Pospone el Congreso el proceso para aprobar la Ley de Austeridad; lleva seis meses detenido

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A más de seis meses de la primera lectura al dictamen con proyecto de Ley de Austeridad que propuso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este jueves se intentó llevar a segunda lectura para pasar a la discusión y votación, pero fue retirado del orden del día a solicitud de la Comisión de Justicia, aunque se supo que fue principalmente la fracción priista la que se negó a que el trámite continuara.
Esta propuesta plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública; la obtención de algún privilegio económico adicional; contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables”, sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes, pero diputados del PRI y PRD que plantean que este ordenamiento solamente sea observado por el Ejecutivo estatal y sus organismos y no se aplique al resto de los poderes y por eso se ha detenido.
Después de que se leyó la propuesta de orden del día para la sesión, en la que se incluía la segunda lectura del dictamen de ley de austeridad, para pasar a su discusión, votación y en su caso aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia el punto sería retirado.
“Por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Justicia y por considerarlo pertinente, así como de extrema necesidad parlamentaria fundamentándose en el artículo 313 párrafo tercero de la ley orgánica de este Poder Legislativo, solicitan a la Mesa Directiva sea retirado de la propuesta del orden del día el punto relacionado con la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de austeridad del estado presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, leyó la perredista Yanelly Hernández.
Desde su curul el morenista Joaquín Badillo Escamilla pidió a la presidenta de la Mesa que se leyera el artículo por el que la comisión fundamentó su decisión de retirar ese dictamen. Este tercer párrafo del artículo 313 establece que “el derecho a presentar proposiciones de puntos de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de sus autores”.
En este artículo ni siquiera se habla de dictámenes de comisiones, que en este caso era un “dictamen de proyecto de ley”, sino que habla del derecho de los diputados, grupos parlamentarios y representaciones a “presentar proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyan Iniciativas de Ley o Decreto”.
Por lo que la fundamentación que la Comisión de Justicia dio, no tenía nada que ver con el retiro de un dictamen, aún así el morenista Joaquín Badillo quedó conforme y se procedió a la votación del orden del día con el retiro de este punto, hubo solo tres abstenciones la de Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez Esquivel y Angélica Espinoza García.

Urge el diputado Sánchez Esquivel a instalar los nuevos ayuntamientos

En el punto de intervenciones, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel planteó en tribuna que el Congreso local cumpla con su palabra y los plazos que se establecen en acuerdos, principalmente los aprobados por el pleno. Se refirió a la prórroga de 120 días que solicitó los primeros días de diciembre la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para presentar el dictamen y nombrar a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón.
Alfredo Sánchez Esquivel reprochó que no se hayan nombrado a estos ayuntamientos instituyentes en el plazo establecido que venció en marzo y pidió avanzar en el tema para cumplir con “la palabra empeñada”.
Aprovechó también para pedir que se avance en las solicitudes de creación de nuevos municipios en la Sierra, los cuales en los últimos meses como presidente de la Jucopo promovió personalmente o a través de su equipo cercano.
Antes de concluir su intervención, Sánchez Esquivel señaló desde tribuna al jefe de seguridad del Congreso local, el funcionario de Yoloczin Domínguez, Jonathan Molina Clavel, por haber revisado una lona que unos visitantes al Congreso local llevaban, en la que pedían no entregar a comerciantes el Parque Papagayo y lo acusó de comportarse como policía ministerial.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Alicia Zamora Villalva pidió la palabra para responder a Alfredo Sánchez: “no quisiera que se utilizara este tema tan delicado para un asunto de un golpeteo innecesario”. a priista señaló que en el estado “las cosas ya son complejas en el estado, hay tantos brotes de violencia, entonces yo quiero ser muy responsable con esto”.
En tribuna Zamora recordó que el 16 de febrero pasado el pleno aprobó por unanimidad un dictamen por el que se determinó que la Jucopo tendrá la facultad para realizar la designación o nombramientos de los cabildos de entre las propuestas recepcionadas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, así como determinar cuáles ayuntamientos serán encabezados por mujeres, de acuerdo con la paridad requerida.
La priista le repitió en tres ocasiones al morenista que el tema ya está en manos de la Jucopo: “hago un llamado a todos los diputados, para que en cada caso, cada asunto, lo discutamos al interior de las comisiones”.
Alicia Zamora hizo hincapié en que no se quedará la percepción de que se venció el plazo y el Congreso no cumplió, porque se generó un acuerdo del pleno para que el tema quedará en manos de la Jucopo porque con este también se aprobó que el plazo de 120 días pedido en diciembre ya no tendría los efectos bajo los que se aprobó.
“El asunto toma otra ruta jurídica porque está en una comisión distinta. No quisiera que se desinformara y se interpretara de una manera distinta… si se descalifica a una comisión, a una Junta de Coordinación Política, si se descalifica el trabajo que se hace en comisiones, invariablemente se descalifica a un Poder, en eso seamos respetuosos y sobre todo cuidadosos”, dijo Alicia Zamora.
Señaló que ha tratado de ser responsable porque la creación de estos cuatro municipios “para que no se alborote la gente, porque alguien decía con mucha sabiduría, el prender la lumbre es fácil, el problema es cómo la vas a apagar” por eso, señalo que busca que ese tema no se trate de manera política.
Después para hablar sobre el mismo tema, el perredista Bernardo Ortega le dijo a Sánchez Esquivel que es “una irresponsabilidad ir a los pueblos, ir a los municipios a decir que si no quieren ser municipios de nueva creación, eso trae muchas consecuencias”.
El perredista criticó que Alfredo Sánchez trate de “incendiar diciendo que no se ha hecho nada” y se refirió a todos los asuntos pendientes que se venían arrastrando desde la legislatura pasada en los cuales no se avanzó hasta que se realizó el cambio de presidente de la Jucopo y lo sustituyeron por Yoloczin Domínguez Serna.
En tribuna, Bernardo Ortega confirmó la versión de que había un acuerdo entre los integrantes de la Jucopo de la la legislatura pasada para reelegir en el cargo a Alfonso Damián Peralta como titular de la Auditoría Superior del Estado, “no se cumplió la ratificación del ex auditor, se mintió”.
El perredista dijo: “nosotros como PRD hemos tratado de ser prudentes, justos con el gobierno del estado, con la fracción de Morena” porque “sabemos que Guerrero tiene sus complejidades políticas, económicas, y de crimen organizado, hemos sido prudentes y dejado que la gobernadora haga lo suyo y nosotros lo que nos corresponde”.

