Identifica líder ejidal al vocero de la UPOEG en Coahuayutla como cabecilla de la delincuencia

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El ex presidente del comisariado ejidal de Nueva Cuadrilla, municipio de Coahuayutla, Marcos Sánchez Orozco exigió la intervención del gobierno federal para que combata al grupo de la delincuencia organizada que desde la semana pasada se presenta como Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Dijo que el vocero de la policía de la UPOEG, Eleazar Mercado Rodríguez, El Chay, es cabecilla de una banda criminal y “ha robado vacas, ha asesinado y secuestrado gente, ha saqueado casas, quitado parcelas, potreros y negocios y no hay gobierno que le ponga el alto y que lo meta a la cárcel”.
Ayer domingo vía telefónica Sánchez Orozco, informó que él mismo fue víctima del grupo criminal Los Cuernudos, y que tuvo que salir de Nueva Cuadrilla con su familia, “nada más con lo que teníamos puesto, porque El Chay me robó 25 vacas, me quitó dos estanques en los que criaba tilapias, me quitó mi camioneta, se robó un equipo para vulcanizadora completo y destruyó mis dos casas, de todo eso puse una denuncia y es la fecha en que ni siquiera ha salido la orden de aprehensión”.
Sánchez Orozco aseguró que además de su caso, “ha habido muchos, muchos habitantes de la sierra de Coahuayutla han sido afectados por esta gente que ahora se dicen policías ciudadanos, ¿de dónde van a ser eso si a lo que se dedican es a dañar a la población?, hay un caso de otro vecino de Coahuayutla que esta gente le quitó 50 vacas y fue a la agencia del Ministerio Público del fuero común en La Unión, ahí el titular le cobró 100 mil pesos para ir a recuperarlas, eso fue hace dos años, por supuesto que el gobierno del estado y el fiscal deben de saber quién estuvo como titular en ese tiempo y se chingó ese dinero”.
Marcos Sánchez sostuvo que el gobernador Héctor Astudillo Flores “no ignora ni desconoce para nada de todo lo que pasa en el municipio de Coahuayutla, yo personalmente le hice entrega de un oficio fechado el 8 de octubre de 2016 en donde le conté todo lo que a mí me afectaron y todo lo que ese grupo de Los Cuernudos ha hecho a la gente de la sierra”.
“Lo más impotente y triste de todo esto es ver que al gobierno le vale madre lo que le pase a la gente de Coahuayutla, por supuesto que tuve respuesta a mi escrito, pero ¿sabe qué me contestaron?, me respondieron hasta tres meses después, el 17 de enero del 2017, de la Unidad de Asesores Políticas y Alertamiento, en el oficio SSP/UAPA/0048/2017 en el que me dijeron que por instrucciones del entonces secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y en atención al oficio que hacía tres meses que le mandé al gobernador, mi petición fue turnada a la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial para su atención correspondiente y lo firmó un licenciado de nombre Jesús Castro Rodríguez, no sé si sea hombre o mujer, pero el papel decía encargada de despacho y que era licenciada”.
El campesino, quien actualmente dijo que se encuentra fuera del estado porque teme por su seguridad, expuso, “ante lo que veo que sigue pasando en mi comunidad y en mi municipio, quiero decirle desde mi exilio al gobernador del estado y al propio gobierno del estado que si ellos no pueden con esa bola de delincuentes, la gente que ya estamos afuera y la que todavía queda en el municipio nos estamos organizando y habrá muertes a lo cabrón, y que desde ahorita los estamos haciendo responsables, porque llevamos años soportando los abusos, los delitos que esa gente malhechora comete en contra de la gente de bien, de la gente que trabaja día a día para salir adelante. Hacemos responsable al gobierno de la sangre que en cualquier momento va a correr en Coahuayutla y quien conoce la historia reciente sabe que somos aguantadores, pero cuando ya nos cansan sí le entramos con todo, aunque tengamos que pagar con la vida”.
“Es que no puede ser posible que esta gente está subiendo a las comunidades y se saca a huevo a todos los hombres, sean adolescentes, muchachos o viejitos, ahí los traen a huevo y los hacen ponerse una playera que según de la Policía Ciudadana para que anden con ellos en la bola, los traen amenazados que si no se unen con ellos les van a quemar las casas y los van a matar a ellos junto con sus familias, ¿cómo es posible que en vez de que sean detenidos esos Cuernudos ahí anda el gobierno detrás de ellos?”.
Comentó que la información con la que cuenta es que “esta gente tiene filtros por donde sea, tienen en La Junta de los Ríos, en Colmeneros, en El Reparo y San Cristóbal, estuvieron en La Laguna, pero según que ahí fue el comandante regional de la Policía del Estado, Pedro Castro y que les dijo que ahí no los quería ver, que se quitaran, esos filtros son para no dejar bajar a la gente de Coahuayutla. Los que todavía quedan en la cabecera municipal y en las comunidades y los que estamos fuera del municipio nos estamos organizando, pero esta gente ya los amenazó, que quien se atreva a salir los van a matar en el camino y que no les importa si van niños y mujeres, que van a matar parejo, por eso tienen los filtros”.
“Por eso le estamos advirtiendo al gobierno federal y al gobierno del estado que si en esta misma semana no se ven los resultados para detener a esos delincuentes, que nos dejen a la gente hacerle frente, que no les extrañe que nos vamos a armar también nosotros y en el entendido de dos cosas: que el gobierno del estado sabe desde el 2016 de todas las fechorías que Los Cuernudos han hecho en Coahuayutla, por lo que no tienen ninguna justificación para decir que no sabían, y dos, que seguramente para recuperar la paz va a haber muertos, va a correr sangre y eso lo llevarán las autoridades en su conciencia por lo que les reste de vida, porque su obligación es darle seguridad a la población y han sido omisos desde hace años y nosotros ya nos cansamos”.

