La gobernadora Evelyn Salgado Pineda solicitó a las autoridades de seguridad pública que integran la Mesa de Coordinaciión para la Construcción de la Paz en Guerrero, que se inicie la estrategia y logística para recibir al presidente de la República en Costa Grande y Tierra Caliente, aunque está pendiente definir la fecha.
Mediante un boletin, se informó que la gobernadora encabezó la sesión de la mesa, donde destacó la proxima gira del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en Guerrero para acordar acciones de reforzamiento de la seguridad.
En la reunión, señaló que estas zonas son consideradas como prioritarias en la agenda de seguridad y que “en esta visita se reafirmará el compromiso con el pueblo de Guerrero para trabajar coordinadamente para garantizar la seguridad y la paz social de las y los guerrerenses, como un tema de interés nacional”.
También indicaron que evaluaron las acciones y operativos de seguridad en las ocho regiones, y presentaron los reportes de incidencia delictiva y la estrategia de seguridad para la temporada va-cacional, en la que se espera una afluencia histórica de visitantes.
El martes, López Obrador informó de su próxima visita al estado, a propósito de la inseguridad en la zona serrana del estado.
Entrega 80 patrullas a la SSP
Por la tarde, en la sede el Poder Ejecutivo, en un acto de entrega de vehículos y equipo a la Secre-taría de Seguridad Pública estatal, la gobernadora destacó la inversión de 196 millones de pesos con recursos propios, obtenidos de los ahorros de la correcta gestión.
“Nunca antes se había visto un monto de inversión tan grande para el fortalecimiento de la seguridad en Guerrero con recursos propios del estado, gracias al plan de austeridad”, dijo la gobernadora.
Informó de la entrega de 80 patrullas a la policía estatal, tres ambulancias, 300 cámaras de videovigilancia, 12 cuatrimotos y dos pipas para bomberos, 50 equipos de respiración, 120 piezas de equipo portátil para patrullas, incluyendo radios y consolas de grabación.
Enfatizó que la administración estatal reconoce la complejidad de los problemas de inseguridad en Guerrero de viva voz de las comunidades afectadas donde el gobierno del estado ha escuchado y “ha dado la cara con responsabilidad y con empatía” para alcanzar la paz.
Destacó que, con la nueva estrategia de seguridad en el estado, las fuerzas públicas tienen presencia en gran parte del territorio estatal, se consolida el Estado de Derecho y de la autoridad en todos los rincones de la entidad.
Como prueba, informó que la tendencia de la incidencia delictiva de alto impacto está a la baja en robo de vehículos que se redujo en más del 50 por ciento el primer año de su administraciòn respecto del anterior.
Asimismo, dijo que el secuestro ha disminuido en más del 75 por ciento con el mismo periodo en comparación, mientras el homicidios dolosos se mantiene niveles similares a los de la pandemia de Covid-19, cuando se ubicó por debajo de la media nacional.
Aseguró que en Guerrero hoy se atienden las causas que originan y generan la violencia como la pobreza y la marginación y la falta de oportunidades, por lo que se hace un esfuerzo histórico como lo es esta entrega para erradicar la violencia contra las mujeres a través del Protocolo Violeta.
En el acto que se transmitió en línea, estuvieron los comandantes de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila, y de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el senador Félix Salgado Macedonio, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Andrés Ramírez Xochicalli; la presidenta de la Comisión de los Derechos Huma-nos, Cecilia Narciso Gaytán, y la presidente del IEPC, Fabiola Matildes Gama. (Redacción).
Concluye rehabilitación de paso elevado en Acapulco
Con otro boletin de prensa, se informó que concluyeron los trabajos de rehabilitación del paso elevado del bulevar Vicente Guerrero en Acapulco, los cuales comenzaron en diciembre del año pasado y se emplearon 14 millones de pesos.
