Inicia TSJ revisión de expedientes de cuatro presos políticos cuya libertad reclama la OCSS

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), inició la revisión de los expedientes de los presos Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, de quienes reclama su libertad la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
La dirigente de la organización, Norma Mesino Mesino, informó ayer por teléfono que la revisión de los expedientes comenzó el miércoles pasado en una mesa de trabajo que encabezó el propio presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, y agregó que las pláticas van a continuar la próxima semana.
La mesa de trabajo se instaló a raíz de la marcha y el plantón afuera de Casa Guerrero en el que participó la OCSS, junto con organizaciones sociales el lunes y el martes, y el anuncio se da un día después de que Raymundo Casarrubias se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Mesino Mesino informó que el miércoles se realizó la reunión con el presidente del Tribunal conforme a los acuerdos que tomaron con el senador Félix Salgado Macedonio el martes, para levantar el plantón que mantenían afuera de la puerta uno de Casa Guerrero.
Informó que en el caso de Orlando Ávila Mesino, acusado por el delito de homicidio, la sugerencia de las autoridades judiciales es que el abogado que atiende el asunto, retire la incidencia de libertad que promovió para que se cierre el caso y el TSJ pueda resolver su libertad con la consideración de que ya no hay delito que perseguir.
Añadió que las autoridades del TSJ no ven que sea posible liberarlo mediante la incidencia de libertad, sino tomar en cuenta los argumentos de que ya no hay motivos para que siga preso.
Con respecto al asunto de Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, acusados por el delito de secuestro, hay un decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que obtengan su libertad.
Recordó que el expediente de Antonio lo lleva un juez de Morelos y no le compete atenderlo al Tribunal de Guerrero, en cambio el de Gilberto lo turnaron a esta entidad y ya lo están revisando.
Norma Mesino explicó que ambos no requieren de un indulto porque ya alcanzan el beneficio de la preliberación toda vez que ya tienen 21 años en la cárcel, y lo que se está buscando es que las autoridades no estén incurriendo en trabas y que se agilicen su salida.
Respecto al asunto de Gerónimo Hernández Refugio recordó que el abogado apeló en diciembre pasado la resolución de un juez que dictaminó otros cuatro años más de cárcel en su contra por el delito de portación de arma. Detalló que Gerónimo debió salir libre el mes pasado, pero en lugar de liberarlo el juez de la causa le agregó otros cuatro años más.
En este caso, informó que se revisará el expediente en la mesa de diálogo y que la petición de la organización es que ya no siga habiendo trabas en la impartición de justicia.
“Se están revisando cada uno de los casos para que puedan obtener su libertad lo más pronto posible y ya no sigan en la cárcel sin justificación alguna”, explicó Mesino.
Celebró que ya haya voluntad de las autoridades para revisar cada uno de los expedientes, puesto que antes “ni eso había, y ahora ya, cuando menos, nos estamos reuniendo, esperamos que pronto puedan obtener su libertad porque no hay motivos para que puedan seguir encarcelados”, insistió.
Reconoció que el tiempo que sigan detenidos dependerá de que los abogados que participan en la revisión de los expedientes vayan facilitando las cosas.
Insistió que en algunos casos sólo es cuestión de que los jueces dictaminen, como el de Gilberto Aguirre y el de Gerónimo Hernández, en los que ven que le están aplicando injustamente cuatro años más por portación de arma, “pero con una interpretación errónea que hizo la juez”.
“Realmente no se está aplicando la ley como es, es una interpretación que deberían considerar porque ya estuvo 20 años en la cárcel e incluirle otros cuatro más, es injusto y arbitrario, eso no lo están considerando, reprochó.

 

Exigen activistas al TSJ que informe cuántas mujeres están presas acusadas de aborto

Integrantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en conferenca de prensa en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

