Agentes federales y ministeriales coludidos con propietarios de dos empresas de grúas de Chilpancingo establecieron una red de complicidad para extorsionar a los automovilistas de la capital y foráneos que vienen a realizar gestiones, las denuncias al respecto han sido de varias víctimas.
Algunos de los que han sido extorsionados explicaron que con el argumento de que el vehículo tiene reporte de robo o de accidente, los agentes solicitan el servicio de las grúas para retirar los vehículos de donde estén estacionados, incluso del interior de estacionamientos comerciales.
Después de las aclaraciones, los propietarios de los vehículos tienen que pagar de 9 a 10 mil pesos para que les liberaren su unidad y 3 mil de éstos corresponden por “comisión” al o a los agentes que pidieron el servicio.
Las denuncias al respecto aumentaron en las últimas dos semanas y algunas de las víctimas han tomado videos en los que se confirma la actuación tanto de agentes de la Policía Federal como de la Ministerial ordenando el retiro de vehículos, aun cuando éstos se encuentran en estacionamientos comerciales.
El viernes pasado, agentes de la Policía Federal de la patrulla 10804, llegaron a la colonia 16 de Septiembre, ubicada al poniente de la capital, de donde se llevaron el vehículo Seat, tipo Córdoba negro.
El propietario contó que los vecinos le dijeron que los agentes llegaron e inspeccionaron el carro y en seguida, vía radio, solicitaron una grúa y la que llegó fue de la empresa Jr’s placas 38-AF -18 en la que comenzaron a subir el Seat.
En eso llegó él y al escuchar el argumento de los agentes les aclaró que es el único dueño del carro, y que lo compró de agencia. El dueño ofreció mostrarles la documentación en regla para comprobarles que la unidad no es robada.
Sin embargo los agentes desatendieron sus argumentos y entonces les dijo que si había alguna irregularidad que en todo caso se lo llevaran detenido a él.
En el video se observa a los agentes federales portando armas largas terciadas en la espalda e ignorando las súplicas del automovilista. A unos 10 metros el vehículo ya se encuentra en la plataforma de la grúa.
El dueño aseguró que los agentes hicieron una llamada al agente del Ministerio Público para avisarle que pondrían a disposición el vehículo por reporte de robo, pero cuando dieron los datos al Ministerio Público les dijeron que no les recibirían la unidad porque no tenía reporte y que no había delito que perseguir, pero los federales ordenaron al conductor de la grúa que se lo llevara al corralón.
El propietario se enteró después que se trata de un “negocio” de los agentes con las empresas de las grúas, pues sólo por el arrastre las tarifas van desde mil 500 hasta 3 mil pesos.
Asimismo, dependiendo el tiempo que permanezca la unidad en el corralón, el cobro total llega a ser hasta de 10 mil pesos, según automovilistas que fueron consultados a la salida de Grúas Alonso y Jr’s de la capital.
Consultados algunos de los trabajadores de las empresas, confirmaron que llegan de 5 a 6 vehículos diario por supuesto reporte de robo pero al final se comprueba que es falso.
El mismo procedimiento utilizaron agentes ministeriales en contra de los integrantes del comisariado de Bienes Comunales de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, encabezados por Miguel Santiago.
Miguel Santiago denunció que el martes pasado acudió a una reunión con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, para tratar el conflicto agrario que tienen con Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán.
Informó que los comisarios de varias comunidades dejaron estacionada la Urban en la que llegaron en el estacionamiento de la tienda Soriana ubicada a un costado del Palacio de Gobierno, cuando salieron después de las 4 de la tarde encontraron a agentes ministeriales que subían a una grúa su vehículo.
Los agentes argumentaron que recibieron el reporte de que esa unidad atropelló a una persona en Tixtla y que se la llevarían al corralón en lo que se realizaban las investigaciones.
Entonces se acercaron varios de los comisarios y les dijeron que era mentira, que no había ocurrido ningún accidente y pidieron saber quién estaba presentando la denuncia. Entonces los agentes cambiaron el argumento y dijeron que la Urban tenía reporte de robo.
Cuando los comisarios impidieron que la grúa saliera del estacionamiento, los agentes pidieron refuerzos por radio y enseguida llegaron dos patrullas con más ministeriales y otras dos de policías estatales, sólo así lograron que la grúa saliera con el vehículo.
Los agentes les dijeron a los comisarios que reclamaran su unidad en la Fiscalía, en donde finalmente se las entregaron hasta después de las 4 de la tarde de ayer, aunque por la presión que realizaron no pagaron el arrastre ni el pisaje por el tiempo que estuvo la Urban en el corralón.
Damián Campos Delgado, otro de los automovilistas que recuperó su vehículo el lunes, denunció que estos “abusos” cometidos por elementos de las policías Federal y Ministerial son constantes, “se están llevando los autos a los corralones bajo el pretexto de que son robados, pero es sólo para hacer negocio con los propietarios de las grúas, quienes cobran cantidades que llegan hasta los 10 mil pesos por la recuperación de los vehículos”, denunció.
De acuerdo con las denuncias de los automovilistas los elementos de las corporaciones policiacas actúan en “complicidad” con los propietarios de las grúas porque éstos les entregan comisiones de mil 500 hasta 3 mil pesos por cada vehículo que arrastran las grúas.
“En los últimos meses en Chilpancingo las policías Federal y Ministerial se han dedicado a levantar autos que están en la calle, con el supuesto de que tienen reporte de robo, después llaman a Grúas Alonso o Jr’s, que son las encargadas del arrastre de los vehículos, aseguró Campos Delgado, quien apenas este lunes recuperó su vehículo y pagó 9 mil pesos.
“Este es un verdadero negocio para las policías”, pues solamente ese día acudieron a recuperar sus vehículos cinco automovilistas que, igual que el de él, no tenían reporte de robo, como fue el argumento inicial de la Policía Federal, en algunos casos, y en otros la Ministerial.
Se quejó de que con este procedimiento se está afectando a decenas de automovilistas de Chilpancingo o foráneos por semana, “y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera hay reporte de robo, los autos se los lleva la grúa sólo porque la policía se lo pidió”.
Acusó: “se trata de una red de corrupción que cada día crece y es más común”.
Según los automovilistas, los abusos comenzaron en febrero cuando llegaron los policías federales que vinieron supuestamente a reforzar la seguridad.
Antonio Santana, otro automovilista denunció que en algunas ocasiones los policías han alterado el Registro Público Vehicular (Repuve) para que demuestren mediante computadora el supuesto reporte de robo, “hay veces que te intimidan y te llegan a pedir hasta 50 mil pesos, según la marca del carro, o amenazan con detenerte”, aseguró.
“Estos federales sirven para dos cosas: para asaltar y robar a la población. Yo nunca he visto una acción de prevención de delitos, pero sí los he visto chuleando mujeres”, denunció.
Salvador Tornez, demandó por su parte la intervención del gobernador Héctor Astusillo Flores, “para que se frenen las acciones de estos mañosos que deberían mejor estar buscando a los delincuentes”.
Jorge Guzmán Martínez se quejó de que los policías federales no se dedican a dar seguridad, “ya le agarraron amor al negocio de los carros que no traen placas actuales en contubernio con autoridades y los dueños de las grúas”, denunció.