“La obra consistió en la demolición y colocación de concreto hidráulico para la reparación de arroyo vehicular y guarniciones en puentes, la colocación de acero estructural, pintura en pavimento vial y acero y recubrimiento en guarniciones”. (Daniel Velazquez y Lourdes Chávez).
El consejero nacional de MC, José Manuel del Río Virgen, junto a la regidora de Alpoyeca Irais García Maldonado, del PAN, y la regidora de Xochistlahuaca, Cecilia Onofre de Jesús, del PT, quienes anunciaron su afiliación a ese partido Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El consejero nacional de Movimiento Ciudadano (MC), José Manuel del Río Virgen, dijo que no hay nada escrito respecto a las posibles alianzas con partidos como el PRD, a pesar de que por ahora atienden la línea nacional de su partido de prepararse para ir solos en el proceso electoral 2024.
En conferencia de prensa en Chilpancingo donde anunció la adhesión de tres regidoras del PT, PAN y Morena a MC, dijo que ve “con mucha tristeza que Guerrero es tan rico, pero es el número 31 en pobreza a nivel nacional, veo con mucha tristeza la inseguridad en Guerrero, no importa si es en un municipio de la Sierra, o en Chilpancingo, Costa Chica, Costa Grande, la inseguridad está presente”, en referencia al gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
Añadió que ve “con mucha pena que no se toma una decisión con fuerza” y señaló que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quisiera resolver el problema de la inseguridad hubiera mandado a Guerrero los elementos de la Guardia Nacional, en lugar de al Metro de la Ciudad de México.
De las pláticas con partidos como el PRD en Guerrero, dijo que aún no tienen planteado llevar ante las instancias nacionales de MC la propuesta de hacer una alianza con este partido en el estado.
La regidora de Alpoyeca Irais García Maldonado dejó las filas del PAN para afiliarse a MC, y la regidora del PT en Xochistlahuaca Cecilia Onofre de Jesús también firmó su nueva militancia.
La conferencia la encabezó el presidente de la fundación Municipios en Movimiento y consejero nacional de MC José Manuel del Río Virgen. También estuvo el presidente municipal y la síndica de Alpoyeca, Nelson García Morales y Elba Guadalupe Saldívar respectivamente
Presentaron también como campeón mundial “hispano-juvenil” de boxeo en el 2004 Fernando Espinoza Soto, quien también se afilió a MC. En la conferencia, anunciaron que la regidora por Morena de Alpoyeca, Mayra Silva se sumará a este partido.
A pregunta hecha por un reportero, el regidor y dirigente municipal de MC en Acapulco, Julián López Galena respondió que en ese partido no hay división y que estaba en la conferencia en representación del coordinador estatal Adrián Wences Carrasco.
“Somos un movimiento disciplinado, institucional que no tiene escándalos como los tienen otros partidos vecinos. Preciso, nuestro dirigente Adrián Wences es nuestro líder en Guerrero, tiene nuestro reconocimiento, respeto y somos un partido en total disciplina”.
Dijo también que no se ha dado la renovación de la dirigencia estatal porque la asamblea, la Coordinadora Ciudadana Nacional es la que establece los tiempos, las convocatorias y las sucesiones en los estados.
y que en la agenda nacional hay temas más importantes que el cambio de dirigente en Guerrero.
Julián López reiteró que MC “es el único partido que está creciendo y está sumando” y es precisamente la indicación del dirigente nacional Dante Delgado “abrir las puertas de MC a toda persona o figura pública, de la sociedad civil, ex candidato de otro partido político”.
Además, el regidor dijo que José Manuel del Río les ha pedido “dialogar con todos los personajes que tengan interés en participar y construir un gran frente común ciudadano para derrotar el lopezobradorismo”.
El diputado del PRD Bernardo Ortega Jiménez en su intervención en tribuna; al fondo la diputada de Morena María Flores Maldonado muestra una pancarta con la leyenda “El Plan B ¡Va!” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Diputados del PRD, Morena y del PRI debatieron por más de una hora sobre la reforma electoral, denominada Plan B. La oposición afirmó que se regresará a los años ochenta, cuando el gobierno federal organizaba las elecciones, mientras que los morenistas reprocharon que se defiendan los privilegios de los consejeros electorales.
