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El abogado asesinado no era un sicario, sino un “hombre intachable”, dice el alcalde de Tixtla

El presidente municipal de Tixtla, el perredista Hosseín Nabor Guillén reconoció que la descoordinación de los tres niveles de gobierno provocó que policías estatales asesinaran al dirigente de Morena, Eduardo Catarino Dircio, a quien calificó de “un hombe intachable”, en la operación del domingo que terminó con dos civiles muertos y dos agentes heridos.
Inicialmente en un boletín el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia declaró que los dos muertos eran “sicarios” que eran perseguidos por la Policía Estatal, pero después resultó que uno de los asesinados fue el abogado y líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio, Catarino Dircio.
Sin embargo ayer en un segundo boletín el mismo vocero rectificó. Dijo que una vez concluido el enfrentamiento entre civiles y policías, “se tuvo un saldo de dos personas civiles fallecidas, el abogado Catarino Dircio y un miembro de la delincuencia organizada, así como dos policías estatales lesionados de gravedad”.
Consultado sobre el caso este lunes en la presidencia municipal, el alcalde declaró que la Policía Estatal actuó “con hermetismo” y que negó información de la operación a las autoridades municipales.
Reprobó la información que proporcionó inicialmente Roberto Álvarez al calificar a Eduardo Catarino de “sicario”. Dijo que lo conoció como un hombre de conducta “intachable”.
Informó que a la hora del enfrentamiento en la cabecera municipal él se encontraba en Acapulco en una reunión, pero que desde allá le pidió al director de Seguridad Pública que se informara de lo que estaba pasando, “pero no le dieron ninguna información, es decir, hubo un hermetismo total de la Policía Estatal, no nos informaron de lo que estaba pasando ni a quién estaban siguiendo”.
Argumentó que en virtud de eso no tuvo participación la Policía Municipal, aunque le pidió al director de Seguridad Pública que estuviera cerca de donde estaban ocurriendo los acontecimientos.
Dijo que después supo que se trataba de una persecución de delincuentes que comenzó en Chilpancingo, a los que les marcaron el alto en la colonia Indeco pero que no se detuvieron y los persiguieron hasta Tixtla, pero nunca tuvo una información formal de la corporación estatal, “lo cual nos impidió que nosotros pudiéramos actuar, porque nos íbamos a meter en una trifulca bélica en la que no sabíamos quién se estaba peleando con quién”.
Informó que aproximadamente a la 1:45 de la tarde le informaron que a Eduardo Catarino le habían dado un balazo y que se estaba desangrando. Aseguró que fue la autoridad municipal la que habló a Protección Civil para que fuera a prestar el auxilio, pero como estaba acordonado el lugar tardó unos 20 minutos en pasar la ambulancia y cuando entró ya estaba muerto.
Agregó que la postura del gobierno municipal es de “repudio total a los actos de violencia que generen intranquilidad en el municipio”.
Criticó las versiones encontradas que está dando el gobierno sobre el caso, porque dijo que el mismo domingo anunció a través del vocero “de manera equivocada” que habían matado a dos sicarios, incluyendo al abogado, “cosa que todos los tixtlecos reprobamos porque el compañero Eduardo es una persona que tiene su lealtad, honradez y honorabilidad probada”.
Declaró que la víctima es del barrio El Santuario, que es vecino de su hermano y que fue su conocido desde niños “y ha tenido una conducta encomiable, por eso es que reprobamos una aseveración de esta naturaleza, es una aseveración sin un fundamento profundo. Siento que fue una aseveración demasiado superficial”.
Sin embargo dijo que se ha comunicado con el gobernador Héctor Astudillo Flores y que está preocupado porque se sepa la verdad, “me pidió que estuviéramos al pendiente y entiendo que no es culpa del gobernador lo que pasó”, dijo.
Agregó que mientras tanto hay contradicciones entre lo que informan la familia y el gobierno, porque a partir de ayer el gobierno del estado ha comenzado a señalar que quienes dispararon a Eduardo fueron los delincuentes que eran perseguidos, pero la familia del abogado asegura que fueron los policías.
Dijo que como autoridad municipal va a dar ante la instancia competente su versión, “todo a lo que tuvimos acceso, que fue muy poco lo vamos a aportar”.

Matan policías estatales al líder de Morena en Tixtla y le siembran un AK-47 para acusarlo de sicario

El secretario del Colegio de Abogados de Tixtla y dirigente municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Catarino Dircio, de 43 años, fue asesinado ayer en Tixtla por policías del estado que al mismo tiempo se enfrentaban a balazos con civiles armados en diversos puntos de la ciudad, con el resultado de un sicario muerto y dos policías estatales heridos de bala.
Catarino Dircio fue asesinado a balazos dentro de su casa por policías estatales, cuando se refugiaba junto con su esposa, hijo y sobrino de la balacera que ocurrió en la transitada avenida Insurgentes en el barrio Santuario y los uniformados le sembraron un arma AK-47.
Por la tarde el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) Roberto Álvarez Heredia declaró en un boletín de prensa que la Policía del Estado abatió a dos sicarios en un enfrentamiento que dejó como saldo dos policías heridos en Tixtla.
Los familiares del abogado y dirigente del partido de Andrés Manuel López Obrador, Catarino Dircio, se quejaron porque los uniformados irrumpieron en la casa de él y le dispararon y de las declaraciones de Álvarez Heredia que calificó como sicario al abogado, “sólo porque los policías le sembraron una pistola encima de su cuerpo”.

