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Pide el Congreso a Gobernación dar protección a periodistas y defensores de derechos humanos

En la sesión de este martes, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia brinde “la protección más amplia” a periodistas y defensores de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en Guerrero.
Además, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, que si tiene pruebas, proceda legalmente y detenga al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, hecho en el que fueron asesinados dos normalistas.
Los diputados aprobaron también 11 Leyes de Ingresos y seis Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para diferentes municipios de la entidad, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Ayer, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una propuesta de exhorto dirigido a los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para que cumpla los objetivos del Cuarto Informe de ese Mecanismo, que se presentó el pasado 7 de diciembre.
La propuesta incluye también que coadyuven en la medida de sus competencias a brindar la protección más amplia a periodistas y personas defensoras de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en el país, pero particularmente los que ejercen en Guerrero.
El exhorto es extensivo al fiscal Xavier Olea, a quien se pidió atender las denuncias presentadas ante la institución a su cargo por comunicadores y activistas que han sido amenazados en el ejercicio de su profesión.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, lo que “evidencia” la necesidad de fortalecer en su favor labores de prevención, protección y procuración de justicia.
Comentó que ese organismo tiene un registro de 119 periodistas asesinados desde 2000, de los que 12 son mujeres; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
Además dijo que quienes se dedican a esta labor en la entidad ahora no sólo sufren de ataques de servidores públicos, sino también de la delincuencia organizada, y advirtió que Guerrero es el tercer estado en el país donde más riesgo corre una mujer que ejerce el periodismo.
“El ejercicio periodístico sin lugar a dudas representa hoy en día una actividad de alto riesgo, por ello, debemos de garantizar que la libertad periodística esté protegida, dicha actividad realizada con ética profesional contribuye a que la sociedad esté mayor informada, elemento fundamental para fortalecer nuestra democracia”, señaló.
La propuesta fue aprobada por el pleno por unanimidad de votos.
Antes de desahogar ese asunto, la diputada de Morena subió a la tribuna para razonar su voto. Ahí expresó que ni en el país ni en Guerrero hay respeto a los derechos humanos ni garantías para quienes los defienden.
“Hay derechos humanos porque este es un asunto únicamente declarativo, ya que en los hechos, las permanentes vejaciones de las personas, niños, mujeres, hombres, adultos, homosexuales, indígenas, sufren  bullying, discriminación y todo tipo de atentados a sus derechos”, lamentó.
Dijo que en la entidad no hay ni infraestructura institucional ni capacidad de personal para frenar las violaciones “sistemáticas” a los derechos fundamentales, además de que las instituciones creadas para defenderlos han sido rebasadas.
“No hay garantías para que defensores de derechos humanos y periodistas ejerzan sus actividades, una prueba de ello es que muchos periodistas, reporteros y fotógrafos quedaron en medio del enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG, sin que las autoridades a las que hoy se pretende exhortar hicieran algo al respecto. ¿Dónde estaban? ¿Esperan hasta que haya muertos?”, cuestionó.

Acusaciones del fiscal, una cortina de humo

En su intervención, Cisneros Martínez dijo que respaldaría el exhorto de Movimiento Ciudadano, sin embargo advirtió que, en el caso del fiscal, “es como hablarle a un palo”.
Aprovechó para criticar las acusaciones que éste hizo en contra del actual coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, a quien Xavier Olea acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de procurador del estado y fueron asesinados Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Miren ahora, ya declaró que Alberto López Rosas mandó a atacar a los dos estudiantes de Ayotzinapa hace 5 años, ¿de cuándo acá un fiscal le advierte a un presunto delincuente que lo va a inculpar?, o ¿acaso pretende que huya o se ampare?”
Le exigió a Olea Peláez que si tiene pruebas que confirmen sus acusaciones proceda legalmente en contra del ex alcalde de Acapulco y lo detenga, aunque no descartó que sus declaraciones sean sólo una cortina de humo ante los pocos resultados del gobierno del estado para atender el problema de violencia.

Modifican Ley de Ingresos de Acapulco

En la sesión de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco, sin embargo hubo modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y el PRI.
Cuando se sometió a consideración del pleno el dictamen correspondiente, Ricardo Mejía presentó una reserva para que la expedición inicial o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan su expendio, mantengan los costos que establece la Ley de Ingresos vigente.
El legislador explicó que en la iniciativa que hizo llegar el gobierno municipal del puerto se incrementaba el monto para algunos lugares, principalmente los que forman parte de la cadena de tiendas Oxxo lo que, aseguró, lejos de estimular la inversión, la perjudica.
Recordó que por la situación de violencia que priva en la entidad, y los constantes cobros de extorsión de los que son víctimas empresarios y comerciantes de Acapulco, es necesario generar condiciones que no afecten su economía.
Por su cuenta, el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó otra reserva que evita que el gobierno municipal cobre un monto adicional a los establecimientos que hacen promoción, demostración y/o degustación de marcas y productos ajenas a las bebidas alcohólicas, como se ha venido haciendo.
Ambas reservas fueron aprobadas por el pleno.
Además de la de Acapulco, se aprobaron las leyes de ingresos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Alpoyeca, Cualac, Cuetzala del Progreso, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.
De igual forma se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Taxco y Zihuatanejo.

