Reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan de Galeana, denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal.
Señalaron que realizaban su trabajo sobre la investigación del aumento de pasaje y cobro de caseta.
Los reporteros Carlos y Gustavo Medellín Acosta, del Canal 6 local, señalaron que circulaban por el centro de la ciudad de Tecpan con su vehículo donde se encontraba la Marina en un filtro de revisión.
Destacaron que los agentes de la Marina les dejaron el paso libre para que siguiera circulando. Posteriormente les siguió una unidad presuntamente de la policía estatal, lo cual les preocupó porque no llevaban ninguna número de patrulla. La unidad los rebasó y regresa en sentido contrario y les cerraron el paso de manera violenta.
Los bajaron de su vehículo y al cuestionarle del porqué de esa situación, los presuntos agentes les señalaron que su auto estaba reportado como sospechoso.
Los afectados dijeron que no están en contra de este tipo de operativos, pero pidieron a las autoridades estatales regular el actuar de los policías estatales.
Cuando comenzaron a grabar les dijeron que estaba prohibido.
Adelantaron que no podrán queja en derechos humanos, pero confian que las autoridades correspondientes actúen.
Agregaron que hay quejas de abuso de poder en sus operativos en la ciudad. (Francisco Magaña / Atoyac).
La policía estatal Blanca Esthela Valente interrogada durante su retención en El Parotal Foto: Fotograma
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
En un video difundido en redes sociales de Internet se ve al grupo de 32 policías estatales retenidos por pobladores de El Parotal, en el municipio de Petatlán el 28 de enero, que se encuentran ya desarmados, en dos hileras, hombres y mujeres, algunos hincados y otros de pie, y sometidos a un interrogatorio, en el que responden a coro que iban acompañados por integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, los tres civiles que fueron asesinados aquel día junto a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En la red social Facebook en la cuenta de un usuario de nombre “Mata Pescados” creada el 30 de enero de este año, dos días después de que fueron desarmados y retenidos 32 policías estatales, y asesinados dos policías estatales y tres civiles en El Parotal, municipio de Petatlán, se difundieron videos y fotografías de lo ocurrido ese 28 de enero.
En un video que dura 56 segundos se observa al grupo de policías –algunos hincados en el piso de terracería, otros de pie, cerca de una valla metálica– es de noche y sus rostros son iluminados por dos lámparas.
En el segundo seis del video se escucha una voz de un hombre que les pregunta: “¿Con qué grupo venían? ¿con qué grupo venían?”.
–La Familia Michoacana–, responden los agentes.
–¿Y qué les pasó a los que venían con ustedes, a los de la Familia Michoacana, qué les pasó?–, les preguntó la voz.
–Se murieron –responden los agentes.
–¿Sí saben por qué se murieron verdad, qué hicieron antes de que les sucediera eso no?, ¿antes de que se les sometiera a ustedes sí saben lo que hicieron no, sí saben lo que hicieron en las casas aquellas, sí saben, sí ubican no, lo primero que hicieron porque varios andaban ahí, contesten.
–Sí–, responden los agentes, sin mucha convicción.
–¿Qué hicieron?– insiste la voz masculina.
–Llegaron y se metieron sin autorización–, se logra entender a algunos agentes.
–A ver cómo, más fuerte–, les insiste la voz de una persona que nunca sale en el video.
–Robaron en las casas– señalan los policías.
–Ah bueno, ya está–, es lo último que se escucha decir de la voz de quien interrogó a los agentes.
En un segundo video que dura 36 segundos, se observa cuando les indican a los agentes que se deben hincar.
En un tercer video que dura 40 segundos, se observa el interrogatorio a la policía estatal Blanca Esthela Valente Gutiérrez, a quien dos mujeres se le acercan cuando está a bordo de una patrulla, y le piden que retire sus manos de su cara antes de interrogarla.
–¿En dónde fue que recogiste a los civiles que vienen ahí?–, le dicen a la agente.
–En Acapulco–, responde ella.
–¿En dónde?–, le insisten.
–Afuera del hotel Fiesta Americana– dice la policía.
