El pasado sábado, en presencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de la notaria uno, Brenda Alarcón López, el tlayakanki de Xalpatláhuac, autoridad tradicional, Nicolás Villarreal Dircio, entregó las 10 armas que tenía bajo su resguardo.
De la seguridad en el municipio, hasta el momento se hace cargo la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras la policía comunitaria se está replegado, hasta que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), realice una asamblea regional en Xalpatláhuac, para que el pueblo participe y decida si ratifican o nombran a nuevos policías.
La reunión se realizó en el corredor del Ayuntamiento en Xalpatláhuac, en presencia de al menos 100 personas, en su mayoría mujeres. La reunión duró varias horas, porque en las particiones de las mujeres nahuas, no aceptaban que se entregará el armamento porque argumentaban que el gobierno estatal no estaba cumpliendo con los acuerdos.
En varias particiones recalcaron que les faltaban varios servicios, como agua potable, obras para este año, atención de la Dirección de Catastro y Registro Civil; pero al final, los consejeros de la CRAC persuadieron a las personas para que se avanzara sobre el tema.
También pidieron atención a la salud, que haya médicos y sobre todo que la clínica tenga medicamentos.
Así como que el gobierno resuelva las órdenes de aprehensión contra 24 comunitarios, incluido el tlayakanki, Villareal Dircio.
Aceptaron la entrega de los 10 armamentos que tenían bajo su resguardo, desde en octubre del año pasado, cuando desarmaron a la Policía Municipal y expulsaron de la cabecera a la presidente Selene Sotelo Maldonado.
De acuerdo con el boletín del gobierno estatal, “se inicia una nueva etapa para la construcción de paz en el municipio de Xalpatláhuac”.
Mencionaron que en cumplimiento de los acuerdos, el secretario Ludwig Marcial Reynoso asistió al Ayuntamiento de Xalpatláhuac, para dialogar con la comunidad, donde le solicitaron principalmente el suministro de agua potable y medicinas.
Se informó que se comprometió a dejar atrás esa percepción de inseguridad, inestabilidad y abandono que sienten los habitantes de la cabecera.
Informó que participó el tlayakanki, Nicolás Villarreal; el consejero de la policía comunitaria, Edmundo Delgado Gallardo; coordinadores de las casas de justicia de la CRAC-PC, encabezados por Raúl de Jesús Cabrera; y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quienes se comprometieron a llevar a cabo el proceso de control y depuración de la policía comunitaria, para su reintegración en las acciones de seguridad en favor de la población.
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social
Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan
Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
La reunión del sábado del secretario de Gobierno Ludwig Reynoso con los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC en Marquelia Foto: Comunicacion Social
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, reiteró que si la policía comunitaria de Xalpatláhuac sigue interviniendo en asuntos políticos del municipio, se le desconocerá, porque “no por un pueblo vamos a perder nuestro prestigio”.
El sábado, los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC se reunieron en Marquelia, con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, con quien acordaron una mesa de diálogo con la presidente municipal Selene Sotelo Maldonado y tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio, para aclarar el diferendo en el que ha venido participando la policía comunitaria.
De Jesús Cabrera informó que en la reunión con el secretario Marcial Reynoso estuvieron los coordinadores de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec; El Paraíso, municipio de Ayutla, y Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, para tratar el conflicto de Xalpatláhuac.
En ese municipio hay un conflicto entre la presidente municipal, de Movimiento Ciudadano, Selene Sotelo, y el tlayakanki, quien tiene el respaldo de la policía comunitaria de la CRAC, que depende de la casa de justicia de Espino Blanco.
Entrevistado por teléfono, el vocero de la CRAC y coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, De Jesús Cabrera, informó que en la reunión del sábado le dijeron al secretario de Gobierno que la policía comunitaria “está en la mejor disposición” de entregar las 10 armas que tiene bajo su resguardo, de la Policía Municipal, desde que se generó el primer conflicto en octubre de 2021.
