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Piden organizaciones la libertad de los presos políticos en una conferencia con un comunitario Samuel Ramírez

Promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), activistas y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y que las autoridades dejen de criminalizar a los luchadores sociales.
En conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa el policía comunitario liberado ayer, Samuel Ramírez Gálvez, su madre, Beatriz Gálvez Macario, el promotor de la CRAC-PC que también estuvo en prisión, Arturo Campos Herrera, y la esposa del coordinador de la Policía Comunitaria de la base del Fortín de Tixtla, preso en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez declararon que seguirán activos en la lucha social en defensa de los derechos del pueblo.
Campos Herrera dijo que el Ejército detuvo a Ramírez Gálvez “para poder criminalizar a la Policía Comunitaria”, y que muchos luchadores sociales y activistas no acudieron a recibirlo al salir de la cárcel porque todo fue muy rápido.
“Queremos decirle al Estado que ya deje de criminalizar a nuestras organizaciones como la CRAC, que deje de criminalizar a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, que deje de intimidar a nuestros compañeros y deje de meter más presos (políticos)”, como a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Criticó que “el Estado no ha atacado a la delincuencia organizada, la delincuencia que existe en el estado está aumentando cada día más, y a nuestras organizaciones que no somos delincuentes, que estamos defendiendo a nuestro pueblo, nos criminaliza”, y exigió respeto para las organizaciones y luchadores sociales.
Además dijo que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el responsable es el gobierno, “está claro que el Ejército tuvo que ver, la Policía Federal y la Estatal también, los responsables deben ser castigados como (el ex gobernador) Ángel Aguirre Rivero”, por ello continuará la lucha por la presentación con vida de los jóvenes.
“Yo quería salir (de la cárcel) como absuelto, el gobierno no respeta la Ley 701 pero nosotros vamos a seguir luchando hasta sacar a nuestro compañero Gonzalo Molina, vamos a seguir”, insistió Ramírez Gálvez que fue liberado el martes en la tarde y recibido por vecinos de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc. El policía comunitario habló un instante sólo para dejar claro que fue declarado culpable por un delito que no cometió. Su madre Beatriz Gálvez informó que no habla bien el español y los primeros días de prisión fueron muy duros para su hijo, pues no podía defenderse.
Beatriz Gálvez dijo que “el gobierno siempre reniega los derechos del pueblo, de los indígenas, de la gente humilde, de la gente que no tiene recursos, aquí el gobierno lo saca (a Samuel) culpable, él no es culpable, el arma que portaba no era de él, era de la comunidad y se le entregó para que resguardara a su gente pero lo detuvieron con esa arma”, que según las autoridades era de uso exclusivo del Ejército por lo que Ramírez Gálvez fue condenado a 4 años y 100 días encerrado en la cárcel de Chilpancingo.
Beatriz Gálvez es una mujer na’ savi de Zitlaltepec, Metlatónoc, al igual que sus cuatro hijos, Samuel es el menor y fue encarcelado cuando tenía 18 años, en la conferencia de prensa la señora denunció que su esposo Raúl Ramírez Onofre la responsabilizó de la situación y la abandonó pero en su comunidad, Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, fue acusada de haber desaparecido a su marido, de haberlo asesinado, por lo que en 2016 la encarcelaron 17 días.
“Yo sola con mis otros hijos venía (a Chilpancingo) cada dos, tres meses para verlo (a Samuel) hasta ahorita que sale y sale culpable, en mi caso con la desaparición de este señor (su esposo) me mandan al Ministerio Público pero nadie se encarga de buscarlo, me mandan a mí a buscarlo, yo sé que se fue para perjudicarme, por eso lo digo, para que cuando sea el momento pueda denunciar este caso porque es algo injusto como madre de familia, como mujer”, expuso.
Añadió que como policía comunitaria y coordinadora de la Casa de Justicia de su comunidad, y aunque el gobierno no reconozca la lucha social “no nos va a intimidar, no nos va a amedrentar, bien o mal nosotros vamos a seguir porque es para la defensa de los pueblos, no es para algo malo, aunque el gobierno no lo reconozca vamos a seguir firmes, en nuestro pueblo nadie nos va a defender, nadie nos va a cuidar más que nosotros”.
Honorato Vázquez pidió al gobierno que respete a la CRAC-PC y la Ley 701, “queremos exigirle al gobierno y decirle que vamos a seguir en la lucha hasta que todos nuestros compañeros todavía presos salgan libres como el caso de mi esposo Gonzalo Molina, a todos nuestros compañeros les violaron sus derechos humanos cuando el gobierno sabe que nuestra institución está reconocida”.
Señaló que aunque Ramírez Gálvez fue condenado “nosotros sabemos que todos nuestros compañeros no son culpables de nada, al contrario, han luchado por el bien de las comunidades, por el bien de las personas y el gobierno sabe que por eso estamos reconocidos”.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa pidió respeto a la CRAC y las organizaciones sociales, que se unen para buscar el bienestar para sus comunidades y la sociedad. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