Fue el perredista Bernardo Ortega Jiménez quien llevó el tema a tribuna, y a pesar de que dijo que su participación “no pretende confrontar ni politizar” sobre el Plan B, dijo que es ilegal e inconstitucional.
El perredista señaló que contra la reforma se han unido los partidos de oposición, y reclamó que para ésta no se hayan buscado los consensos.
Ortega Jiménez reiteró que la reforma electoral es frágil, por lo que se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declare inconstitucional, y que la respuesta de Morena y sus aliados serán “nuevamente las descalificaciones a las autoridades judiciales”.
Después pidió la palabra la priista Julieta Fernández Márquez. Afirmó que el INE tiene una razón de ser, y se refirió a los tiempos en los que precisamente gobernaba su partido político, el PRI, y que en México se están regresando a esas prácticas.
Recordó que cuando el gobierno federal tenía el control de las elecciones, a “Manuel Bartlett se le cayó el sistema” cuando era secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid (del PRI): “eran tiempos similares como ahora que se quería concentrar el poder”.
La priista destacó que fueron precisamente los partidos de oposición, así como la sociedad civil, los que lograron la creación del entonces IFE, y que, a partir de ahí, según dijo, no se ha cometido ningún “fraude como el que vivimos hace 35 años”. Pero con el Plan B, aseguró que se pone “en duda la credibilidad, legitimidad y certeza del proceso electoral”.
Con esta reforma, la priista señaló que no se garantizan elecciones libres e imparciales, “esta manipulación jurídica busca despedazar al INE… el partido en el poder quiere quitar el 85 por ciento de los empleados y consejeros, con 15 años de experiencia y con servicio profesional de carrera y poner perfiles a modo”.
Y así controlar al órgano electoral “desde Gobernación como en los años setenta”. En tribuna señaló: “no podemos regresar al dedazo, a cooptar elecciones y a un sistema de partido hegemónico que no funciona y que México ya lo superó”.
Y cuestionó los motivos del “partido en el gobierno” para hacer estas reformas al INE: “será que ya se les acabó, que el clientelismo ya no funciona más, será que quieren allanarse la elección”.
Sí hay observaciones de inconstitucionalidad, reconoce diputada de Morena
Después la morenista Leticia Castro Ortiz inició su participación con la frase: “Salve distinguidos tribunos”, lo que generó risas de diputados y asistentes a la sesión, y mostró una cartulina con el mensaje: “La reforma electoral va”, la cual no mantuvo extendida porque dijo que al igual que Bernardo Ortega, no pretendía generar confrontación.
“Como bien lo dijo el diputado Bernardo, el Plan B tiene observaciones que tal vez puedan considerarse de inconstitucionalidad”, y destacó que su intervención sería objetiva.
Leticia Castro contó que tras la revisión que realizó al Plan B encontró 21 observaciones que podrían “no ser adecuadas al marco constitucional”.
Sin embargo, Castro Ortiz dijo que esa reforma también tenía bondades y no debe ser satanizada.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado cuestionó a la oposición si en realidad el INE es imparcial y ciudadano. En tribuna, afirmó que el Plan B no afecta ningún derecho de los ciudadanos.
“El INE sí se toca para bien y hay algo que se debe conservar que sea bueno para el pueblo, que se conserve”.
Otro morenista que subió a tribuna fue Antonio Helguera Jiménez. Le respondió a Bernardo Ortega, quien había dicho que Morena no ha logró consensos para la aprobación de la reforma electoral, porque antes el presidente para que le aprobaran una ley “les soltaba la mano a los diputados y ahora eso no lo hay”.
