas reveló que después de las pruebas periciales confirmaron que los chips y nueve equipos celulares, vinculados a normalistas de Ayotzinapa, fueron usados después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas.
“Esto concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI, que aparatos y chips correspondientes al número que se ha indicado de estudiantes no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron con uso y eso está confirmado técnicamente”, dijo Higuera Bernal.
Desde abril de 2016 cuando el GIEI presentó su último informe, los expertos consideraron que la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam y en la que se aseguró que los estudiantes fueron incinerados junto con sus pertenencias, no era sostenible, entre otras cosas porque algunos celulares siguieron activos los días siguientes.
Ayer durante la audiencia Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos, recordó que el GIEI hizo referencia a siete celulares y ahora la PGR aumentó ese número a nueve.
“Lo que echa por tierra la versión de que los estudiantes junto con sus celulares fueron calcinados en el basurero de Cocula”, expuso.
“¿Por qué no se investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes lo portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?”, reprochó.
Del llamado quinto autobús, el fiscal Higuera Bernal informó que a través de imágenes satelitales confirmaron que el vehículo realizó cuatro paradas la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Este es un punto que también fue señalado, realizó cuatro altos de algunos minutos antes de salir de iguala, y el más prolongado fue en el momento que los jóvenes descendieron de la unidad y que, de acuerdo a lo declarado, los hicieron descender debido a una acometida policial”, declaró.
Aunque dijo que las pruebas periciales no revelaron que el autobús tuviera rastros de droga o compartimientos secretos, reconoció que el vehículo quedó sin custodia después de los hechos y que no se descarta la línea de investigación que señala el trasiego de droga como móvil de los ataques a los estudiantes, quienes no sabrían que tomaron un vehículo cargado con droga.
“Ese es un aspecto que naturalmente lo tenemos muy contemplado y obviamente está un rubro en investigación que es el trasiego de drogas, que seguiremos profundizado”, dijo.
En su réplica, Santiago Aguirre planteó la necesidad de que estas revelaciones sean presentadas ante los tribunales en México para que se pueda esclarecer la desaparición de 43 normalistas.