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Un informe sobre los incendios en el mercado, pide alcaldesa de Chilpancingo

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidente municipal Norma Otilia Hernández Martínez hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que informe sobre los avances de las investigaciones de los incendios de los 12 locales del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla y la marisquería El Marino, que ocurrieron hace ocho días.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Municipal, señaló que la semana pasada solicitó a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que informe, a través de comunicados, sobre los avances de estos hechos y de otros delitos, para que la población esté informada, “yo me sumo al clamor de la ciudadanía, de que no hay avances. Si hay avances, saquen un boletín para hacer lo propio”.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía, para que nos informe de los avances de las investigaciones para que agarre a los responsables, para que no haya una desconfianza en la población”, declaró.
Hernández Martínez indicó que la Fiscalía es la encargada de realizar las investigaciones de cualquier delito del fuero común y federal, para dar con los responsables, pero deben informar para coadyuvar. Agregó que cada instancia tiene su propia competencia, porque el municipio no puede investigar, pero sí puede realizar acciones para la prevención del delito.
Reconoció que hay un desorden en el mercado central, lo cual la delincuencia aprovecha para realizar hechos ilícitos, y dijo que anteriormente el centro de abasto tenía 2 mil comerciantes y ahora cuenta con 5 mil, lo que genera una sobrepoblación, “por lo que vamos a atender este desorden en el mercado y regularizar a los comerciantes”.
La alcaldesa pidió a todos los sectores sociales, como el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, que mediante la fe hagan lo propio para reconstruir el tejido social y se atienda la inseguridad.
Dijo que el problema de la violencia ha existido en años y administraciones anteriores en los municipio, estado y país, sin atender las causas que lo genera, que también ha fluido esta situación con la desunión de las familias y la migración, los hijos que crecen sin padres; sin embargo, están luchando y atacando las causas como la pobreza, marginación y la reactivación económica, para reconstruir el tejido social.
Indicó que es necesario que haya una corresponsabilidad con las familias, para que den atención adecuada de sus hijos, que hagan lo propio para mejorar cada día la sociedad, con el apoyo de los gobiernos y sectores sociales, para atender la situación de la violencia.
“Hago un llamado a los sectores sociales, también se lo hago al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, que hagamos cada quien lo que nos toca, él desde la fe para reconstruir el tejido social, las organizaciones hagan lo propio, que no politicen el asunto de la violencia, no nada más den sus opiniones, sino que se pongan a chamberar”, expresó.
En la celebración del miércoles de ceniza en la capital, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, llamó a los feligreses y a la sociedad en general a empezar a cambiar “por uno mismo”, y no permitir la violencia, porque “estamos secuestrados y esclavizados colectivamente” por el crimen organizado.
Por su parte, el enlace para los trabajos de protección civil y obras de mitigación de la falla geológica norponiente, Gustavo Vela Guevara, informó que hay cuatro propuestas de terreno para reubicar la primaria Rafael Ramírez, de las cuales una cuenta con los requerimientos.
Dijo que la revisión de los cuatro terrenos son la unidad deportiva de la colonia Industrial, el almacén del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), La Bloquera y la bodega de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), que son adecuados para la reubicación de la escuela, pero tres de ellos se encuentran cerca de gasolineras, venta de gas LP y el helipuerto, por lo cual no son aptos.
Agregó que el predio de la colonia Industrial está retirado de las causantes de riesgo, por lo cual consideran apto para la reubicación de la primaria, pero continuarán con los procesos para elegir el lugar.
En su participación, el coordinador de Protección Civil municipal, Sergio del Moral Benítez, informó que en lo que va del año se han registrado 18 incendios forestales en Chilpancingo, situación que adelantó la temporada de quemas, que regularmente inicia a principios de marzo.
Del Moral Benítez señaló que han acudido a las localidades y colonias Llanos de Tepoxtepec, La Cienega, Cerro Machohua, Zoyatepec, Tlahuizapa, Acahuizotla, Jardines de Zinnia, Ocotito y Coacoyulillo, lugares considerados focos rojos, para realizar medidas preventivas y evitar que estas zonas ocurran incendios.
Pidió a la población que los apoye, al no realizar quemas de pastizales, y si lo hacen, se acerquen con las autoridades municipales para asesorarse.

