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Acusa el gobierno a la ONU-DH de “parcial” en el caso Ayotzinapa por la difusión de la tortura

El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó ayer en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” sus obligaciones y ofrecer una “versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un documento de 23 cuartillas que entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable de la ONU-DH-, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que careció de “rigor metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo el gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan-, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las conclusiones del informe de Chávez se destacó que el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública como de los organismos internacionales que observan”, expone.
Insistió: “es cuestionable la falta de confianza que demuestra la ONU-DH en las instituciones nacionales, en particular de la Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.

 

Desapareció la semana pasada un asesor de una diputada federal priista en Cutzamala

El asesor de la diputada federal priista Silvia Rivera Carbajal, Gabriel Guillén Sosa desapareció desde la semana pasada y ayer todavía se desconocía su paradero, y la familia ya presentó una denuncia formal de hechos.
Según el reporte oficial, el abogado fue por asuntos de trabajo a Cutzamala de Pinzón, de donde es originario, reportó a su familia que iba llegando a la localidad, tiene una casa en Cutzamala pero le perdieron el rastro justo al momento de entrar a la cabecera municipal.
Desde entonces ya no tuvieron contacto con el abogado y comenzaron su búsqueda, al no tener respuesta ni informes de su paradero presentaron una denuncia formal de hechos en el Ministerio Público por la desaparición, caso que fue levantado en Chilpancingo.
El desaparecido es de aproximadamente 50 años, a la familia no se le ha llamado para exigirle el pago de rescate por un secuestro.
El abogado Gabriel Guillén trabajó varios años con los diputados del PRD. Fue asesor de Catalino Duarte Ortuño cuando fue diputado federal, quien fue levantado en abril pasado y sus familiares todavía no saben nada de su paradero pues perdieron el contacto con los secuestradores.
Colaboró con otros diputados del PRD como asesor jurídico en la pasada legislatura, sin embargo tras las elecciones de 2015 Gabriel Guillén con un grupo de personas que lo apoyan en Cutzamala se sumaron a la campaña del PRI, y de manera especial en apoyo a Silvia Rivera.
Debido a su trabajo vive en la Ciudad de México y eventualmente va a Cutzamala a visitar a su familia o por cuestiones de trabajo. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

En su último video, Cecilio Pineda habló de “compromisos muy fuertes” del gobierno estatal con El Tequilero

