Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

Siguen sin localizar al maestro desaparecido en Taxco desde el sábado, informan familiares

 

Alejandro Guerrero

Iguala

Familiares del profesor Germán García Hernández, de 25 años, desaparecido el sábado en Taxco, informaron que mantienen los trabajos de búsqueda con el apoyo de policías estatales y municipales, sin que haya sido localizado aún.
En hechos distintos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó, mediante un boletín de búsqueda, un nuevo caso de desaparición en la ciudad platera. Se trata del joven de 24 años, Luis Enrique Zagal Soto, quien lleva dos semanas desaparecido.
En comunicación por teléfono, con familiares del profesor desaparecido, informaron que este jueves cumplieron el tercer día de búsqueda de Germán García por colonias y comunidades de Taxco, sin que hayan tenido resultados ni información sobre su ubicación.
Las acciones de búsqueda se han realizado con amigos, familiares y compañeros del maestros, con el acompañamiento de policías estatales y municipales, luego del acuerdo que tomaron el domingo pasado, tras realizar un bloqueo de más de tres horas en la avenida de Los Plateros.
“Ya no sabemos qué hacer, ya son varios días de su desaparición y todavía no tenemos nada de información”, dijo un familiar y consideró que en Taxco se vive una situación “muy grave”, luego de que en las últimas semanas se han reportado varios casos de personas privadas de la libertad y desaparecidas.
De acuerdo con información que ofrecieron el domingo, durante la protesta que realizaron, Germán García, de 25 años, es profesor de Educación Especial en una escuela del Estado de México, y es originario de Taxco.
Por las vacaciones de Semana Santa, el sábado empezó a trabajar un taxi adherido a la Unión de Permisionarios, y ese día, alrededor de las 5 de la tarde, tuvieron la última comunicación con él y ya no se presentó a dejar el carro por el cambio de turno.
Más noche, al iniciar su búsqueda, hallaron el taxi Nissan Tsuru que manejaba, abandonado afuera del panteón del barrio Landa, en la salida a Ixcateopan, pero a él no lo han localizado.

Un caso más

El fenómeno de las desapariciones en Taxco ha repuntado en las últimas semanas, pues a partir del 28 de febrero, que se conoció la privación de la libertad y posterior desaparición del “Servidor de la Nación”, Miguel Huerta Torres, de 50 años, ocurrido en el poblado de Temaxcalapa, han ocurrido al menos una docena de casos; en su mayoría con denuncias presentadas ante el Ministerio Público estatal.
Este miércoles se conoció la desaparición de Luis Enrique Zagal Soto, de 24 años, ocurrida hace 14 días, el 23 de marzo, que fue la última vez que se le vio en la ciudad platera.
De acuerdo con un boletín de búsqueda difundido en la página de la Fiscalía estatal, después de las 8 de la noche del miércoles se informó que en el transcurso de ese día, sus familiares presentaron la denuncia formal ante el Ministerio Público.
Se indica que como seña particular, el joven tiene una cicatriz al lado derecho de la cabeza y tiene un tatuaje de la figura de infinito en el antebrazo derecho, mide 1.68 centímetros de estatura, es moreno claro y de cabello castaño corto.

 

Hallan culpable al policía del caso de los dos jóvenes asesinados en la feria de Chilpancingo