–¿Como a qué hora los recogiste?–, la cuestionan.
–Como a las 6 de la mañana–, expone la agente.
–¿Qué ropa portaban?–, le preguntan las mujeres.
–Una playera blanca y una camisa negra o azul– detalla Blanca Esthela.
–¿Y tú sabías que ellos no eran soldados verdad, no eran estatales?–, le preguntan.
–No me dijeron, pero supuestamente me dijeron que recogiéramos a alguien y ya– comenta la policía.
A 11 días de lo ocurrido, aún el gobierno del estado no ha aclarado si los tres civiles asesinados en El Parotal, eran integrantes del crimen organizado la Familia Michoacana, como lo denunciaron los pobladores de esa zona, tampoco quién ordenó que los llevaran a esa zona a bordo de las patrullas de la Policía Estatal y cuál era el objetivo del operativo.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez declaró a El Sur que lo ocurrido en El Parotal no fue un enfrentamiento sino un ataque directo, sin embargo no aclaró las dudas del por qué fue asesinado el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz de quien sólo se sabe era cercano al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y recién había sido nombrado en ese cargo.
Sin embargo, la muerte de esos tres civiles desató una serie de enfrentamientos armados en las localidades vecinas de Tecpan y Petatlán, en Santa Rosa de Lima, Coyuquilla Norte, Loma Baya, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, donde el 30 y 31 de enero los pobladores informaron de enfrentamientos contra presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.
Ese grupo resaltó desde julio y en septiembre del año pasado porque transportistas bloquearon la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala, para evitar que llegara una operación militar que supuestamente buscaba detener a los jefes de ese grupo delictivo, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, así como que transportistas expulsaron en dos ocasiones a grupos de militares con el argumento de que robaban durante los cateos en las casas.
La violencia llegó a un clímax el 5 de octubre cuando fueron asesinadas 22 personas en Ea cabecera municipal de San Miguel Totolapan, entre ellos al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, y a su padre el expresidente por dos periodos, Juan Mendoza Acosta, de lo que el gobierno federal responsabilizó a este grupo delictivo.
El 2022 terminó con un segundo ataque armado que dejó siete muertos el 10 de diciembre en la comunidad El Durazno, ubicada en parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, por presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer si hay detenidos por las dos masacres, tampoco si hay detenidos por los asesinatos, tampoco ha dado a conocer nada de lo ocurrido en El Parotal.
Al parecer, según la información publicada, La Familia Michoacana vive una expansión a otras regiones de Guerrero fuera de su bastión que había sido la Tierra Caliente, y ahora tiene enfrentamientos en otras como la zona Norte, luego de que en Buenavista de Cuéllar e Iguala mediante cartulinas presuntamente esta organización criminal se ha adjudicado recientes asesinatos en los primeros días de 2023, y en los que ha advertido de su presencia, así como en enfrentamientos armados en la Sierra y Costa Grande.
Habitantes de comunidades de la sierra de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán en la conferencia de prensa en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar y redacción
Santa Rosa / Chilpancingo
Comisarios y comisariados y habitantes de 21 comunidades de la sierra oriente de Petatlán que colindan con poblados de la sierra poniente de Tecpan de Galeana y con localidades de la sierra de Coyuca de Catalán, exigieron que el gobierno federal atienda el problema de inseguridad y violencia que genera un grupo de la delincuencia organizada que mantiene azolada esa región desde el 10 de diciembre pasado.
Ayer martes, unas 60 personas provenientes de comunidades de la sierra de los municipios mencionados, participaron en una conferencia de prensa que dieron comisarios municipales y comisariados ejidales en la casa ejidal de Santa Rosa de Lima, en Tecpan, que hicieron pública su demanda de seguridad y pavimentación de caminos en esa zona.
Por otra parte, a raíz de lo ocurrido el sábado en la localidad El Parotal, donde hubo tres civiles muertos junto con dos policías estatales, uno de ellos director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina Jaime Téllez Ruiz, además de 32 policías estatales desarmados y retenidos, y del enfrentamiento de ayer entre civiles en Santa Rosa, el gobierno estableció una Base de Operaciones Mixtas en la entrada a esta comunidad, donde militares, policías estatales y ministeriales, así como efectivos de la Guardia Nacional, resguardan el lugar.