Helguera Jiménez aseguró que en próximo gobierno se aprobará la reforma eléctrica y la electoral “porque ustedes no están es cuchando a sus adversarios, ustedes están reaccionando con el hígado, están pretendiendo impedir que México avance y eso el pueblo se los está calificando, ustedes pronto no van a tener ni los votos para continuar como partido y eso va hacer su mayor castigo, un castigo merecido”.
Ya en un tono más alto, subió a tribuna por segunda ocasión el perredista Bernardo Ortega. Les dijo a los morenistas que “les debería dar vergüenza” tener a Manuel Bartlett como funcionario de primer nivel.
Ortega afirmó que el PRD no defiende a los consejeros o sus sueldos sino al INE como institución y a la Suprema Corte. En ese momento desde sus curules, los morenistas le pidieron que no gritara. “¡No grito, así hablo compañeros, discúlpenme pues!”, les respondió.
Recordó que el PRD acompañó en su lucha contra el fraude electoral a Andrés Manuel en 2006 y que además durante “muchos años” le hizo campaña. “No nos pueden decir que no le ayudamos a Andrés Manuel, qué bueno que ganó al final de cuentas”. Lo dicho generó aplausos de los morenistas.
Bernardo Ortega dijo en tribuna: “el PRD es el papá de Morena, Helguera… si no fuera por AMLO, muchos de nosotros, o de ustedes no serían diputados, ni fueran presidentes municipales, ni gobernadores”, y aplaudió como la mayoría de los diputados: “aplaudo a AMLO por su persistencia, aclaro”.
Después de Bernardo Ortega, la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez preguntó al pleno si el tema ya estaba suficientemente discutido, pero la mayoría dijo que no por lo que continuaron las participaciones.
A tribuna también subió el diputado Jacinto González Varona, quien dijo que la derecha es “mentirosa e hipócrita”, y mencionó diferentes fraudes y escándalos en los que tuvieron que ver partidos y el INE.
El senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, afirmó que no existe persecución alguna contra algún medio de comunicación o un representante de los mismos y se vive libertad de expresión.
Desde su participación en la tribuna del Senado de la República, el morenista aseveró que en la actualidad se puede hablar abiertamente, incluso del presidente de la República.
“Miren lo que pueden decir del presidente, lo que quieran. No hay persecución contra ningún medio de comunicación ni contra ningún comunicador, contra nadie”.
Como parte de la aprobación del dictamen por el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data desde 1917, Félix Salgado cuestionó las razones por las cuales existió la demora en dicha decisión.
“Me congratulo que hayamos aprobado la abrogación de esta ley arbitraria, mordaza, que desde el 12 de abril de 1917 la teníamos en nuestro país y también me pregunto, ¿por qué hasta ahora?”.
De igual forma, aseguró que la Ley sobre la cual se aprobó su abrogación, funcionaba para los gobiernos como un método de represión en contra de los medios de comunicación.
“¿Por qué hasta ahora nos estamos dando el privilegio de gozar una verdadera libertad de expresión? ¿Cuántos años tuvimos como un yugo esta ley? Que era utilizada por los gobiernos, para reprimir, para castigar, para encarcelar a las plumas y a las voces demócratas”, dijo.
Señaló que existía una relación profunda entre los medios de comunicación y gobiernos, incluyendo dádivas por parte de la parte gubernamental con el objetivo de condicionar la información.
“Había una relación prostituida, entre medios de comunicación y gobierno. Había que pagar a medios de comunicación para que no saliera una nota o había que pagar a medios de comunicación, para que saliera lo que yo digo, lo que me conviene”.
Argumentó que la conferencia de prensa matutina realizada por el presidente López Obrador funciona como un ejercicio de comunicación e información para la población en general.
También indicó que, el presidente ha sido de los impulsores para la abrogación de la ley en cuestión. Solicitó que los medios de comunicación no capten recursos exclusivamente del gobierno, sino de su trabajo.