Otros temas

Ayer la Comisión de Justicia presentó ante el pleno el dictamen por el que se adiciona un artículo al Código Penal del estado, a fin de tipificar el tráfico de vehículos robados o partes de éstos.
“Con la aprobación del presente decreto, se busca inhibir el delito de robo y en consecuencia que no quede impune la comisión del delito de robo de autos, así como el tráfico de vehículos y de auto partes, por un lado, así como penalizar de forma severa la falsificación de documentos para la comercialización de automotores robados”, se lee en el dictamen que fue aprobado por el pleno.
Además, a propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso aprobó un exhorto por el que pide a la Secretaría de Atención al Migrante realizar el Padrón Geoeconómico, a fin de conocer la situación migratoria de Guerrero.
En las intervenciones, el diputado Ricardo Mejía reiteró su postura respecto a la necesidad de que se legisle para crear un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública, pero sin que se le otorguen atribuciones “excesivas” que puedan atentar contra los derechos humanos.
Indicó que para que el Ejército regrese a los cuarteles, como lo planteó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es necesario que se depuren las policías locales, a fin de garantizar que no tengan nexos con la delincuencia organizada y se recupere la confianza de la población.
Al respecto también habló la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, quien dijo que el Estado mexicano pasó de un régimen democrático a uno militar.
“Lo que intenta hacer el Senado de la República, de darle atribuciones policiales al Ejército, constituye una confesión en razón de que han estado actuando al margen de la legalidad y de la Constitución. Ante esto es obvio que hay una política de endurecimiento de las medidas para supuestamente combatir la violencia y la inseguridad y el Estado no cesa en lo que he venido reiterando, que el fuego no se combate con fuego”, advirtió.

Pide el alcalde de Cocula al gobierno estatal 4 millones de pesos para aguinaldo y deudas

 

El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que solicitó al gobierno del estado un préstamo de cuatro millones de pesos para el pago de aguinaldos a los empleados del ayuntamiento.
Y dio a conocer que por falta de pagos fueron cortados la luz y el teléfono en el palacio municipal, y una agencia de autos recogió cinco vehículos que el alcalde suplente Carlos Alberto Duarte Bahena rentaba.
El alcalde informó que hasta ayer no había tenido respuesta a su petición por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien también le solicitó la semana anterior una audiencia.
En declaraciones por teléfono, el edil de Cocula, quien dio a conocer que regresaba de la Basílica de Guadalupe, a donde fue con su familia luego de haber estado ocho meses preso en un penal federal por el delito de delincuencia organizada, informó de la difícil situación en su administración por el “hoyo financiero” muy grande que recibió.
Declaró que hasta ayer no tenía recursos para pagar el aguinaldo a 302 trabajadores que tiene en nómina la administración, y para lo que necesita cerca de 800 mil pesos, para cubrir al menos una quincena de la gratificación.
Mencionó que el año pasado dio dos quincenas de aguinaldo a los trabajadores, por lo que prevé que en caso de que el estado haga el préstamo solicitado este año se pueda dar la misma prestación a los empleados, por lo que el gasto subiría a poco más de un millón 600 mil pesos, “porque los trabajadores son los menos culpables de la situación que dejó el presidente anterior”.
Dijo que solicitó entre el lunes y martes de la semana anterior al gobernador Héctor Astudillo un préstamo o adelanto de las participaciones de cuatro millones de pesos, recurso con el que pagaría el aguinaldo de los trabajadores y otras deudas heredadas.
Recordó que en días pasados tenía programada una audiencia con el gobernador, a quien le entregaría los oficios, pero coincidió con la visita del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por lo que se canceló y ya no le dieron nueva fecha.
El alcalde perredista informó que también hay adeudos de gasolina, papelería, consumibles, luz y teléfono, los cuales no fueron pagados por la administración de Duarte Bahena, y los dos últimos servicios fueron suspendidos. Mencionó que por la necesidad sólo pagaron la luz y no así la línea telefónica, la cual hasta ayer seguía suspendida.
Declaró que el alcalde suplente, Carlos Alberto Duarte, tenía cinco automóviles rentados con la agencia Nissan de esta ciudad, una camioneta X-Trail  y cuatro Tiida, los cuales cree que fueron recogidos por la agencia cuando él retomó la alcaldía y ahora no hay vehículos oficiales en qué moverse, por lo que él y los empleados utilizan sus carros particulares para realizar las gestiones de la administración.
Agregó que ni la agencia automotriz ni el ex alcalde le informaron de estos vehículos, si eran rentados o comprados, y dijo que quienes se los llevaron fueron el ex alcalde y su equipo de trabajo, por lo que desconoce con precisión si ya los entregaron a la agencia de autos porque ya no están a disposición del gobierno.
Señaló que con el dinero que solicita como préstamo al gobierno del estado también pretende comprar dos o tres vehículos para el uso de la administración.
Ramírez Crespo indicó que por algunas “estrategias” implementadas para generar ingresos propios se ha ido nivelando el pago de salarios de los trabajadores, aunque informó que con la feria que se realizó la semana pasada se hicieron gastos imprevistos de unos 400 mil pesos que no pagó la anterior administración, que fue la que inició la organización de las fiestas.
Confió en que el gobierno del estado también apoye a su gobierno con la celebración de la feria tradicional de Cocula, la cual se realizó la semana anterior y concluyó este sábado sin ningún incidente.

Pide el Congreso al gobernador dar seguridad en escuelas para impedir las extorsiones

 

