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Hace un mes no hay clases en la prepa de Chilapa por la inseguridad, confirma el rector de la UAG


Unos 800 alumnos de la Preparatoria 26, de Chilapa de Álvarez tienen aproximadamente un mes sin clases por la inseguridad y amenazas, confirmó el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán.
Después del homenaje a la bandera de cada mes en las instalaciones de Rectoría, informó que hizo un acuerdo con los trabajadores, unos 70 docentes y administrativos, para no exponerse en situaciones de riesgo, y en la mañana supo que hubo “un mensaje” contra los maestros “que a ellos no les toca investigar”.
Este domingo siete cuerpos desmembrados fueron abandonados en la periferia de la cabecera municipal, pese a la vigilancia de seguridad implementada para reducir los delitos de la guerra entre narcotraficantes en la región Montaña baja.
Sin embargo, aclaró que solicitó a los maestros que hagan lo necesario para que los alumnos no pierdan el semestre: que den clases en línea, que se apliquen exámenes extraordinarios, y la administración ajustará el reglamento escolar. Recordó que el reglamento de la universidad se modificó, para evitar el ausentismo de los maestros que ponían calificaciones sin impartir clases en todo el semestre.
Estimó que en general, el resto de los planteles “está bien, con algunos contratiempos, de un joven de Cruz Grande que fue a la escuela de Veterinaria y Zootecnia en Cuajinicuilapa a hacer un trámite”.
Se refirió a Jorge Cortés Carmona, alumno de un seminario de titulación en la universidad, sobrino del luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, de quien se desconoce su paradero desde el domingo 29 de octubre, hace diez días.
Aseguró que ya solicitó información al fiscal Javier Olea Peláez, quien tiene algunas líneas de investigación, y por la tarde hablaría con el director de Veterinaria, para conocer su percepción del caso.

Pese al déficit, la universidad no está en quiebra

En otro tema, Saldaña Almazán habló de los compromisos laborales de fin de año, que se van a cubrir con apoyos extraordinarios del gobierno estatal y reconoció que la universidad no estará en quiebra “mientras tenga de la mano al gobernador”.
El domingo, el perredista Pablo Gómez señaló entre los problemas estructurales de la nación que las universidades públicas están en quiebra y que las escuelas de todos los niveles no tienen recursos para sus necesidades, en el foro de respaldo al candidato presidencia de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el auditorio de la escuela de Ingeniería de la UAG.
En la entrevista colectiva, el rector declaró que las dificultades económicas de las universidades de Zacatecas, Morelos o Nayarit, que han advertido la posibilidad de declararse en quiebra, se debe a que no tienen una buena relación con sus gobiernos estatales.
Destacó que el rector de la universidad de Guerrero mantiene una alianza de trabajo y respeto con el gobernador, “le he dicho ‘la Universidad, por su autonomía, nos toca coordinar los esfuerzos, pero es del estado’”.
Insistió en que, distinto a otra época, “no necesitamos estar peleados con todos para tener contentos a unos poquitos, creo que es necesario cambiar los modelos de pensamientos y de hacer las cosas”.
Destacó que en este nuevo modelo de gestión se logró en la unidad de la universidad, en alusión a los últimos procesos electorales internos, que sólo han tenido un candidato para renovar los espacios de gobierno y de representación sindical.
Confió en que también en el estado, los partidos o al menos los líderes importantes se unan para tener mejores condiciones de seguridad.
En el acto se refirió a los resultados de la prueba Planea para estudiantes de tercer grado de bachillerato, que retomó El Sur en la edición de este domingo, y que revela que durante tres años de la aplicación, Guerrero se mantiene en los últimos tres lugares de aprovechamiento. En 2017, la mitad de los estudiantes no puede explicar un texto sencillo, ni hacer operaciones con fracciones.
Señaló que de 45 preparatorias oficiales de la UAG, sin contar las populares, la 8 de Altamirano, la 20 de Arcelia, 39 de Ajuchitlán y la 25 tuvieron resultados destacados que los directores atribuyen a la constancia y al trabajo.

Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno

 

El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.