Dos horas antes de ser asesinado a tiros en Ciudad Altamirano, la cabecera de Pungarabato, el periodista Cecilio Pineda Birto señaló que hay “compromisos muy, muy fuertes” entre el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores y el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En un video transmitido en vivo de 12 minutos y 37 segundos el periodista también acusó al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero, y con el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco quienes convivían en fiestas populares, y los uniformados escoltan a las esposas de los delincuentes, “pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
Afirmó que existen videos como prueba de la relación, pero no alcanzó a publicarlos.
Cecilio Pineda era director de un semanario La voz de Tierra Caliente, que según fuentes de la región no se imprimía desde hace seis meses, y cuando lo hacía el tiraje era de mil ejemplares que él repartía en diferentes Ayuntamientos de la zona. También enviaba información para el periódico nacional El Universal y agencias locales, pero su mayor audiencia la tenía en los portales Youtube.com y Facebook.com.
En un video que el reportero transmitió en vivo en su cuenta de Facebook el día en que fue asesinado, informó que regresaba a Ciudad Altamirano después de visitar San Miguel Totolapan, “la mera verdad se siguen sumando escuelas, al paro, son alrededor de 104 escuelas que pararon labores en solidaridad con el movimiento (de autodefensa por la paz), se acuerdan que hace ocho días vino el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación, de derechos humanos y se hizo un argüende”.
Dijo en referencia a la reunión del 21 de febrero en ese municipio al que acudió el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para dialogar con profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz, con la intención de analizar el regreso a clases pero los maestros les reiteraron que no volverán si el gobierno no detiene a El Tequilero.
A esa reunión asistieron unos 200 maestros en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses.
“El chiste es que fracasó este operativo, como ven son pocos los policías estatales que recorren la cabecera y lo demás… pues no han agarrado a nadie, sigue igual”, dice a sus seguidores.
Después recordó que contrario a la promesa de detener a El Tequilero, el Congreso local concedió 10 días más de plazo antes de dictaminar si procede o no el desafuero del diputado local priista que es compadre del líder criminal Raybel Jacobo y que además tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento.
Comentó que en la cabecera de San Miguel Totolapan se comentaba que al día siguiente habría otra reunión con el delegado de Servicios Educativos en la Tierra Caliente, y que ahí el Movimiento por la Paz haría un pronunciamiento “para dar a conocer ya, las medidas más drásticas que se van a tomar para obligar en este caso al Congreso del Estado y al fiscal estatal Javier Olea (Peláez), y al secretario de Seguridad Pública a que detengan a estas personas que siguen ahí en La Gavia”.
“Incluso sicarios de ellos mismos han salido y que estuvieron ahí en hechos recientes, ahí en el topón que se dieron con los militares y ministeriales, han desertado y ellos mismos están dando lugar, están dando a conocer donde se encuentra El Tequilero, dónde se encuentra El Vago, dónde se encuentran todos los sicarios, y el gobierno pues no, no los quiere detener y eso que ya saben dónde están todas sus posiciones, dónde están ubicados, dónde se encuentra El Tequilero, con quién se encuentra El Tequilero en estos momentos”, agrega.
El reportero insistió en que los sicarios del grupo de Los Tequileros que desertaron “están dando a conocer sicarios de ese grupo criminal dónde tienen todas sus guaridas, y ni así quieren ir a detenerlos (las autoridades)”.
Después habló de delicados transcendidos en San Miguel Totolapan, “incluso hay videos en los que acusan al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero y con el diputado, al grado de que convive con ellos en fiestas populares, incluso escolta a sus esposas a traer suministros ahí a la cabecera municipal, les da protección a las esposas de los sicarios, hay muchas cosas que no se entienden que uno como ser humano pues por lógica piensa que ahí hay algo de relación, entre el gobierno y este grupo criminal”.
Después del señalamiento dijo que “deberían hablar con El Tequilero y habrían de montar un show de que por lo menos hace como que se entrega, para así ya dar certidumbre a la gente y vuelvan a su chamba, a sus actividades y dejen el movimiento, pero no quieren hacerlo, pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
El periodista dijo que esperaría a saber cómo terminaría el caso “esperemos que no sea con más muertes, y va a seguir habiendo muertes, puesto que no quieren actuar como debe de ser, total esto ustedes lo han visto, hay esos señalamientos, han visto todo este procedimiento y pues la mera verdad llama mucho la atención del por qué no quiere actuar el gobierno sabiendo que hay sicarios de El Tequilero que están dando a conocer todos los puntos y guaridas de dónde está, y lo más grave es que señalen a elementos estatales coludidos con este grupo criminal”.
Después dijo que será el Movimiento por la Paz el que dé esa información y que él sólo comentaba lo que había escuchado, que son transcendidos de manera extra oficial.
Comentó que seguiría al pendiente del caso “que pudiera salirse de control al gobierno del estado si no atiende las demandas de los ciudadanos de aquí de San Miguel Totolapan”.

Flor Añorve se dice preocupada por la prórroga en el juicio de desafuero de diputado priista

 
La presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, responsabilizó a la Comisión Instructora de la decisión de no acatar el plazo de diez días hábiles que prevé la ley para concluir el proceso de juicio de procedencia para retirar el fuero, que no establece el derecho de audiencia ni de prórroga, en el caso del diputado priista Saúl Beltrán Orozco.
En declaraciones a reporteros en el Congreso local, dijo que respeta las decisiones que toma la Comisión Instructora, como la aprobación de una prórroga de diez días que concedió para que la Fiscalía le entregue copias certificadas de toda la averiguación previa, a solicitud de Saúl Beltrán durante “su derecho de audiencia”, de lo que en un primer momento dijo que no tenía ningún comentario.
Una reportera preguntó si la dilación del plazo para dictaminar no podría ser una irregularidad del poder Legislativo, la coordinadora de los diputados priistas respondió: “la ley… aquí del Congreso, establece exactamente los tiempos en los que se tiene que emitir un dictamen (diez días hábiles que concluyeron ayer), finalmente ellos hicieron un acuerdo y están pidiendo una prórroga de algún tiempo para recabar las pruebas”.
Dijo que el asunto le preocupaba y que lo planteó a los diputados de la Instructora, en el sentido de que el procedimiento de juicio de procedencia “no habla de darle al diputado el derecho de audiencia, sin embargo fue un comentario que hizo Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Ricardo (Mejía Berdeja), y qué bueno, a mí me pareció que pudiera ser, sin embargo yo no soy la que toma las decisiones”.
La diputada responsabilizó al diputado Ricardo Mejía de proponer que la Comisión dictaminadora diera audiencia a Saúl Beltrán. Sin embargo, la fracción de MC no tiene a ningún integrante en la Comisión Instructora que es la responsable del procedimiento.
La figura de derecho de audiencia que se le otorgó a Saúl Beltrán sólo existe en los procesos de juicio político y revocación de mandato, pero “finalmente la Comisión es la que tiene la autoridad en la materia”, dijo la diputada priista.
Flor Añorve afirmó que respetó la decisión de la Comisión Instructora de otorgar el derecho de audiencia, si estas tienen la aprobación de la mayoría de sus integrantes.
Los reporteros preguntaron a la presidenta del congreso si la Comisión se está extralimitando, a lo que solo respondió, “no tengo comentarios”.
El diputado priista y ex alcalde de San Miguel Totolapan es acusado de homicidio calificado y señalado como integrante del grupo criminal Los Tequileros.