 

Marchan maestros en Acapulco a tres años del desalojo y del asesinato de Claudio Castillo

Más de 600 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Servidores Públicos de Guerrero (SUSPEG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) marcharon en la zona Diamante de Acapulco, al cumplirse tres años del desalojo violento de la Policía Federal en el que murió el maestro jubilado Claudio Castillo Peña.
Además de exigir justicia y castigo a los responsables de la muerte de Castillo Peña, los manifestantes demandaron la libertad de los integrantes del Cecop, Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, la de los policías comunitarios detenidos el 7 de enero, un alto a los feminicidios y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el rechazo a la reforma educativa y en defensa del sindicalismo.
Durante el mitin, los oradores no dejaron pasar el momento y, aunque no mencionaron al candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, si fue obvio que se referían a éste cuando llamaron a “hacerle pagar la factura al gobierno federal ayudando a construir el proyecto de nación en julio; echar abajo esas reformas” con organización y compromiso.
A las 10 de la mañana los maestros empezaron a llegar al entronque a Metlapil, en el bulevar de Las Naciones, y comenzaron su marcha a las 11:30, rumbo al punto lugar donde fue el desalojo, cerca del centro de convenciones Fórum Mundo Imperial; durante todo el camino, los manifestantes fueron vigilados por patrullas de la Policía Federal.
Mientras avanzaban, los oradores, mediante un equipo de sonido demandaron justicia, castigo para los asesinos, y acusaron que el desalojo fue ordenado por quien entonces era el subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda.
La marcha ocupó el bulevar en el sentido Puerto Marqués-Aeropuerto, por lo que la Policía Federal habilitó los carriles contrarios para la circulación de automóviles en ambos sentidos.
Mientras los manifestantes avanzaban, gritaban consignas como: “Claudio vive, la lucha sigue” y “Si Claudio viviera, en la lucha estuviera”.
Una hora después, la manifestación llegó al punto donde se dio el desalojo el 24 de febrero de 2015, y ahí, uno a uno los oradores recordando al maestro Claudio Castillo, de quien destacaron que en las marchas siempre iba al frente lanzando consignas o de orador, siempre llamando a la unidad y a la no violencia.
La presidenta del Frente Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara recordó que el día del desalojo las mujeres fueron golpeadas por los federales, y señalando a los que estaban vigilando la marcha, dijo, “a esos policías que están vigilando la marcha por qué no se van a vigilar las zonas donde la delincuencia ha estado acosando, asustando a la comunidad, es ahí donde tienen que cuidar y no venir vigilando esta marcha”.
Recordó que a los maestros los golpearon y acusó que los policías se ensañan con el pueblo, pero no son para ir por los delincuentes, y subrayó que el legado del maestro Claudio Castillo fue de la unidad; que se tienen que organizar para hacer pagar la factura el 1 de julio y “todos y todas tenemos que construir ese proyecto de nación, todos y todas (tenemos) que hacer que se vayan abajo esas reformas educativas”.
Por su parte, el dirigente sindical del Colegio de Bachilleres, Alfredo Ramírez indicó que el maestro Claudio Castillo fue un ejemplo de lucha, de compañerismo, de convicción y un ejemplo a seguir siempre; que a pesar de su edad y salud, siempre estuvo al frente con el magisterio y la lucha popular, y “por eso hoy no podía pasar desapercibido y tener que marchar y exigir a las autoridades nuevamente que este hecho del asesinato del compañeros no quede en la impunidad”.
Señaló que el mejor homenaje que le pueden rendir al maestro fallecido es “que las reformas educativas y las demás reformas estructurales no se impongan al magisterio y al pueblo de México y, para eso, el 1 de julio tenemos una gran oportunidad de cambiar el estado de cosas de inseguridad, de pobreza, de violación a los derechos humanos, de encarcelamiento a los campesinos y dirigentes sociales”. La movilización concluyó antes de las 2 de la tarde, luego de un mitin en el que los maestros exigieron justicia en el caso y castigo a los asesinos de Claudio Castillo Peña, y cantaron el himno Venceremos con el brazo izquierdo en alto, en el lugar donde cayó el maestro jubilado hace tres años, y donde colocaron un ramo de rosas rojas.

