Protestan policías en el Ayuntamiento; demandan aumento salarial y bonos

* Núñez Ramos dice que es un “movimiento político innecesario”

 * En reunión con la secretaria general, denuncian que que les cobran 100 pesos en Tránsito para usar patrullas; 50 o 100 pesos para poderse incapacitar; y los preventivos dijeron que las camionetas Ford tipo Lobo y Cherokee son usadas por esposas de comandantes o por ellos mismos y que para prestar auxilios tienen que usar las patrullas normales

 Jorge Nava * Cien policías preventivos, de Tránsito, de la Auxiliar y policletos se manifestaron en el Ayuntamiento en pro de sus demandas laborales, y cumplieron así la advertencia que fue desdeñada por el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez.

Durante la manifestación los policías solicitaron el aumento salarial que prometió en campaña electoral López Rosas, además exigieron el pago de bonos. Los policías también pidieron algunas explicaciones en torno a anomalías en el pago, en especial los policías preventivos, quienes firman talones de pago por una cantidad y cuando cobran, el monto es inferior.

A la reunión de protesta acudieron los policías que fueron convocados a través de un volante. Lo mismo ocurrió con policías de Tránsito, quienes después de cubrir su turno en la mañana se presentaron en la explanada del Ayuntamiento para manifestar sus inconformidades.

En un boletín de prensa del Ayuntamiento, la secretaria general María de la Luz Núñez Ramos, señaló que la protesta de los policías fue “un movimiento político innecesario porque todas las demandas han sido satisfechas”.

Aseguró que en 2003 se autorizó un incremento del 7.1 por ciento al salario base, “el cual representó el doble de lo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos”.

Durante la manifestación los policías inconformes adoptaron una actitud violenta, la cual provocó que de inmediato reaccionaran comandantes de diversos sectores de la Policía Preventiva, y se colocaran detrás de la puerta principal.

A la escena llegó el director de esa corporación, Roberto Abizaid Gracián; el director de Tránsito, Israel González Nava; y el jefe operativo de la preventiva, Humberto Hernández García.

Los jefes y directores propusieron a los policías exponer sus demandas a Núñez Ramos, alternativa que no fue aceptada, y reiteraron su decisión de hablar directamente con el alcalde Alberto López Rosas, quien entonces asistía como delegado al Congreso Nacional del PRD.

Humberto Hernández les pidió entonces que estaban en todo su derecho de manifestarse, pero que mantuvieran orden.

Los policías respondieron con el grito de: ¡Aumento! ¡Queremos solución! ¡Queremos viaje a Japón!

Transcurrió media hora y se presentó el secretario de Núñez Ramos, quien informó que el alcalde pidió a la secretaria que los atendiera, así que los policías ingresaron apresuradamente al Ayuntamiento, de donde salió la funcionaria a recibirlos y directamente le fueron expusieron sus quejas.

Núñez Ramos escuchó varias quejas en el camino, pero luego ocuparon la sala de Cabildo.

Después se integró el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Luis Andrés Lara García.

Hablaron Laura Diosdado, Carlos Izquierdo Urbano, Héctor Manuel Rodríguez Sánchez, Yair Arreiguen, Juan Soto Morales, Arturo Martínez Rodríguez, entre otros, todos ellos, en representación de sus compañeros pidieron la solución a sus demandas y acabar con la corrupción en toda la Secretaría de Protección y Vialidad.

La reunión duró dos horas, en ella los policías denunciaron que cobran 100 pesos en Tránsito para usar patrullas; 50 o 100 pesos para poderse incapacitar; y en el caso de los preventivos, dijeron que las camionetas Ford tipo Lobo y Cherokee, son usadas por esposas de comandantes o ellos mismos y que para prestar auxilios tienen que usar las patrullas normales.

Denunciaron que no hay material para reparar las patrullas que están descompuestas; le reclamaron al director de Recursos Humanos que acuda personalmente a comprobar que el personal dado de alta en esa dependencia, realmente acude a laborar, pues entregaron una lista de aviadores en la que aparece la comandante Maribel Marcial Angelito.

