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PF, la corporación con más quejas de violación a los derechos humanos; 18 son por tortura

De 175 quejas contra autoridades federales presentadas en Guerrero de enero a octubre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 47 por ciento son a la Policía Federal, en las que destacan 18 casos de tortura.
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, disponibles en su portal web, la Policía Federal es la que más quejas por violación de derechos humanos tiene en el estado. Destaca con dos quejas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En 2015 en Guerrero fueron presentadas 109 quejas contra la Policía Federal, que está un lugar debajo de Tamaulipas con 127 casos, en Michoacán hubo 83, en el Estado de México 82 y en la Ciudad de México 53.
Guerrero está en el lugar 16 nacional con 175 quejas contra autoridades federales, en 2015 hubo un total de 250 quejas y ocupó el lugar 14. En los primero cinco peldaños aparecen Ciudad de México con mil 947 quejas, Estado de México con 636, Chiapas con 465, Tamaulipas con 402 y Veracruz con 391.
Guerrero es el estado que más quejas tiene contra la Policía Federal con 82 de las que 66 siguen en trámite. Destacan 34 quejas por detenciones arbitrarias, 18 por casos de tortura, 11 por trato cruel, inhumano y degradante y nueve por emplear arbitrariamente la fuerza pública.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 20 quejas (el 11.42%) de las que 19 siguen en trámite. Siete son por integrar mal la averiguación previa y el mismo número por prestar indebidamente el servicio, además de 4 por detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 19 (10.85%) de las que 16 siguen en trámite. Ocho son por detenciones arbitrarias, 2 por trato cruel, una por apoderarse de un bien mueble sin consentimiento, y una más por desaparición forzada o involuntaria de persona.
La Secretaría de Marina aparece con cinco quejas, todas en trámite, dos por omitir notificar a la familia del arresto, una por privación de la vida, y una por imputar indebidamente hechos.
Otras dependencias que tienen quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 13, el ISSSTE con 10, la Comisión Federal de Electricidad con ocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con cinco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene cuatro, al igual que la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con dos quejas cada una en el estado están Caminos y Puentes Federales, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el Registro Agrario Nacional, la SAGARPA y la Sedesol.
Con una queja cada una aparecen la Comisión para la regularización de la tenencia de la Tierra de la Sedesol, el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Instituto de Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Junta Especial 43 de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Agraria, la SCT, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y la de Salud.
El total de la suma de las quejas es 193, y 175 corresponden a autoridades federales.

Aún no llega la Policía Federal a la zona conflictiva; no hay noticias de los siete secuestrados de San Jerónimo

La Policía Federal (PF) que llegó a la región de Tierra Caliente para reforzar la seguridad apenas alcanzó para cubrir las zonas urbanas de los municipios como Pungarabato, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán, los policías federales no han hecho alguna operación especial en la zona de conflicto entre Ajuchitlán y San Miguel Totolapan.
En Arcelia se quedaron 10 patrullas y otras 20 se instalaron entre Pungarabato y Coyuca de Catalán en el hotel Bugambilias sobre la carretera federal de Altamirano a Coyuca de Catalán. El hotel cuenta con instalaciones remodeladas y cuenta con alberca.
El otro grupo se quedó en el hotel Aranzari Princess de Coyuca de Catalán en la entrada a la ciudad, el edificio tiene cuatro niveles y por lo general los policías federales establecen un comedor amplio que usan como base regional.
En Pungarabato y en Coyuca de Catalán se les ha visto en constantes recorridos durante el día y la noche. Salen en convoy para hacer los recorridos, en las zonas urbanas principalmente.
En Ciudad Altamirano donde se realiza la expo feria 2016, la PF hace rondines por las noches y luego continúa sobre las principales vías que conectan a esa zona comercial con las vialidades primarias.
En las comunidades de la ruta que conduce al poblado de San Jerónimo el Grande del municipio de Ajuchitlán no hay informes de la presencia de la PF, solamente hay policías estatales que mantienen un grupo en esa localidad.
Hace nueve días en la comunidad de San Jerónimo el Grande ingresaron unos 30 hombres armados y se llevaron secuestrados a 10 vecinos, tres fueron liberados posteriormente y a la fecha no se sabe nada del resto de los plagiados.
La gente del pueblo se levantó en armas. Aún cuando hay presencia de la PF los pobladores mantienen la vigilancia en caminos rurales cercanos y en las lomas, esto les permite tener visión sobre los puntos por donde consideran que ingresaron los hombres armados en esa ocasión.
En San Jerónimo el Grande comenzó un operativo de la Policía Ministerial con agentes del estado de Michoacán quienes buscan a los siete vecinos que permanecen secuestrados. Los agentes buscan por tierra y aire considerando que podrían tenerlos en algún cerro del municipio de San Miguel Totolapan.
Este domingo se observó todavía al grupo ministerial en la base de Coyuca de Catalán, por lo menos hasta el medio día.
No hay informes del paradero de los secuestrados. Aun así los familiares no informan si hay negociaciones. En la reciente visita del fiscal, Xavier Olea dijo que los secuestradores están pidiendo medio millón por cada uno de los secuestrados, y por el séptimo piden un millón de pesos. Los secuestrados son en su mayoría campesinos.