“Se acordó que los compañeros están con la intención de entregar las armas, para echar adelante la solución del conflicto y apaciguar las cosas”, explicó el vocero de la CRAC.
Dijo que la conclusión de la reunión es que el conflicto en ese municipio es de carácter político, entre la presidente municipal Selene Sotelo y su esposo, el ex acalde Rosendo Larios Rosas, del PRI, con el ex candidato a la alcaldía del partido Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado Gallardo, quien no ha dejado gobernar a la presidente en la cabecera municipal y que, por tanto, la policía comunitaria no debe tener injerencia en esos asuntos políticos.
Reconoció que el tlayakanki “metió las manos y nos generó un conflicto, porque en ningún momento se ha autorizado (por la CRAC) a los policías comunitarios intervenir en asuntos políticos”.
Sin embargo, explicó que a petición de “los compañeros” de Xalpatláhuac acordaron en la reunión del sábado convocar otra más amplia para el 11 de abril, en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la que participará el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio; la presidente municipal Selene Sotelo y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “para aclarar algunos asuntos”.
Explicó que concretamente, la policía comunitaria pide aclarar antes de entregar las armas de la Policía Municipal, que el 24 de marzo no fueron sus integrantes los que balearon al ex policía municipal Francisco Malgarejo, como lo denunció la presidente municipal.
“Sigue firme la decisión de entregar las armas, pero los compañeros (policías comunitarios) de Xalpatláhuac piden la mesa de dialogo más amplia, porque nos han señalado que no fueron ellos los que dispararon. Es el tema que quieren aclarar, que no todo lo que dice la presidente es cierto”.
Explicó que después de esa reunión, la CRAC procederá para regular a la policía comunitaria de Xalpatláhuac, con el cambio de todos los policías comunitarios y el nombramiento de otros, de acuerdo con el reglamento interno por los señalamientos que hay.
Explicó que los coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco son los que van a plantearles la propuesta, igual que al Tlayakanki.
Agregó que en caso de que no acepten la propuesta, “ya estaríamos viendo el desconocimiento de la policía comunitaria, el tlayakanki y de la misma población, como parte del sistema de la CRAC. No podemos seguir teniendo problemas sólo por un pueblo, y no vamos a arriesgar el prestigio de nuestro sistema comunitario por un pueblo”.
De hecho, aclaró que la CRAC no cuenta con policías comunitarios en ninguna cabecera municipal, porque trabaja con comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, y en las cabeceras no los hay, pero se coordina con los presidentes municipales, lo que en el caso de Xalpatláhuac no está ocurriendo.
Dijo que hasta ahora la policía comunitaria de Xalpatláhuac se venía coordinando con el tlayakanki, porque se entiende que es un auxiliar del pueblo, “y si respetaran el reglamento interno no habría problemas, pero se involucraron con el tema político y no dejan trabajar a la presidente municipal”.
Dijo que “desafortunadamente” los policías comunitarios se metieron en ese conflicto “y empezaron a actuar en contra del Ayuntamiento, y ese es el problema que les hemos dicho, que nosotros (la CRAC) no vamos a entrar en conflicto en contra de ningún Ayuntamiento”.
En un boletín oficial, la Secretaría General de Gobierno confirmó la reunión y dijo que en la misma acordaron “un próximo encuentro para seguir trabajando en la coordinación y bienestar de las comunidades”.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no reconoce a ningún grupo de la policía comunitaria en Olinalá, tampoco cuenta con comités de enlace ni con casa de justicia en ese municipio, aclaró vía telefónica el vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera.
Reconoció que coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, acudieron a esa cabecera municipal el sábado, para revisar una solicitud que hizo un grupo de ciudadanos que quiere incorporarse a la CRAC, pero aclaró que para ello tienen que cumplir con el reglamento y los requisitos de la organización.
De Jesús Cabrera explicó que tampoco el otro grupo, del que informó que se formó en 2012, a expensas de la ahora senadora Nestora Salgado, está reconocido por la CRAC.