En la sesión de este miércoles, a propuesta del diputado del PRD, Ernesto Fidel González Pérez, se aprobó por unanimidad de votos un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores, a autoridades policiacas y militares para emprender un protocolo de seguridad en planteles educativos y evitar así extorsiones de la delincuencia en contra del magisterio que se desatan cada fin de año en que se pagan los aguinaldos.
El diputado perredista subió a la tribuna para recordar que los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Iguala y Chilapa están en la lista de los más violentos del país.
Explicó que “la radiografía de la violencia en nuestro estado se ha polarizado de tal suerte, que los cambios en los mandos de seguridad pública y del Ejército se han empezado a operar de forma sistemática, como es el caso de la llegada del general de división Germán Javier Jiménez Mendoza”, y atribuyó esos movimientos a que no hay resultados.
El perredista expresó que la estrategia de seguridad en Guerrero ha fracasado porque no existe consistencia en los procesos que implican la depuración, capacitación y profesionalización de las corporaciones policiacas.
“La realidad es que la entidad está pasando por un proceso de inseguridad muy alta, la población vive con un miedo constante por salir a las calles, el ciudadano ya no tiene la libertad de salir a divertirse con su familia ni mucho menos el derecho de mandar a sus hijos a la escuela”, expuso.
González Pérez dijo que sectores específicos han sido hostigados, amenazados, secuestrados y hasta asesinados, desde médicos, burócratas, abogados y hasta mineros; pero indicó que el sector que destaca es el magisterio.
Comentó que la exigencia del “pago de piso” en contra de maestras y maestros son denuncias recurrentes, y como ejemplo mencionó las declaraciones que ha hecho el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, en el sentido de que grupos criminales exigen cuotas a los universitarios.
“Ante ello, las instancias educativas y de seguridad pública han guardado silencio. Hoy no se conoce un plan específico que garantice, que impida que lo servidores públicos del magisterio sean extorsionados por grupos delincuenciales, ni se ha hecho pública una estrategia preventiva de fortalecimiento de seguridad que permita no exponer a los miles de alumnos en sus centros escolares”, advirtió.
Por esta situación propuso un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo para que instruya a las autoridades educativas a que realicen un diagnóstico de las zonas con mayor incidencia de extorsión en contra de maestros y a partir de ahí se elabore un protocolo de seguridad en las escuelas.
También que se establezca una estrategia de coordinación con policías federales, estatales y municipales, así como con el Ejército, para reforzar y garantizar la seguridad de quienes se desenvuelven en el sector educativo.
Su propuesta planteaba realizar patrullajes permanente es las zonas marginadas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, porque “han resentido una espiral de violencia sin precedentes”.
El exhorto fue aprobado por unanimidad de votos.

Falta el Anexo 14

El otro punto, el PRI y el PVEM volvieron a ejercer su mayoría en el Congreso y evitaron que fuera resuelto un exhorto, propuesto por Movimiento Ciudadano, por el que se solicitaría a la Secretaría de Finanzas informar en qué invertirá cada dependencia del gobierno estatal el presupuesto que le será asignado para 2017.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco de Aquino, subió ayer a la tribuna para informar que en el paquete fiscal que presentó el gobierno del estado al Congreso hace falta el anexo 14, en el que debe especificarse en qué invertirá cada dependencia el presupuesto que se le asignará para el próximo año.
Además dijo que tras la aprobación del presupuesto federal la propuesta que presentó el gobierno estatal tuvo una pequeña variación, toda vez que en su proyecto se prevén aportaciones federales al estado y a sus 81 municipios.
Por ello consideró necesario actualizar la propuesta de presupuesto de egresos 2017 que presentó la Secretaría de Finanzas, incluyendo las aportaciones federales que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.
Ante esta situación, en nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto dirigido a la Secretaría de Finanzas para que esta dependencia envíe al Congreso el agregado del paquete fiscal para el ejercicio 2017, en el que se retomen las aportaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
También planteaba la entrega del anexo 14 del proyecto de presupuesto de egresos 2017, que contempla el resumen de la Inversión Pública por Dependencia Ejecutora y Fuente de Financiamiento.
Sin embargo, a la hora de someter a votación la propuesta, los diputados del PRI y del PVEM rechazaron que se resolviera como asunto de urgente y obvia resolución, haciendo valer su mayoría, y en consecuencia se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación.

Otros temas

Ayer los diputados aprobaron los dictámenes de Leyes de Ingresos para los municipios de Cuautepec y Malinaltepec; también las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción que servirán de base a los ayuntamientos de Atoyac, Alcozauca, Apaxtla, Cochoapa el Grande, Cuautepec, Huamuxtitlán, Mártir de Cuilapan y Malinaltepec, para el cobro de las contribuciones sobre Propiedad Inmobiliaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
A propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, se exhortó a la federación a que realice acciones e implemente programas o un plan de manejo sustentable en las Áreas Naturales Protegidas, específicamente en el Parque “El Veladero”, de Acapulco.

Trato especial a Guerrero por el repunte de la violencia, pide el PRD al gobierno federal

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD informó que el próximo miércoles se reunirá con la dirigencia nacional del partido para que ésta sea intermediaria con los legisladores federales y desde el Congreso de la Unión se pida al gobierno federal atención especial para Guerrero por la ola de violencia que priva en la entidad.
También se acordó que para antes de que concluya el año la dirigencia estatal busque acercamientos con los partidos de izquierda, incluido Morena, para comenzar los trabajos de unidad rumbo al proceso electoral de 2018 y defender juntos el presupuesto de 2017.
Este lunes el CEE celebró su sesión semanal en la que se trataron diferentes puntos, entre éstos el de la inseguridad.
Consultado por teléfono, el presidente del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que el miércoles de la próxima semana la dirigencia del partido se reunirá con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandra Barrales, y con la secretaria general, Beatriz Mojica Morga.
Explicó que la petición que le harán al CEN es que solicite a todos los diputados federales del partido que desde el Congreso de la Unión se llame al gobierno federal a darle un trato especial a Guerrero por la situación que enfrenta en materia de seguridad.
Respecto a que en noviembre hubo 230 asesinatos en Guerrero, que representa un aumento del 36.9 por ciento en comparación con el mes anterior, cuando ocurrieron 168 homicidios, dijo que es necesario replantear la estrategia de seguridad y por ello se pedirá la intervención del CEN.
“Sin duda el repunte de la violencia es preocupación de todos y del PRD también, por lo tanto vamos a llevar ese tema a la dirigencia nacional, creemos que es muy importante que el gobierno federal ponga atención a Guerrero y lo trate como un asunto prioritario y de seguridad nacional, porque es evidente que las instancias del gobierno en el estado tienen muy pocas posibilidades”, expresó.
Dijo que otro de los temas que se abordaron fue el caso del director de la Agencia de Noticias Guerrero (ANG), José Nava Mosso, quien fue demandado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Emiliano Lozano Cruz, por haber difundido un video en el que el funcionario aparece en estado de ebriedad y es detenido por la policía preventiva de Chilpancingo.
Indicó que el partido emitirá una postura pública al respecto en la que se solidarizarán con el periodista.
En un audio compartido por la el área de prensa del PRD, se escucha al dirigente del CEE lamentar la conducta del diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez, quien el domingo acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores en su gira de trabajo en Cruz Grande, donde integrantes de la Coduc, organización que encabeza el legislador, recibió apoyos.
“Lamentamos mucho ese acercamiento, no le ayuda en nada al PRD y evidencia que hay una relación de interés personal, el PRD es el partido opositor en Guerrero, es opositor al gobierno de Astudillo y lo va a seguir siendo”, se le oye decir al líder perredista.
Comentó que si Sebastián de la Rosa ha establecido acuerdos con el gobernador es porque quiere beneficios para su organización, pero aclaró que “el PRD de Guerrero no busca chambas, canonjías, lo que busca es que le vaya bien a los guerrerenses, que haya seguridad, oportunidades, más allá de los intereses personales”.
Por separado, el secretario de Organización, Pánfilo Sánchez Almazán, informó que en la sesión se acordó que antes de que concluya el año la dirigencia buscará acercamientos con los partidos de izquierda, incluido Morena.
Explicó que los diputados federales del PRD y Movimiento Ciudadano sumaron fuerzas para defender el presupuesto federal, por lo que se buscará replicar esa acción en el Congreso local, a fin de lograr una alianza encaminada a que los sectores más vulnerables de la entidad no sean afectados en la aprobación del presupuesto de 2017.
Comentó que el acercamiento es también para iniciar los trabajos de unidad rumbo al proceso electoral de 2018, que comienza formalmente en septiembre del próximo año.
Aseguró que los acercamientos serán con el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, a pesar de que el dirigente estatal de este último, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ha reiterado que ese partido no tiene interés de hacer alianzas con el PRD.
Otro tema, comentó, es apoyar en la organización del encuentro estatal de jóvenes militantes del partido, que se celebrará el 9 y 10 de diciembre en Acapulco.