 

Marcha el Frente Popular de Tlapa; pide obras, justicia por Ayotzinapa y libertad a presos políticos

 

Integrantes y simpatizantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) marcharon por su segundo aniversario y demandaron la construcción escuelas,  redes de agua potable y drenaje y  pavimentación de calles y carreteras  así como mayor apoyo al campo.
Además exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia para Antonio Vivar Díaz quien fue asesinado en el 2015 en la jornada electoral por policías federales, la libertad de los presos políticos y la desaprobación a la Ley de Seguridad Interior (LSI).
En la marcha participaron cerca de mil 500 personas de las comunidades de Zacualpan, Tlacuiloya, Tlatzala, Tenango Tepexi,  Xalatzala, Coachimalco y colonias de Tlapa como la 5 de Mayo, Loma Bonita, El Dorado, la Lázaro Cárdenas, Tepeyac y Miguel Hidalgo.
La marcha inició cerca de las 10:30 de la mañana en el mercado Nuevo Horizonte para Guerrero y avanzó por las calles principales de Tlapa y terminó en un mitin frente al Ayuntamiento de esta ciudad donde  los asistentes colocaron sus mantas con las demandas de cada comunidad y otras poblaciones como la de Ocotequila del municipio de Copanatoyac que pidió la pavimentación de su carretera.
En el mitin participó el integrante de la Organización Popular  Independiente de Guerrero (OPIG), Israel Jiménez Martínez quien dijo que  el sexenio peñista ha dejado pobreza y marginación en las comunidades indígenas.
Se pronunció contra la LSI y dijo que sólo servirá para reprimir a los movimientos sociales y además dijo que las leyes energéticas sólo han generado el aumento del gas, la gasolina, la energía eléctrica y también que las mineras buscan despojar a los pueblos de su territorio.
Llamó a la organización de los pueblos para impulsar las leyes que permitan defender los derechos, como la ley general de consulta de los pueblos indígenas.
Además pidió justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y libertad a los presos políticos.
También participó el integrante del a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Paraíso, en Ayutla, Arturo Campos Herrera quien pasó cuatro años en la cárcel y recientemente obtuvo su libertad tras acreditar su inocencia en los delitos que le imputaron, él pidió la libertad de sus compañeros Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Marco Antonio Suástegui y los más de 30 detenidos en la comunidad de La Concepción en Acapulco de quienes dijo su único delito fue organizarse para defender a su pueblo.
Llamó a la unidad de las luchas para enfrentar los embates del sistema.
Por separado, la integrante de la Organización de Comerciantes Ambulantes, Orquídea Aguilar Rodríguez lamentó la criminalización a su actividad en la ciudad la cual consideró que no era un delito ya que lo hacen para mantener a sus familias y se organizaban para exigir mejores aulas para sus hijos y no fueran de cartón y carrizos, se quejó de la falta de medicamentos y la atención de especialistas en los hospitales y falta de ambulancias.
Pidió seguridad para las mujeres y frenar los feminicidios porque tiene miedo de que sus hijas salgan a la calle y las maten.
También habló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,  Abel Barrera Hernández  quien criticó a los políticos que ya  salieron de su madriguera a buscar los votos en este proceso electoral para seguir robando, pero no para buscar el bienestar de la gente.
Lamentó que los ayuntamientos estén vacíos y los presidentes, síndicos, regidores y trabajadores sólo se presenten a cobrar y no atiendan ni resuelvan las demandas de la población.
También el representante de la CETEG, Apolo Morán llamó a la unidad y a impulsar un gobierno popular porque hay políticos que no terminan su cargo y van para otro. Consideró que hay inseguridad en los pueblos y cuando éste se organiza para protegerse son reprimidos.