El Tribunal de Juicio Oral acordó un fallo condenatorio en contra del policía municipal Nicolás por el homicidio calificado de dos jóvenes, involucrados en una riña en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo en diciembre del año pasado en esta ciudad.
El vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia difundió un comunicado la noche de ayer en el que dice que de acuerdo con las pruebas recabadas en la carpeta judicial C-03/2018, se logró acreditar la participación del agente en la desaparición de los jóvenes Jorge y Marco, que ocurrió el año pasado.
“Luego de agotarse la audiencia de debate el Tribunal de Juicio Oral pronunció fallo condenatorio en contra del sentenciado, citando a las partes el 14 de diciembre a la 1 de la tarde para la celebración de la audiencia de celebración de sanciones y reparación del daño, en la carpeta J.O 19/2018”, indica el comunicado.
El 3 de enero los dos vecinos de Chilpancingo que desaparecieron el 30 diciembre pasado fueron hallados asesinados y envueltos en bolsas de plástico la noche del miércoles en un basurero cerca de Tierras Prietas, en el nuevo libramiento a Tixtla.
La víctimas son Jorge Arturo Vázquez Campos quien era dueño del local Zapata’s Barber Shop, dejó a su esposa y a su hijo de unos 4 años, mientras que Marcos Catalán Cabrera era chef y trabajaba en un restaurante de Cuernavaca, Morelos.
Ese día el político y empresario Pioquinto Damián Huato acusó a la Policía Municipal de planear con premeditación, alevosía y ventaja el asesinato de los dos jóvenes desaparecidos, y afirmó que los agentes entregaron a los jóvenes a un miembro de la delincuencia organizada.
El entonces alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas informó que los dos jóvenes encontrados asesinados fueron detenidos por policías municipales el 31 de diciembre luego de una riña en las instalaciones de la feria, trasladados a barandillas y después liberados.
El día del hallazgo de las dos víctimas policías federales y estatales y soldados del Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal de Chilpancingo y desarmaron a los agentes, señalados como responsables de la desaparición de siete jóvenes.
El 30 de junio el entonces el secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Paulino Molina López informó que son 35 los policías certificados que reanudaron labores y portan armas, 72 están desarmados y funcionan en coordinación con policías estatales mientras están en servicio, uno está preso y otros 12 continúan bajo investigación por la desaparición de siete jóvenes. (Redacción / Chilpancingo).

 

Roban equipo de cómputo en una primaria de Tixtla; las instalaciones tienen barda nueva

La mañana de este jueves, presuntos asaltantes entraron a robar a la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Ignacio Manuel Altamirano de Tixtla, de donde se llevaron computadoras, impresoras y proyectores digitales.
El parte de la Policía Municipal indica que a las 7 de la mañana llegaron a la escuela los trabajadores de intendencia, quienes observaron que las puertas de la dirección y de los cinco salones de clases estaban abiertas, forzadas la chapas.
Después, los trabajadores hicieron un recorrido en las instalaciones, observando que ya no se encontraban computadoras, impresoras y cuatro cañones, donde los estudiantes proyectan diapositivas.
Los policías municipales realizaron un recorrido para detener a los presuntos asaltantes, pero éstos huyeron del lugar.
Maestros dijeron que el lunes, el presidente municipal de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, hizo entrega del techado de la escuela y la barda, para beneficiar a 93 niños, pero a pesar de la obra ocurrió el robo en la primaria. (L

 

Reanudan labores policías capitalinos tras acordar que recibirán el pago del Fortaseg, informan

 

Agentes de la Policía Municipal reanudaron labores luego de acordar con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que hoy acudirán a las oficinas del programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en la ciudad de México, para atender sus peticiones del pago del útiles, vales de despensa, retroactivos y apoyo a vivienda por las que el martes comenzaron un paro.
Asimismo, el secretario de Seguridad Pública de la capital, Paulino Molina López renunció ayer el cargo, y afirmó que fue por motivos de salud.
Unos ocho policías estatales acudieron a las oficinas del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, en Palacio Muncipal, donde los atendieron el presidente municipal priista y el secretario Molina López, para hablar sobre sus demandas del pago del programa Fortaseg, del gobierno federal.
La reunión comenzó a las 10 de la mañana y concluyó dos horas después; un policía municipal, que se reservó su nombre, dijo que los acuerdos fueron que se formará una comisión de los afectados para trasladarse hoy a las oficinas de Fortaseg en la Ciudad de México, para que les explique el motivo de la retención de los pagos de útiles, vales de despensa, retroactivos y apoyo a vivienda.
Comentó que 43 uniformados serán evaluados con el examen de Control y Confianza, y el 15 de septiembre serán entregados los resultados, y de acuerdo con la evaluación les entregarán el dinero del Fortaseg, mientras que los que no pasen el examen continuarán con la certificación.
Informó que otros acuerdos fueron que el lunes firmarán una póliza de seguro de vida de la que no dieron detalles del monto asegurado y, a los policías municipales que no reciben su salario completo se les compensará.
“Hay caso de compañeros que cobran 5 mil pesos quincenales, pero el recibo de pago dice de 5 mil 600 pesos o 5 mil 800 pesos, entonces dónde queda ese dinero que nos quitan, por eso nos van a regresar el dinero que nos descuentan”.
Comentó que los 12 agentes que están bajo investigación tras la desaparición de siete jóvenes en la última semana de 2017, dos de quienes luego aparecieron muertos en enero, continuarán su proceso hasta que no se deslinden responsabilidades.
Al concluir la reunión, los uniformados se trasladaron al cuartel de la Policía Municipal, ubicado en la colonia Alianza Popular en el viejo libramiento a Tixtla, y se reunieron con sus compañeros para exponerles los acuerdos de sus peticiones.
Después de las 2:30 de la tarde, los policías municipales reanudaron las labores y salieron a las calles para brindar seguridad en la capital.
El martes, policías municipales de Chilpancingo pararon labores para exigir al alcalde, Marco Antonio Leyva Mena, el pago a todos los trabajadores del programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), porque de 114 que son, sólo 33 recibirán el beneficio porque están evaluados.
El beneficio del Fortaseg se les entrega a fin de año y comprende el apoyo para vivienda, que es de 11 mil 500 pesos; útiles escolares, 5 mil 500 pesos; aguinaldo, 18 mil pesos; y vales de despensa, 5 mil 500 pesos, 40 mil pesos en total para cada policía.

Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo

El secretario de Seguridad Pública de la capital, Paulino Molina López renunció ayer al cargo, en la reunión con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena y policías municipales, donde trataban la demanda del pago del programa Fortaseg; en breves declaraciones, afirmó que se iba por motivos de salud.
Agentes municipales contaron que en una reunión en el Palacio Municipal, el funcionario presentó su renuncia al alcalde Leyva Mena, y dijo que se incorporaría a la Policía Estatal.
Molina López se trasladó a las instalaciones de la Policía Municipal, donde se reunión con los uniformados y confirmó su salida, se despidió y agradeció el trabajo de los policías.
“Deseo lo mejor para todos ustedes, fue un honor dirigir la corporación, me llevo una bonita imagen de todos ustedes, porque hubo armonía, pero sobre todo deben de cumplir en la corporación”, recomendó.
En breves declaración al retirarse, Molina López afirmó que su salida de la Policía Municipal fue por problemas de salud.
Por su parte, un policía municipal informó que, como encargado de despacho fue asignado el comandante de la Policía Municipal, Adalberto Figueroa Ramírez, y que en la coordinación operativa fue asignado un policía llamado Víctor.
Señaló que los dos agentes municipales estarán a cargo de la corporación durante 10 diez días mientras el municipio o el estado asignan al nuevo director de la Policía Municipal.
El 26 de enero, el entonces alcalde suplente de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas tomó protesta al policía estatal Paulino Molina López como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En abril, en una sesión de Cabildo encabezada por Tejeda Vargas, se aprobó la ratificación como secretario de Seguridad Pública, del oficial de la Policía Estatal, Molina López.
Este cambio ocurrió luego de que, a mediados de enero, el entonces secretario de Seguridad, Esteban Espinoza Montoya renunció ante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de la desaparición de siete jóvenes por policías de Chilpancingo, de los cuales dos fueron hallados muertos, y tres vivos y torturados.
El 4 de enero, policías municipales y de Tránsito de Chilpancingo fueron desarmados por soldados del Ejército, y policías estatales y federales, luego de ser señalados como responsables de la desaparición de los siete jóvenes en la última semana de 2017.
El 23 de junio, los policías municipales de Chilpancingo regresaron a laborar, luego de estar desarmados y acuartelados durante más de cinco meses.

 

Se agudizó la violencia en la capital por la caída del precio de la goma de opio, dice Leyva Mena