Hechos

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a la 1:30 de la tarde recibieron un reporte de que había balaceras en distintos puntos de Tixtla, entre ellos en los barrios de San Isidro, El Santuario, El Centro y en el rancho El Coyote, ubicado rumbo a la comunidad de El Troncón en el camino al municipio de Mochitlán y Quechultenango.
Asimismo vecinos de Tixtla señalaron que también escucharon balaceras en el lugar conocido como Ojitos de Agua con dirección a Chilapa, barrio Fortín y La Laguna.
Las primeras versiones indican que policías estatales perseguían una camioneta Urvan con dirección de Chilpancingo a Tixtla y al llegar a la avenida Insurgentes ocurrió un primer enfrentamiento, cerca del Hospital Comunitario y el Colegio de Bachilleres, que dejó un saldo de dos muertos.
El enfrentamiento se prolongó por la avenida Insurgentes, que es la entrada principal a la cabecera municipal, y hacia la calle Alejandro Sánchez Castro hasta llegar al rancho El Coyote donde agentes estatales hicieron disparos al aire desde un helicóptero, según los reportes policiacos.
En estos hechos hombres armados utilizaron en dos ocasiones dos granadas de fragmentación en contra de los uniformados en la calle Murillo cerca del Colegio de Bachilleres y la avenida Insurgentes, y la otra cerca de la Laguna de Tixtla.
Testigos informaron que hombres armados iban en varias camionetas y al escapar se dirigieron hacia el rancho El Coyote, una camioneta azul Ranger intentó huir por la calle Alejandro Sánchez Castro y al llegar a una herrería ubicada lado del templo La Luz del Mundo, los civiles armados intentaron entrar al negocio y al no poder abandonaron el vehículo.
Los hombres armados al descender de la camioneta, se metieron al negocio de herrería y adentro hay un patio, después se salvaron en las bardas para entra en las casas aledañas para poder escapar de los agentes estatales que los perseguían.
Vecinos del barrio Santuario denunciaron que los uniformados irrumpieron en sus casas, rompieron los vidrios de las ventanas y puertas para poder entrar y después las catearon.
“Los policías entraron de manera violenta a las viviendas sin permiso, rompieron los vidrios, las chapas las averiaron y al llegar a nuestras casas o cuartos y catearon nuestras cosas en busca de algo e hicieron su desmadre”, declaró un vecino.
En un recorrido por casas que se encuentran en la avenida Insurgentes, se observó que las chapas de las puertas estaba averiadas, los vidrios de las ventanas y adentro de los cuartos ropa tirada en el suelo y cama, luego de que policías estatales catearon las viviendas para buscar a los presuntos agresores.
Una vecina relató que dejó cerrada su vivienda pero al regresar la puerta estaba abierta, “mis pertenencias estaba en el piso, cama y lo hicieron los policías porque andan buscando algo pero nosotros no escondemos nada y hasta se robaron un celular que se estaba cargando”.