 

El 2018 será difícil pero se espera que salgan los presos de la CRAC, dice el comité por su libertad

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero manifestó que este año será “muy difícil” en lo político, social, económico y laboral pero se espera que sean liberados los presos políticos Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez porque se ha comprobado que sus casos son políticos y no jurídicos.
“Este año… como país se nos presenta un enorme reto para poder salir adelante ante una embestida salvaje por parte de la oligarquía en el poder. Pero a pesar de esos obstáculos tenemos la convicción que se obtendrá la libertad absoluta e incondicional de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos políticos indígenas de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC -PC “, decía un comunicado del comité.
Añadió que el Estado no tiene por qué seguir teniéndolos encarcelados porque nunca existió ningún delito qué perseguir, y que no se ha comprobado jurídicamente, “pues sus acusaciones han sido infundadas y absurdas”.
Indicó que sabe que el gobierno utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para eliminar “piezas claves” y así poder destruir los movimientos y organizaciones de los pueblos.
“La única intención del gobierno es tenerlos detenidos porque trastocan grandes intereses de las mismas autoridades que incluso están coludidas con el crimen organizado”, manifestó.
Se señaló que el Estado viola impunemente las garantías colectivas de los pueblos que se rigen por usos y costumbres indígenas, y a sus luchadores sociales los criminalizan para impedir el derecho que tienen como comunidades a su libre determinación y autonomía. Y por lo tanto exigieron su libertad inmediata.
El coordinador de la  CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Mientras que el policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios, de ellos siete obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados, cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza, y solo Ramírez Gálvez fue consignado y continúa preso.

Pide el padre Solalinde al gobernador que permita liberar a los presos de la CRAC

El sacerdote y director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, Alejandro Solalinde Guerra, en un video pidió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que permita revisar los expedientes y liberar a los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, luego de que a Arturo Campos se le dio libertad absolutoria.
El video fue difundido mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, y en éste, el luchador social demandó la libertad de los tres presos políticos de la CRAC.
En un breve video el sacerdote envía un saludo a los tres integrantes de la CRAC-PC, de los que dos aún están presos, a quienes pidió resistir y no rendirse, porque se les tiene que hacer justicia tarde o temprano.
“Nosotros sabemos que los aparatos de justicia sirven como arma para doblegar a los disidentes, para someter a los pueblos, para lograr lo que el gobierno quiere, para bien de él y para bien de las empresas transnacionales, yo quiero hacer un llamado al gobernador, Héctor Astudillo, para que sea consciente de esto, para que permita que se revisen los expedientes de las personas que están injustamente encarceladas ahí y les de la liberación inmediata, así como también hago un llamado a su conciencia, como humano y como mexicano, por supuesto, no como priista”, pidió.
En la segunda parte del video, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expone que, bajo la ley 701 y el artículo 2 constitucional, no existe ni existió delito alguno que perseguir, que el gobierno de Ángel Aguirre manipuló el sistema judicial del estado para fabricar las pruebas contra los policías comunitarios.
Recalca que la exigencia de libertades será para los tres compañeros luchadores sociales de la CRAC y para todos los presos políticos del país.
“Su sacrificio de lucha implica permanecer en cautiverio hasta demostrar su inocencia de los crímenes que se les inculpan, su salida será digna y no negociada, en sus declaraciones (los presos) afirman, ‘nuestra libertad no está en negociación, no se trata de salir, nuestro sacrificio se basa en la defensa de nuestros derechos indígenas y la de nuestra institución, esa es nuestra postura inamovible y consiente’, libertad no a uno sino a los tres”, abunda.
Finalmente, en un texto, el Comité indica que su función es hacer que se escuche el sentir de los presos políticos, y que de los compañeros luchadores sociales indígenas en poder del gobierno, “su palabra no la acallará el Estado”.