El Sur informó, en su edición de este lunes, que vecinos y el alcalde morenista de Olinalá, Miguel Reyes Patrón, rechazaron la toma de protesta clandestina de una nueva policía comunitaria, a la que calificaron de grupo armado con actividades ilícitas, que se haría el sábado y que, en cambio, ratificaron a la policía comunitaria que surgió con la ahora senadora Nestora Salgado.
El vocero de la CRAC informó que hay una comunidad de ese municipio que ha querido ingresar al Sistema de Seguridad y Justicia y que planteó la solicitud a la casa de justicia de Espino Blanco.
Explicó que derivado de ello, los coordinadores Zeferino Lorenzo de Jesús y Raciel Marín Sánchez fueron el sábado a verificar la información y a verificar los antecedentes de las personas que están haciendo la solicitud, para ver si cumplen con los requisitos para su integración al sistema.
Insistió en que deben cumplir con los requisitos, que van a revisar la lista y los antecedentes de los policías comunitarios que dicen que ya fueron nombrados, “porque sabemos que en esa zona hay muchas personas que tienen antecedentes (penales), incluso hay personajes que tienen órdenes de aprehensión”.
Adelantó que si este es el caso de quienes están haciendo la solicitud, “no se les va a permitir su ingreso”. Añadió que este es un proceso que debe cumplir todo grupo que solicita su ingreso y que los coordinadores de Espino Blanco fueron precisamente a verificar si cumplen con el reglamento y los requisitos, para darles respuesta, pero no a tomarles la protesta.
Aclaró que ni siquiera hay una casa de enlace, porque apenas plantearon la solicitud y que en dado caso de que llegaran a cumplir con los requisitos, pertenecerían a la casa de Espino Blanco, “pero hasta este momento no han sido aceptados y no se ha confirmado su integración, porque estamos esperando los resultados de los antecedentes de cada uno de ellos, para no caer en el error de estar protegiendo a personajes con antecedentes”.
De Jesús Cabrera precisó que la CRAC tampoco reconoce al otro grupo, que informó surgió en 2012 con el aval de la ahora senadora Nestora Salgado.
Recordó que antes tenían una casa de enlace en Huamuxtitlán, que agrupaba a la policía comunitaria de Olinalá, pero que después se desintegró esa casa de enlace y ya no le dieron seguimiento a la incorporación del grupo de Olinalá, “por lo tanto, no tienen el respaldo. A menos de que se activen y cuenten con sus actas de asamblea y sus nombramientos, pero mientras no exista esto, no pueden decir que son ellos los legítimos. Se tiene que decidir por asamblea”.
Con respecto a que ese grupo de 30 miembros, que vienen funcionando desde 2012 y que cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Reyes Patrón, el vocero dijo que para la CRAC el presidente municipal no tiene nada que ver en el reconocimiento de las autoridades comunitarias ni de la CRAC, “eso (el reconocimiento) ya son cuestiones políticas. Él llegó a través de un partido político y representa a la Policía Municipal. A quien corresponde nombrar y reconocer a los policías comunitarios son los comisarios, en asamblea de cada comunidad”.
Insistió que la policía comunitaria y la CRAC no están bajo las órdenes de ningún presidente municipal ni de funcionarios de gobierno, “nos regula la asamblea y es la que decide qué es lo que se tiene que hacer, porque nuestro reglamento está aprobado por la asamblea, no por los ayuntamientos”.
Informó que hay en algunos municipios donde sí hay coordinación con los presidentes municipales, pero es una coordinación sólo para cuestiones de seguridad, “pero no con respecto al reconocimiento de nuestra legitimidad”.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que como resultado de los recorridos realizados el fin de semana en Apaxtla, fueron asegurados seis vehículos, entre ellos cinco con reporte de robo y algunos rotulados por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Mientras que este lunes, pobladores de la cabecera municipal de Apaxtla y el vocero del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Heliodoro Ocampo Blas, denunciaron presuntos cateos sin autorización en casas y negocios, durante los cuales acusan que policías estatales y ministeriales robaron dinero, alhajas y otros objetos, como herramientas de trabajo.