Asesinato de Catarino Dircio

El secretario del Consejo de Abogados de Tixtla y militante de Morena, Eduardo Catarino Dircio se refugiaba en su casa junto con su esposa, hijo y sobrino cuando ocurría la balacera en la avenida Insurgentes.
El presidente del colegio Lucas Moisés Catarino, comentó que “sus familiares y su esposa vieron que policías estatales le dispararon al abogado y le sembraron el arma AK-47 para en efecto de poder decir que es delincuente, pero no es delincuente es un trabajador, la familia lo conoce y la ciudadanía”.
Dijo que es mentira la fotografía que difundieron los agentes de la corporación en la que aparece el cuerpo de Catarino Dircio y el arma calibre AK-47 y “eso no es cierto es un trabajador es una persona honrada y trabajadora”.
Un familiar de la víctima contó que el abogado y su familia se estaban escondiendo por la balacera que ocurría en la avenida Insurgentes, estaba con su esposa, su hija y mi niña, “llegaron los policías estatales abrieron el portón de la casa con la patrulla y entraron en la vivienda”.
“Al llegar los uniformados, su esposa dijo a los policías que eran los caseros que vivían en la casa, además el abogado también les comentó a los agentes y no le hicieron caso y le dispararon”, declaró.
Agregó que llegaron paramédicos de la Secretaría de Protección Civil estatal para atender al abogado Catarino Dircio no tenía el arma y después de entrar los policías “ya le habían puesto el arma”.
Después el asesinato de Catarino Dircio los policías estatales al salir de la casa ubicada a tres cuadras del hospital comunitario de Tixtla, fueron agredidos a balazos por un civil armado quien murió y resultaron dos uniformados heridos
Otra versión indica que cuando los tripulantes de la Urvan llegaron a la avenida Insurgentes, perseguidos por policías estatales, se encontraron con un grupo contrario y se enfrentaron a balazos y que después hubo otro enfrentamiento en el mismo punto cuando llegaron los policías.
Las balaceras causaron un ambiente tenso en Tixtla. Los negocios cerraron y los vecinos se resguardaron en sus casas aunque algunos han salido a ver la movilización policiaca.
Ante estos hechos hubo operativos de la policía estatal y militares y el sobrevuelo de un helicóptero de la SSP.
A las 6 de la tarde terminaron los peritos de la Fiscalía General del Estado de realizar las diligencias y durante seis horas policías estatales y militares bloquearon el paso en la avenida Insurgentes.
El Vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que en un boletín de prensa que los hechos iniciaron con una persecución en Chilpancingo cuando un grupo de delincuentes hizo caso omiso al alto total que obligó la policía estatal.
“Durante el enfrentamiento en donde los delincuentes utilizaron granadas, resultaron dos estatales heridos y dos delincuentes abatidos en las calles de Tixtla”, indica el comunicado.

Paran labores policías estatales en tres municipios para exigir respeto a su jornada laboral y un bono de riesgo

La mañana de ayer, policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, ubicado cerca del tutelar de menores de Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Los uniformados que se movilizaron estuvieron en el operativo relámpago, en la región de la Tierra Caliente, hace 19 días ante los bloqueos carreteros e incendios de vehículos en esa región.
En Chilapa, a las 9 de la mañana unos 64 policías estatales pararon labores y se concentraron en la casa del migrante, para exigir respeto su jornada laboral.
Por otra parte, consultado por teléfono, un policía estatal destacamentado en la capital, que se reservó su nombre, comentó que hasta las 8:30 de la noche no hubo ningún acercamiento con funcionarios del gobierno del estado, por lo que continuará el paro de labores en el cuartel, y agregó que sólo tres patrullas harán recorridos y darán atención ciudadana en Chilpancingo.
Informó que durante el paro llegaron a algunos acuerdos con las autoridades, entre ellos vacaciones para 35 uniformados, y que agentes que trabajan siete y ocho días seguidos tomen días de descanso, hoy se hará el cambio de turno en Chilapa y Apango; sin embargo, continuarán en la movilización para apoyar a sus compañeros.
El policía indicó que fueron amenazados con despidos masivos, ante “lo cual intervino el visitador adjunto de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Jesús Romero Hernández”.

Protestan luego de que los encuartelan para enfrentar una marcha que anunció la UPOEG, pero no ocurre

A las 11:30 de la mañana, unos 600 policías se congregaron en la explanada del cuartel para una reunión con mandos de la corporación, en la que exigieron respeto de esta jornada que se suspendió desde hace 20 días ante las operaciones implementadas en la región de Tierra Caliente, porque ahora laboran seis días y sólo descansan tres; además exigen un incremento salarial del 8 por ciento, viáticos y la homologación del bono del Día del Padre, así como la entrega de uniformes de buena calidad.
Asimismo, se quejaron de que ayer fueron encuartelados ante una marcha que había anunciado la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero que se canceló, lo que detonó la protesta porque los uniformados tienen más de seis días sin ver a sus familias.
“Nosotros no vamos seis días a nuestras casas; cuando no hay necesidad de trabajo, para qué nos tienen encuartelados, es un desgaste físico innecesario, y nos exigen trabajar seis (días) por tres (días de descanso), pero queremos tres por tres, que se respete, queremos el bono, respeto de las vacaciones y descansos”, comentó un policía estatal.
Guardias de seguridad impidieron la entrada de los reporteros al cuartel en la capital, pero llegaron unos 50 policías paristas de Chilapa, que permitieron entrar a los comunicadores.
Los agentes estatales se reunieron con un comandante que les ofreció hacer llegar sus peticiones a Almazán Cervantes, pero éstos no aceptaron y le gritaron, “¡Hoy!”, “¡Ahorita queremos que nos atiendan!”, “¡Fuera!”, “¿Que se vaya!”.