“Hoy estamos viviendo momentos de libertad en cuanto a la expresión de la palabra, la palabra escrita o la palabra hablada o la televisión, como nunca. El medio de comunicación debe vivir de su trabajo, de su venta, más no del gobierno, se acabó esa relación”.
Señaló que desde su perspectiva, la relación monetaria que pueda llegar a existir entre medios de comunicación con el gobierno, debe limitarse a difundir obras, acciones o comunicados.
“Una cosa es, que el gobierno pague a los medios para difundir obras y acciones de gobierno, comunicados que tenga que hacer el gobierno. Pero no para someter, no para someter”.
Recordó que como parte de su etapa profesional, participó en los medios de comunicación en el estado de Guerrero, incluso diciendo que llegó a ser denunciado por difamación, cuestión que afirmó, no existirá a partir de la abrogación.
“Yo fui muchas veces denunciado, yo fui director de dos medios de comunicación en Guerrero y padecimos esta daga, esta espada y nos denunciaban por difamación de honor, de todo y ahora ya no, habrá absoluta libertad”, comentó Salgado Macedonio.
El responsable de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación Guerrero (CETEG), Walter Añorve Rodríguez, calificó como lamentable el espionaje del que son objeto las organizaciones y luchadores sociales por parte del Ejército, y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a terminar con esa práctica, porque si llegó a la Presidencia fue también por el apoyo de los que ahora vigilan.
“Le pedimos al presidente que detenga toda esta maquinaría en contra de la lucha social, y de no ser así pues finalmente yo creo que tocará a las diferentes organizaciones sociales seguir resistiendo este embate que durante décadas han venido recibiendo. Parece que será un cuento de nunca acabar”.
En declaraciones telefónicas, Añorve Rodríguez dijo que el presidente debe recordar que las organizaciones sociales son los que desde hace años han estado luchando por un cambio. Recordó que no es la primera vez que sale ese tipo de información y que desde el 2013 “nosotros teníamos claro que el Ejército y, obviamente, todo el equipo de inteligencia del gobierno federal, tenía enfocado, sobre todo a Guerrero, a los líderes y representantes de las organizaciones sociales, y en ese sentido estábamos vigilados totalmente en aquel momento por esa instancia de inteligencia que utilizaba el gobierno federal, el Cisen, y a nosotros como integrantes del magisterio vinculándonos con organizaciones clandestinas, armadas”.
Señaló que “era un procedimiento permanente de hostigamiento y de vigilancia de todo tipo, entonces pensamos que con el cambio de este gobierno iba a ser totalmente diferente y que esa persecución tenía que cesar; sin embargo, entendemos que seguimos siendo focalizados, siguen operando equipos de inteligencia a través del Ejército. Es una situación que definitivamente no aceptamos y vulnera a cualquier compañero y compañera que está luchando desde diferentes trincheras, desde los derechos humanos hasta los compañeros que integran diferentes organizaciones de campesinos, magisteriales, estudiantiles”.
Añorve Rodríguez indicó que para ellos sería importante que se diera un cambio de estrategia, “y que esto nos lleva que procesos futuros de represión o para prepararse para confrontar a los movimientos sociales. Estamos con cierta alarma ante este espionaje de manera permanente al movimiento social en Guerrero y en las diferentes partes del país”.
Sobre si esta situación de un gobierno de Cuarta Transformación los decepciona, tomando en cuenta que ellos dieron su apoyo, respondió que están completamente en desacuerdo y rechazan esa política de hostigamiento al movimiento social.
El cetegista dijo: “Creíamos que con este gobierno iba a darse un cese a todas estás prácticas, que llevaron a muchos compañeros a procesos extrajudiciales, a encarcelamientos y no debe ser. En este proyecto de cambio que se planteó, en esta Cuarta Transformación no debe darse ese hostigamiento, lo rechazamos y no es parte de aquello en lo que confiamos, esto no es parte de una transformación”.