 

Rechazó el Estado que algún integrante del GIEI participe en el seguimiento del caso Ayotzinapa

El Estado mexicano rechazó que algún miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa fuera parte del equipo de apoyo técnico del nuevo mecanismo de seguimiento, como plantearon los padres de los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la ultima palabra, aclaró el representante de los padres, Melitón Ortega Martínez.
En declaraciones telefónicas Melitón Ortega no descartó la intervención de alguno de los cinco extranjeros del GIEI en el nueva etapa de acompañamiento internacional. Aseguró que hay muchas posibilidades que alguno de ellos se incorpore, que mañana (hoy) esperan noticias de sus abogados, y el martes, la presentación de los integrantes del equipo de apoyo.
Señaló que durante la negociación con las autoridades los padres lucharon para que el mecanismo internacional tuviera alcances similares al GIEI, es decir, que tengan la oportunidad de volver a entrevistar a los detenidos, a cualquier implicado en el caso y, por supuesto, a los militares que se negaron a hablar con extranjeros en la primera etapa de colaboración.
Explicó que para las padres todos los detenidos (integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala) están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, sólo que “no quieren hablar, no quieren asumir la responsabilidad, estamos seguros (que) saben mucho, quién dio las órdenes, ¡no es posible que hayan venido extraterrestres por los estudiantes!” reprochó.
Destacó que el nuevo mecanismo va continuar el trabajo que dejó el GIEI cuando fue despedido del país, y seguirá las nuevas rutas de investigación señaladas en sus informes para descubrir el paradero de los estudiantes.
Destacó que será un trabajo serio, no de simulación como el que han venido tejiendo el gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Denunció que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong operó para que en el Congreso local no pasara un punto de acuerdo para que el Grupo de Trabajo se entrevistara con los militares.
“En el Congreso hubo un amarre, fueron cerrando las puertas para proteger al Ejército, la política es que no se esclarezca nunca lo que pasó, autoridades de alto rango han destruido evidencia”, dijo sobre las videograbaciones de las cámaras de circuito cerrado del Tribunal Superior de Justicia y del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) que operaron soldados la noche de la agresión a los estudiantes.
Asimismo, señaló que no obstante las graves irregularidades dentro de la investigación, mantienen en su puesto al director la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien fue videograbado y es acusado de sembrar evidencias en el río San Juan en Cocula, donde fue hallada una bolsa con restos humanos. “Por eso los padres insistimos ante la lucha, para que respondan quiénes son los verdaderos implicados, quiénes dieron las orden, en el mas alto nivel” expresó.
Recordó en el ex comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo negó absolutamente cualquier intervención de la corporación a su cargo en los ataques y aseguró que nunca enteró en tiempo de las agresiones, “nosotros le creímos, y resulta que estuvieron por lo menos dos policías federales en el Palacio de Justicia, y todas las corporaciones en Iguala tienen bitácoras de los sucesos en los horarios de los ataques”.
Sobre las acciones de los padres informó que desde el sábado se encuentran en la Ciudad de México y participaron en una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y van a seguir llamando a la protesta del 26 de septiembre, cuando se cumplen dos años de los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes.
“Tenemos que trabajar muy fuerte para poder llegar el 26 (de septiembre), han sido dos años de mentiras, de impunidad, de distracciones, de desviar las líneas de investigación, de descalificación del movimiento, de los padres, ese es el papel del Estado”.
Opinó que aunque vengan las mejores personas del mundo, los padres insistieron en la integración de los integrantes del GIEI en el nuevo mecanismo de acompañamiento para continuar sobre lo que ya se ha hecho, y ahora sigue estancado. No tenemos otra esperanza más que la confianza en este equipo, esperando el momento en que va a iniciar, probablemente el 13 de septiembre (mañana), “es la garantía de que vamos a lograr lo que queremos”.
Hoy, informó que habrá una actividad en el Hemiciclo a Juárez para elegir el cartel de promoción de la acción global de este mes, y este jueves, acudirán a la marcha de la CETEG del 15 de septiembre en Chilpancingo.