Se inconforman empresarios y priistas con las obras del Centro Histórico en Iguala

Alejandro Guerrero

Iguala

Unos 35 comerciantes establecidos, empresarios, profesionistas y militantes del PRI, se inconformaron la tarde de este lunes con la obra de remodelación del Centro Histórico de Iguala que realiza el gobierno federal mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual advirtieron que no recibirán ante defectos que ya está presentando antes de su inauguración.
Mediante una convocatoria en las redes sociales, a las 6 de la tarde de este lunes un grupo de empresarios, profesionistas, priistas y personas afines al actual gobierno municipal, entre ellos el empresario restaurantero René Ocampo Arada, que fue el que encabezó la protesta, realizaron un recorrido en el perímetro del Zócalo para mostrar a reporteros locales los defectos que han detectado en la obra que está prevista inaugurar en este mes.
“Los igualtecos estamos inconformes con estas porquerías que están haciendo”, dijo el empresario y ex dirigente municipal del PVEM, René Ocampo y pidió al presidente municipal priista, David Gama Pérez y su Cabildo “que no reciban la obra”.
“¿Cómo va a venir el presidente de la República a inaugurar esta porquería; yo estoy seguro que él no está enterado de las porquerías que está haciendo el secretario de la Sedatu”, dijo mientras avanzaba por la calle y mostraba una que otra piedra que ya se salió del diseño de empedrado que tienen las calles remodeladas en el centro.
Afirmó, que de acuerdo con albañiles que trabajaron en esta obra, el espesor del concreto que había antes de esta obra era de aproximadamente 30 centímetros, pero el que pusieron en esta nueva obra es una piedra con un espesor aproximado de 10 centímetros y por eso se está saliendo.
“Yo le pido a las autoridades de los tres niveles que vengan y que en verdad chequen y que no acepten estas cosas que están haciendo, principalmente al secretario de Sedatu, que venga a ver toda esta porquería que su gente está haciendo. Que nada más viene, que no le avisa al presidente municipal (David Gama), no le avisa a nadie”, dijo el empresario al hacer el mismo reclamo que antes ya había hecho el gobierno municipal mediante el regidor de Obras, el priista Pablo Hernández Aguilar.
“Hacemos un llamado urgente a Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, y a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) que se venga a dar una vuelta por aquí, por favor, vea estas porquerías.
Señaló que Gama Pérez y su Cabildo deben formar un comité para que supervise la obra y vean que se haga bien, y después del recorrido realizado anunció que también ellos como comerciantes y sociedad formarán otro comité de vigilancia.
Los manifestantes criticaron también que durante el proceso de la obra, las empresas contratadas tampoco se preocuparon por regar los tamarindos “y la mayoría se están secando”, además que sembraron plantas y arbustos que no son endémicos del clima de Iguala y hay riesgo de que se sequen.
En la caminata alrededor del zócalo, Ocampo preguntó a comerciantes y personas que lo seguían, “¿estaba mejor el zócalo como estaba o está quedando mejor ahorita?”, y cerca de 35 personas respondieron de forma unánime “como estaba”, y gritaron “fuera Meyer”.
Ante la exigencia de automovilistas y comerciantes que denunciaron afectaciones en sus ventas debido a estas obras, las calles que ya fueron terminadas fueron abiertas a la circulación vehicular y peatonal antes de su inauguración.

Ya le planteó a la gobernadora que se reúna con Abelina, asegura Jacinto González