Sobre si hay un doble discursos del presidente, porque dijo que en su gobierno no hay espionaje y ahora se revela esto, respondió que quiere pensar que en el Ejército hay una cúpula que sigue dominando.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
El secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, entregó 25 ambulancias al gobierno del estado para sustituir las obsoletas y dignificar la atención a zonas marginadas para abatir el rezago.
Ayer en una ceremonia privada que se realizó en el Edificio Inteligente, donde se encuentra la sede de la Secretaría, el funcionario federal dijo que la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador es abatir el rezago en el plan de 180 días, es decir en seis meses. “Vamos avanzando gracias a ustedes y al gobierno del estado, abatiendo el rezago de salud”, indicó.
“No debe sorprendernos Guerrero es de los más desprotegidos por administraciones que no cumplieron con su labor y lo que provocó un rezago importante” dijo el funcionario ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y abundó que las 25 ambulancias que se entregan son muestra “de un esfuerzo coordinado entre instituciones”.
Las 25 ambulancias que se entregaron tuvieron una inversión de más de 67 millones de pesos, a través de la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública.
Destaca Evelyn coordinación para fortalecer la atención
En tanto la gobernadora dijo en su mensaje: “en Guerrero estamos profundamente agradecidos por el apoyo histórico en todos los rubros, sin embargo, si hemos de elegir alguno, yo diría que ha sido en Salud”.
Abundó que “en salud ha sido un apoyo histórico, como nunca antes, no solamente por la atinada decisión de tener a la Secretaría de Salud Federal aquí en nuestro maravilloso puerto de Acapulco, sino por la absoluta convicción de hacer de este derecho una realidad para los guerrerenses sin importar dónde se encuentren”.
Detalló que el plan del gobierno federal ha sido estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento, recursos humanos y abasto de medicamentos, permitiendo transitar en perfecta coordinación interinstitucional hacia una mejora en las condiciones de la salud en Guerrero y abatiendo los rezagos históricos en esta materia.
Precisó que “va dirigida a la población más vulnerable para que nunca más se queden sin ese servicio básico y sin acceso a ese derecho fundamental, con una inversión de más de 67 millones de pesos, todas las regiones de nuestro estado se van a beneficiar y se van a fortalecer en materia de operaciones, de evaluación médica, rescate, atención médica, tanto adecuada como oportuna, así como traslados de emergencia”.
En tanto que el secretario general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Adrián Benítez Ruiz, dijo que con esta entrega se refrenda el compromiso histórico de la institución que representa a través de la entrega de apoyos de equipamiento médico a instituciones públicas de salud.
“Estas ambulancias totalmente nuevas y equipadas, que cumplen con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana especializada en la regulación de los servicios de atención médica prehospitalaria sustituyen unidades en condiciones de obsolescencia, contribuyendo así al fortalecimiento y mejoramiento de la atención y trato digno en materia de salud”, explicó.
De igual manera, reconoció la labor de la gobernadora por asumir el compromiso de mejorar la atención en salud, en cumplimiento al mandato constitucional de garantizar su derecho y cobertura universal para todos los guerrerenses.
Enseguida la gobernadora y el secretario de Salud federal dieron el banderazo de salida a las nuevas unidades, las cuales serán distribuidas en las comunidades.
La gobernadora Evelyn Salgado le entrega una tarjeta del programa federal Producción para el Bienestar a la señora María Petra Cruz. La acompañan el alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román y el delegado de los programas federales de Bienestar, Iván Hernández Foto: Luis Daniel Nava
Luis Daniel Nava
Chilapa
La gobernadora Evelyn Salgado y el delegado de programas sociales del gobierno federal, Iván Hernández Díaz, acudieron a Chilapa para entregar apoyos a campesinos y enviar un mensaje político a favor del gobierno de México.
“Ese apoyo se los manda el Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué quieren, Procampo (programa de gobiernos pasados) o Producción para el Bienestar? Nosotros no queremos que regrese aquel programa”, expresó el funcionario federal antes unos 500 beneficiarios.