Pide la Red tipificar en el Código Penal la violencia política contra las mujeres

 

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Guerrero se congratularon de que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya firmado la iniciativa de ley para garantizar la paridad de género vertical y horizontal en la postulación de candidaturas para ayuntamientos, pero manifestaron que es urgente que se legisle para que la violencia política contra las mujeres sea tipificada como delito en el Código Penal.
Indicaron que es necesario tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y adoptar medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso del estado y de los demás poderes locales.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en una sala del Instituto Municipal de la Mujer de Acapulco, la presidenta de la red de mujeres, Muriel Salinas Díaz, anunció que el 30 de noviembre se llevará a cabo en Chilpancingo un foro de mujeres presidentas municipales, con el objetivo de ver los avances que en la participación de la mujer en la política, pero también las situaciones a las que se han enfrentado.
Salinas Díaz dijo que ven con agrado la iniciativa de ley que firmó Astudillo, mediante la cual se va a instituir en la ley electoral del estado la obligación que tendrán los partidos políticos de garantizar la paridad horizontal en el registro de candidaturas para la integración de ayuntamientos, pues recordó que en el proceso electoral anterior se dio por las impugnaciones que interpusieron integrantes de esa organización y es gracias a ello que hay 21 alcaldesas en el estado.
Agregó que esa firma representa el cumplimiento del gobernador a los compromisos con la red, integrada por mujeres de los diversos partidos, en junio pasado cuando le presentaron la agenda legislativa para la igualdad política, la cual contenía ese compromiso.
Recordó que falta tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y la adopción de medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso y los demás poderes locales.
Señaló que esa firma es el resultado de la lucha que han dado desde los partidos y la sociedad civil las mujeres para que se instituyan estas medidas legislativas para garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito de la política.
Muriel Salinas agregó que espera que dicha iniciativa sea pronto presentada al Congreso local por parte del Ejecutivo y que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad política y democrática para avanzar en este proceso de armonización de la legislación en manteria de igualdad política y derechos políticos electorales de las mujeres.
Insistió en que se debe poner un agravante en el Código Penal por la violencia contra las mujeres, pues en Guerrero hay casos de violencia política grave contra alcaldesas, y ejemplificó con el caso de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz.
Subrayó que por esa razón la red de mujeres “insistiremos en la urgencia de que esto se tipifique en el Código Penal”, y también expresaron su solidaridad con la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, a quien le ofrecieron el acompañamiento jurídico y político, pues “en estos momentos está enfrentando violencia política en su municipio”.
Explicó que el primer encuentro estatal de presidentas municipales, apoyado por el programa de Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres y equipos feministas, es pafrte de una estrategia “orientada a dar seguimiento puntual a lo que están viviendo las mujeres munícipes en el ejercicio de sus cargos”.
Recordó que la red dio seguimiento a la violencia que vivieron las mujeres en el proceso electoral de 2015, y lo que hoy se va a hacer es un seguimiento de lo que está ocurriendo ahora en el caso de las mujeres que están en funciones.
Indicó que aunque hay caso emblemáticos de violencia política contra las mujeres, es importante ese encuentro para poder hacer un “análisis más puntual desde la experiencia vivida de las mujeres munícipes sobre lo que están enfrentando en el ejercicio de sus cargos”.
Señaló que a través de ese ejercicio la red “pretende integrar un diagnóstico participativo sobre la violencia política de las mujeres en el ámbito municipal, y con ello darle un contenido aún más amplio al proyecto que pensamos impulsar, y que seguiremos insistiendo, de tipificación de la violencia política contra las mujeres en Guerrero”.
Estuvieron en la conferencia la directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, Luisa Fernanda Fontova; la presidenta de Moviendo a Guerrero, Jessica Aguirre Herrera; la coordinadora de la red en la zona centro, María del Socorro Mondragón, así como la integrante de la red, María Teresa Leyva Cervantes, y la regidora y coordinadora regional en Acapulco de la red, Alma Juárez Altamirano.