Detuvo a dos personas en Zirándaro y decomisó mariguana en Coyuca de Catalán, informa la PF

La Policía Federal informó que decomisó una cuatrimoto y dos costales de mariguana en los cateos que el miércoles hizo en la comunidad de Arroyo Grande, municipio de Coyuca de Catalán, y que además detuvo a dos personas con una pistola en la sierra de Zirándaro.
La depndencia federal dio a conocer que puso a disposición del Ministerio Público dos costales de mariguana, una cuatrimoto que al parecer tenía reporte de robo, y algunos cartuchos útiles de diversos calibres, pero que el decomiso no se llevó a cabo en domicilios particulares sino en puntos públicos.
La gente de la comunidad reportó que policías federales entraron violentamente a varias casas y que se llevaron televisores y aparatos electrodomésticos.
La Policía Federal también informó de la detención de dos personas en la comunidad de La Pasajera, municipio de Zirándaro de los Chávez la noche del martes, quienes también fueron remitidos al Ministerio Público federal con sede en Altamirano.
Se trata de Juan Carlos Pérez y Adalberta Acosta Núñez, de 57 y 53 años respectivamente, quienes fueron detenidos en un camino de terracería cerca del pueblo de La Pasajera.
Según el reporte, cuando los efectivos policiacos revisaron el vehículo donde viajaba la pareja encontraron una pistola calibre 45 con varios cartuchos útiles.

No encuentran a las personas levantadas en Apaxtla a pesar de la búsqueda del Ejército

El alcalde del municipio de Apaxtla, el general retirado del Ejército, Salvador Martínez Villalobos informó que a 11 días de que siete personas (al principio se mencionaron 17) fueron levantadas por pistoleros con vestimenta tipo militar, hasta ayer no había resultados en la operación de su búsqueda.
Al término de la reunión regional de coordinación de la Secretaría de Salud y alcaldes de la zona Norte, en la que estuvo el secretario Carlos de la Peña Pintos, el alcalde apaxtlense reiteró que hasta ayer los pistoleros no se habían comunicado con los familiares ni con las autoridades para pedir algo a cambio de su liberación.
Dijo que la búsqueda a pie, en la que participan soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, policías federales y estatales se sigue llevando a cabo en las comunidades de San Felipe del Ocote, Liberaltepec y Xochitepec, y Tierra Blanca del municipio de Arcelia.
El alcalde indicó que la situación “sigue siendo la misma”, y dio a conocer que se ha reunido con los familiares de las siete personas retenidas que están identificadas.
Informó que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que se había utilizado durante cinco días para la búsqueda sigue en mantenimiento, según lo que le informaron.
Negó que por la búsqueda se esté descuidando la seguridad en la cabecera municipal y otros poblados.
El 8 de diciembre fueron levantados por un grupo de entre 15 y 20 hombres armados con vestimenta tipo militar cinco pasajeros de una Urvan de la ruta Apaxtla-El Caracol, quienes fueron identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar y Maribel Castrejón Sánchez de la comunidad de Amacahuite y Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco de la comunidad de Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, el último el chofer de la Urvan.
También fueron levantados Isidro Sarabia Sánchez y Ubaldo Chavelas Morales, ambos leñadores de la cabecera municipal de Apaxtla.