Asimismo, se informó que los ocho policías comunitarios detenidos en el recorrido implementado el sábado en Apaxtla, fueron puestos a disposición en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, y también se pusieron a disposición en el Ministerio Público federal en Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería, decomisadas en Apaxtla por policías estatales el viernes, las cuales fueron traídas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
En un comunicado de prensa, difundido a las 12:30 de la tarde de este lunes, por la SSP estatal, se informó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de vigilancia en Apaxtla, aunque no se precisa el día.
Indica que fue asegurada una camioneta Nissan pick up, con placas de Oaxaca, sin reporte de robo, en la que se hallaron cuatro balas, sin mencionar el calibre. Asimismo, cinco vehículos con reporte de robo: dos camionetas pick up, una Nissan Frontier y otra Ford Ranger, ambas sin placas; otra camioneta Nissan pick up y un automóvil Nissan Versa blanco, los dos con placas de Morelos.
El aseguramiento se da como parte del programa desplegado desde la mañana del sábado en Apaxtla, en coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Marina y Ejército.
De acuerdo con el vocero del MAAC, Helidoro Ocampo Blas, algunos de los vehículos fueron confiscados el sábado, luego de los recorridos desplegados y otros durante operaciones realizadas este domingo. Dijo que algunos de ellos, los rotulados, pertenecían a la autodefensa de Tlacotepec y otros dos al MAAC, pero de la anterior administración.
“Literal, vinieron a robar”, dice una mujer en un video
El coordinador del MAAC informó por teléfono que pobladores de Apaxtla denunciaron que efectivos de la Policía Estatal y de la Ministerial del estado, estaban entrando a las casas y negocios para realizar cateos, pero sin presentar una orden judicial.
Dijo que durante estas irrupciones ilegales, que empezaron a realizar desde la noche del domingo, los uniformados han robado dinero, alhajas, objetos “y todo lo que puedan”, pero que la gente tiene miedo a presentar las denuncias por temor a las represalias.
Mediante videos que fueron difundidos por los vecinos en las redes sociales, se denunció que los policías que entraron a sus casas, robaron todo lo que pudieron, “literal, vinieron a robar”, se escucha decir a una mujer.
En otra grabación, se denuncia que “no es justo” que hagan eso y que en un negocio se robaron máquinas para hacer tatuajes y cables, además de que robaron cadenas que tenían guardadas en un alhajero de metal, también de hacer un desorden, “vinieron a robar aquí, es gente ratera la que viene a Apaxtla”, denunciaron.
Los ocho detenidos trasladados a Coyuca de Catalán
El vocero del MAAC informó que los ocho policías comunitarios detenidos el sábado, durante el recorridoo, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, y no en el distrito judicial de Teloloapan o el de Iguala.
Entre los detenidos, dijo, están seis comunitarios de Heliodoro Castillo y dos de la autodefensa del MAAC.
Ponen a disposición en Ciudad Altamirano armas decomisadas en Apaxtla
Personal de la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán puso a disposición, en el Ministerio Público federal de Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería decomisadas por policías estatales en Apaxtla el sábado, las cuales fueron llevadas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
Fue hasta el lunes cuando el personal de la Fiscalía de Coyuca de Catalán trasladó a la oficina del Ministerio Público federal en Altamirano las armas que fueron decomisadas, para continuar con el procedimiento legal.
Se trata de las armas que fueron aseguradas por la Policía Estatal y el Ejército al ingresar a Apaxtla, en donde se informó de la detención de ocho personas, de las cuales se desconoce su situación legal.
Entre las armas que decomisaron se encuentran dos rifles calibre 22, una de ellas tipo mosquetón; y dos escopetas, todas de calibres autorizados para cacería.
Este material iba a ser puesto a disposición en la misma región Norte, en Iguala; sin embargo, debido a las protestas de transportistas que cerraron esa ciudad, la Policía Estatal trasladó todo el material a Coyuca de Catalán, para ser puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde a su vez recibieron el material y este lunes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público federal.