Piden también aumentos para viáticos y homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre

Un policía estatal que también se reservó su nombre, exigió el pago del bono de riesgo, que es de 3 mil 500 a 12 mil pesos, y que les deberían pagar cada seis meses; desde “hace seis meses no hemos recibido el beneficio, y algunos policías no han recibido el bono”, y agregó que piden el incremento de viáticos de 300 pesos diarios, porque actualmente les pagan 250 pesos.
Explicó que en la entidad hay más de 3 mil policías estatales, y que cada uno de ellos cobra de 4 mil 800 pesos a 5 mil pesos quincenales; sobre los seguros de vida, dijo que cada cambio de gobierno renuevan el beneficio con otra aseguradora, “antes nos ofrecían un millón de pesos, pero con la aseguradora de Banorte no nos han dicho el monto del seguro de vida”.
Otro uniformado que, durante el operativo relámpago en Tierra Caliente, “el 12 de mayo, en Tlalchapa, en un camino de terracería nos atacaron a balazos, algunos compañeros resultaron con rozones y los autobuses con impactos de bala… Cuando estuvimos allá la gente no nos vendían comida porque tenía miedo tras ser intimidada por hombres armados, trabajábamos 12 días y descansábamos cinco, al regresar nos iban a dar días de descanso y un bono, pero no fue así”, indicó.
Comentó que en esa operación participaron 200 policías estatales, “fue por eso que no nos dejaron descansar ni visitar a la familia durante seis días, nos cansamos más y no trabajábamos bien por lo cansado, por eso realizamos esta movilización”.
Explicó que en Chilapa son 64 policías estatales que se encuentran en la casa del migrante desde ayer, que no salieron a trabajar porque no se les respeta la misma jornada laboral, y 50 de ellos se sumaron a la protesta en el cuartel en Chilpancingo.
Además, dijo que en Mártir de Cuilapan (Apango), 14 policías se sumaron a la movilización y suspendieron labores en la cabecera municipal.
Dijo que el nombramiento de Pedro Almazán Cervantes viola la Ley 281, porque en cada coordinación regional nombran a militares para que tomen el cargo, y cometen abuso de autoridad, hostigamiento y violación a los derechos humano de los policías, aunque “la ley dice claro que estos cargos deben ser ocupados por los mismos policías estatales”.
Además exigen la homologación del bono del Día del Padre, que es de mil 500 a 2 mil pesos, con el del Día de la Madre, que es de 8 mil a 10 mil pesos; piden además ser incluidos en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y caja de ahorro.
“Otras irregularidades son que, a veces metemos oficio de incapacidad, y los días que no laboramos no nos llegan los viáticos, los trabajadores de la Secretaría nos quitan nuestro dinero, y para pedir nuestras vacaciones nos rechazan los oficios y nos aplazan nuestros periodo, nos dicen que hasta nuevo aviso”, denunció.
Además han recibido represalias cuando se manifiestan o paran labores, “por eso los policías no quieren hablar; como castigo nos mandan a Tierra Caliente, a la sierra y a Chilapa, como represalia”.
Por su lado, el policía estatal primero, José Isabel Muñoz Franco se quejó porque el coordinador de la corporación de la región Centro, Édgar Reyna de La Garza no le autoriza un permiso para atenderse a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque hace nueve años sufrió un accidente en una patrulla, sufrió lesiones en la columna que le provocan lumbalgia crónica y hernia de disco.
Relató que, el 15 de mayo al estar dando el servicio de seguridad en las oficinas de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en la capital, “un compañero se bajó de su patrulla y me pidió que le diera permiso para entrar al baño; le contesté que le pediría permiso al director del ISSSTE; el agente se molestó y se fue, por esta acción me encuartelaron y después me mandaron al puesto de control en Tierras Prietas, cerca del Hospital General”.
Muñoz Franco señaló que el cambio de su lugar de trabajo ha agravado su salud; sin embargo, en la clínica del ISSSTE le expidieron una licencia médica de tres días, y la corporación no ha autorizado el permiso; agregó que solicitó la intervención de la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), con el número de oficio 557/2017.
“En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, no había tanto maltrato a los policías estatales, pero este señor, Édgar Reyna tienen una recomendación en la Codehum para que atienda mi demanda”, declaró.
A la 1:23 de la tarde, al cuartel central llegaron el subsecretario de Administración de Apoyo Técnico y Capital Humano de la SSP, Edwin Tomás Martínez Godoy, y el jefe de la Unidad Jurídica y Derechos Humanos de la dependencia, Francisco Montesinos Baños, quienes pidieron a los policías estatales que mandaran oficios a los coordinadores regionales de la corporación para que les respeten la jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, pero los inconformes no aceptaron.
Montesino Baños dijo que el estado de Guerrero está pasando por una situación difícil ante las movilizaciones sociales, “es por eso que requerimos su atención para salvaguardar la integridad física de la población, porque son los únicos que han desempeñado bien su papel”.
Sin resolver las demandas de los policías estatales, los funcionarios del gobierno estatal se retiraron del cuartel central.