Lo que dice la ley

La Ley 695 de Responsabili-dades de los Servidores Públicos del Estado, cuando se refiere al juicio de procedencia no habla ni del derecho de audiencia del funcionario imputado, ni de la ampliación del término de la Comisión Instructora para dictaminar.
El artículo 39, establece que corresponde a esa instancia “sustanciar el procedimiento establecido en la ley y formular el proyecto de resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del expediente y remitirla al Pleno del Congreso del Estado, quien aprobará y dictará la resolución correspondiente por el voto de los dos terceras partes del total de sus miembros, en la que confirme o suspenda la inmunidad constitucional”.
Si el Congreso determina quitar la inmunidad al enjuiciado, devolverá la Carpeta de Investigación junto con la declaratoria de procedencia de responsabilidad penal a la Fiscalía General o al Agente del Ministerio Público Especial para que ejercite la acción penal y solicite a un juez librar la orden de aprehensión.
La ley dice también que si la Comisión Instructora “confirma la inmunidad”, entonces se suspenderá todo procedimiento y la responsabilidad penal podrá ejercitarse hasta que el servidor público haya concluido el ejercicio de su encargo.
En su artículo 40, la ley dice que la resolución de la Comisión Instructora “no prejuzga los fundamentos de la imputación”.

Ya hay una orden de aprehensión contra el diputado priista Saúl Beltrán por asesinato

 

Desde el 9 de este mes existe una orden de aprehensión por homicidio contra el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, dictada por una juez de Chilpancingo, reveló anoche el noticiero 10 en Punto de Televisa, que dirige la periodista Denise Maerker.
De acuerdo con una nota del reportero Raymundo Pérez Arellano, el ex alcalde de San Miguel Totolapan está acusado de ordenar el asesinato del empleado municipal, José Antonio Ceferino Gil, quien atestiguó el secuestro del párroco de la Iglesia de San Miguel Totolapan, José Ascencio Acuña, quien también fue asesinado.
La nota detalla que Ceferino Gil era trabajador de Catastro en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando el 24 de septiembre de 2014 sicarios de un grupo de la delincuencia organizada, apoyados por policías municipales, lo sacaron a la fuerza de su casa.
El padre de la víctima, José Ceferino Vergara, buscó al entonces alcalde, el ahora diputado priista Saúl Beltrán Orozco, quien le pidió que regresara al día siguiente, y le informó: “Ya no vas a volver a ver a tu hijo”.
En el programa se presentó una imagen del texto de la orden de aprehensión con las declaraciones del padre de la víctima.
Dos días antes de que fuera secuestrado, el trabajador de Catastro, Antonio Ceferino Gil, había atestiguado el secuestro del párroco de San Miguel Totolapan, José Asencio Acuña, quien ofició el bautizo donde Saúl Beltrán Orozco y el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, se hicieron compadres. Al padre Ascencio Acuña se lo llevaron el 22 de septiembre.
La nota fue acompañada por imágenes del bautizo de la hija de El Tequilero, al que asistió el entonces alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, e incluso en el video se escucha como el cantante del grupo que amenizaba la fiesta le manda saludos a “mi amigo El Tequi” y también al alcalde.
En el video del bautizo aparecen Saúl Beltrán y también El Tequilero, mientras que hombres vestidos de civil con armas largas están en posición de vigilancia en la entrada de la fiesta.
Como parte de la nota se presentó un testimonio anónimo de un miembro del Movimiento por la Paz, que describe que el ex trabajador de Catastro presenció cuando un grupo de Los Tequileros y “un escolta” del ahora diputado local Beltrán Orozco sacaron de la iglesia al párroco.
“Entonces fue el único que presenció eso y por haberlo hecho fue que también lo asesinaron, fue mandado asesinar por Saúl Beltrán”, señaló.
A raíz de las investigaciones fue detenida la policía municipal Perla García Navarro, acusada de secuestrar y asesinar al párroco, quien en su declaración ministerial detalló que quien ordenó matar al religioso “fue el presidente (Saúl Beltrán), ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él, lo fuimos a sacar a la iglesia el día 22 de septiembre del 2014”.
Perla García Navarro agregó en su declaración que cuando entraron a la iglesia iba entrando también Antonio Ceferino Gil, quien vio cómo se llevaron al párroco José Ascencio Acuña. “Así que nos ordenó el presidente municipal Saúl Beltrán Orozco, que lo desapareciéramos para que no hablara”.
Ante los hechos, el 9 de enero se decidió girar una orden de aprehensión, ante la existencia de elementos, contra Saúl Beltrán Orozco, por considerarlo probable responsable de homicidio calificado en contra de Antonio Ceferino Gil. Pero la orden de aprehensión no ha sido ejecutada aún y no se sabe si la Fiscalía General del Estado ya solicitó al Congreso local que abra un juicio de procedencia para quitarle el fuero al diputado priista.