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que la violencia en la capital se ha agudizado debido a la baja en la compra de amapola, porque en Estados Unidos usan una nueva droga sintética.
Asimismo, informó que ante la violencia se implementará un nuevo sistema de seguridad, que cosiste en que la Policía Estatal vigilará las colonias de la periferia, y la municipal el Centro y los barrios. Además, insistió en que próximamente instalarán cinco botones de pánico en el primer cuadro de la ciudad.
Consultado al finalizar la Feria de los Servicios Públicos, sobre los hechos de violencia que se han suscitado en la capital, respondió que “la violencia continúa… tiene sus picos, yo todos los días recibo los informes por parte de Seguridad municipal”.
Dio a conocer que en los próximos días se comprarán más alarmas, se intensificará el programa de Vecino Vigilante y un operativo especial que instauró el gobierno del estado, y que consiste en que la Policía Estatal se ocupará de las colonias, y la municipal del primer cuadro de la ciudad y los barrios, para multiplicar la vigilancia.
¿A qué cree que se deban los hechos de violencia?, se le preguntó, y respondió que por las narcomantas, las casas balaceadas y cómo ejecutan a las víctimas, “de manera presunta se puede tener que es del crimen organizado”.
Dijo que la vigilancia y la instalación de los botones de pánico se hará en el Zócalo porque ahí ocurre entre el 45 y el 50 por ciento de los delitos en Chilpancingo, “hay zonas expulsoras de delincuentes, pero también hay zonas donde se ejecuta el delito, y es en la parte del centro de ciudad”.
Leyva Mena aseveró que el diagnóstico que tiene es que, “la demanda del principal mercado está aumentando un 20 por ciento cada año; segundo, hay un nuevo tipo de droga sintética que se produce en Estados Unidos; y tercero, te baja el asunto de la demanda de la planta de la amapola y sus derivados”.
Manifestó que esto ocasiona la crisis en la sierra de Guerrero, porque es una de las principales zonas donde se siembra la amapola y empieza a tener problemas financieros “este grupo de carteles”, que entran a otras actividades ilícitas que desplaza la amapola y sus derivados, por lo que los asaltos y los delitos del orden común empiezan a hacerse más intensos.
“La autoridad deberá coordinarse y trabajar, el gobierno municipal, estatal y federal junto con la participación ciudadana”; ejemplificó que la avenida Lázaro Cárdenas es otra zona con problema de inseguridad, por lo que se programó instalar dos casetas de vigilancia.
El alcalde explicó que las dos casetas estarán en la avenida, una cerca de la Auditoría General del Estado, y la otra en la Plaza Palmas, para que la seguridad sea permanente.

 

No consentir la compra de voto ni presión para dárselo a alguien, pide el arzobispo

No consentir la compra de voto ni presión para dárselo a alguien, pide el arzobispo a ciudadanos

Convoca Leopoldo González a que los conflictos se resuelvan sin enfrentamientos. Es momento de discernir qué candidato luchará contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, dice

Mariana Labastida

El arzobispo Leopoldo González González convocó a no consentir la compra del voto ni la presión para dárselo a alguien, y expuso que es momento de discernir qué candidato luchará contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la fragmentación social.
Convocó a que los conflictos los resuelvan las instituciones encargadas, y no sean ocasión de enfrentamientos y agresiones.
González González viajará a Roma esta semana para recibir, el 29 de junio, del papa Francisco el Palio arzobispal, que es una especie de estola blanca circular que se lleva sobre los hombros, y lo usan el Papa y los obispos que tienen a su cuidado una provincia eclesiástica como la de Acapulco.
En el comunicado dominical de la Arquidiócesis de Acapulco, el arzobispo convocó a que “nadie consienta que le compren su voto o lo presionen a hacerlo en una determinada línea. Esto acaba con la democracia. Nuestro voto es completamente libre para ayudar a esta libertad y responsabilidad, el voto se emite en secreto”.
Pidió a los ciudadanos que lleguen a las casillas sabiendo por quién van a votar, y para eso en los días que faltan les pide que reflexionen y haga un juicio acerca de la confiabilidad, transparencia y firmeza de cada candidato.
“Es momento de discernir quiénes nos dan la seguridad de que, con sentido de justicia, lucharán contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la fragmentación social. Nos hemos dado una idea acerca de sus capacidades para administrar o para legislar”, indicó.
González González convocó a reflexionar en el México que se desea construir para tener una vida acorde con la propia dignidad humana, derechos a la vida, al matrimonio y a la familia, a la libertad religiosa fincada en valores éticos y morales que salvaguarden el bien propio y ajeno. “Dentro de ocho días habrá que ir a las urnas y mediante el voto expresar lo que cada uno juzga lo más conveniente”.
(México, Guerrero, Acapulco, arzobispo, Leopoldo González González, compra de voto, presión candidatos, pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, fragmentación social, proceso electoral).

Guerrero, muy vulnerable a la compra del voto y al condicionamiento de programas, advierten

El Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral en México elaborado por organizaciones civiles muestra que el estado es el segundo en número de víctimas mortales de la violencia política desde 2006, y el primero en el actual proceso electoral