Los asistentes a la conferencia que dieron los comisarios municipales y comisariados de esa región, llegaron de las comunidades Arroyo Seco, La Lajita, Arroyo Verde, El Palomar, El Barrio, El Parotal, Las Mesas, El Camarón, El Mameyal y Corrales del municipio de Petatlán; de La Florida, El Porvenir, La Ola y Santa Rosa de Lima, de Tecpan de Galeana y San Antonio Texas, Santa Clara, el Crucero de San Antonio, El Aguacate y El Durazno, de Coyuca de Catalán.
Ahí, en la comisaría ejidal, los comisarios municipales fueron haciendo uso del micrófono para expresar su sentir respecto al clima de violencia e inseguridad que prevalece en esa parte de la Sierra provocada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, en alusión a La Familia Michoacana, pero en ningún momento alguien pronunció este nombre.
En la conferencia de pensa presentaron videos de lo ocurrido el sábado en El Parotal; en uno aparece una comandanta de la Policía Estatal, Blanca Estela N., que ante la cámara declara que el sábado ella fue a recoger en el hotel Fiesta Americana de Acapulco a uno de los civiles que después fue asesinado en esa comunidad de la sierra de Petatlán. También presentaron videos donde se muestra que fueron alterados con cinta negra los números de las patrullas de la Policía Estatal en las que llegaron los efectivos estatales y civiles presuntaente de la Familia Michoacana a El Parotal.
Habló el presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien urgió al gobierno federal a que actúe, de lo contrario, “no vamos a poder trabajar, o nos vamos a defender y no vamos a poder trabajar tampoco, desde que pasó lo de El Durazno el 10 de diciembre, yo saqué la gente que tenía ahí trabajando, tengo 2 mil árboles de aguacate, creo que muchos de ustedes ya lo saben, están abandonados”.
Dijo que los que estaban ahí reunidos, “es para dar a conocer al gobierno que nos urgen las tres bases para poder trabajar y producir lo que todos comemos en las ciudades; una de dos, nos vamos a dedicar a defendernos o no vamos a poder trabajar tampoco, nos urgen esas bases, urge para que los pueblos puedan tratar de avanzar un poquito más y poder siquiera ir a darle la vuelta a las vacas, hacer los mandaditos que tenemos todos”.
“La segunda, darle a conocer al gobierno que los pueblos, con lo que tengamos, con resorteras o con lo que haya, los pueblos se van a defender, que no les caiga de raro si llegan a un pueblo y encuentran a alguien por ahí con un fierrito porque no tenemos otra alternativa, que acudan y hagan su trabajo como gobierno”.
Continuó, “y tercero, por ahí vinieron y dieron a conocer una información la Fiscalía del Estado que yo creo que es una mentira y de eso hay pruebas, lo que yo he escuchado es que hay pruebas, hay videos de que esas cosas realmente no pasaron como están diciendo los mandos y quisiéramos decirle a la gobernadora Evelyn que no estamos en contra de ella, somos guerrerenses también, somos sus amigos y somos su aliados, pero estamos cansados, que le ponga atención a sus mandos, están corrompidos y se le está demostrando”.
Dijo que le van a mostrar más pruebas de que hay mandos y elementos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que están involucrados con la delincuencia organizada, “para que ponga atención”.
Más adelante, comentó que en su momento, los pobladores de Santa Rosa hablaron con las familias que viven en esa localidad y que presuntamente están coludidas con el grupo de la delincuencia organizada al que se enfrentaron el lunes de esta semana, para pedirles que no se involucraran “para que esto no pasara, desgraciadamente, hay gente que siempre lo he dicho, esta guerra es de la gente de trabajo con la gente que no le gusta trabajar”.