La idiosincrasia de la gente de Carrizalillo causó la retención de los agentes, dice el comisionado de la PF

 

El comisionado nacional de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, confirmó la retención de policías federales por pobladores de Carrizalillo, dijo que eran cinco y aseguró que fueron retenidos por la “idiosincrasia” de la gente del lugar, mientras que el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que sólo conocía que pobladores habían retenido a un policía federal.
El recién ratificado secretario de Seguridad Pública, el general Pedro Almazán Cervantes dijo que no tenía información, “no es nada, es una cuestión de los pobladores”.
El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, mencionó que había un número “indeterminado” de retenidos, “al principio 10, después seis policías federales”.
Las declaraciones las dieron luego que habitantes de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, mantenían a cinco policías federales retenidos y a un presunto halcón, señalados de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes iban a detener al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García. A las 4 de la tarde los agentes retenidos eran ocho, pero al cierre de edición eran cinco, y no se informó el destino de los otros tres.
En declaraciones a reporteros después de asistir a la instalación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión, Galindo Ceballos dijo que los policías federales hacían una investigación en ese poblado.
Indicó que a petición de los pobladores de Carrizalillo intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Codehum, que buscan ser prudentes y no romper el diálogo con los pobladores.
Galindo Ceballos dijo que la información que tenían ayer a las 8:35 de la noche es que los cinco policías retenidos estaban bien y que no habían sido golpeados.
Se le preguntó cuántos son los policías retenidos y respondió que eran cinco, se le dijo que la información que se conocía es que eran ocho pero insistió en que eran cinco.
Agregó que para liberar a los policías federales “no hay ninguna negociación” con lo pobladores de Carrizalillo, sino que es un diálogo mediante el cual van a “explicar” que la Policía Federal hacía una investigación, a pesar de que los vecinos reconocieron a un presunto vigilante de la delincuencia como quien guiaba a los agentes por la zona.
“Se está dando la explicación a los pobladores, conocemos la idiosincrasia de la zona, estamos respetando su forma de expresarse y de manifestarse y en nosotros caber la prudencia para no generar un conflicto mayor”, dijo.
De la posibilidad de que los policías federales fueran liberados en el transcurso de la noche de ayer dijo que estaban en eso y reiteró la intermediación de la CNDH, la Marina y del Ejército.
Se le preguntó que si para la liberación de los policías federales la dependencia se desistiría de las órdenes de aprehensión que presuntamente iba a ejecutar a ese poblado, y respondió que “al momento no hay ninguna detención, no hay nada de que desistirse”.
“Hay una investigación en la zona, entendemos cómo funciona la comunidad, la comunidad reaccionó a la presencia de la policía, nosotros somos prudentes y no generamos ningún tipo de conflicto y estamos sosteniendo un diálogo hasta ahorita”, insistió.