Pide la Codehum al Congreso local un mayor presupuesto y los diputados ofrecen hacer “la lucha”

El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió ayer con diputados del Congreso local para solicitar un incremento en el presupuesto del organismo para 2017.
De 48.9 millones de pesos que ejerció en el actual ejercicio fiscal, el presidente de la Codehum planteó que el monto se incremente a por lo menos 91 millones. La propuesta que envió el gobierno del estado al Congreso para 2017 es de 49.9 millones.
A las 10 de la mañana en la sala José Bajos Valverde, Navarrete Magdaleno se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,  Jesús Martínez Martínez;  el secretario, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y los vocales María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
En su intervención, el presidente de la Codehum expresó que el presupuesto que se le ha asignado a ese organismo no es proporcional a las necesidades del mismo y de la propia entidad, pues recordó que Guerrero está en la mira nacional e internacional por hechos graves de violación a derechos humanos.
Comentó que en el caso de Nuevo León la Comisión de Derechos Humanos recibe cien millones de pesos anuales y opera solamente con sus oficinas centrales, a diferencia de la de Guerrero que cuenta con delegaciones regionales.
Como ese ejemplo dijo que hay varios en el país, a pesar de que en esos estados no se enfrentan los problemas que tiene Guerrero; incluso dijo que mientras en otras partes la lucha de las comisiones es por derechos de “tercera generación”, como medio ambiente y agua, en la entidad aún no se trabaja para evitar que los detenidos sean torturados.
Navarrete Magdaleno aseguró que si se informara públicamente que la Codehum no percibe recursos suficientes, esa situación sería cuestionada por organismos internacionales, toda vez que aquí se atienden casos como el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros más.
Dijo que a pesar de las condiciones financieras en que trabaja la Codehum, cuando participa en conferencias o ponencias en otros estados “no vamos para lamentarnos”, sino a explicar que en Guerrero las circunstancias son distintas a como se perciben en el exterior.
“La gente de otros estados creen que tenemos el cuerno de chivo terciado en el hombro, pero yo les digo que en Guerrero los universitarios están en las aulas,  que todos hacen su labor,  (pero) eso no es la noticia, la noticia es cuando hay muertos”, lamentó.
Aseguró que gracias a los ajustes que se han hecho en la Codehum para aprovechar al máximo su presupuesto y no dejar de laborar, ese organismo se ha posicionado como uno de los mejores en el país.
Comentó que su personal ha estado presente en los operativos que se realizan en los reclusorios por la madrugada; así como en conflictos sociales, además de que imparten talleres en primarias, secundarias y universidades.
“A diario se trabaja en la promoción y difusión de derechos humanos, en la visita de instituciones de arresto y en lugares donde por alguna circunstancia se encuentran los jóvenes, mantenemos la visita a reclusorios, centros de alcohólicos anónimos y otros lugres más, esas visitas son permanentes”.
En su intervención, Mejía Berdeja reconoció el papel que ha desempeñado la Codehum en el conflicto que mantienen la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Indicó que es fundamental el trabajo que la comisión ha desarrollado y por ello consideró necesario incrementar el presupuesto de la misma, e incluso dijo que debe ser una prioridad tanto para el gobierno del estado como del Congreso.
“Desde luego que es vergonzoso, las cifras negras en temas de desaparecidos, tortura, asesinatos extrajudiciales, desplazamientos forzados, yo creo que hay que revisar que sea lo  necesario (en presupuesto), yo sí creo que este tema es fundamental, sobre todo porque como entidad es lo que más nos pega en lo nacional e internacional”.
En la reunión los diputados se comprometieron con Navarrete Magdaleno a “dar la lucha” para que el presupuesto que le sea aprobada a la Codehum tenga un incremento, pues consideraron que a pesar de que ha trabajado con recursos limitados, esa instancia ha desempeñado un buen papel.

Pide el Congreso investigar la fuga de niños de la Casa Hogar de Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó ayer un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que investigue los motivos que originó el escape de 22 menores de edad de la Casa Hogar de Chilpancingo el pasado domingo.
El acuerdo incluye que esa dependencia emita un informe al Congreso de los resolutivos derivados de esas indagatorias, a efecto de salvaguardar los derechos de los menores que habitan en esa Casa Hogar dependiente del DIF estatal.
Además, el exhorto contempla también a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para que emita los resolutivos derivados de las visitas e investigaciones que de acuerdo a su competencia realizaron a la Casa Hogar de Chilpancingo y dar a conocer la situación jurídica actual de los niños que viven en ese lugar.
De igual forma se pide a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que brinde las medidas necesarias a la investigación e informe al Legislativo de la situación actual de los menores que habitan la Casa Hogar de Chilpancingo.
El pasado domingo los 48 niños que habitan la Casa Hogar del DIF estatal, ubicada en la colonia Jardines del Sur de esta capital, protestaron desde las ventanas del edificio por los malos tratos a que son sometidos, y 22 de ellos huyeron del establecimiento, hasta ayer solo faltaba localizar a uno de ellos.
En tribuna, la diputada Beatriz Alarcón Adame, quien presentó la propuesta, habló de este tema y consideró necesario realizar las investigaciones correspondientes para conocer las razones que motivaron a los menores escapar del lugar.
“Todas y todos queremos saber la verdad, del porqué unos niños tomaron una decisión de abandonar o de huir, si así lo quieren llamar, de un lugar donde deben de tener todas las condiciones y garantías para su bienestar, ¿Qué ocurrió? ¿Qué lo origino? Aún no lo sabemos”, expresó.
Indicó que esas investigaciones deben desarrollarse de manera responsable y apegadas al marco legal, a fin de que arrojen resultados y conforme a estos, también se apliquen las sanciones respectivas.
Su propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.
Los tres magistrados del TSJ ratificados concluirán su periodo en septiembre de 2024