Ramón Gracida Gómez

Los 36 municipios con grado “muy alto de marginación” y los 67 municipios con “baja cohesión social” de un total de 81 municipios de Guerrero posicionan al estado como uno de los tres con una “vulnerabilidad muy alta” para la compra de voto o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales, de acuerdo con el Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral en México.
Además es el segundo estado con mayor número de víctimas mortales de violencia política desde el 2006 al 8 de mayo de este año, con 105 casos y primero tan sólo en el actual proceso electoral, de septiembre de 2017 al 8 de mayo de 2018 (fecha de corte del estudio) con 25 casos. Plantea que la violencia política “va debilitando las estructuras del Estado”.
También es uno de los estados que ha presentado participaciones electorales que no corresponden al comportamiento histórico de votación, participación o votación nula desde 1994, primera elección que organizó el IFE, ahora INE.
Presentado el pasado 7 de junio en la Ciudad de México, el Primer Atlas de Riesgo Político-Electoral fue elaborado por las organizaciones civiles Artículo 19, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Movimiento ProVecino, Rompe el Miedo, Tendiendo Puentes, Democracia MX y Propuesta Cívica.
El documento de presentación del proyecto, que se puede encontrar en la página de internet atlasriesgoelectoral.mx, señala que el atlas “permite identificar y visualizar algunos de los principales factores de riesgo que amenazan la integridad del actual proceso electoral mexicano.”
Para el desarrollo del proyecto se establecieron tres variables: Vulnerabilidad, Atipia Electoral y Violencia Política.
La variable de Vulnerabilidad tiene como propósito identificar a los grupos más vulnerables que “son susceptibles de que se cometan delitos electorales con ellos como: la compra de voto o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales.”
Para la conformación de esta variable se utilizaron dos indicadores basados en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi: Índice de Marginación del Conapo y Coeficiente de Cohesión Social del Coneval.
De acuerdo con el Índice de Marginación, en Guerrero hay 36 municipios con muy alta marginación.
La lista está conformada por municipios de casi todas las regiones del estado, principalmente de la Montaña como Metlatónoc y Coachapa el Grande. Destacan también municipios en los que la violencia ha golpeado en los últimos años como Chilapa y San Miguel Totolapan.
En todo México, 817 municipios están catalogados como de muy alta marginación. Por arriba de Guerrero sólo se encuentran Oaxaca con 135 y Yucatán con 63 como los dos estados con mayor número de municipios en esa situación.
Respecto a la cohesión social, el documento explica que este indicador “permite aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad” y conformado con base en la desigualdad económica, de ingreso y condiciones de vida entre los habitantes, y su percepción sobre la facilidad de apoyo entre ellos.
En Guerrero hay 67 municipios catalogados con baja cohesión social, cifra que lo ubica entre los seis estados con mayor número de municipios en la misma situación. El primer lugar lo ocupa es Oaxaca con 472 municipios. En todo México existen mil 264 municipios con baja cohesión social.
Por estas cifras, el atlas clasifica a Guerrero como uno de los tres de vulnerabilidad muy alta a la par de Oaxaca y Chiapas.
Asimismo, la variable de Atipia Electoral determina las unidades electorales “que a partir de su comportamiento en una o más elecciones no corresponden a su comportamiento normal histórico de votación, participación o votación nula”.
Se utilizaron las elecciones presidenciales de 1994 a 2012, la de senadores del 2000 al 2012 y la de diputados de 2000 a 2015.
En el caso de Guerrero, el documento pone de ejemplo que en las elecciones federales de 1994 la participación de la sección 98 del estado fue de 299%, es decir, la lista nominal era de 391 y la votación fue de mil 169.
Para las elecciones de 2006 y 2012, el atlas sitúa a Guerrero entre los estados con “riesgo extremo” de Atipia Electoral.
En cuanto a la Violencia Política, la variable incluye hechos de violencia clasificados en dos grados a precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, ex alcaldes o alcaldes en funciones, periodistas (de notas políticas y elecciones) y servidores públicos. Los datos provienen de diversas instituciones e investigación hemerográfica.
El primer grado de violencia incluye el acoso, hostigamiento, amenaza, intimidación, desplazamiento forzado y privación de la libertad.
En Guerrero están contabilizados 60 casos, cifra que lo ubica en cuarto lugar en la lista que encabeza la Ciudad de México con 149 casos.
El segundo grado incluye el asesinato, atentado, tortura y desaparición. Guerrero se ubica en segundo lugar con 45 casos, 14 tan sólo en el actual proceso electoral; Oaxaca en total tiene 53 casos.
El documento explica que la violencia política “va debilitando las estructuras del Estado, debido a que un asesinato no sólo es la pérdida del individuo, sino que se va debilitando a las instituciones que representa.” En todo México son 292 víctimas mortales.