Por su parte la gobernadora mencionó en seis ocasiones al mandatario federal, les pidió a los presentes un aplauso para él y lo llenó de elogios: gran hombre, visionario, el mejor presidente que hemos tenido en México.
Y prometió: “Los programas van para adelante, subiendo. Y prepárense, porque en cualquier momento el presidente anuncia otro incremento”.
También adelantó que los adultos mayores beneficiarios pronto recibirán buenas noticias.
Los agradecimientos y halagos los hicieron frente al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, y su jefe político, el dos veces alcalde y ahora diputado local, Jesús Parra. Ambos del PRI y que desde 2015 han mantenido el poder político de Chilapa.
Sólo habló el acalde de Chilapa que escueto ofreció disposición de colaborar con el gobierno estatal y federal. El diputado local se limitó a dar forzadas palmadas cada vez que se mencionaba al Presidente de México postulado por Morena.
La gobernadora Evelyn Salgado llegó a la unidad deportiva después de las 11:40 de la mañana.
Antes estuvo presente en una reunión con los alcaldes de la región Centro, excepto la de Chilpancingo, y con integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz para tratar estrategias de seguridad para la “pacificación de la región”.
Durante esta sesión, la mandataria guerrerense también se reunió con los alcaldes de la región Centro y Montaña baja, con quienes abordó los temas de seguridad, y reiteró la disposición de trabajar de manera coordinada para mantener la paz social, sobre todo de continuar en la ruta de la gestión para llevar más y mejores obras y programas a esos municipios, de acuerdo con un comunicado estatal.
Destaca el delegado tarjeta del banco Bienestar
Los alcaldes la acompañaron a la entrega simbólica de apoyos federales.
Estuvieron presentes las alcaldesas de Ahuacuotzingo, Glorinda Casarrubias; de José Joaquín de Herrera, Orquídea Hernández Mendoza y de Mártir de Cuilapan, Jeny González Ocampo.
El de Zitlala, Rogelio Ramos Tecorral; Tixtla, Moisés González Cabañas; Chilapa, Aldy Esteban; Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia; Quechultenango, Crisóforo Castro y de Mochitlán, Gerardo Mosso López.
Ya en el acto, el delegado Iván Hernández, criticó que al Procampo, un programa surgido en los gobiernos del PRI, sólo se podría acceder por medio de organizaciones sociales y con palanca, que el apoyo era de 2 mil pesos y que además el banco quitaba comisiones de 600 a 800 pesos.
“La buena noticia es que eso ya se acabó. Con la tarjeta del banco Bienestar nadie les va a cobrar comisiones ni a condicionar, son libres. Ese apoyo se los manda a ustedes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seis mil pesos, todo parejo”.
“¿Ustedes que quieren Procampo o Producción para el Bienestar?”, preguntó en dos ocasiones para animar a un coro desganado.
“Hay quienes llegan a pedirme el otro programa. Eso no, nosotros no queremos que regrese aquel otro programa, queremos que el campesino reciba Producción para el Bienestar”.
Y agregó: “El presidente lleva una vida luchando, 40 años, se levanta todos los días a las 6 de la mañana para empezar a trabajar, los viene a ver a ustedes y todo lo hace por una sencilla razón, el presidente a ustedes los campesinos los quiere muchísimo”.
La gobernadora Evelyn Salgado dijo que quiere mucho al municipio de Chilapa donde se concentra parte del patrimonio de los cuatro pueblos indígenas de la entidad.
Informó que 17 programas del gobierno federal se ampliaron en Guerrero y que suman un presupuesto de más de 20 mil millones de pesos.
El apoyo para la producción, dijo, fortalece la cadena primaria de la economía y ayuda a cambiar las condiciones de vida de los campesinos.
Informó que hay 174 mil 355 beneficiarios, a quienes se destinan mil millones de pesos.