“Esa el verdadero problema que hay, que ya no le gusta trabajar a la gente, que está caliente el sol a lo mejor, que es más fácil ir y quitarle al otro lo poquito que tiene, desgraciadamente este es un cáncer que está pasando en todo el país y en el mundo, el dios del mundo ahorita es el dinero, los gobiernos están corruptos, todo el mundo está sobre el dinero, ya no hay respeto, ya no hay honor, ya no hay justicia, ya no hay nada”.
Aseveró que este clima de inseguridad y violencia “se va a acabar hasta que los pueblos nos organicemos, qué está pasando en Zihuatanejo, en Acapulco, cómo es posible, ¿acaso no sabe realmente el gobierno qué es lo que está pasando, no se los matan ahí en los pies?, ¿cuántos policías no hay involucrados?, ¿cómo es posible que no vean esas cosas que están pasando ahí?, pues es simple, están corrompidos o son los que están realmente a la gente”.
Pidió a los habitantes de todos los pueblos de esa zona que “pongan atención a sus hijos, a sus familias, ya no se presten, si ven algo, denúncienlo, si no le tienen confianza al policía que está al pie de ellos pues hay otros números a los que pueden hablar, ya no hay que callar, tenemos que hacer un frente común contra la delincuencia, ya no podemos aguantar más, tenemos este problema, ya nos tocó a nosotros, hay que enfrentarlo por todos lados, ¿o quieren que sus hijos sigan con estos problemas que tenemos nosotros?, yo al menos no, estoy dispuesto a darle hasta donde sea, pero que este cáncer ya termine”.
Exigen tres Bases de Operaciones Mixtas
Enseguida, el comisario municipal de Santa Rosa, Guillermo Salas Guillén, pidió a los presentes a que se animaran a hablar, “si no es ahorita, cuándo, al rato hay otro movimiento de miedo y vamos a estar todos escondidos”.
La comisaria municipal de Arroyo Verde, María del Carmen Salas Orozco, criticó que la situación de violencia que están viviendo en todas esas comunidades debe llevarse hasta el gobierno federal, “porque a nivel estado, al contrario, en vez de apoyarnos, el gobierno nos ha estado dañando y perjudicando nuestros hogares y no, se trata de defendernos y si no nos van a apoyar, nos va a tocar a nosotros mismos buscar la forma de cómo defendernos”.
El comisario municipal de La Lajita, consideró injusto darle la mitad del dinero que ganan “a otras personas, pues no; hay que defender nuestro pueblo, nuestra familia, los hijos y de la gobernadora, de su gobierno que se presta a cosas corruptas, queremos un gobierno de justicia, de paz, queremos tranquilidad para las comunidades de esta ruta, necesitamos un gobierno que sea de justicia”.
Luego, habló el comisario de El Parotal, Francisco García, para pedir ayuda al gobierno federal, porque en su localidad ya no confían en el gobierno estatal, “la verdad estamos cansados de vivir esta situación de esto que se está viviendo en la sierra, hay muchos problemas, homicidios por parte de la gente armada porque nosotros no tenemos la capacidad para defendernos”.
Sostuvo que “somos unos humildes campesinos que nos dedicamos al campo, al trabajo, a nuestro ganado y la verdad ya nos da miedo salir al campo a trabajar”.
Enseguida, el comisario de Las Mesas, Pablo Mejía, demandó que el gobierno federal intervenga, “porque la situación está muy crítica ahorita, tenemos el ganado abandonado, el cultivo todo tirado, cosechas tiradas, ocupamos que nos echen la mano”.
Por su parte, la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García, dijo que “esas personas empezaron por El Durazno y así van a seguir y es un llamado para el presidente, al gobierno federal porque esto es delincuencia organizada y le pertenece al gobierno federal hacerse cargo, que no se quede nada más en el estado, que se haga cargo el gobierno federal, que ponga cartas en el asunto, a nosotros nos llegan los balazos y a él los abrazos, así que por favor, que ponga cartas en el asunto”.
De El Porvenir, el comisario Jesús Ayala, pidió justicia “a todo lo que está pasando, porque ya ven, nuestras familias no duermen, llore y llore, qué nos irá a pasar, se oyen para acá puras maldades que vienen a hacer y por todos lados”, por lo que pidió que el gobierno ponga las bases de operaciones mixtas, “donde vemos que puede estar más peligroso, en Santa Rosa, Las Mesas y el Crucero del Aguacate”.