“No tengo más información”, dice el gobernador

En declaraciones a su llegada a las 6:30 de la tarde al hotel Emporio donde se presentó la Unidad Antisecuestros y Extorsión, el gobernador Héctor Astudillo dijo que conocía que pobladores habían retenido a un policía federal, “hasta ahí estoy no tengo mas información”.
Se le dijo que eran ocho los policías federales retenidos por los vecinos de Carrizalillo y se le preguntó si su gobierno había pedido la intervención de fuerzas federales para liberarlos, y respondió que no, también se le preguntó si su gobierno estaba de mediador para liberar a los retenidos pero insistió en que “no tengo mayor información más que tenían a un policía federal, es la información que yo tengo, no tengo más”.
En breves declaraciones a su llegada a la actividad, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Éric Castro Ibarra dijo que esperaría a que la Policía Federal diera la información de lo que ocurría en Carrizalillo, porque estaban trabajando en el Operativo Tierra Caliente.
“Tengo conocimiento que están dialogando con la comunidad”, expresó. Tampoco quiso precisar el número de policías federales que participan en el nuevo operativo de seguridad en el estado.
A las 5:30 de la tarde el ratificado secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes en breves declaraciones dijo que no tenía conocimiento de los hechos, “no es nada, es una cuestión de los pobladores, pero no hay ninguna información adicional”.
Se insistió, pero reiteró “no tengo información… la tiene la Policía Federal”.
Del refuerzo de la seguridad y la presencia de militares y policías federales en Acapulco indicó que no podía dar información porque era una estrategia y sostuvo que hay, “lo suficiente para mantener la seguridad”.
También llegó el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, quien dijo que entre las 3 y las 4 de la tarde le informaron que pobladores de Carrizalillo retuvieron a policías federales.
Precisó que fueron los pobladores quienes pidieron la intervención de la Codehum, para “negociar”.
En respuesta la dependencia envió a un visitador y tres trabajadores de asesoría, e informó que dos integrantes de la CNDH también acudieron a la comunidad.
El ombudsman dijo que había un número “indeterminado” de retenidos, “al principio 10, después seis policías federales”.
Dijo que antes de que su personal acudiera a la comunidad, pidieron información de lo que ocurría, porque el organismo no puede actuar de oficio, sino hasta que una de las partes solicite su presencia.

Designa el Cabildo de Chilpancingo a un suboficial de la PF secretario de Seguridad

 

En sesión de Cabildo, la cual nuevamente fue cerrada, se designó al nuevo secretario de Seguridad Pública Esteban Espinosa Montoya, quien fue suboficial de la Policía Federal y extraoficialmente se sabe que fue propuesto por los gobernadores saliente y entrante Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores.
Este lunes, en el transcurso de la noche, nuevamente en una sesión cerrada el Cabildo que encabeza el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, por unanimidad de votos se aprobaron los nombramientos de los que serán los nuevos secretarios de algunas de las áreas del Ayuntamiento capitalino.
También fue aprobada la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, que será enviada al Congreso local para su aprobación.
En la sesión de Cabildo se aprobó el nombramiento del oficial Esteban Espinosa como secretario de Seguridad Pública, quien fue recomendado de Ortega Martínez, Astudillo Flores, el general Brigadier del Estado Mayor, Pedro Almazán Cervantes, y del secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Esteban Espinosa es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores del Valle de Iguala (CESVI). Ingresó a la convocatoria de la Policía Federal en la academia de la policía estatal en Tlalnepantla, Estado de México. Fue policía de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Asimismo fue integrante de las Unidades de Modelo de Investigación Policial (UMIP), de la división de Seguridad Regional, adscrito en el estado de Veracruz. De 2008 a la fecha, fue adscrito a la división Fuerzas Federales, Dirección de Seguridad Física, área de Escoltas.
Al finalizar, se consultó al nuevo secretario de Seguridad Pública, para saber cómo había recibido la dependencia, sin embargo no quiso dar declaraciones, “vengo entrando, mejor hablamos cuando tome protesta oficialmente”, indicó Espinosa Montoya. Aseguró que hoy tomará protesta en el cuartel de la Policía Municipal.
En la misma sesión se nombró en las secretarías de Planeación y Presupuesto, a Antonio Huitrón Gómez; de Desarrollo Social y Humano, a Guillermo Reyes Villela; en la Secretaría de Salud Pública municipal, Yeni Francisca Solís Carmona; de Servicios Públicos Municipales, Sergio del Moral Benítez; de Desarrollo Rural, de Jesús Figueroa Lujano; como titular del Registro Civil, Rómulo Nicolás Vázquez, y de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, a Manuel Humberto Peraza Gil.