Luego expresó que más de 20 mil productores han sido beneficiarios y que tan solo en el municipio de Chilapa son 3 mil 349 con una inversión de más de 127 millones de pesos. El apoyo por héctarea es de mil 200 a 2 mil pesos.
“Los programas van para adelante, van subiendo. Y prepárense porque en cualquier momento el presidente anuncia otro incremento porque dice que tiene una deuda histórica con los que menos tienen”.
Finalmente agradeció a los trabajadores de la dependencia federal que coordinan el programa en el municipio y que estaban organizando la entrega masiva. “Gracias por materializar la visión de un hombre fraterno como es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al final, se despidió, con mallas metálicas de por medio, de algunas mujeres que le llevaron cadenas de cempasúchil y una manta de agradecimiento. Un niño que dijo participar en la Voz México se le acercó para cantarle. La mandataria ofreció apoyarlo.
La gobernadora y los alcaldes se fueron a gran velocidad en sus camionetas y automóviles. El delegado federal se quedó a coordinar la entrega.
El ex gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una reforma “regresiva de 25 o 30 años”.
En declaraciones antes de participar en una reunión con priistas, señaló que se busca “un desmantelamiento” del INE y la antesala de una gran crisis en las elecciones, porque “quede como quede el INE se verán imposibilitados en organizar una elección tan grande, tan amplia como va a ser la del 2024”.
También Mario Moreno dijo que el Plan B “no va a pasar, va a ir para atrás” en la Corte esa reforma regresiva y “lo peor que nos puede suceder es que pudiera salir adelante”.
Dijo que las consecuencias serían elecciones inequitativas, lo que podría “despertar al México bronco, que es algo que deben de cuidar mucho, es un alto riesgo, entonces que lo vayan valorando y que lo vayan pensando bien, porque no va a ser algo sencillo definitivamente”.
Criticó que Guerrero regresó al sexto lugar de violencia, aunado a “que vemos todos los días desplazados en todas partes, que la violencia sigue creciendo y que es algo que preocupa definitivamente, ojalá que los órdenes de gobierno se pongan las pilas, se pongan a trabajar y se resuelva esto”.
Resolución del INE en caso Alito le da la razón, dice Astudillo
Astudillo celebró que la Comisión de Prerrogativas del INE haya declarado improcedente la reforma a los estatutos del PRI?para la ampliación de mandato de Alejandro Moreno.
“Este primer paso es muy importante y vamos a esperar” el acuerdo del Consejo General que seguramente será recurrida por el CEN del PRI y el caso seguramente se va a llevar al Tribunal Federal Electoral, dijo Astudillo pero agregó que “de entrada esta primera resolución nos está dando la razón a varios de los que planteamos que quedara sin efecto esta modificación a los estatutos, que yo la considero un abuso de las facultades”.
Se le preguntó que ante la noticia el senador Manuel Añorve anticipó que habría tiempo que permitirá al dirigente Alito amplíe su periodo, pero el ex gobernador respondió que espera que el lunes “el Consejo General del INE ratifique lo que dice primero la comisión y de ahí vamos al Tribunal, creo que son las tres instancias y esas tres instancias vamos a desahogarlas”.
A Mario Moreno Se le preguntó si la relación registrada en una fotografía del senador Manuel Añorve y del ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, con Félix Salgado Macedonio y la gobernadora, Evelyn Salgado, no impactará en las elecciones del 2024. Respondió que son fotos circunstanciales que se dan en eventos políticos, “yo no le veo nada extraordinario”, y afirmó que él tiene una buena relación Añorve Baños.
Fuentes del PRI estatal sostienen que Mario Moreno buscará la candidatura a senador, mismo cargo en el que busca repetir el actual senador, Manuel Añorve Baños, por lo que habría una división aunada a la que ya ha provocado la ampliación de mandato del dirigente nacional, Alito Moreno, principalmente entre los grupos de Astudillo y Añorve.