Luego, volvió a hacer uso de la palabra Víctor Espino para denunciar que desde lo ocurrido en El Durazno, en toda esa región se han suspendido las clases en la mayoría de las comunidades, “ya no conocemos a los médicos ni los maestros”.
Mencionó que en el ejido San Antonio de las Tejas tienen 17 mil hectáreas de bosque, 8 mil en estudio, “arriba de 200 mil metros cuadrados, el metro vale 3 mil pesos, saquen la cuenta, cuál es el interés de esa gente, de ahí nosotros sacábamos para apoyar poquito a los maestros y a los médicos, las clínicas las hemos hecho nosotros, los caminos también, esos recursos nos los van a quitar, si entra esa gente ya no los vamos a volver a tener”.
“Decirle a la gobernadora que tenemos un año yendo al Palacio, nos estuvieron recibiendo con puras palmaditas, quedamos en un acuerdo, nos quitaron muchas cosas pero nos dijeron cuál era nuestra prioridad y es la seguridad e infraestructura, queremos caminos en la sierra para que puedan llegar los militares, para que puedan llegar los doctores y los maestros”.
Reprochó que en esas reuniones acordaron que se pavimentarían 5 kilómetros de carretera por año de administración de la gobernadora “y ahorita autorizaron 3 millones para una ruta nada más, qué vamos a hacer con eso, que cumplan sus acuerdos, nos urge la seguridad, es básica, los caminos son indispensables para que suba el gobierno a las comunidades más cercanas que están a 100 kilómetros de aquí, duran 24, 48 horas para llegar en tiempos de secas, en tiempos de agua no van a pasar”.
“Necesitamos las tres bases y le hacemos un llamado al presidente de la República, nosotros votamos por él y todavía creemos en él, hay muchos problemas en el país, pero la Sierra qué, pa’ cuándo”, cuestionó.
En esta reunión estuvo el coordinador auxiliar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo Verdeja Salas, con sede en Tecpan de Galeana, quien dijo ir comisionado por la presidenta de este organismo, para atenderlos luego de lo ocurrido el sábado 28 en El Parotal ante algún presunto abuso de autoridad, al tiempo que los conminó a hacer la denuncia correspondiente ante esta institución.
En Santa Rosa ya hay una BOM
De acuerdo con pobladores de Santa Rosa, la noche del domingo 29, fueron avisados por funcionarios del gobierno del estado que el lunes 30 por la mañana en ese lugar se instalaría una Base de Operaciones Mixtas para garantizar la seguridad de los habitantes, pero antes de que llegaran los elementos de las corporaciones policiacas, ocurrió el enfrentamiento entre habitantes del poblado e integrantes del grupo criminal que tiene azolada la región.
Ayer martes, una de las vecinas comentó que la balacera duró poco más de una hora pero que ésta concluyó con la llegada de los militares, marinos, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y policías ministeriales, los cuales se dirigieron con el comisario de Santa Rosa para pedirle que les apoyara con la asignación de un espacio para permanecer, por lo que se establecieron en la entrada a la comunidad, frente al arco.
Otro de los vecinos comentó que el lunes, “cuando estaba recio la balacera”, dos helicópteros sobrevolaron la zona y que el aparato de la Secretaría de Seguridad Pública aterrizó para llevarse a integrantes de las familias que no hace mucho tiempo se asentaron en ese lugar y que de acuerdo a los habitantes, han fungido como informantes y simpatizantes del grupo delincuencial al que se enfrentaron el lunes, “fueron los ministeriales los que se los sacaron en camionetas y los arrimaron al helicóptero para que se los llevaran”.
Dijo que esta acción, una vez que se conoció, provocó agravio entre los habitantes de las comunidades, pues consideran que es una evidencia “de que el propio gobierno del estado apoya a ese grupo criminal, por eso es que estamos pidiendo que el gobierno federal intervenga mientras la gobernadora hace una limpia de toda esa gente corrupta que tiene metida en su gobierno”.