La sesión

El morenista Sánchez Esquivel propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y Personas Desaparecidas. En tribuna señaló que Guerrero carece de instrumentos actualizados para atender el problema. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
También presentó otra iniciativa que suscribió junto con su compañera de bancada Jessica Alejo Rayo, es de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos tengan la obligación de postular a personas adultas mayores entre las primeras cinco fórmulas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, así como en las listas de regidores de los ayuntamientos.
De Morena el diputado Osbaldo Ríos Manrique presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado para anexar el lenguaje incluyente, perspectiva de género y el respeto al interés superior del menor, además de permitir la colaboración interinstitucional e internacional, y con ello formalizar la provisión de donativos que beneficien a este sector.
Alejo Rayo presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Salud, de Obras Públicas y sus Servicios, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que en todas las instalaciones del servicio público y privado se acondicionen cambiadores de pañales, ya sea en los sanitarios o uno denominado “familiar”, para garantizar la privacidad, seguridad, comodidad e higiene de los usuarios.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, que plantea de actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.

A pedido de la defensa, la Comisión Instructora pospone decisión sobre el desafuero a Saúl Beltrán

La defensa del diputado priista Saúl Beltrán Orozco, consiguió que la Comisión Instructora del Congreso local, ampliara el plazo para dictaminar la procedencia del desafuero en contra del legislador, porque les pidió que solicitaran a la Fiscalía General del Estado (FGE) copias certificadas de todas las constancias de la averiguación previa.
Ayer, después de cuatro horas de reunión de la Comisión Instructora, el presidente Iván Pachuca Domínguez convocó a los medios de comunicación a una conferencia en su oficina, en la que informó que se dio una prórroga a la Fiscalía para entregar información, requerida por la defensa del diputado acusado de homicidio calificado y señalado como integrante del grupo criminal Los Tequileros.
Con base en el proceso iniciado en el Congreso tras la solicitud de la Fiscalía del Juicio de procedencia al diputado, la Comisión Instructora debía resolver a más tardar este día sobre el desafuero, pero ahora amplió su decisión hasta el 4 de marzo.
Ahí leyó un comunicado a nombre de la Comisión, en el que apunta que continúan en el análisis de las “manifestaciones y pruebas presentadas” por el diputado Saúl Beltrán tras la audiencia del lunes.
La sesión de la Comisión duró aproximadamente cuatro horas. En las declaraciones comentó que en su defensa el diputado requirió que el Congreso solicitará a la FGE “todas las constancias de la averiguación previa CUAU/SC/02/0050/2015”.
De manera paralela, la Comisión Instructora también solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) enviar copias certificadas de la totalidad de la causa penal 07/2016/2ª instruida ante el juzgado de primera instancia en materia penal del distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Iván Pachuca informó que tras la comparecencia del diputado y ex alcalde de San Miguel Totolapan, la Comisión Instructora solicitó a la Fiscalía la información que Saúl Beltrán pidió.
Hasta antes de la petición de Saúl Beltrán, la Comisión Instructora no había considerado necesaria la ampliación de la información, pero se realizó hasta que el diputado acusado de homicidio calificado pidió todas las constancias de la averiguación previa, información a la que tiene acceso su defensa.
La defensa del diputado tienen acceso a los expedientes del que pueden solicitar copias certificadas, las cuales pudieron ser solicitadas con anterioridad y presentadas el lunes como parte de la defensa, pero la estrategia de los abogados es retardar el dictamen de la comisión, que se extendió por 10 días naturales más.
La solicitud de la ampliación la realizó la comisión dictaminadora el lunes, pero hasta el miércoles la Fiscalía les respondió con un oficio en el que solicitó ampliaran el plazo para poder entregarles toda la información.
Y en consecuencia la Comisión resolvió dar un plazo “razonable” de diez días naturales a la Fiscalía para que pudiera entregar el expediente.
El panista dijo que hasta que la comisión tenga la información que requirió a la Fiscalía, podrá emitir un dictamen.
El presidente de la Comisión dijo que la dilatación del plazo es responsabilidad del fiscal porque no entregó al Congreso copias certificadas de la averiguación previa.
Consideró que la información que les enviará la fiscalía será determinante para que puedan dictaminar.
A pregunta expresa, de que si la información proporcionada por la Fiscalía no tenía los elementos suficientes para dictaminar, que respondió que la solicitud de más información que generó la prórroga fueron consecuencia del derecho de audiencia.
“Nosotros podemos dictaminar así (con la información que ya tienen) pero entonces ¿para qué le dimos el derecho de audiencia?, entonces se tiene que resolver los temas que él está solicitando”.
Iván Pachuca dijo que solo pretenden garantizar que se haga un procedimiento jurídico correcto. Explicó que tras la entrega de la información que pidieron a la Fiscalía, “de manera inmediata” tendrán que dictaminar.