Marcha el FODEG en Ayutla y se queda en plantón por la libertad de seis presos políticos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) marcharon ayer en Ayutla y se instalaron en plantón afuera del penal de esa cabecera municipal, en demanda de la libertad de seis encarcelados a los que consideran presos políticos.
Unos 600 integrantes de esa organización de varias comunidades de Ayutla marcharon en esa cabecera municipal, y al final instalaron un plantón afuera del Ministerio Público, en demanda de la libertad de Máximo Mojica Delgado, su esposa María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
Asimismo exigen la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González y de Samuel Ramírez Gálvez, policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Los tres primeros se encuentran presos en el penal de Tecpan de Galeana acusados de secuestro. Arturo Campos está preso en el penal de Ayutla y Gonzalo y Samuel en la cárcel de Chilpancingo, acusados de portación de arma de fuego. Gonzalo y Arturo También son acusados de secuestro.
El dirigente del FODEG, Hoguer Hernández informó vía telefónica que había un compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores de revisar sus casos, pero incumplió y por eso ayer se movilizaron en demanda de la libertad de los seis encarcelados.
Informó que después de la marcha y la protesta afuera del Ministerio Público, los manifestantes se trasladaron afuera del penal en donde se quedaron en plantón. Ayer en la noche realizaron ahí una actividad político cultural como parte de las acciones.
Advirtió que el movimiento va a permanecer en ese lugar hasta que tenga una respuesta del gobierno estatal.
“Ya había un acuerdo entre el doctor Bertoldo Martínez Cruz (el dirigente del FODEG ya fallecido) y el gobernador para liberar a los compañeros”, dijo el ahora representante de la organización.
Informó que en la protesta participaron unas 600 personas de 10 comunidades de Ayutla y que en el plantón por tiempo indefinido afuera del penal se quedaron unas 200.

Marchan padres de los 43 en Ayutla; desalojan el INE y un juzgado y protestan en la cárcel