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, informó que ya planteó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se reúna con la presidente municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, para hablar de acontecimientos que tienen que ver con ambos gobiernos, y evitar más desencuentros.
El dirigente estatal fue consultado por lo ocurrido el viernes, durante el lanzamiento del programa Territorio Violeta, que se realizó en Acapulco, donde un elemento del personal de seguridad de la gobernadora empujó y obstruyó el paso a Abelina López, y de acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento, no es la primera vez que esto ocurre; mientras, el gobierno estatal negó el hecho, sin embargo, ofreció iniciar una investigación.
Jacinto González reconoció que el desencuentro es público, pero consideró que es circunstancial, debido a que se trata de errores logísticos entre los equipos de la gobernadora y de la alcaldesa, pero no son diferencias políticas.
Consideró que tanto la gobernadora como la presidente municipal deben tomar medidas, capacitar e instruir a sus equipos, para “evitar este tipo de desencuentros”.
González comentó que ha hablado con la gobernadora de “todo lo que ha estado sucediendo anteriormente y quedamos en que nos vamos a sentar los tres para dialogar”, que es algo que planteará a Abelina López para “buscar una salida a estos temas”.
Insistió en que no ve “diferencias personales ni de gobierno entre Abelina López y Evelyn Salgado”.
Por el contrario, el dirigente de Morena aseguró que observa “mucho apoyo hacia Acapulco por parte de la gobernadora, y mucha recepción de parte de nuestra presidente, pero sí, por ahí debe haber un conflicto entre las logísticas, que el personal no se lleva bien con el otro personal y se entorpecen los ingresos, a mí me ha pasado”.
Según lo dicho por Jacinto González, el problema puede solucionarse “con una buena platicada, de organización. Podemos llegar a limar asperezas en esa parte de la logística de los eventos”.
Se le recordó que también han ocurrido otros hechos, en los que han habido confrontaciones que incluso han llegado a golpear a reporteros y fotógrafos durante actos convocados por el Ejecutivo estatal. Al respecto, dijo que “a lo mejor quien está a cargo de la logística no tiene el contexto del manejo y trato a la prensa, a los propios funcionarios de otras administraciones. Se requiere buscar hablar con ambas partes y pedirles que capaciten a su personal de seguridad y de logística”.
Sin embargo, dijo que como dirigente cumplirá con el acercamiento y hacer las recomendaciones, “pero al final, ellos deciden si mantienen o no a su personal o porqué lo tienen ahí”.
Se le preguntó también por los señalamientos de perredistas y priistas contra Morena y el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, durante el festejo del cumpleaños del ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, donde aseguraron que la elección del próximo año será la más difícil que enfrentarán, por la intervención del presidente y el uso de los programas sociales.
Al respecto, el dirigente estatal de Morena consideró que ambos partidos ya están “anticipando su derrota, y qué bueno que ya lo acepten”, pero les envió el mensaje de que “las cosas ya cambiaron”, que ahora ya no son las elecciones como cuando gobernaba el PRI, “donde se metían con todo, con los programas, manipularon a la gente y eso que daban dádivas nada más”.
Insistió en que ahora los programas sociales son derechos constitucionales, también afirmó que pasarán “décadas para que al pueblo se les olviden los agravios” del PRI y PRD.

La basura de Chilpancingo, un negocio bajo control de una mafia con funcionarios involucrados

A bordo de la Paver, una camioneta de redilas Nissan, vieja, don Roberto Morales encontró en la recolección de basura casa por casa una solución a su problema de desempleo. El presidente municipal Saúl Alarcón Abarca (2002-2005) le permitió prestar el servicio para obtener ganancias mediante la cooperación voluntaria de los vecinos.
Don Roberto obtenía ingresos, entonces, de 200 a 300 pesos diarios y era el único que con La Paver recorría las calles de Chilpancingo.
Nunca imaginó que lo suyo sería el origen de una verdadera empresa de la que se apropiarían vivales, funcionarios públicos y líderes políticos. Cinco de ellos terminaron por expulsarlo para incorporar flotillas de camionetas que hoy suman 280 y cobran de 10 a 40 pesos a los vecinos por recoger su basura, obteniendo ganancias que llegan a mil pesos diarios por cada camioneta recolectora, mediante el servicio privado ahora popularmente conocido como La basura jefa.
La recolección de basura es un negocio lucrativo también para los separadores de los desechos o pepenadores, y desde la administración del presidente municipal, Mario Moreno Arcos (2005-2008), cuatro familias controlan a los 100 pepenadores para el acopio y la venta.
Una tonelada de PET, por ejemplo, tiene un costo de 3 mil 500 pesos, mientras que el precio de los metales fluctúa de acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores, contó Éric Escobedo, un ex procesador de desechos que dejó el negocio presionado por “las mafias” que controlan el servicio de recolección y la separación de la basura en la capital.
Los cinco líderes concesionarios que controlan a los 280 choferes y las cuatro familias que tienen bajo su poder a los 100 pepenadores, además de la corrupción, la incapacidad y negligencia del Ayuntamiento que dejó en manos del sector privado el servicio, son los causantes de la crisis de saneamiento y recolección de basura que actualmente vive la capital, es la conclusión de diversas fuentes consultadas.
Escobedo recuerda que ambos grupos se fortalecieron en la segunda administración municipal del actual gobernador, Héctor Astudillo Flores (2009-2012).