No será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos”, advierte Seguridad Pública

La noche de ayer, la SSP difundió un comunicado en el que advierte que el gobierno del estado no será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos” que, al margen de la ley pretendan imponer sus condiciones, y que si los policías estatales no regresan a trabajar se procederá “conforme a derecho” a su separación y baja definitiva del servicio policial.
En el comunicado expone que los 176 policías estatales de la región Centro que pararon labores en el cuartel central, ubicado en la salida a Chihchihualco, lo hicieron después de “un falso rumor” de que los policías en Chilapa se habían declarado en paro.
En el texto se expone que los policías argumentaron violación a sus derechos laborales, salario insuficiente, ausencia de prestaciones y sobrecargas de trabajo, pero no tienen sustento. Debido a que la policía estatal de Guerrero está entre “las mejores pagadas del país”, además de tener “prestaciones de ley y el pago de viático los 365 días del año, sin importar si se encuentran trabajando, de vacaciones o con incapacidades”, además de que reciben bonos de los días del padre, de la madre y del policía.

Ya se capacitó a 250 policías estatales para que estén en el C-4 en Acapulco: Pedro Almazán

El secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, informó que se capacitó a 250 policías estatales para que estén en el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) de Acapulco.
Indicó que todavía hay capacitación del Ejército, que ya delegó el control del sistema de video vigilancia.
El pasado 16 de mayo, como lo informó El Sur, los Centros de Control, Comando, Computo y Comunicaciones (C-4) de Acapulco, Chilpancingo e Iguala serían tomados por la Policía Estatal, después de haber concluido el convenio de coordinación entre el gobierno del estado y la Secretaría Defensa Nacional (Sedena).
Ayer el secretario de Seguridad en el estado recordó que fue operado el C-4 por la Sedena mientras se capacitaban a trabajadores especializados.
Recordó que antes de entrar el Ejército al C-4, personal civil lo operaba pero sin un perfil profesional adecuado, además de que no habían pasado por controles de confianza: “tenían que pasar unos meses para que nosotros capacitáramos policías estatales”.
Detalló que fueron capacitados 250 policías estatales de reciente ingreso, en conjunto con la federación.
En declaraciones al asistir al cuartel policiaco en la localidad de San Isidro, como parte del programa Un día con el Policía, Almazán Cervantes afirmó que el Ejército se mantiene en el C-4 pero con funciones de orientación.
De la situación de los ex trabajadores del C-4, explicó que se enviaron a otras áreas porque la mayoría eran civiles que en su momento se contrataron como telefonistas y operadores para el 911, pero la norma requería que fuera personal especializado.
Ante los crecientes hechos de violencia en el estado, señaló que “no es un asunto fácil, un asunto que haya nacido con este gobierno. Es un problema de inseguridad que tiene varios periodos de gobierno, varias décadas en México”.
Consultado con relación a la situación en Tierra Caliente, tras la irrupción del Ejército y Policía estatal y el bloqueo a las carreteras, el jefe policiaco indicó que hay tranquilidad: “seguimos luchando como en todos lados con las bandas delictivas, pero la población ha retomado sus actividades normales, caso específico de Teloloapan, sin problemas”.
El 3 de mayo de 2016, el Ejército asumió el control del C-4 en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, como parte de la estrategia para restituir la seguridad en el estado.
El 24 de enero, durante el anuncio de la puesta en operación de la línea única de atención de emergencias 911, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó del relevo de los militares.

Encuentran policías a un comerciante muerto en su casa en Iguala

El cadáver de un hombre fue hallado la tarde de ayer en su casa de la colonia Heberto Castillo, al norte de esta ciudad.
Según fuentes policiacas de seguridad pública del estado, a la 1:41 de la tarde de ayer vecinos de la colonia reportaron al número 911 malos olores en una casa de la manzana ocho, entre las avenidas Norte y Cerro de la Escalera, atrás de las instalaciones de la central de abasto.
Al lugar llegaron policías estatales, municipales y ministeriales con agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía del estado, quienes encontraron el cuerpo de un hombre recostado en su cama.
Fue identificado por vecinos como Faustino Salgado Martínez de 76 años, quien era comerciante en el mercado municipal Adrián Castrejón de esta ciudad.
Las primeras versiones de las fuentes ministeriales es que la persona murió de causas naturales, aunque se le apreciaban golpes en la cara. Se informó que llevaba de dos a tres días muerto.
Después de las diligencias el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de esta ciudad de Iguala.