En la primera sesión, de las dos que se celebraron este jueves en el Congreso, se aprobó la ratificación en el cargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Félix Nava Solís, Manuel Ramírez Guerrero y Gabriela Ramos Bello.
La Comisión de Asuntos Políticos, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, presentó tres dictámenes en los que se exponen las razones por las que los tres magistrados repetirán en el cargo por otros ocho años a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los tres concluirán su periodo el 12 de septiembre de 2024, al considerar el pleno que cumplen con los requisitos que establece la Constitución del Estado, y que les otorga el derecho de preferencia para el caso de la expedición del nuevo nombramiento.
La ratificación de los magistrados fue aprobada por la mayoría de las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, menos por la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
En la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Zihuatanejo, Silvano Blanco de Aquino subió a tribuna para hablar de la situación de los comerciantes de ese municipio, que el 28 de octubre pasado cerraron sus negocios para protestar en contra de la inseguridad.
Finalmente, consideró que la población debe hacer un esfuerzo para que en el próximo proceso electoral elija a candidatos que no tengan vínculos con la delincuencia organizada.

Fin a bloqueos y a muertes entre ellos, pide Astudillo al FUSDEG y a sus opositores

El gobernador Héctor Astudillo Flores calificó como “lamentable” el bloqueo de seis horas a la carretera nacional Acapulco-México por integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG): “no se puede someter al estado de Guerrero a una situación de bloqueos”.
El domingo a medio día, intengrantes del FUSDEG bloquearon mas de seis horas tres tramos de la carretera federal México-Acapulco, en Petaquillas, Ocotito y Tierra Colorada para exigir el esclarecimiento del asesinato de su comandante Julio Alarcón Astudillo. La movilizacion originalmente fue planeada para demandar una audiencia con el gobernador.
En declaraciones a reporteros después de una reunión privada que tuvo con la dirigencia estatal de SNTE, el gobernador insistió en que los policías comunitarios “tienen que volver a su esencia” y ajustarse a la Ley 701 –que reconoce derechos y cultura de los pueblos indígenas- que implica limitar sus acciones a sus territorios, de acuerdo .
Al gobernador se le preguntó sobre la situación con el FUSDEG luego de los bloqueos que realizaron el domingo en Petaquillas, Ocotito y Tierra Colorada: “se preveía que iba a haber algunos problemas, se habló con todos para evitar los problemas y resulta que en el último momento del día, de la jornada, aparece que asesinan a uno de ellos en Chilpancingo, esto originó las protestas que conocimos”.
“Me parecen (los bloqueos) lamentables porque no se puede someter al estado de Guerrero a una situación de bloqueos en varios puntos de la carretera derivado de un homicidio que es muy lamentable, que es muy reprobable, pero no se atiende así”, añadió.
Luego dijo que lo primero que hará su gobierno es que la Fiscalía busque al autor del asesinato del comandante del FUSDEG Julio Alarcón Astudillo, y entonces advirtió que es necesario que “los grupos comunitarios” vuelvan “a su esencia, ajustarse a lo que es la 701 y no dedicarse a generar conflictos entre ellos que terminan con muertes y con bloqueos”.
Al gobernador se le preguntó si iba a recibir a los integrantes del FUSDEG y se le recordó que de las demandas de los bloqueos del domingo es tener una audiencia con él, pero ya no contestó.

Por segunda ocasión, pide el Congreso a Evodio Velázquez el expediente del crédito de 158 millones



El Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos, con el rechazo del PRD y PT, exhortar por segunda ocasión al gobierno de Acapulco, que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre, para que le haga llegar el expediente de la solicitud de un préstamo de 158 millones de pesos que autorizó el Cabildo, toda vez que no atendió esa misma petición que le hizo el Legislativo el miércoles de la semana pasada.
El exhorto se amplía a que la Auditoría General del Estado (AGE) informe en qué condiciones financieras dejó al ayuntamiento de Coyuca de Benítez el actual secretario de Finanzas de Acapulco, Merced Valdovinos Diego, quien gobernó ese municipio en el periodo 2009-2012, pues se le acusó en tribuna de enfrentar varias observaciones en su administración y de promover su imagen política.
Este miércoles sesionó la Comisión Permanente del Congreso local, en la que se presentaron dos iniciativas de reforma y una propuesta de acuerdo parlamentario. Como en la última sesión, el tema que prevaleció ayer entre los diputados fue el acuerdo por el que se autoriza al gobierno de Acapulco acceder a un préstamo de 158 millones de pesos con el Banco Interacciones.
El coordinador de la bancada del PVEM, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, presentó una propuesta de exhorto dirigido al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre para que éste remita al Congreso la documentación que conforma el expediente íntegro de la contratación del empréstito por 158 millones de pesos, que incluya el Acta de Cabildo y el Acuerdo Económico.
También solicita al municipio que “observe cabalmente” lo estipulado en los artículos 117 de la Constitución federal y 26 de la Ley de Disciplina Financiera, que establecen que el empréstito no debe ser destinado al pago de gasto corriente y debe cumplir los requisitos y condiciones señaladas para su contratación.
El miércoles pasado el pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó dos exhortos por los que se le pedía al municipio de Acapulco entregar al Legislativo el expediente y dejar sin efectos el préstamo hasta que se realice el procedimiento indicado, pero hasta ayer ninguno había sido respondido.
“Este poder Legislativo, como representantes del pueblo, no puede quedar inerte y pasar por alto acontecimientos importantes y que traen repercusiones en las haciendas públicas municipales, como es el caso del empréstito autorizado por el Cabildo de Acapulco”, dijo en tribuna Cueva Ruiz.
El diputado del PVEM dijo que todos los gastos que se contemplaron para el actual ejercicio fiscal debieron ser considerados en el presupuesto de egresos y en la Ley de Ingresos del municipio que se aprobaron para Acapulco, por lo que no quedaba claro para qué requiere el ayuntamiento un recurso extraordinario de 158 millones de pesos.
Explicó que la petición de ese préstamo significa que existen 158 millones de pesos que no se invirtieron conforme al presupuesto y la Ley de Ingresos, y en consecuencia representaba “un boquete financiero”.
“La pregunta es ¿dónde está ese recurso? (…) La pregunta es ¿qué pasó? ¿En qué se gastó ese dinero que está en la ley de ingresos y en el presupuesto que se mandó al propio Congreso? ¿A donde se fue o en qué se utilizó?”, expuso.
Luego de la intervención del diputado del PVEM, un hombre que se encontraba en la sala en la que se celebraba la sesión sacó una cartulina en la que se leía “Mártir de Cuilapan para cuándo”, en alusión al conflicto que vive ese municipio en donde el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores tienen tomado el ayuntamiento en exigencia de la revocación de mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Después de unos minutos agentes de seguridad del Congreso le retiraron la cartulina.
En respuesta a la propuesta del PVEM, el diputado del PRD, Ernesto Fidel González Pérez denunció que se trataba de un acuerdo inconstitucional que viola la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues lo que expuso en tribuna Cueva Ruiz no coincidía con lo que se aprobó en el orden del día, en la que el exhorto estaba dirigido a la AGE y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revisaran las finanzas de Acapulco; además dijo que se presentó a destiempo.
Aseguró que esa propuesta atenta contra la soberanía y autonomía del gobierno de Acapulco, y calificó los constantes “ataques” del PRI, PVEM y de Movimiento Ciudadano contra Evodio Velázquez como “golpeteo mediático” y un “reality show”.
Dijo que si los diputados y regidores del PRI tienen pruebas de que el gobierno de Acapulco incurrió en irregularidades en la aprobación del acuerdo que autoriza el préstamo, procedan ante las instancias legales correspondientes.
Lamentó que en el Congreso se discutiera más el actuar de un alcalde que el problema de inseguridad en el estado, y como ejemplo recordó que el regidor de seguridad pública de San Miguel Totolapan, Alejandro Reyna Estrada, fue levantado por hombres armados.
Le recordó a Ignacio Neil que cuando fueron regidores en el gobierno de Luis Walton Aburto, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, el municipio encontró una situación delicada en las finanzas, por lo que requirió el adelanto de participaciones.
“Yo les digo que oxigenar una administración, la que sea, para que camine y avance un gobierno, no es malo, no le pongamos piedras a ningún gobierno, nosotros (el PRD) no le hemos puesto piedras al gobierno del estado para que tropiece. Sabemos los problemas de Acapulco y requiere apoyo”, dijo.