A 22 días de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, sus padres marcharon durante tres horas en las principales calles de la cabecera municipal de Ayutla para recordarle a la población que el caso sigue sin avances, como en el primer día, desalojaron dos oficinas e hicieron un mitin afuera de la cárcel.
La protesta inició a las 11 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ayutla, se sumaron las exigencias de la libertad de los presos políticos en el estado, y un alto al cobro de trámites de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el contingente de poco más de 200 personas iban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que no dejaron de exclamar los números del 1 al 43 por sus compañeros desaparecidos.
También se vio a integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los desplazados de La Laguna de la sierra de Coyuca de Catalán, 18 comisarios de comunidades de Ayutla y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la comunidad de El Tamarindo.
En las mantas que portaron los manifestantes se leía, “Los desplazados de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, exigimos el regreso de los 43 normalistas. Presos políticos libertad”.
En la vanguardia los padres de los 43 normalistas iban encabezados por Melitón Ortega, quien una y otra vez recordó que el gobierno poco hace por esclarecer la desaparición de los estudiantes, y se niega a abrir las líneas de investigación hacia el Ejército, a la Policía Federal, el trasiego de droga Iguala-Chicago, hacia el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dar a conocer las llamadas hechas desde los teléfonos de los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mientras la marcha avanzaba por las calles, desde las ventanas de las casas y las puertas algunas mujeres miraban la protesta, algunas preguntaban quiénes eran y por qué marchaban.
Los rostros de los padres de los tres normalistas desaparecidos originarios de Ayutla: Carlos Iván Villanueva, Mauricio Ortega Valerio y Felipe Arnulfo Rosa eran esperanzadores. También acudió la familia de Aldo Gutiérrez Solano quien está en coma desde los ataques de hace casi tres años.
Para las 12:30 del día la movilización llegó a las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Sagarpa, ahí los comisarios encararon a la encargada a quien le recriminaron el cobro hasta de 500 pesos a los campesinos de 18 comunidades para hacer trámites de los programas gratuitos para el campo.
A la 1:30 de la tarde la movilización llegó a las instalaciones de la Junta local número 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los padres de los 43 normalistas reprocharon el dinero entregado a los partidos políticos y responsabilizaron al instituto de ser cómplice de la corrupción.
Señalaron que por eso en Ayutla las comunidades retomaron el modelo de elección de sus autoridades por Usos y Costumbres y que eliminarán las malas prácticas de los partidos políticos. Indicaron que otros municipios del estado tienen el mismo derecho.
De las oficinas salió el presidente vocal ejecutivo Agustín Moreno Pérez, a quien los padres solicitaron desalojar a los trabajadores de las oficinas y a todas las personas que estaban en el lugar. Visiblemente molesto aceptó. En la fachada del inmueble fueron escritos frases como “nos faltan 43”.
El paso firme de los manifestantes siguió hasta las oficinas del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Allende, del Tribunal Superior de Justicia, donde el integrante del FODEG, Hoguer Morales Miranda encaró al juez Esteban Saldaña para que sean cancelados los procesos que se les sigue a nueve presos políticos en el estado.
Entre los que están integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos en Ayutla y Chilpancingo. Ahí los integrantes del FODEG se dijeron en “activa movilización”, y el inmueble también fue desalojado por los manifestantes.
A las 2 de la tarde el contingente se apostó afuera de la cárcel de Ayutla, donde se solicitó desde las bocinas al director del penal que dejara pasar a una comisión a visitar al preso político Arturo Campos Herrera, sin embargo las puertas del penal fueron cerradas y no hubo respuesta.
El dirigente y luchador social de Atenco, Ignacio del Valle exigía la libertad de los presos políticos, una fuerte lluvia se dejó caer pero su voz no cedió y señaló que los presos lo estaban porque respondían a los intereses del pueblo y no del gobierno, en temas como la seguridad.
La entrada del penal fue cubierta con las mantas que los integrantes de las organizaciones llevaron en la protestas.
Al término de la movilización los padres de los 43 normalistas hablaron con los 200 asistentes y los invitaron a sumarse a las movilizaciones a tres años de la desaparición de sus hijos, y también al grito popular de independencia.

 

Pide el STAUAG que no se aplique el ISR a prestaciones como pretende Hacienda

 