 

Acuerda asamblea en El Ocotito vender la gasolina decomisada y reeducar a los acusados de huachicoleo

 

La madre del detenido por supuesto robo de combustible, Norberto González, Leovilgilda Valente, en la asamblea, demando se diera la palabra a su hijo . Foto: Jessica Torres Barrera

En su asamblea el pueblo del Ocotito acordó anoche vender los aproximadamente 7 mil litros de gasolina que decomisó la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el domingo de la semana pasada, y donar el dinero para infraestructura física del sector educativo.
También acordaron que los dos detenidos acusados de hucahicoleo o robo de combustible serán juzgados, sancionados y sometidos a un proceso de reeducación en el pueblo por los coordinadores del Consejo Comunitario y la Policía Ciudadana.
En la asamblea ya no se habló de los otros casi 7 mil litros que fueron encontrados en una bodega de Norberto en Buena Vista de la Salud, y el acuerdo fue solamente vender los 7 mil que se encuentran afuera de la comisaría municipal.
Las decisiones se tomaron en una prolongada asamblea a la que asistieron más de 300 pobladores a la explanada de la Comisaría municipal, en donde hubo acusaciones de “omiso y negligente” al gobierno federal porque durante 8 días no respondido a las solicitudes del comisario municipal, Victorino Pólito, ni a la Policía Ciudadana de la UPOEG que encabeza el comandante José Deivi Barrientos, para que fuera por el combustible y los detenidos.
La asamblea fue a menos de 10 metros de donde se encuentran los envases llenos de gasolina y los dos vehículos decomisados la madrugada del domingo a Norberto González Valente y a su chofer Arquímedes Barrera Bonifacio por la Policía Ciudadana, cuando los sorprendió ordeñando el combustible a una pipa en la Autopista del Sol, frente al parque industrial del Ocotito.
En la asamblea el comandante de la Policía Ciudadana Deivi Barrientos denunció que en los últimos dos días recibió amenazas vía mensaje de teléfono celular, presumiblemente por miembros de la banda delincuencial a la que pertenece González Valente, y de manera directa por el detenido a uno de sus policías.
En la asamblea estuvo la madre de Norberto González Valente, Leovilgilda Valente Salmerón, quien exigió la presentación de su hijo para que diera su versión, pero se rechazó su petición y aseguró que su hijo es inocente, dijo que la gasolina que le quitaron la compraba a las pipas y se la fueron a quitar en una bodega que tiene en Buena Vista de la Salud.
La asamblea fue convocada para las 5 de la tarde pero comenzó casi a las 6 y media y concluyó a las 8 y media de la noche, ante la presencia de los comisarios de Coacoyulillo, Mojoneras y Buena Vista de la Salud, así como de coordinadores del Consejo Comunitario de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Primeramente, el comisario municipal Victoriano Pólito informó de las solicitudes que realizaron para que el gobierno federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR) acudiera a recoger el combustible decomisado y a recibir a los detenidos.
Leyó un oficio que envió al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, a quien le pidieron su intervención “para hacer entrega de lo incautado por elementos del Sistema de Seguridad Comunitaria de nuestro pueblo, que consiste en hidrocarburo, vehículos con reporte de robo y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”.
En el documento le explica al funcionario federal que acuden a él por la desconfianza al gobierno estatal, “por el mal proceder en materia de justicia de los gobiernos estatal y municipal”, además por considerar que el robo de combustible es un delito federal.
En seguida hubo acusaciones de “omiso” y “negligente” al gobierno federal por poner en riesgo a la población al no ir a recoger los aproximadamente 7 mil litros de gasolina que desde el domingo de la semana pasada se encuentran en la explanada.
Dijo que, en cambio, recibió la notificación de un amparo de un juzgado federal por la detención de Norberto González, de quien la autoridad federal demandó su libertad, pero la respuesta del comisario y la Policía Ciudadana fue que no forman parte del gobierno y que sus acciones se rigen por mandato del pueblo, y la asamblea es la que decide.
Después de las intervenciones el comisario sometió a votación las propuestas para determinar qué hacer con la gasolina que, dijo, “es una bomba de tiempo aquí”, y luego a propuesta de él mismo los pobladores votaron porque el combustible se venda y el dinero entregarlo para obras del jardín de niños de la colonia Cuauhtémoc, y para el desplante de la supervisión escolar de prescolar que no cuenta con edificio.
El comandante Deivi Barrientos denunció que en los últimos dos días recibió amenazas presumiblemente por parte de la banda criminal a la que pertenece el detenido Norberto González. Denunció que mediante mensajes de texto de teléfono celular le advirtieron que van a ir a la Comisaría por el detenido, y por eso urgió a que la asamblea le diera salida a la gasolina, “porque si pasa algo aquí (en referencia a un ataque armado), se provocaría un incendio”.
Un policía ciudadano denunció que ayer a la hora de la comida fue amenazado directamente por Norberto, cuando después de que entró su madre a dejarle la comida quiso entrar también su esposa para recoger los trastes pero ya había terminado la hora de visita.
Añadió que cuando le explicó al detenido que ya no eran horas de visita y que le alcanzara los trastes para que él se los entregara a su esposa, el detenido le advirtió, “está bien, de todas manera esto lo vamos a arreglar, y lo vamos a arreglar muy bien. Mi gente no va a tener compasión de ninguno de los policías que se están pasando de culeros”.