Walton siempre atendió la ley: Magdalena Camacho

Por alusiones, pasó a tribuna Magdalena Camacho, quien reconoció que en la pasada administración había un problema en las finanzas del gobierno, pero pidió al diputado del PRD que no desviara el tema.
Explicó que lo que se le critica al gobierno de Evodio Velázquez es que no respetó el procedimiento y violentó varias leyes con la aprobación del acuerdo del préstamo y dijo que la administración pasada requirió empréstitos pero cumpliendo con todos los requisitos.
“En nuestra administración (la de Luis Walton) siempre se atendido a la ley. Se impuso orden y disciplina financiera y mes a mes se informó al cabildo las condiciones financieras del municipio y ahora lo que se busca que se respete la ley, es lo único que estamos pidiendo”, expuso.
A pesar de que el regidor de San Miguel Totolapan fue postulado por Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho no hizo ninguna referencia al caso.
Después, el diputado añorvista del PRI, Samuel Reséndiz Peñaloza, dijo que hacía votos para que el regidor regresara con bien a su casa, y también llamó a Evodio Velázquez a que se coordine con el gobierno del estado y la federación para trabajar en el combate a la inseguridad.
Explicó que los diputados del PRI no se quedarán callados ante “la opacidad” con la que presuntamente está actuando el gobierno de Evodio Velázquez.
Recordó que el año pasado, al principio de la administración, Velázquez Aguirre solicitó un préstamo al gobierno del estado de 120 millones de pesos y ahora busca uno por 158 millones, y otros cien millones para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Dijo que en caso de que se le autoricen, en 10 meses el alcalde estaría ejerciendo 378 millones de pesos a través de préstamos sin que se conozca “una sola obra” de trascendencia en el puerto.
Recordó que el gobierno municipal sigue sin aclarar en qué se ejercerán los 158 millones que pretende obtener del préstamo y que hay contradicciones entre lo que dice el alcalde, el secretario de Finanzas y lo que establece el propio acuerdo aprobado por el Cabildo.
“Yo me imagino cuál es la razón y creo que la razón es que Merced Baldovinos anda igual de perdido que el alcalde, está preocupado por su futuro político, ya se cree diputado federal, o diputado local, o una vez más alcalde de Coyuca de Benítez”, dijo.
Mientras intervenía, Samuel Reséndiz mostró una imagen que corresponde a un espectacular en el que aparece la portada de una revista y una fotografía del secretario de Finanzas de Acapulco.
En su intervención aseguró que hay observaciones de la AGE a sus cuentas públicas de cuando Baldovinos fue alcalde de Coyuca de Benítez.