Confirman a Huicochea en la asamblea priista de Tierra Caliente; no asiste el diputado Saúl Beltrán

 

Este martes en la asamblea regional realizada en Coyuca de Catalán, los priistas de Tierra Caliente confirmaron la elección de Heriberto Huicochea como dirigente estatal.
Cerca de 500 consejeros regionales se dieron cita en el auditorio municipal de Coyuca de Catalán para el acto donde confirmaron la elección de Huicochea, con la presencia de los alcaldes Abel Montúfar Mendoza de Coyuca de Catalán, Onofre Santana Ramírez de Ajuchitlán, y Adolfo Torales Catalán, de Arcelia.
Sólo faltó la presidenta de Zirándaro, Yolanda Anaya Cruz, quien al parecer por un compromiso de trabajo no llegó. Tampoco estuvo el diputado local y ex alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, en el centro de la polémica tras las declaraciones del fiscal general del estado Xavier Olea Peláez de que se investigan las denuncias sobre sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Tequileros.
Los tres alcaldes llegaron con los policías estatales que mantienen como seguridad personal y se instalaron en la entrada del edificio.
En el acto, Heriberto Huicochea dijo que realiza un recorrido por todo el estado y por la Tierra Caliente para ir renovando los comités municipales del partido, y así irse preparando para la elección del 2018.
Agregó que “estamos iniciando una etapa incluyente donde puedan participar todas las corrientes del partido, donde nos podamos concentrar todos y de ahí proceder en ir organizando los comités y tener en breve tiempo un partido unido y organizado”.
Exhortó a los priistas de Tierra Caliente a que lleguen con los mejores cuadros para el siguiente proceso electoral.
Dijo que en Guerrero el mejor activo del PRI es el gobernador, por “eso tenemos que apoyar a Hector Astudillo en las actividades que realiza, debemos de estar cerca del gobierno porque somos el partido que gobierna, y esto es una alta responsabilidad”.
El alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, tomó la palabra poco antes de clausurar el acto, y dijo que “el PRI asume con toda responsabilidad las actuaciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por buscar mejorar las condiciones del país sentando las bases del presente para mejorar el futuro de nuestro hijos”
También señaló que “respaldamos también el trabajo del licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, con el plan de austeridad para lograr más recursos que mejoren las finanzas de Guerrero”.
Al finalizar el acto en Coyuca de Catalán, Heriberto Huicochea se encaminó rápido a la salida y afuera del edificio dijo que tratará de renovar el partido y que si hay algún priista que tenga que ser investigado que dejarán que las autoridades hagan su trabajo.
Lo anterior en relación a los señalamientos contra el diputado local calentano Saúl Beltrán Orozco, y su relación con el grupo criminal de El Tequilero.
Se le preguntó si defenderían a Saúl Beltrán, y dijo que “vamos a trabajar todo lo que tengamos que trabajar, vamos a renovar de abajo al partido hacia arriba, y que las autoridades hagan su trabajo como tengan que hacerlo”.
Acerca de las condiciones en las que encontró a los priistas de la región señaló que la gente está “muy animada, creo que en toda la región está muy vivo el priismo”.