El monopolio de la recolección y separación de basura

En el actual tiradero de basura ubicado a un costado de Tierras Prietas, los casi 100 pepenadores se encuentran divididos en cuatro grupos. Uno de ellos le rinde cuentas a Rafaela Santiago Cayetano, otro a la madre de ésta, Virginia Cayetano y dos más a Las Silvias, Silvia Castro y a su hija Silvia, de la que desconocen su primer apellido, ambas madre e hija, quienes han formado el monopolio de la recolección y separación de la basura y que la venden a los acopiadores, algunos de ellos con residencia en Chilpancingo y otros en Acapulco o en la ciudad de México.
Entre moscas, olores nauseabundos, perros que hurgan los desechos y zopilotes que sobrevuelan los montones de basura al norte de la capital, Pedro, integrante de uno de los cuatro grupos de pepenadores, comentó que él ha vivido de la basura desde hace casi 10 años.
Sus ingresos varían de 300 a 500 pesos diarios, según se apure a la separación de los desechos como el plástico, metales y cartón que después vende a Virginia Cayetano, una de las “caciques” del basurero. Contó que él y 30 de sus compañeros no pueden venderle a otras personas, so pena de ser amenazados de que les retirarán el permiso para trabajar allí.
Contó que lo del permiso es sólo “un decir” porque en los hechos no existe ningún documento que los ampare y que les dé derecho a trabajar. El único aval es que, dijo, “la lleve bien” con Virginia. Igual que ella los casi 100 pepenadores le rinden cuentas a doña Rafaela, hija de Virginia, o a las dos Silvias.
Dijo que si les venden a otros acopiadores, son amenazados con ya no permitirles “trabajar” en el basurero.