De la Rosa defiende lo indefendible: Reséndiz

También opinó respecto a las declaraciones del líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y diputado local, Sebastián de la Rosa Peláez, quien el martes en conferencia de prensa acusó al “PRI y todos sus actores” de golpeteo político contra el alcalde Evodio Velázquez con miras al 2018, para desviar la atención del problema de inseguridad que afecta al estado y la promesa incumplida de orden y paz del gobernador Héctor Astudillo.
Al respecto, Samuel Reséndiz dijo que a Sebastián de la Rosa le gusta “defender lo indefendible” y recordó que tras los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, el perredista defendió al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, vinculado con la delincuencia organizada y preso por su responsabilidad en esos acontecimientos.
Dijo que los priistas no quieren confrontar, sino que el proceso para acceder al préstamo sea transparente y el gobierno municipal explique el estatus de las finanzas de Acapulco.
Ante las presuntas observaciones que existen en la cuenta pública de Merced Baldovinos de cuando fue alcalde de Coyuca de Benítez, cargo al que se postuló por Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y que ejerció de 2009 a 2012, Reséndiz Peñaloza propuso una adhesión a la propuesta de Cueva Ruiz, para que la AGE le informe al Congreso en qué condiciones financieras dejó el ayuntamiento de aquel municipio durante su administración.
Tras los constantes señalamientos, Ernesto González dijo que de ser necesaria la comparecencia de Evodio Velázquez ante el Congreso se propusiera ante el pleno que el alcalde exponga a los diputados todo el procedimiento.
Dijo que el PRD no tiene por qué “andar escondiendo a los alcaldes” y aseguró que están a favor de la transparencia, por eso no se opondrían a que se cite a Evodio Velázquez para que explique todo lo referente al préstamo.
Insistió en que el Congreso está excediéndose en sus atribuciones y le propuso al alcalde de Acapulco promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está violentando la autonomía de un municipio.
El diputado del PT, Fredy García Guevara, se sumó a la postura de que Evodio Velázquez comparezca y aseguró que “pareciera” que el PRI “le tiene miedo” al alcalde de Acapulco ante la proximidad del proceso electoral de 2018.
Luego de casi dos horas de discutir el tema, se sometió a votación la propuesta junto a la adición que propuso Samuel Reséndiz. El exhorto fue aprobado con 8 votos (del PRI, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano) a favor y sólo dos en contra, el del PRD, con Ernesto González, y el del PT, de Fredy García. El presidente de la Mesa Directiva, Carlos Reyes Torres, no votó.

Acción penal contra diez dirigentes del movimiento en su contra, pide al gobierno la alcaldesa de Apango

La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, demandó ayer al gobierno estatal que no se deje presionar por el grupo opositor que pide la revocación de su mandato y, por el contrario, pidió que se ejerza acción penal en contra de 10 dirigentes que encabezan el movimiento, contra quienes presentó demandas penales.
Muñiz Gómez ofreció al medio día de ayer una conferencia de prensa en esta capital, acompañada por un grupo de campesinos que, dijo, eran comisarios municipales de varias comunidades, aunque solamente tres de ellos se presentaron como tales.
La edil aseguró que tiene pruebas de que el grupo opositor que tiene tomado el Palacio Municipal desde mayo pasado ha venido cometiendo hechos de violencia en la cabecera municipal.
Insistió que la quieren sacar de la presidencia municipal “por violencia de género”, no les cabe en la cabeza que una mujer gobierne el municipio en dos periodos consecutivos”, dijo.
También insistió en lo que ha venido declarando en el sentido de que 10 de los dirigentes que encabezan el movimiento le pidieron 10 millones de pesos para que la dejen trabajar.
Entre estos dirigentes mencionó al ex presidente municipal Crisóforo Nava Barrios, quien se encuentra preso por el delito de despojo, derivado de hechos distintos al movimiento en contra de la alcaldesa; el presidente del Comité Municipal del PRI, Pedro Ángel Salazar; el dos veces alcalde por el PRI, Edilberto Nava García; el vocero del movimiento, Aureliano Palacios Celino; el ex alcalde del PRD, Gerardo Celino Flores; el ex dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez; el ex candidato a la alcaldía del Panal, Manuel Gómez Zámano, y el esposo de la ex candidata a la alcaldía por el PRI, Dulce Camacho Gómez, Leopoldo Muñiz Nava.
La alcaldesa aseguró que cuenta con el respaldo de los ciudadanos, “y si soy presidenta municipal por segunda vez es por el voto de los ciudadanos”, pero dijo que el grupo opositor no la deja gobernar simplemente porque no les cabe en su cabeza que una mujer gobierne el municipio, pero además insistió en que se negó a darles 10 millones de pesos a cambio de que la dejaran trabajar.
Denunció que las casas que han saqueado los disidentes son de sus padres, de sus hermanos y del tesorero municipal, quienes, aseguró, han tenido que abandonar la cabecera municipal debido a las amenazas de los disidentes.
En su caso, dijo que teme por su vida porque la han amenazado de muerte, pero reiteró que no va a solicitar licencia al cargo como se lo piden, y demandó que el gobierno del estado intervenga para que se termine con la presión de este grupo que no ha dejado gobernar a ningún presidente municipal desde hace 25 años, según dijo.
La presidenta municipal denunció que en el tiempo que lleva el movimiento, el síndico Benito Sánchez Ayala, los tres regidores que la siguen, así como los dirigentes que están atrás de ellos, han saqueado cemento, fertilizante, varilla y lámina galvanizada que es del Ayuntamiento.
Aseguró que parte de este material lo han vendido, algo más se lo han quedado y alguna parte lo han repartido entre sus seguidores.
La presidenta municipal se hizo acompañar por unas 15 personas, hombres y mujeres, a quienes presentó como comisarios de varias comunidades del municipio.
Aunque en la conferencia de prensa sólo se presentaron Isidro Hernández, de la comunidad de Hueyitlalpan; Margarito Jiménez, de la comunidad de Tlamamacán, y Jesucita Morales, también de la comunidad de Hueyitlalpan.
Al final de la conferencia de prensa Muñiz Gómez mostró fotografías en las que aparecen el síndico Sánchez Ayala y los regidores que simpatizan mientras reparten material que han saqueado de su casa y de la de sus familiares, también del almacén del Ayuntamiento, y mostró gráficas de los destrozos que han ocasionado a sus casas y las de sus familiares.
En cuanto a los señalamientos de corrupción en su contra dijo que serán las instancias fiscalizadoras las que resolverán al respecto, pero aseguró que son acusaciones sin fundamento e insistió que quienes la acusan buscan chantajearla.
La alcaldesa dijo que desde que inició el movimiento en su contra no ha respondido a la provocación y a ninguna de las acciones que han realizado en su contra, “porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.