Llegan a Tixtla 20 policías estatales, recorren la ciudad e instalan retenes en la carretera

Por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores fueron enviadas cuatro patrullas y 20 policías estatales al municipio de Tixtla, para prevenir más hechos de violencia.
A las 8:30 de la mañana entraron a la cabecera municipal las cuatro camionetas respaldadas por otras dos de la Policía Municipal, las cuales en convoy recorrieron el centro de la ciudad para posteriormente colocarse en las salidas a Chilapa y Chilpancingo.
El reforzamiento es únicamente en la cabecera municipal, la cual cuenta con una población de 54 mil habitantes y en la que en el último mes se han cometido continuos y brutales asesinatos.
Minutos antes de que partiera el convoy del Zócalo de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén informó que este miércoles sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Dijo que por indicaciones del gobernador se dio el encuentro en Palacio de Gobierno, donde se acordaron las operaciones en conjunto con el gobierno municipal.
“Con el secretario buscamos la posibilidad, por indicaciones reitero del gobernador, de hacer operativos conjuntos para disuadir los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en el municipio de Tixtla”, agregó.
Detalló que del municipio operan en un turno sólo 20 policías, los que se unirán a los 20 del estado para resguardar las entradas y salidas de la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Dijo que en la reunión con el secretario también se planteó la necesidad de crear un proyecto para rescatar el tejido social en el municipio, ya que para su gobierno no se considera como única herramienta para luchar contra la violencia el uso de la policía.

Hay trabajo de investigación, afirma

El alcalde fue informado por el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, que además hay trabajo de investigación de manera paralela a las operaciones de seguridad instruidos por el gobierno del estado.
Dijo que se le informó que la línea de investigación en el hallazgo de los ocho cuerpos y los otros tres cuerpos encontrados en el libramiento, corresponden a ejecuciones de la delincuencia organizada.
“Nos aseguró que la línea de investigación es la de la delincuencia organizada, todas las muertes están relacionadas con esto, lo que no puedo asegurar son datos específicos, esos están por confirmarse”, señaló.
Las cuatro camionetas y 20 policías estatales, acompañados por los 20 municipales se colocaron en dos retenes, uno frente a la gasolinería ubicada en la salida a Chilapa.
En ese retén los policías estatales revisaron las camionetas de pasajeros que provenían de  Chilapa y de Zitlala, bajaban a los usuarios para revisar sus pertenencias.
El segundo se colocó en la salida a Chilpancingo donde también revisaron a los automovilistas y conductores de motocicletas.
La mañana del martes tres hombres asesinados fueron hallados en el nuevo libramiento a Tixtla, entre ellos el ex regidor Luis Tenero Encarnación, y ese día en la noche se encontraron cinco hombres ejecutados en el viejo libramiento. Hace 11 días, el domingo 20, 9 cuerpos desmembrados fueron encontrados en la salida de la ciudad a Chilapa.

El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.

El gobernador le ordenó “darle pa’bajo” a El Tequilero, dice el fiscal en San Jerónimo, Ajuchitlán

El fiscal Xavier Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, donde la semana pasada el grupo criminal Los Tequileros secuestraron a 10 vecinos de los que todavía hay siete en cautiverio; informó que la orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al líder criminal Raibel Jacobo de Almonte, El Tequilero, sino “acabarlo, darle pa’bajo”.
Anunció una operación especial por tierra y aire con agentes de Guerrero y Michoacán para ubicar a los secuestrados.
El fiscal llegó a Ajuchitlán poco antes de las 11 de la mañana en cuatro helicópteros, acompañado de policías ministeriales, estatales y de agentes de la Procuraduría de Michoacán.
Ahí estuvo acompañado de los policías y dialogó algunos minutos con reporteros para después volar a San Jerónimo el Grande.
En Ajuchitlán agradeció el apoyo de los agentes de Michoacán en la operación conjunta. Agradeció al gobernador Silviano Aureoles en nombre de Héctor Astudillo, “no quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente”.
“Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo”, dijo.
Xavier Olea expuso que el objetivo de su visita era encabezar la búsqueda y rescate de los siete secuestrados, además de detener a El Tequilero.
Dijo que la estrategia era rodear San Miguel Totolapan incluyendo la sierra para dar con su paradero, “no es fácil, hay muchas cuevas, la zona es abrupta entre los cerros pero vamos a lograrlo”.
Informó que van bien equipados, incluirán un avión de un solo tripulante para tomar fotografías y reconocer las zonas donde se estima que está escondido el líder del grupo criminal Los Tequileros y en dónde tiene a los secuestrados.
En San Jerónimo el Grande unas 30 personas lo recibieron pero poco a poco salió más gente de sus casas. Le dijeron que las personas estaban escondidas por miedo, a pesar de la presencia de la Policía del Estado.

