Karina Contreras
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, declaró que con el Plan B las autoridades electorales “no podrán ir más allá de lo que establece la ley”, ya que impide interpretar o crear acciones afirmativas.
La consejera presentó la ponencia La erradicación de la violencia de género es un quehacer de todas y todos, en el diplomado de análisis político Desafíos sociales de Guerrero en el siglo XXI, que se llevó a cabo en el auditorio Norberto Bobbio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA- IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La funcionaria electoral añadió que la ahora Ley general de instituciones y procedimientos electorales dice que los partidos deberán registrar comunidades LGBT+, pueblo afro e indígenas en las listas del 1 al 25, pero “las autoridades electorales, lo que hacíamos antes, es decir, ‘bueno partido político tienes que registrar a una persona de la comunidad LGBT del 1 al 6’. El INE registró a varias personas en situaciones de vulnerabilidad con estos parámetros”.
Ahora la ley dice es del 1 al 25 donde los partidos tienen esa obligación y entonces pueden “registrar en el 1 o el 2, pero también en el 20 o 25, entonces tendremos que acatar lo que dice esa ley”, y esto “pudiera vulnerar” todo lo que se ha avanzado. Explicó que las autoridades electorales ya no podrán recurrir a los tratados internacionales para salvaguardar los derechos políticos electorales de las mujeres con el Plan B.
Manifestó que la reforma establece que los partidos registrarán con paridad, ya que está en la Constitución. El problema es que las autoridades electorales “ya no podremos aprobar acciones afirmativas, la reforma establece en el Artículo 4 y 5 que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales no podrán hacer ninguna clase de interpretación o acciones afirmativas, sino que se circunscribirán a lo que dice la ley, y la ley de esta reforma dice que en materia electoral se aplicará tal cual se establece en la ley”.
Sigue violencia política de género
En su ponencia, Matildes Gama dijo que normativamente se ha avanzado donde la Constitución dice ‘paridad’, y las leyes electorales así lo dicen, pero “tenemos pendientes porque seguimos con casos de violencia política contra las mujeres, no sólo candidatas, sino ya en el ejercicio del cargo”.
Dijo que en 2022 el IEPC tuvo 21 casos de quejas y procedimientos sancionadores presentados por mujeres políticas y este año están desahogando tres casos de funcionarias públicas que en el ejercicio de sus cargos consideran que sufren alguna violencia política.
Señaló que el IEPC tiene la facultad de recibir esas quejas e iniciar procedimientos sancionadores, de dictar medidas cautelares, “y una vez que se integra el expediente se manda al Tribunal Electoral del Estado, sus redes sociales, que compareció ante el Tribunal, buscando que se declaren ilegales las reformas a los estatutos y que Alejandro Moreno Cárdenas, deje la presidencia del PRI.
“El 27 de febrero el INE determinó la improcedencia de las reformas estatutarias del PRI. Hoy (el jueves) he comparecido para que el TEPJF ratifique que las reformas a los estatutos sean finalmente ilegales. Alejandro Moreno, Alito, abusó y debe irse del PRI Nacional. Nunca más abusos ni engaños a la militancia. Nunca más un partido de cúpulas”, publicó Astudillo.
quien es la autoridad que resuelve si considera que hubo un caso de violencia política o no y las sanciones correspondientes”.
Señala que de las tres quejas que tiene este año por violencia de género dos son de la región de la Montaña y una de la región Centro.
Sobre la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien ha señalado que sufre violencia política de género, la consejera presidenta dijo que hasta el momento no ha presentado ninguna queja.
Señaló la que siempre son nuevos retos las elecciones, “todos los procesos electorales son diferentes y los que se esperan es trabajar con la reforma electoral que está ahora y atender los casos de violencia política, que quisiéramos que disminuyeron, que no hubiera, pero esto es algo que se ha presentado desde hace muchos años y entre mayores oportunidades tienen las mujeres para ocupar cargos públicos mayor es la violencia hacia ellas”.
Dijo que los partidos políticos tienen la obligación de registrar el 50 por ciento de candidaturas que sean mujeres en Ayuntamientos, regidores, sindicatura y Congreso del estado.
Señaló que entre mayor es la obligación de los partidos registrar con paridad mayor se registra la violencia contra las mujeres.
Indicó que seguirán trabajando con la ley que aprobó la Cámara de Diputados.
En la clausura estuvo el secretario general de la UAG, Armando Guzmán Zavala; el director del IIEPA, Marco Antonio Adame y la consejera del IEPC, Dulce Merary Villalobos Tlatempa.