Luego de que el Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) se manifestó a que no se aplique el Impuesto Sobre Renta (ISR) en las prestaciones de los trabajadores universitarios, el secretario general del sindicato, Ofelio Martínez Llanes, indicó que siguen las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda.
Reconoció que nuevamente la Secretaría de Hacienda está haciendo el planteamiento del cobro del ISR al concepto de prestaciones. Sobre el tema, Martínez Llanes recordó que hace año y medio se planteó la situación de que se iba pagar el impuesto en las prestaciones, pero conjuntamente con la administración central de la UAG se negoció y se suspendió esa situación.
Agregó que “hoy nuevamente está latente y estamos en esa ruta, discutiendo, pero no es que se vaya aplicar mañana o pasado mañana, se está en una negociación y se está viendo cuál puede ser la mejor salida”.
Indicó que en ese concepto no se ha descontado ningún peso, y que se descuenta en donde ya se ha venido haciendo, pero todavía falta ver lo de las prestaciones.
Indicó el dirigente que quienes rebasan los 400 mil pesos anuales o los que tienen dos o tres trabajos son los que están llamando a los del SAT, pero es una cuestión federal y “no tiene nada que ver con la aplicación del impuesto, eso es otra cuestión ahí”.
Sobre si harán alguna protesta sobre el caso y se planteó la negociación juntamente con el rector Javier Saldaña para pedir que no se aplique.
Que saben que es una cuestión de ley, pero “nosotros tenemos que plantear esa cuestión, buscar ante las instancias de los gobiernos y buscar un plan de previsión social que ayude amortiguar esos descuentos, si es que se dan. Y por último la movilización, que está dentro del proyecto, pero no hay fecha todavía”.
En otro tema, informó que son al menos cuatro nuevos centros de trabajo los que están solicitando que se creen las delegaciones sindicales, por lo que se hará el estudio de acuerdo con el estatuto del STAUAG.
Además del tema del ISR, en el CGR del STAUAG se acordó exigir a la Administración Central el pago del retroactivo del aumento salarial que corresponde al periodo de enero a mayo de este año, que todavía se adeuda. La sesión que se llevó a cabo el 30 de mayo, en el auditorio de la Rectoría, también se nombró a los integrantes de la Comisión de Padrón Sindical que se hará del proceso electoral para el cambio del Comité Ejecutivo Central (CEC).
Otro de los acuerdos es que el CGR mandata al comité para que comience la revisión de los agremiados cuya antigüedad real no está reconocida ante el ISSSTE. Asimismo que el comité revise qué acuerdos pactados con la administración central no se han cumplido tras el emplazamiento a huelga, para que se exijan los pagos correspondientes.
Otro acuerdo fue que se apresure la elaboración del Plan de Previsión Social. El sexto acuerdo es que el comité defienda los centros de trabajo que fueron cerrados por la reforma administrativa de la Rectoría, con la que se modificó el organigrama de la institución y como resultado cerrarán distintos programas, como el Servicio Médico Universitario de Ometepec, Casas de Cultura de Taxco y Arcelia.
En el séptimo acuerdo se mandata a que busque la forma legal o la movilización, para exigir que el gobierno estatal pague los impuestos de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Otro acuerdo es que a más tardar el 30 de junio el comité realice en las regiones del estado un taller sobre educación sindical.
Durante el consejo también hubo un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión y se exigió un alto a la impunidad, esclarecimiento a las agresiones y crímenes cometidos en contra de periodistas en el estado y el país.
También se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de los crímenes de maestros y estudiantes de la UAG, así como de la sociedad en general. De igual modo, el cese del hostigamiento en contra de luchadores sociales, en especial del dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Otro de los acuerdos es seguir exigiendo al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y se manifestó su apoyo a los padres de familia de los jóvenes. Se pidió la libertad de los presos políticos.

Marchan activistas en el centro de Chilpancingo para exigir la libertad de los presos de la CRAC