Destacan en un simulacro dudas por los apodos o motes en las boletas

En el cuarto simulacro de votación en la sección 1266, de la colonia Jardines del Sur, los funcionarios de casilla se mostraron confundidos luego de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de tomar como válidos los votos donde se marque toda la boleta con el apodo, acrónimo o motes de los candidatos.
Durante una hora, los capacitadores del INE del distrito 07 y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) correspondiente al distrito 01, explicaron a los 10 funcionarios que llegaron al simulacro, citado a las 5 de la tarde, en el parque de la colonia.
De los 10 funcionarios de casilla, cuatro manifestaron su preocupación porque el INE decidió contabilizar los votos de la candidata independiente Margarita Zavala, quien renunció a su postulación, porque el PAN podría exigir esos votos, señalaron; sin embargo, los capacitadores aseguraron que únicamente son para datos estadísticos, pero que lo votos serán nulos.
A excepción de que si un ciudadano marca el emblema de un partido o más, que conformen una coalición, y también marquen el recuadro correspondiente a Zavala, el voto será valido para la coalición, pero si es marcado por el candidato Jaime Rodríguez, El Bronco, el voto será nulo porque el candidato aún sigue contendiendo.
Los funcionarios de casilla, entre ellos dos jóvenes que apenas cumplieron la mayoría de edad, se mostraron con duda sobre si validar cualquier tipo de raya, letra o incluso insultos sobre el emblema de un partido, pero sin salirse del recuadro que ocupa en la boleta, lo que fue aclarado por los capacitadores, quienes señalaron que era un voto válido, siempre y cuando no abarcara otro recuadro de un partido distinto.
Así también aclararon que si un votante raya toda la boleta con el apodo de uno de los candidatos, el voto es válido y será contado para la coalición y no a un solo partido, es decir, si se coloca AMLO, Peje, Anaya, Canayín, Meade o Yo Mero.
Luego de la plática, se procedió a armar las unas e instalar las casillas, en un tiempo de diez minutos. Pero no se realizó ningún sufragio de simulación, debido a que la mayor parte del tiempo fue absorbido en aclarar las dudas. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

Amenazan en  narcomanta a la candidata de Por Guerrero al Frente en Pilcaya

Luis Blancas

Chilpancingo

La mañana de este domingo, una narcomanta fue encontrada en el mercado municipal de Pilcaya, donde amenazan a la candidata a la alcaldía de ese municipio de la coalición Por Guerrero al Frente, Sandra Velázquez Lara.
Fuentes de la Secretaría se Seguridad de Pilcaya recibieron el reporte minutos después de las 9 de la mañana, de que había una narcomanta en el mercado municipal.
La manta, blanca con letras negras, estaba colgada en una tela ciclónica, en la que se leía: “Sandra, hija de tu puta madre, te crees muy verga. Así quieres que te sigamos ayudando a ser presidente cule. Nosotros ya cumplimos levantando gente y echando a correr algunos candidatos”.
Después sigue: “Tú no eres de palabra y ahora vas a ver lo que (le) pasa a gente pendeja que no cumple. Te damos de aquí al cierre de tu campaña. Allí estaremos, para que veas de lo que somos capaces de hacer. Te vas arrepentir hija de la verga. Tú declaraste la guerra, te dejamos basura como lo que tú eres, pendeja. Guerreros Unidos”.
La manta fue retirada por la Policía Municipal de Pilcaya y fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades.
Velázquez Lara fue presidenta municipal de Pilcaya, por el PAN, en el periodo 2012-2015.
En Guerrero no es el único caso en que han amenazados a candidatos que participarán para un cargo de elección popular el 1 de julio.
El 23 de mayo, el candidato del PVEM a la alcaldía de Pilcaya, Ignacio Rafael Guzmán, pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, autoridades locales y federales ante el grave problema de violencia y de inseguridad en su municipio; después de dos balaceras que ocurrieron a pocas calles de donde tuvo su arranque de campaña.
El 21 de junio, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Arturo Álvarez Angli, denunció que su candidato a la alcaldía de Pilcaya, Guzmán Rojas, recibió constantes amenazas para obligarlo a retirarse de la campaña, hecho que lo orilló a salir del municipio desde hace unos 15 días.
El 8 de ese mes, el alcalde de Ixcateopan, el priista Víctor Delgado Nava, denunció que en su camioneta le fue dejado un mensaje en el que lo amenazan con matar a su esposa y candidata a la presidencia de ese municipio, Sandra Villarejo Bustamante, en caso de que no entregue una cuota de 100 mil pesos.
El sábado, más de 10 coronas funerarias de flores fueron dejadas afuera de las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI, junto con dos narcomensajes contra los “hermanos Granda”, uno de ellos, Carlos Granda, candidato a diputado local por el distrito 06.