La fiscalía turnó el caso a la federación, para que le dé continuidad a la investigación de las armas.
El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ocotito, Chilpancingo
La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM) fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios de la fracción de la CRAC?de los Pueblos Fundadores llegaron ayer a Tlapa y dijeron que se harán cargo de la seguridad .Foto: Carmen González Benicio
Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de Chilapa y José Joaquín de Herrera, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entraron a Tlapa para hacerse cargo de la seguridad ante la ola de secuestros, extorsiones, desapariciones, violaciones, amenazas y asesinatos ocurridos en los últimos meses.
El caso que más llamó la atención fue la desaparición del alcalde electo del municipio de Cochoapa el Grande, el na’ savi Daniel Esteban González de quien no se sabe nada desde el 2 de septiembre, cuando salió de una reunión de un restaurante de la comunidad de Atlamajac.
Aunque antes de esa denuncia desaparecieron el 22 de agosto tres mujeres, madre, hija y nieta vecinas de Atlamajac del municipio de Tlapa, y una mujer que tras ser privada de su libertad fue encontrada muerta y semienterrada cerca del basurero municipal.
Hay otros ciudadanos que se buscan desde las redes sociales como el titular de la agencia del Ministerio Público en Justicia para Adolescentes de Tlapa, Rosendo Acevedo García, levantado el 6 de septiembre cuando hombres armados lo bajaron del taxi ruta Chilapa-Tlapa, en Atlixtac, o el abogado Álvaro Rendón Ávila y los homicidios continuos en la ciudad y región en los últimos dos meses.
El comandante regional de Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Costa Chica, Esteban Ramos Gallardo dijo que venían a apoyar a la CRAC-PC-PF, promovida por Cirino Plácido Valerio, hermano del fundador de la UPOEG Bruno Plácido Valerio.
Dijo que no estaban en contra del gobierno y que acudieron ante la invitación de familiares de las personas secuestradas y buscarían establecer un cuartel, si la población está de acuerdo, pero es necesario que se acerquen y apoyen “si la gente no respalda no podemos quedarnos”.
Los policías comunitarios dijeron que era una operación conjunta entre la CRAC de los Pueblos Fundadores Montaña Baja y la UPOEG, y que lo hicieron para atender las solicitudes de ciudadanos y autoridades “para frenar el infierno en que la delincuencia ha convertido la histórica ciudad”.
En un documento dicen que conocen casos de personas amenazadas por la delincuencia y que ya no hay paz ni se cree en la justicia por los pobladores de Tlapa, ya sean campesinos, maestros, estudiantes, transportistas o empresarios, “nadie está seguro y las autoridades no han logrado brindar seguridad ni justicia”.
Convocaron a los ciudadanos a organizarse y activar asambleas comunitarias, de barrio y una regional para ponerle un alto definitivo a la delincuencia y la inseguridad.
Intervienen “para detener el horror que vive la población”
Los policías comunitarios pidieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten la organización de los pueblos, que está apegada a los artículos 2, 9, y 13 de la Constitución Mexicana, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que apegados a sus usos y costumbres acordaron en asambleas intervenir, “por principios humanitarios en la ciudad de Tlapa para detener el horror que vive la población por la delincuencia tolerada en el municipio”.
Agregan que la CRAC-PC-PF es un sistema comunitario creado hace más de 20 años, y la UPOEG hace cinco que opera porque ningún gobierno los atiende, no se frenaba a la delincuencia y ningún juzgado hizo justicia, y por eso tomaron el arma más poderosa: la organización contra la delincuencia.
Ramos Gallardo mencionó que son como 4 mil 800 integrantes, pero es mucho gasto y por eso sólo llegó un grupo.
Comentó que llegaron ante la petición de familiares de un secuestrado que pidió apoyo de la Costa, “la verdad una se cansa de que te estén secuestrando, extorsionando y esa persona es de la Costa y fue a pedir ayuda, porque el gobierno, los antisecuestros quieren trabajar a su modo, y nosotros trabajamos con la ciudadanía que sabe quiénes son los delincuentes”.