Los caciques de La basura jefa que impidieron el relleno sanitario en Matlalapa

Efraín Ríos, presidente de la Sociedad Cooperativa Cultura Social por el Estado de Guerrero, contó que en Chilpancingo se generan aproximadamente 400 toneladas de basura diariamente, mismas que se recogen mediante el sistema de Servicios Públicos Municipales y por el sector privado conocido popularmente como los de La basura jefa, debido a que así gritan mediante altavoces para anunciarse en sus recorridos por la ciudad.
La Sociedad Cooperativa que representa busca desde finales del año pasado hacerse cargo del sistema de limpia de Chilpancingo, sin costo alguno para el municipio, obteniendo ingresos solamente mediante la venta de los desechos, pero siempre se enfrentó a la negativa del ahora ex alcalde Marco Antonio Leyva Mena.
Claudio Venegas, un ex recolector de basura que comenzó casi simultáneamente que don Roberto Morales, dijo que en realidad no fue el alcalde quien se negó a “soltar” el permiso, sino los cinco líderes que controlan el sector privado de la recolección en Chilpancingo.
Uno de ellos es el propio director de imagen urbana de Chilpancingo, Carlos Ramírez, vinculado con el grupo político del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien cuenta con una flotilla de al menos 20 camionetas en la capital. Otro de los líderes que cuentan con números para el servicio de recolección de basura privados es Julián de la Rosa, hermano del ex diputado local y ex dirigente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez.
Otro de los líderes es Jesús Corona, quien se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente cuatro años pero sigue teniendo camionetas recolectoras de basura. Algunos de sus compañeros vinculan su desaparición al conflicto entre dirigentes por el control del sistema privado de recolección de basura y la disputa con las cuatro líderes de los pepenadores. Otro es Fernando Román Sánchez, quien formó parte del personal de seguridad del extinto gobernador José Francisco Ruíz Massieu y posteriormente fue colaborador del ex alcalde Efrén Leyva Acevedo.
Otros dos líderes solamente son identificados como Joaquín y Guillermo, quienes no asisten a las reuniones y solamente envían a sus representantes.
Efraín Ríos declaró que de acuerdo con un estudio de la cooperativa que representa, actualmente existen 280 camionetas que recolectan más del 50 por ciento de las 400 toneladas de basura que se generan diariamente.
A su vez, Manuel Dionisio, acopiador que compra los desechos a los pepenadores que se encargan de separar la basura, dijo que el servicio de recolección de basura se ha convertido en una “mafia” desde la segunda administración municipal del actual gobernador, Héctor Astudillo.
Desde entonces funcionan de manera irregular, sin permiso, y entre los mismos líderes autorizan números que venden entre 35 y 40 mil pesos para que se incorporen al servicio de recolección de basura.
Contó que son estos y las cuatro líderes de los pepenadores quienes mediante protestas y bloqueos presionaron e impidieron que se estableciera el relleno sanitario de Matlalapa, municipio de Tixtla y cerca de Zumpango, independientemente de la “incapacidad” del alcalde Marco Antonio Leyva para negociar con los alcaldes perredistas Hosseín Nabor Guillén y Pablo Higuera Fuentes.
Del relleno sanitario de Matlalapa la inversión sería de 12 millones de pesos, de los cuales solamente se invirtieron 7 debido a que los habitantes del vecino municipio presionaron para que el alcalde Nabor Guillén negara el permiso al alcalde de Chilpancingo.
Éric Escobedo, un ex procesador que dejó el negocio debido a los conflictos entre los pepenadores, declaró que en Chilpancingo no existe una empresa formal que se encargue de la recolección, acopio, separación y procesamiento de la basura, como en otras ciudades del país.
Otro acopiador que le compra los desechos directamente a las empresas Comercial Mexicana, Liverpool, Aurrerá y Coopel, denunció que las cuatro líderes de los pepenadores y los permisionarios de las camionetas privadas se han convertido en mafias que presionan a las autoridades municipales para que no entren estas empresas, y que incluso son las que han protestado para impedir la apertura de los rellenos sanitarios en Matlalapa y Zumpango.
“Fueron utilizados con fines políticos en este conflicto entre el ex presidente municipal y el gobernador, que derivó en la solicitud de licencia del alcalde Marco Antonio Leyva Mena”, dijo el empresario que compra cartón, plástico, fierro y papel para enviarlo a la Ciudad de México para su procesamiento.
Dijo que el problema son los intereses económicos de las cuatro líderes de los pepenadores y los del sector privado los que han provocado el problema, para impedir el ingreso de las empresas que quieren encargarse de la recolección, separación y procesamiento de la basura.
Roberto Morales es un ejemplo claro. Afuera de su casa donde todavía se encuentra estacionada la Paver en la que comenzó a recolectar la basura, dijo que su problema comenzó en 2010 cuando la gente de la maña, el crimen organizado, le exigió 10 mil pesos mensuales y prefirió retirarse del negocio, “de dónde iba yo a sacar ese dinero, si apenas ganaba yo para comer”.
Después cuando intentó regresar al servicio se encontró que ya había una flotilla de camionetas incorporadas a las organizaciones del transporte público, encabezadas por líderes que para darle un número tenía que pagar 40 mil pesos para poder prestar el servicio.
Según el empresario Fernando Ortiz, otro de los acopiadores, la basura no es un problema, sino “un negocio” que no han dejado crecer por intereses políticos.
Un kilo de cartón tiene un costo del pepenador al acopiador de 1.5 pesos, el PET 3.20 pesos, el plástico 2.50 pesos, el HDP (papel blanco) 2.50 pesos y el nylon 3 pesos. El acopiador, mientras tanto vende hasta en 3 mil 500 pesos la tonelada de PET, por ejemplo, y genera en promedio 20 toneladas semanales, lo que le generan ingresos de hasta 60 mil pesos semanales sólo por la venta del PET, independientemente de los metales, cartón, papel periódico, papel y vidrio.
Para el empresario “hay mano negra entre políticos y funcionarios desde la administración municipal de Héctor Astudillo Flores y Mario Moreno Arcos, para convertir en un problema el servicio de recolección de basura, y no en una empresa que genere ganancias”.