 

 

Amenazan en narcomanta a la candidata de Por Guerrero al Frente en Pilcaya

La mañana de este domingo, una narcomanta fue encontrada en el mercado municipal de Pilcaya, donde amenazan a la candidata a la alcaldía de ese municipio de la coalición Por Guerrero al Frente, Sandra Velázquez Lara.
Fuentes de la Secretaría se Seguridad de Pilcaya recibieron el reporte minutos después de las 9 de la mañana, de que había una narcomanta en el mercado municipal.
La manta, blanca con letras negras, estaba colgada en una tela ciclónica, en la que se leía: “Sandra, hija de tu puta madre, te crees muy verga. Así quieres que te sigamos ayudando a ser presidente cule. Nosotros ya cumplimos levantando gente y echando a correr algunos candidatos”.
Después sigue: “Tú no eres de palabra y ahora vas a ver lo que (le) pasa a gente pendeja que no cumple. Te damos de aquí al cierre de tu campaña. Allí estaremos, para que veas de lo que somos capaces de hacer. Te vas arrepentir hija de la verga. Tú declaraste la guerra, te dejamos basura como lo que tú eres, pendeja. Guerreros Unidos”.
La manta fue retirada por la Policía Municipal de Pilcaya y fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades.
Velázquez Lara fue presidenta municipal de Pilcaya, por el PAN, en el periodo 2012-2015.
En Guerrero no es el único caso en que han amenazados a candidatos que participarán para un cargo de elección popular el 1 de julio.
El 23 de mayo, el candidato del PVEM a la alcaldía de Pilcaya, Ignacio Rafael Guzmán, pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, autoridades locales y federales ante el grave problema de violencia y de inseguridad en su municipio; después de dos balaceras que ocurrieron a pocas calles de donde tuvo su arranque de campaña.
El 21 de junio, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Arturo Álvarez Angli, denunció que su candidato a la alcaldía de Pilcaya, Guzmán Rojas, recibió constantes amenazas para obligarlo a retirarse de la campaña, hecho que lo orilló a salir del municipio desde hace unos 15 días.
El 8 de ese mes, el alcalde de Ixcateopan, el priista Víctor Delgado Nava, denunció que en su camioneta le fue dejado un mensaje en el que lo amenazan con matar a su esposa y candidata a la presidencia de ese municipio, Sandra Villarejo Bustamante, en caso de que no entregue una cuota de 100 mil pesos.
El sábado, más de 10 coronas funerarias de flores fueron dejadas afuera de las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI, junto con dos narcomensajes contra los “hermanos Granda”, uno de ellos, Carlos Granda, candidato a diputado local por el distrito 06.

 

Siguen encuartelados 150 policías municipales de Chipancingo que llevan más de cinco meses fuera de servicio

Después de más de cinco meses continúan encuartelados los 120 policías municipales de Chilpancingo y 30 de Tránsito; los uniformados dijeron que no les han informado cuándo regresarán a las calles para brindar seguridad, y que hay un rumor de que se reincorporarán pasando las elecciones del 1 de julio.
Mientras, la Policía Estatal se encarga de la seguridad y de la vialidad en esta ciudad, y continúan los hechos de violencia; el viernes dos hombres armados asaltaron a usuarios y la sucursal Bancomer ubicado cerca del mercado central. El 4 de enero, la Policía Municipal de Chilpancingo fue desarmada junto a los agentes de Tránsito por soldados del Ejército, policías estatales y federales, luego de ser señalados como responsables de la desaparición de siete jóvenes la última semana del año pasado, dos de los cuales aparecieron muertos.
Consultado afuera del cuartel de la Policía Municipal, un policía municipal quien se reservó su nombre comentó: “Seguimos igual encuartelados en la corporación al igual que los agentes de Tránsito, pero hay un rumor de que pasando las elecciones vamos a regresar a las calles”.
Señaló que reciben de manera normal su salario y que no se han violentado sus derechos laborales, “nosotros ya queremos salir a trabajar, pero pues las autoridades no se apuran para arreglar esta situación”. (Luis Blancas / Chilpancingo).