Lloran vecinos ante el fiscal, le piden que regrese a sus secuestrados

“Ya no sembramos, ya no salen los jóvenes a las escuelas, estamos hablando para ver cómo el gobierno nos puede apoyar porque estamos afectados en nuestras actividades económicas, por el miedo a la inseguridad”, fueron las primeras palabras que recibió el fiscal de un vecino.
La gente se desahogó: “ayúdeme, hace ocho meses se llevaron a mi hijo y no lo he vuelto a ver y no sé nada de él, ahora no veo a mi nieto, se lo llevaron”, le dijo una mujer de unos 70 años en medio de su llanto.
Cinco mujeres más lo abrazaron llorando, “queremos primero que recupere a nuestros familiares”.
“Mi hijo fue a la leña, de ahí se lo llevaron, a eso se dedicaba señor”, dijo otra de las mujeres.
Xavier Olea dijo que llevaría todos los testimonios ante el gobernador, que le diría lo que vio, que “en San Jerónimo hay hambre, que está escaseando el trabajo porque la gente no sale a trabajar por miedo, que realmente están resguardados en sus casas”.
Dijo que “el mensaje que quiero que tengan es que es un operativo. La verdad yo no les puedo prometer el resguardo de la población porque traigo 80 policías solamente, 51 policías del Estado de Michoacán que nos están apoyando”.
Agregó que este viernes “nos mandan un avión para tomar fotografías, para buscar los campamentos. Ya se encontró un campamento por la Policía del Estado, desafortunadamente no estaban ahí los secuestrados. Esta gente se mueve en la noche, hace caminar mucho a sus secuestrados”.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”.
“Que sepa el tipo este, El Tequilero, que están armados pero no anden pululando en las calles con las armas porque se pueden meter en problemas, ténganlas en sus casas”, pidió el fiscal.
En San Jerónimo la gente fue clara, “no tenemos empleos, no podemos vender nuestra leña por miedo a salir fuera del pueblo y topar esa gente, no podemos ni trabajar la tierra de riego porque los canales no sirven, y si salimos con una camionetita nos topamos con los ministeriales o con los federales que nos quieren extorsionar”. El fiscal se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Piden 4 millones de pesos de rescate por los siete secuestrados; son campesinos y un chofer las víctimas

Los familiares de los secuestrados confirmaron que ya tuvieron contacto con los sicarios, quienes piden medio millón de pesos por cada uno de los que se llevaron, pero a uno de los siete le piden un millón de pesos.
La versión dada por los familiares indica que desde el primer día tuvieron contacto, “aquí sale la gente a pedir pero estamos cooperando entre el mismo pueblo y pues no podemos dar más, los muchachos que se llevaron se dedican al campo, cortan y venden leña, a uno lo levantaron poniendo una cerca, otro el que tal vez más modo tenga es chofer de una combi, pero cuánto puede dar, no tienen dinero sus familias para juntar medio millón”.
También se informó que los primeros tres liberados ya no están en el pueblo y que no pagaron rescate por ellos.

Vecinos armados vigilan desde los cerros

Vecinos de San Jerónimo el Grande instalaron tres puestos de control en las entradas y desde tres lomas ubicadas en puntos cercanos. No están a pie de la carretera pero se alcanzan a ver a lo lejos, y ellos ven todo vehículo que entra y sale.
“Lo decimos porque dicen que van a ir a los cerros a buscar, no se confundan, los que están aquí cerca son nuestros”, informó uno de los vecinos a los policías que llegaron.
En el pueblo no se ven los hombres armados, ahí permanece la Policía del Estado que instaló un grupo este miércoles. Ellos se encargan de la seguridad en la comunidad. Afuera están los civiles porque temen otra irrupción por brechas fuera de los caminos comunes.
La Policía del Estado convocó este jueves a una reunión con los vecinos. Llamó a los líderes de los hombres que están en la autodefensa a desarmarse y a permitir que la Policía Estatal se hiciera cargo de la seguridad.

Ocupan policías de la UPOEG El Ocotito y entran a la base comunitaria del FUSDEG, que se repliega a Tierra Colorada