No cumple el alcalde la promesa de pavimentación de una calle en Chilpancingo, denuncia un colono

El presidente de la colonia Valle Dorado de las Flores en Chilpancingo, Miguel Vallar Álvarez denunció que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, no cumplió la promesa de que seguiría la primera etapa de la pavimentación de la calle principal del asentamiento.
Relató que el sábado el presidente municipal acudió al asentamiento, se comenzó la obra y les aseguró que el lunes continuarían los trabajos, pero no fue así.
Consultado en el Ayuntamiento, el representante de la colonia dijo que el sábado sí acudió Leyva Mena al asentamiento, llevó tres mezcladoras de concreto y se pavimentaron 90 metros cuadrados de 592 que tiene la calle.
Declaró que ese día el alcalde se comprometió que el lunes o martes llevaría más concreto para continuar la obra, pero no cumplió, por eso acudió a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) municipal para preguntar el motivo.
Dijo que le preocupa que no continúe la obra porque sus vecinos ya pusieron la parte que les toca, prepararon el suelo de la primera de la tres etapas de la pavimentación y gastaron cerca de 80 mil pesos. Cada una de las 120 familias aportó mil pesos. (Beatriz García / Chilpancingo).

Las acciones por la Ley 701 tendrán el respaldo del Ayuntamiento, dice el alcalde de San Luis Acatlán

También las comunidades de la región de la Costa Chica se movilizarán en defensa de los derechos de los pueblos originarios y para que se amplíen, no sólo por la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, declaró este lunes en Chilpancingo el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García.
El alcalde que llegó a la presidencia municipal con las siglas del Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que sería un riesgo si esa ley pierde su vigencia, como lo hará el 1 de abril si no se ratifica, porque dejaría en el desamparo legal a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que han dado buenos resultados en contra de la inseguridad en la región de la Costa Chica-Montaña.
Dijo que la actuación de la Policía Comunitaria ha frenado el ingreso de las mineras en la zona, y denunció que en su municipio se ha visto nuevamente la presencia de extranjeros, sobre todo canadienses, y vehículos de la minera Media Luna, pero que los pueblos no les van a permitir sus trabajos de exploración.
El domingo se reunieron en Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, y acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, entregada al Congreso local como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 sea derogada.
El alcalde Vázquez García, en cuya cabecera municipal está la Casa Matriz de la CRAC, fue consultado este lunes en Casa Guerrero, a donde acudió a recibir una de las siete unidades médicas y cuatro ambulancias del régimen ordinario del Programa IMSS-Prospera, que se entregaron además a los alcaldes de Cualac, Tlacoapa, Alcozauza, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Ayutla de los Libres.
Declaró que seguramente los diputados del Congreso del Estado y los funcionarios del gobierno estatal están pensando en que esa ley pierda su vigencia, como está previsto, “y de esta forma afectar a los indígenas, pero no se va a permitir, al menos en San Luis Acatlán la gente está organizada y va a salir a defender su ley”.
El también abogado agregó que lo menos que puede hacerse es ampliar los derechos de los pueblos indígenas en esta ley.
Informó que como en la Montaña, en San Luis Acatlán también hubo una reunión de la Policía Comunitaria el sábado, en donde trataron la Ley 701 y acordaron la postura que va a asumir la CRAC hasta la fecha límite que tiene el Congreso para la aprobación de una nueva ley.
Adelantó que las acciones de los pueblos indígenas tendrán el respaldo del Ayuntamiento, “porque en materia de seguridad a nosotros sí nos ha funcionado la Policía Comunitaria en nuestro municipio, y la vamos a defender dentro del marco de la legalidad”.
Reconoció que detrás de la postura de dejar al margen de la legalidad a la Policía Comunitaria pudiera estar la pretensión de abrirle las puertas a las mineras extranjeras que ya están al menos en su municipio, en donde existen concesiones autorizadas por el gobierno federal.
El alcalde declaró que hay un rechazo total por unanimidad de las comunidades, aunque reconoció que hay líderes de la misma región que llevan el mensaje de que estas minas traerían beneficios y que eso es lo preocupante, “que utilicen a nuestra propia gente para permitir el acceso de estas minas” aunque insistió en que la idea general de las comunidades es el rechazo a la introducción de las empresas mineras.
Adelantó que frente a este problema el Ayuntamiento que preside va a respaldar la postura mayoritaria, “siempre y cuando estén dentro del marco de la ley”.
Destacó que las tierras son de los campesinos y que estarán en su derecho de defender hasta sus últimas consecuencias su patrimonio.
Vázquez García dijo que no tiene el dato de cuántas concesiones están autorizadas en el municipio de San Luis Acatlán, pero que es público que las mineras están interesadas en una mina ubicada en Pazcala del Oro, otra cerca de Mixtecapa, el Tlaxcalistlahuaca y Yoloxóchitl.
Denunció que a estos lugares han ido representantes de empresas disfrazadas de investigar qué tipo de minerales pueden extraer en la región.
Reconoció que no se han reanudado los sobrevuelos que se denunciaron en 2010 y 2011, pero que les pareció extraño encontrar a un canadiense que hace aproximadamente un mes se accidentó en una motocicleta, en un tramo del camino de Arroyo Mixtecolapa y Pazcala del Oro. Recordó que nunca se aclaró qué andaba haciendo en esa zona, y que el caso sólo se conoció porque sufrió un accidente en su motocicleta.
“Los campesinos dicen que es de la gente que andaba realizando trabajos de exploración de las minas de la región”, afirmó el alcalde.
Denunció que los campesinos también han visto vehículos con el logotipo de la minera Media Luna, “pero los campesinos están pendientes, no van a permitir ningún estudio en la región. Yo tengo permanente comunicación con ellos y sin duda alguna van a tener el respaldo nuestro, siempre y cuando marchemos dentro de la legalidad”.