Organizaciones de defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez que dé a conocer cuántas mujeres están presas bajo las causales de homicidio en razón del parentesco e infanticidio.
En conferencia de prensa en el restaurante Mar y Tierra en Acapulco, la abogada de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón leyó un comunicado en el que habló de la liberación de la joven nahua Aurelia García Cruceño quiene estuvo presa tres años en el penal de Iguala acusada de aborto.
Sostuvo que Aurelia fue excarcelada luego de que el 17 de mayo se aprobó la despenalización del aborto en Guerrero y destacó que su caso sienta un precedente importante para que otras mujeres acusadas del mismo delito o similares puedan salir de las cárceles.
Recordó Candela Garzón que hace 3 años la Red Guerrerense solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, la cual fue decretada para Guerrero en julio de 2020 y hay 13 medidas que cumplir como la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño, con el objetivo de posicionar al aborto como un tema de salud pública y no penal.
Expresó que entre las activistas hay preocupación porque el gobierno del estado no tiene acciones concretas para cumplir las medidas y que ha sido insuficientes los esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia y que más bien las consecuencias persisten, violando los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes del estado.
Candela Garzón detalló que entre las medidas está la revisión de los casos judiciales de las mujeres encarceladas y acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. Destacó que esta tarea es responsabilidad del TSJ porque los delitos de aborto y en razón de parentesco son jurídicamente distintos, y por eso se afirma que no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto.
Sin embargo, resaltó que las organizaciones sociales han documentado que cuando las mujeres enfrentan procesos penales por embarazos o partos, llegan a ser acusadas por homicidio en razón de parentesco, “este hecho se utiliza para criminalizar a las mujeres aún cuando el aborto se produce de manera espontánea como fue el caso de Aurelia”.
Afirmó la activista que en la actualidad no hay datos precisos de cuántas mujeres hay encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio debido a que no se ha cumplido con esta medida.
Comentó que la Red ha documentado el caso de Mayra Onofre Gómez otra mujer presa también en la cárcel de Iguala acusada de aborto y para ella pidió “a las instituciones revisen con prontitud el caso pues merece ser liberada igual que Aurelia”.
Enfatizó que las medidas de reparación del daño son responsabilidad del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y resaltó que es desde ahí donde se debe de establecer la compensación, la reparación y la satisfacción en búsqueda de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas para garantizar las medidas de no repetición, “este es el siguiente paso para Aurelia”.
Remarcó que como solicitantes de la declaratoria de la AVG, la Red Guerrerense exige acelerar el cumplimiento de ésta, sobre todo la revisión de los expediente de la mujeres presas relacionadas con el delito de aborto y que además se publique y cumpla con el plan de reparación de daños para Aurelia y otras mujeres.
Candela Garzón indicó que también piden que los trabajadores del Poder Judicial sean capacitados con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, y que cese la criminalización de las víctimas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
En su participación Cecilia Garibe Gire del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) comentó que el caso de Aurelia evidencia cómo se criminaliza a la mujer desde un prejuicio, y que este delito debe de derogarse “hay una constante violación a los derechos humanos” además de la falta de acceso a los servicios de salud, y la denuncia del personal de salud antes de atender y proteger a la víctima.
Otra de las activistas de la Red Guerrerense, Renata Gonzalez sostuvo que es el presidente del TSJ es quien debe de aportar la información de las mujeres encarceladas por el delito de homicidio en razón del parentesco e infanticidio porque es una de las medidas decretadas en 2020 con el decreto de la AVG por agravio comparado “esta petición no se hace ahora, es una medida que se debió de cumplir años atrás”.
En la conferencia también estuvieron Elizabeth Plácido Río de Católicas por el Derecho de Decidir-México y Ninde Molre de AbortistasMx.

 

Paga TSJ retroactivo del alza salarial de 13%; reprime a trabajadores paristas, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores administrativos no sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informaron que en la segunda quincena de noviembre el Poder Judicial cumplió con el pago del retroactivo a enero del 13 por ciento de incremento salarial, como se comprometió el presidente Raymundo Casarrubias Vázquez.
Sin embargo, denunciaron que hay indicios de represión en contra de algunos trabajadores que participaron en el paro laboral y la toma de Ciudad Judicial de Chilpancingo en octubre pasado, cuando pidieron el pago de ese incremento y un bono sexenal.
Además, denunciaron que hace falta el cumplimiento de otras peticiones que se establecieron en el pliego petitorio que se firmó para levantar el movimiento laboral de octubre.
“Si, nos cumplió el presidente al depositarnos a toda la base trabajadora del Poder Judicial del estado el retroactivo que año con año se nos ha venido dando”, declaró una de las trabajadoras.
Agregó que, incluso, a sus compañeros de otras categorías también les hicieron el depósito, “algo que en años anteriores, como de 5 a 6 años atrás, no se había hecho”, reconoció.
Sin embargo, a condición de que se omitiera su nombre por las represalias, denunció que “ya se oye que quieren cambiar de su área a algunos compañeros que participaron en el paro laboral de octubre”.
Agregó: “de hecho ya hubo una que otra represión; a algunos compañeros para ir por sus hijos les otorgan un vale de tiempo, y para ir a almorzar ya no quieren que salgan (de su centro de trabajo), y algunos que no reciben compensación se quedan más tiempo, a veces hasta las cinco de la tarde, cosa que no se hacía antes del paro”.
Declaró que sus superiores argumentan que la medida es por la necesidad del trabajo, “pero antes había más trabajo y no se les hacía eso, no se les exigía quedarse más tiempo, pero esto es como consecuencia del paro”, aseguró.
Otro trabajador informó mediante mensajes de whatsapp que si bien el TSJ cumplió con el pago del retroactivo a enero, aún faltan algunos acuerdos de la minuta “y se espera que se cumplan”, entre ellas el pago del bono navideño, pues el presidente del Tribunal Raymundo Casarrubias a cambio de este bono les dijo que les haría una fiesta de fin de año, lo cual rechazaron.
Agregó que también falta el pago de las becas para los hijos de los oficiales administrativos, así como la regulación laboral de algunos de sus compañeros “que llevan varios años cubriendo la plaza de otros” y que han venido pidiendo que les otorguen sus bases “y se nos reconozcan los años de meritorios”, indicó.
El 23 de noviembre el TSJ informó mediante un boletín de prensa que el presidente del Poder Judicial Raymundo Casarrubias Vázquez y la dirigente estatal del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, se reunieron para dar seguimiento a los acuerdos establecidos respecto a las fechas de pago del retroactivo salarial, fondo de ahorro y bono decembrino, para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
En la reunión estuvieron presentes el director de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño; la delegada sindical de la sección 62 del SUSPEG Margarita Sánchez Azabay y secretarios seccionales del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.