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Policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y pobladores de El Ocotito tomaron la mañana de este lunes la base comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), luego de que este grupo se replegó a Tierra Colorada en la madrugada, en la disputa del territorio de las dos organizaciones.
El hecho ocurrió a las 11:50 de la mañana luego de que el domingo la UPOEG entró a la zona pero estuvo separada de integrantes del FUSDEG por un retén de policías estatales, para evitar más enfrentamientos como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, Juan R. Escudero, que dejó a siete hombres muertos.
Por su parte el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que por el conflicto de El Ocotito sólo puede intervenir mediante el diálogo, porque entre la UPOEG y el FUSDEG conforman más de 600 hombres armados y el municipio sólo cuenta con 119 policías municipales.
Los pobladores de la comunidad y policías ciudadanos de la organización no entraron a las dos casas que ocupaban los policías comunitarios como comandancia, porque no acudieron funcionarios del municipio ni del gobierno del estado a hacer un inventario.
Unos 100 policías ciudadanos de la UPOEG llegaron en camionetas y automóviles a la base del FUSDEG de El Ocotito ubicada en la salida de la población en la colindancia con la comunidad Mohoneras, en la carretera federal México-Acapulco. Se les vio con armas de grueso calibre como AR-15 y AK-47.
Un vecino de El Ocotito comentó que desde hace tres años policías comunitarios del FUSDEG tenían presencia en ese lugar tras separarse de la UPOEG.
A pesar de que había un retén de la Policía Estatal con cinco patrullas y más de ocho policías estatales cerca de la Comisaría municipal, entraron policías ciudadanos y pobladores sin violencia a tomar el control de la base de la comunitaria.
Este conflicto por la disputa del territorio de Xaltianguis en Acapulco, Tierra Colorada en el municipio Juan R. Escudero y El Ocotito y Petaquillas en Chilpancingo, ha causado movilizaciones y enfrentamientos armados entre los dos grupos.
Los policías ciudadanos hicieron recorridos en camionetas y a pie para buscar a policías comunitarios, y evitar un ataque armado o confrontación.
En un recorrido en las dos casas que ocupaban los comunitarios como base había mujeres haciendo comida, y la otra vivienda estaba cerrada pero debajo de unas escaleras se encontraron bombas molotov. Al retirarse los comunitarios la madrugada de ayer los 20 retenidos que tenían escaparon, entre ellos un comandante de Petaquillas que fue torturado a golpes, “le echaron clarasol en la narices y fue atendido por Protección Civil municipal”, según una fuente de la UPOEG.
Una vecina de El Ocotito que vive cerca de la base del FUSDEG relató que en una de las casas hay un calabozo donde metían a los detenidos, los torturaban y sólo les daban de comer una tortilla, “mientras que en otro cuarto tenían a mujeres a quienes violaban”.
Por su parte el vecino Santiago García Chalma relató que el 20 de junio su hijo, dos yernos y su nieto fueron detenidos de manera irregular por los policías comunitarios, quienes los acusaron de secuestro y fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE), y ahora están recluidos en la cárcel en Chilpancingo.
García Chalma pidió la intervención del gobierno del estado para atender sus demandas pero no ha tenido respuesta, “sufrieron maltratos por parte de los comunitarios a pesar de que son inocentes, fueron trasladados a la cárcel de Chilpancingo, presentamos una denuncia en la Fiscalía que a la fecha no hemos tenido solución, los verdaderos secuestradores están libres”.

Pidió acompañamiento del Ayuntamiento y del gobierno del estado pero no le hicieron caso, dice Gil Ramírez

Por su parte en conferencia de prensa, el comisario interino desconocido por el Cabildo de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés se quejó de que el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado no acudieron a la base comunitaria del FUSDEG para hacer un inventario de la comandancia “de manera general tomar el inmueble”.
Comentó que la Policía Ciudadana de la UPOEG tomó el control de la comunidad con retenes “para que continúe la paz y seguridad” en la zona.
“Me comuniqué con trabajadores del Ayuntamiento, no me contestaron y después le llamé al director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Vargas Vargas, dijo que enviaría a trabajadores del gobierno del estado para ingresar a las dos casas de la base del FUSDEG, pero que después de consultar a sus jefes no tenía la facultad de venir para realizar un inventario, lo cual no ocurrió”, se quejó.
Agregó que pedirá a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del estado o del gobierno federal que investigue las violaciones a derechos humanos de los policías comunitarios.
En Chilpancingo en la plaza Primer Congreso de Anáhuac el alcalde Leyva Mena manifestó que ha llamado al diálogo a las partes en conflicto, incluso el viernes platicó con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio para decirle el grado de conflicto en la zona, “es importante que entre los dos grupos armados se utilice el diálogo”.
Aseveró que emplazó a Bruno Plácido a que se construyan criterios de la portación de armas y la capacitación en derechos humanos de sus simpatizantes, y que aceptó.
Se le preguntó si cree que es suficiente el diálogo y respondió, “no tengo otra manera, el municipio tiene 119 policías, la fuerza armada del FUSDEG representa por si sola 150 hombres, los de la UPOEG tienen lo doble o triple, es decir que estamos hablando de un total de 450 a 600 personas armadas, las cuales no están reguladas, por eso a través del diálogo tratamos que entiendan”.
El acalde advirtió que si en estos momentos entra otra fuerza armada a la zona las cosas se pueden agravar, “por eso se deberá de ir acompañado con el diálogo permanente”.

Encuentran a un hombre degollado cerca del centro de Chilapa

El cuerpo de un hombre degollado fue encontrado este sábado en la esquina de las calles 4 Norte e Insurgentes, en el centro de Chilapa.
El hallazgo se hizo aproximadamente a las 4 de la madrugada en una de las calles principales del centro de Chilapa rumbo al barrio de San José, entre avenida Insurgentes y 4 Norte, a una cuadra del Zócalo.
Fuentes de Seguridad Pública informaron que fue mediante una llamada anónima al número de emergencias 066 que se reportó el hallazgo del cuerpo. Al lugar acudieron policías municipales, estatales, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes del Ministerio Público que confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre con una herida en el lado izquierdo del cuello, lo que presuntamente le ocasionó la muerte.
La zona fue acordona para realizar las diligencias, y el cuerpo fue trasladado al velatorio municipal.
Ahí acudieron la esposa e hija del hombre, quienes lo identificaron y dijeron que se llamaba Isaac García de Aquino, de 47 años de edad.