“No venimos a hacer menos a nadie, ni a las policías ni al gobierno, nos fueron a pedir el apoyo porque uno de los secuestrados es de la Costa, es para un bien común en contra de la delincuencia, no estamos en contra de ningún gobierno, hemos trabajado con antisecuestros y hemos agarrado a secuestradores”, remarcó.
Agregó que tenían acciones para la noche con los más de 200 policías comunitarios que llegaron, y que si se ameritaban más los llamarían.
Vía telefónica un integrante de la CRAC-PC de la comunidad de Tototepec de este municipio informó que tienen operaciones en conjunto con las policías comunitarias de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Huamuxtitlán, Olinalá y Ahuacuotzingo para buscar al presidente electo Daniel Esteban y a otras personas reportadas desaparecidas.
Dijo que la CRAC-PC de Tototepec está encargada de vigilar la zona de la carretera Tlapa-Marquelia a la Barranca Honda, donde hace más de un año encontraron cuerpos y osamentas.
El alcalde con licencia de Teloloapan y diputado local electo del distrito 20, el perredista Robell Urióstegui Patiño, afirmó que en ese municipio están más tranquilos con la presencia de la policía comunitaria Tecampanera.
A los alcaldes electos y en funciones de Tierra Caliente que piden la retirada de la autodefensa, les respondió que la situación no es como ellos lo comentan, pues los índices de violencia y de inseguridad han bajado bastante, y no se dan casos del cierre de empresas nacionales y trasnacionales, como ha ocurrido en esa región a causa de los grupos de la delincuencia organizada.
El alcalde fue abordado por reporteros la mañana de este viernes, durante la tercera edición de la Feria del Queso y el Mezcal realizada en el zócalo de esta ciudad, donde hubo expositores de Teloloapan.
A pregunta sobre la petición de alcaldes electos y en funciones de municipios de la región Tierra Caliente, que solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores el retiro de la policía comunitaria Tecampanera, pues advertían que no asistirían a las convocatorias del mandatario por temor a pasar por Teloloapan.
Urióstegui Patiño dijo que es muy respetable la postura de las autoridades electas de Tierra Caliente y señaló que no les compete a ellos hacer ese tipo de reclamos, sino a las autoridades que imparten justicia, quienes deben de revisar el tema.
Como vecino de Teloloapan, afirmó que hay un clima de tranquilidad, “ellos (los de Tierra Caliente) tienen sus motivos, pero no es como lo comentan. Teloloapan hoy está tranquilo y, a diferencia de otros años, hoy los índices de violencia y de inseguridad han bajado bastante”.
A los alcaldes electos y en funciones de Tierra Caliente, les dijo que en Teloloapan no se dan casos del cierre de empresas nacionales o trasnacionales, como ha ocurrido en su región a causa de las amenazas de la delincuencia organizada, y que dejan de generar empleos.
Mencionó que a ellos no les compete decidir si se queda o se va la policía comunitaria, “pero la opinión que puedo externar, de manera muy personal, es que Teloloapan está tranquilo y estamos tranquilos como estamos”, dijo sobre la presencia de la autodefensa.
“Han cambiado las cosas a partir de que ellos (la Tecampanera) han estado ahí, no compartimos todas las cosas que pueden hacer, pero la ciudadanía en Teloloapan hoy se encuentra tranquila, y puedes caminar con toda seguridad y tranquilidad en ese municipio”.
Del conflicto que hubo con vecinos de un asentamiento en el terreno, donde se edificaron las instalaciones del 41 batallón de infantería de Teloloapan, Urióstegui Patiño dio a conocer que ese es un tema resuelto, porque los supuestos propietarios no pudieron acreditar la propiedad de esas tierras, por lo que el cuartel ya fue concluido y estimó que podría ser inaugurado el 7 de septiembre próximo.