Según los denunciantes, también esta dada de alta, la esposa del comandante Rigoberto Escobar Avila, así como la esposa del comandante Juan Contreras; y comandantes ficiticios como el comandante Vianey Carranza Vega, una persona de nombre Julio César Soto Pano y Esmeralda Alarcón Rodríguez.

Acusaron al ex encargado de la Dirección de Tránsito, ahora subdirector administrativo de esa dependencia, Salvador Melesio Montiel de vender permisos a empresarios, además revelaron que los directivos de esas corporaciones no respetan convocatorias que emiten para cargos de comandante porque al final imponen a gente allegada a ellos.

Incluso hubo policías del gobierno del estado que participaron en la masacre del vado de Aguas Blancas, como Vianey Carranza Vega, Julio Contreras, y Rigoberto Escobar, quienes se refugiaron en esa dependencia y ahora son comandantes.

Los policías pidieron a María de la Luz Núñez que no sean reprimidos por esta acción y que si la sociedad los señala de malos es porque “bailamos al son que nos toquen”, pues criticaron que si desean acabar con la corrupción deben de empezar desde los directivos.

En respuesta la secretaria general dijo que atenderá el caso de los uniformes, pero sobre el aumento les adelantó que ese tema se verá en abril y sobre el Seguro Social se les indicó que próximamente ya todos los trabajadores contarán con el servicio que presta esa institución.

Los policías dieron de plazo el 16 de abril para que respondan a sus demandas, pero hicieron énfasis en que deberán comenzar a dar respuesta acabando con la corrupción en esa dependencia.

En el boletín del Ayuntamiento la secretaria Núñez Ramos insistió que la inconformidad resulta inoportuna porque el incremento al salario se pagó de manera retroactiva al 1 de enero de ese año. Dijo que de todos es sabido que las modificaciones de salarios se acuerdan en abril.

Agregó que en la actual administración los trabajadores de la SPV han visto mejoradas sus percepciones.

Respecto al bono solicitado, explicó que se aplicó en la conclusión del trienio anterior y que por lo tanto no existe razón alguna para solicitarlo en este momento. Sobre la solicitud de armamento, dijo que éste ya está presupuestado y se entregará conforme a la calendarización estipulada.

Sobre los supuestos descuentos irregulares, el director de Recursos Humanos propuso atender en los casos que corresponda y explicar a los solicitantes.

En cuanto a las vacaciones, Lara García aseguró que éstas se han garantizado conforme a la Ley y que a principios de 2004 se pagó incluso las correspondientes a 2002.

Sobre la necesidad de vivienda, la secretaria Núñez Ramos sostuvo que “me consta que el presidente municipal está muy preocupado por resolver de verdad el asunto de la vivienda, pues para el gobierno del alcalde es prioritario, pues significa un gran apoyo para los elementos de esa corporación y sus familias, que merecen un trato digno de todo gobierno y de la sociedad; de hecho, ya se está en pláticas con una empresa constructora de vivienda de interés social y sólo faltan afinarse algunos detalles legales y presupuestales para iniciar con este programa de gobierno”.

El miércoles, el secretario Antonio Valenzuela dijo que era “inverosímil” el volante en que se anunciaba la protesta porque nadie le ha manifestado a él ninguna inconformidad.

Golpes entre concesionarios y policías en operación contra camiones fuera de ruta

* Dos permisionarios resultaron lesionados

 

Los concesionarios del Bloque 1 –ruta de la Costera– Antonio Origel Ruiz y Armando Villanueva, resultaron lesionados en un enfrentamiento a golpes con agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad, quienes apoyaban una operación de la delegación de Transportes efectuada ayer en el Asta Bandera, para detener camiones urbanos fuera de ruta.

Ayer por la mañana, inspectores de la delegación de Transportes, instalados frente al parque Papagayo, detuvieron al camión con número económico 859 –el cual circulaba fuera de ruta–, pero los concesionarios Olga Lidia, José Vega Durán, Rosa Isela Vega, Cecilia Tejeda, así como seguidores formaron una valla para impedir que la unidad fuera trasladada al estacionamiento del parque Papagayo, por lo que los agentes de la SPV intervinieron, lo que ocasionó la agresión.