Denuncian vecinos la imposición del comisario y cierran la entrada a Palo Gordo, Juan R. Escudero

Vecinos de la comunidad de Palo Gordo en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), bloquearon de manera intermitente la entrada a la localidad, porque denunciaron que el presidente municipal Leonel Leyva Muñoz, pretende imponer como comisario a Samuel Domínguez Radilla, quien intenta realizar una feria de manera irregular.
En una llamada telefónica a la redacción de El Sur, el comisario de la comunidad de Palo Gordo, José Leonor Peñaloza Villa, comentó que a las 11 de la mañana un grupo de unos 50 pobladores se congregaron en la entrada de la comunidad y realizaron un bloqueo intermitente para impedir la entrada de juegos mecánicos y puestos de comida, pues dijo que Domínguez Radilla pretende realizar una feria como parte de las festividades religiosas de la virgen María.
Comentó que esta feria se realizó del 10 al 13 de este mes, y que “el comisario Samuel Domínguez Radilla impuesto por el alcalde perredista, se está adjudicando el cargo que no le corresponde, porque gané las elecciones de comisario, él no puede hacer ninguna actividad en el pueblo”.
Peñaloza Villa explicó que el 28 de julio del año pasado, fueron las elecciones para comisario en dicha comunidad y agregó que en la contienda electoral ganó por cinco votos.
El comisario de Palo Gordo acusó al alcalde de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, de imponer como comisario a Samuel Domínguez Radilla, “quien no ganó las elecciones” y fungió en el cargo durante seis meses.
“No han intervenido las autoridades en este problema, pareciera que hay dos comisarios en Palo Gordo, lo cual es irregular, por eso exigimos al presidente municipal que intervenga en este conflicto para evitar una confrontación entre los pobladores”, expresó Peñaloza Villa.
Hasta las 6:30 de la tarde los inconformes continuaron con el bloqueo intermitente en la entrada de la comunidad.