Es inocente, dice la mamá de Norberto González

El comandante de la Policía Ciudadana dio a conocer en la asamblea los nombres de algunos de los cómplices de Norberto González, y algunos de los delitos que han cometido.
Dijo que hace un mes Norberto fue expulsado de la Policía Ciudadana de Buena Vista, después de que fue sorprendido desvalijando una camioneta Nissan estaquitas cargada de carne de res robada, cerca de Tierra Colorada, pero se dejó el caso en manos de la Policía Ministerial porque no estaba dentro de su territorio, pero Norberto “arregló” el asunto con 4 mil pesos y fue puesto en libertad.
La madre del principal acusado, Leovigilda Valente Salmerón salió en defensa de su hijo y exigió que fuera presentado en la asamblea “para que de su propia versión”, y cuando la mayoría de los asistentes rechazaron su petición, exigió que le entregaran las cosas que le decomisaron, en referencia a la gasolina, los vehículos y las armas (una pistola y un rifle AK-47).
Aseguró que su hijo no es un delincuente y que la gasolina la compraba a las pipas para revenderla, y que no es verdad que se la decomisaron en la Autopista del Sol, sino en su bodega de Buena Vista de la Salud.
“Yo vendo tamales y atole en el mercado, todo mundo me conoce”, dijo en su defensa y reprochó que su hijo lo tuvieran encadenado a un bloque de cemento.
El comandante reconoció que “parte de lo que dijo la señora es verdad”, sin precisar a qué parte se refería, pero le expresó que si la gasolina no es de procedencia ilícita por qué ella le propuso que se quedara con todo, gasolina, vehículo y armas y cuánto más quería para dejar libre a su hijo.
Argumentó que existen sitios plenamente establecidos y con equipo de seguridad para comprar gasolina, pero que el lugar y la hora en que fue sorprendido Norberto no eran los apropiados.