Allí, el concesionario Armando Villanueva anunció que junto con otros compañeros decidieron no respetar el rol de rutas desde ayer, porque los concesionarios Rodríguez Otero siguen incurriendo en diversas irregularidades, “no quieren respetar el rol de rutas y tampoco quieren pintar las unidades con el color oficial, son 11 los camiones que trabajan de manera irregular”.

Armando Villanueva aseguró: “los Rodríguez Otero son culpables de los hechos violentos, sabemos que tienen dinero y todo mundo se les arrodilla y nosotros estamos trabajando en un área que nos corresponde”.

También acusó al comandante Francisco Ramírez, quien se encontraba a cargo de los policías, los cuales en su momento negaron el nombre de éste y uno de los policías municipales argumentó: “no sé el nombre del comandante, ya se fue”.

A pesar de que el camión urbano con número económico 859 circulaba en la ruta Base-Hornos, cuando la ruta oficial era Base-Cine Río, fue liberado después de que se registraron los                   golpes y jaloneos, el delegado de Transportes de la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, argumentó que “la grúa no lo pudo sostener”.

El funcionario estatal dijo que buscarán dialogar con las dos partes para que nuevamente se ponga en marcha el reordenamiento vial, pero que las operaciones continuarán. (Luluani Vega)

Denuncian ambulantes que policías los encañonan para quitarles la mercancía

* Protestan en el Palacio Federal contra Profepa

* Nos quieren quitar de las playas pero no nos dan alternativas, aseguran inconformes * Intentaron negociar con un funcionario de la dependencia, pero no llegaron a ningún acuerdo, dice el secretario general de la organización de comerciantes de la Bahía Santa Lucía, José Luis Avila

Comerciantes ambulantes se manifestaron afuera del Palacio Federal en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues denunciaron que en las operaciones algunos de sus compañeros que laboran en las playas han sido agredidos e incluso amenazados con armas de fuego por parte de la policía.

El secretario general de la organización de comerciantes de la Bahía Santa Lucía, José Luis Avila Vázquez, dijo que los problemas comenzaron porque el delegado de la dependencia, Miguel Angel Calzada Adame, ha instruido a sus inspectores para impedir que los ambulantes trabajen en la playa, “pero no les da alguna alternativa”.

Alrededor de 50 comerciantes ambulantes efectuaron una caminata del Asta Bandera a las instalaciones del Palacio Federal, donde permanecieron por varias horas gritando consignas en contra del delegado de la Profepa.

Avila Vázquez dijo estar en contra de las acciones que han efectuado autoridades de esa dependencia federal y de la dirección de Vía Pública porque más de mil familias son afectadas económicamente al impedirles realizar su trabajo.

Señaló que no es justo la manera en que la fuerza pública trata a los comerciantes cuando les retira su mercancía, “llegan de manera violenta, los encañonan, les colocan el arma de fuego y por eso es la inconformidad”.

Señaló que todos los comerciantes ambulantes que trabajan en las playas del puerto han mostrado su inconformidad, y por tal razón no desechan la posibilidad de continuar sus manifestaciones.

El representante de los vendedores informales comentó que a pesar de la solicitud que han presentado desde hace años a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se les permita vender, no han obtenido ninguna respuesta.

Indicó que no están renuentes a pagar alguna cuota con tal de que los dejen trabajar, y citó como ejemplo que en otros estados de la República Mexicana hay comerciantes informales a quienes les permiten trabajar sin ningún problema; “en Puerto Vallarta se paga una cuota y se le deja vender al comerciante de manera tranquila”.

Una comisión de comerciantes ambulantes entró a las oficinas del delegado de la Profepa, a quien expondrían sus quejas, pero el funcionario no se encontraba y su secretaria argumentó que Miguel Anguel Calzada Adame había viajado a Chilpancingo a una reunión de trabajo.

Por ello el coordinador de inspectores de la dependencia, José Luis Zumárraga, atendió a los inconformes, aunque previamente dijo a algunos reporteros presentes que la reunión sería privada y la representante de Comunicación Social se encargaría de informar los resultados finales.

Posteriormente, Avila Vázquez informó, vía telefónica, que no hubo ningún acuerdo con el representante de la Profepa. (Luluani Vega).