Haga clic aquí para ver el video: https://youtu.be/YQGk7e1Q91A

Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla y de organizaciones sociales de la capital marcharon en el centro de la ciudad para informar de la sentencia de amparo a favor del consejero regional de la institución comunitaria de seguridad y justicia, Arturo Campos Herrera, encarcelado desde hace tres años y dos meses.
Denunciaron que con la sentencia federal quedó evidenciado el manejo “faccioso” de las instituciones de justicia del estado, para perseguir a los pueblos que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad y justicia.
Encabezaron la protesta de unos 300 manifestantes Agustina García, esposa del consejero Arturo que está preso en Ayutla, Beatriz Gálvez, mamá del policía Comunitario de Zitlaltepec Samuel García Gálvez, y una hija del promotor de la CRAC Gonzalo Molina González, los últimos tres integrantes de la CRAC detenidos en 2013 y que siguen presos por actos enmarcados en las funciones de seguridad pública comunitaria.
Las acompañaron organizaciones que conforman el MPG en Ayutla de los Libres, municipio donde Arturo Campos tiene liderazgo y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de una representación de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán.
Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana con un acto de denuncia en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, donde formalmente se informó de la sentencia en favor de Arturo, que la Cuarta Sala Penal debe acatar en un plazo de tres días a partir de hoy, 3 de marzo.
Es decir, que “deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro y en su lugar dicte una nueva donde determine que en la causa penal no se acredite el delito de secuestro”, y mandate su libertad inmediata e incondicional.
Campos fue detenido el 2 de diciembre de 2014 en Chilpancingo por policías ministeriales después de un mitin político, y ayer su esposa Agustina García invitó en su idioma tu’un savi (mixteco) y en español a la reflexión de la lucha.
Denunció que para ella y sus hijos el tiempo que lleva en prisión el jefe de familia ha sido una tortura, “ni se imaginan ustedes cómo es vivir dentro de ese lugar, nadie puede imaginar vivir sin un centavo en la bolsa y nadie puede decir cómo están los compañeros o cómo están las compañeras, sin ir a ver como están los niños (los hijos de los presos), cómo está la familia, principalmente a Arturo”.
Añadió que siente coraje de la injusticia contra su esposo y su familia, “de antemano todas las personas que están presentes saben que si no trabajamos un día no comemos, lo poquito que vamos ganando al día con eso mantenemos a las criaturas pero bueno… todos los compañeros hagan conciencia, porque Arturo está preso por organizar y defender a su pueblo, no por cometer delitos”.
Cuestionó que le han dicho que al menos Arturo no sufre por alimento en prisión, y aclaró que en la cárcel de Ayutla la comida es de mala calidad, “que nunca comemos en la casa, una cosa es que seamos pobres y otra cosa comer cosas que ya no sirven. Aunque sea tortilla con sal recientes, no como lo tratan allá”.
Señaló que tuvo seis hijos con Arturo y desde que está en prisión se convirtió en otro hijo, porque depende de los que están afuera, pues en prisión les piden que lleven despensa de lo que come su familia, “mitad para la casa, la mitad para el preso. Es el motivo de que estemos acá, hagamos conciencia de cómo es la lucha”.
El integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, señaló que el desgaste de las esposas y madres de los presos políticos debe ser reconocido como una forma de tortura, porque también sufren de criminalización quienes luchan por su cultura.
Advirtió que si en México se aprueba la Ley de Seguridad Interior y dé mayores facultades al Ejército en acciones de seguridad pública, además de la posible derogación de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, “estaremos en situaciones como las que ocurrieron en Ayutla a finales de los años 90, de hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales”.
Por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández explicó que el reconocimiento explícito de la Ley 701 por los jueces de Distrito ha permitido obtener amparos en favor de los detenidos de la CRAC, para alcanzar su libertad.
Sin embargo, añadió que el gobierno, sobre todo el Congreso no quiere apoyar la Ley 701 “porque existen ahí negociaciones de otra índole, que ponen en otro plano los derechos indígenas, y esta ley ya expresa de manera muy concreta cómo se pueden proteger sus derechos, pero los diputados, entendemos que no quieren apostarle a seguir fortaleciendo el sistema de justicia comunitario”.
Aclaró que se han hecho propuestas para mejorarla, dado las lagunas legales entre los sistemas normativos de los pueblos con el sistema judicial del Estado, pero los integrantes de la CRAC piden que al menos se mantenga como está, que no desaparezca del marco legal de Guerrero.
Subrayó, que la 701 “ya es el piso básico de la protección de sus derechos y del reconocimiento, y si se ha avanzado en estos amparos es porque hay una ley concreta en Guerrero que reconoce los derechos de los pueblos, y permite que los juzgadores tengan herramientas jurídicas de cómo poder fundamentar el sistema de la CRAC”.
Luego del mitin, a la 1 de la tarde, los asistentes marcharon en filas de tres por la avenida Álvarez, cantando consignas de protesta por la libertad de los presos políticos en Guerrero, rodearon el Zócalo y regresaron a la alameda junto al monumento de los caídos por la avenida Insurgentes.
Ahí representantes de las organizaciones sociales que acudieron se pronunciaron por el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, y a hacer tareas de seguridad en sus territorios.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.