Hay escuelas cerradas y falta de médicos debido a la violencia en Ajuchitlán, dice el alcalde

En Ajuchitlán hay calma debido a la presencia del Ejército y de la Policía del Estado que llegó después del secuestro masivo en la comunidad de San Jerónimo el Grande, aseguró el presidente municipal Onofre Santana Ramírez.
En Coyuca de Catalán dijo que por el momento hay calma en el municipio y que mucho tiene que ver la llegada de los militares a reforzar la seguridad.
“La situación es igual que en otros municipios, desafortunadamente nos han tocado los secuestros masivos en Ajuchitlán, el miedo es latente entre la gente, sabemos que la inseguridad no bajará de manera inmediata ni el miedo de la gente, hay una tensa calma en el municipio que espero yo que se prolongue por mucho tiempo”, expuso.
“En San Jerónimo sí hay reportes de escuelas cerradas pero ya se está atendiendo, sí hay (falta de) médico también se está atendiendo este tema y estamos esperando que todo vuelva la calma”, señaló el alcalde.
En Ajuchitlán se han reportado dos secuestros masivos en los últimos cuatro meses. En uno de ellos se llevaron a 10 vecinos de San Marcos y en San Cristóbal y después a 10 más en San Jerónimo el Grande, que luego la cifra se redujo a siete.
Onofre Santana dijo que para Ajuchitlán es importante atender a la gente, pues confirmó que llegaron vecinos del pueblo a solicitar diversos servicios.
Por otro lado reportó que no tendrá problemas para el pago de los aguinaldos y que no pedirá prestado, sin embargo dejará de pagar los laudos laborales. La deuda por las demandas es de más de 50 millones de pesos.

Ingresa al penal de Chilpancingo el cura que mató al presidente municipal

También encarcelan al padre Ernesto Rodríguez, como cómplice

Su confinamiento en la capital es por medidas de seguridad ante las protestas de habitantes de Xalpatláhuac, informa el director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Joaquín Juárez Solano

Zacarías Cervantes Chilpancingo Los sacerdotes Lorenzo Cuéllar Vázquez y Ernesto García Rodríguez, detenidos como presuntos responsables del asesinato del alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal, fueron ingresados ayer al Centro de Readaptación Social de Chilpancingo y puestos a disposición del juez Jesús Campos.

Los dos clérigos fueron trasladados de los separos de la Policía Judicial del Estado a la cárcel de esta capital por una decena de policías de Seguridad Pública y de la PJE, así como por el director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Joaquín Juárez Solano.

Vestido con una camisa a cuadros, negro con blanco, pantalón de mezclilla color negro y botas tipo militar, el sacerdote Lorenzo Cuéllar ingresó al penal cabizbajo y con un semblante triste. Atrás lo seguía el párroco Ernesto García Rodríguez, quien vestía una camisa verde, pantalón gris y huaraches. Ambos se negaron a hacer comentarios a la prensa.

Afuera del penal, presenció de lejos el ingreso de los dos clérigos la madre de Lorenzo Cuéllar, Agustina Vázquez, quien sólo iba acompañada por un joven que se dijo amigo de la familia.

“Esta es una situación grave tanto para una parte como para la otra”, dijo con una voz apenas audible, y agregó que desconoce lo que le espera a su hijo, “porque ese es un asunto de las autoridades, la justicia sabrá qué hacer”, señaló.

A los familiares del presidente municipal muerto les dijo que: “lo siento, se siente perder a un ser querido, yo también estoy sintiendo a mi hijo”, indicó y después se negó a hablar más.

Mientras que el director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Joaquín Juárez Solano, dijo que los dos sacerdotes son probables responsables del delito de homicidio en agravio del alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal.

Y es que señaló que de acuerdo con testimonios y declaraciones hechos ante la Policía Judicial, también hubo alguna participación del párroco Ernesto García Rodríguez, porque en algún momento retuvo al alcalde y a su hijo mientras Lorenzo Cuéllar fue al curato por el arma con la que disparó.

También informó que una de las hipótesis es que los hechos se generaron por una confusión, porque durante el baile algunas personas agredieron a los sacerdotes, y que éstos los confundieron con el alcalde y su hijo cuando ya se retiraban.

Dijo que es apenas una de las hipótesis porque las investigaciones van a continuar hasta que se esclarezca el caso.

Juárez Solano reconoció que los detenidos fueron trasladados a esta capital por medidas de seguridad, toda vez que ciudadanos de Xalpatláhuac comenzaban a efectuar protestas en Tlapa, donde se encontraban detenidos.

La situación jurídica de los dos clérigos será resuelta en un plazo de 72 horas, por el juez Jesús Campos.