Avala a Huicochea Vázquez la primera asamblea regional priista de la zona Centro

El candidato único a presidente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, fue avalado ayer en la primera asamblea regional de priistas de la zona Centro del estado.
Ahí, Huicochea Vázquez llamó a los priistas a “salir a defender al partido, al gobierno”, y a responder de manera inteligente las agresiones contra el PRI generadas a partir de la inconformidad social por el gasolinazo.
Ayer durante la asamblea de delegados regionales de la zona Centro, Heriberto Huicochea Vázquez, que encabeza la planilla única de candidatos a la presidencia y a la secretaría general del PRI en el estado junto a Gabriela Bernal Reséndiz, llamó a los priistas a estar unidos y a defender a su partido ante las agresiones de las que son objeto, en referencia a la inconformidad generada por el gasolinazo.
Dijo que es muy importante que los priistas “alcemos la voz” si escuchan que hablan mal del PRI, y pidió que cuando en las redes sociales hablen mal del tricolor “hay que actuar, no hay que dejar que nos traten como ellos creen que nos pueden tratar”, y les pidió que devuelvan las agresiones “con inteligencia”.
Solicitó a los priistas estar “muy atentos, muy alertas”, porque dijo que los militantes deben cuidar “que no vengan fuerzas oscuras, fuerzas engañadas a contrastarnos entre nosotros mismos, tenemos que estar fuertemente unidos dentro del PRI”.
En referencia a la inconformidad por el gasolinazo, llamó a estar “cerca de la gente” para explicar “con exactitud qué es lo que nos está pasando y que son fenómenos que nos afectan de manera directa desde el exterior, desafortunadamente a veces se toman medidas que a todos nos molestan, claro que nadie está de acuerdo, solamente alguien que no tuviera la idea de lo que es no tener dinero”, justificó el próximo dirigente del PRI.
Afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto no “quiere lastimar el bolsillo de la gente”.
Por el contrario, dijo que los priistas pretenden conocer las propuestas de soluciones y reiteró el llamado “a las fuerzas opositoras, los estoy convocando, a los compañeros del resto de los partidos políticos que tienen registro en Guerrero, a que nos pongamos de acuerdo, a que nos sentemos y hagamos una nueva agenda política, democrática, en la que nos digan qué es lo que quieren ellos y hasta cuándo y dónde nos van a poder ayudar”.
Después dijo que los priistas están cansados de los bloqueos y que para solucionar los problemas se deben buscar los cauces políticos “a través del diálogo y la razón”.
Huicochea Vásquez dijo que actualmente se están acumulando problemas nuevos, por eso llamó a los priistas a estar unidos “para darle la cara precisamente a los problemas que ahora está enfrentando el gobierno de la República y el gobierno del estado de Guerrero”.
Llamó a realizar trabajo intenso para que el PRI se mantenga en el poder y en la preferencia del electorado, y para eso los convocó a estar atentos al desempeño de los funcionarios priistas.
“Vamos a tener un sistema para darle seguimiento a las demandas de atención del gobierno y aquel funcionario público que no nos quiera recibir o atender vamos a pedir su expulsión del gobierno”, dijo.
En el vestíbulo de la sede priista en el estado, Huicochea Vásquez recordó que el próximo proceso electoral será inédito, porque se va a dar la reelección de diputados y ayuntamientos, y que por eso tiene la propuesta de crear el centro de estudios políticos, económicos y sociales para tener una medición permanente y conocer la opinión de la población sobre los servidores públicos.
Según lo que dijo, de acuerdo con los resultados de ese centro de estudios se definirán las candidaturas de los priistas con más aceptación por su trabajo.
Apuntó que en “la nueva etapa del PRI” enaltecerá la vida partidista, y que se renovarán todos los órganos de dirección y comités seccionales para estar preparados para la elección de 2018.
Después, en declaraciones, se le preguntó por lo declarado por el dirigente perredista Celestino Cesáreo Guzmán en el sentido de que para atender el llamado del PRI a que las minorías se sumen a las mayorías para crear un plan político para Guerrero, Huicochea Vásquez diga si está a favor o en contra de asuntos como el gasolinazo.
En ese sentido el priista reiteró que está en contra de cualquier medida que afecte la economía de los guerrerenses, pero dijo que por eso se deben buscar las maneras de mitigar las “políticas que se tuvieron que tomar”.

No hubo imposición

De la denuncia que hicieron el martes el ex procurador de Defensa del Campesino (Prodecam) del gobierno del estado y ex secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Lucas Molina Rayo, y la ex delegada de la CNC en Ayutla, Jessi Gutiérrez Rodríguez, en el sentido de que la designación de la planilla única de candidatos a presidente y secretaria general del CDE es una imposición del ex gobernador René Juárez Cisneros, dijo que esperará a que procedan legalmente ante las instancias partidistas.
Los inconformes anunciaron que presentarán un recurso de inconformidad en la Comisión de Procesos Internos (CPI) y ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y lamentaron que sea el subsecretario de Gobernación, René Juárez, quien imponga a sus allegados, cuando ni el gobernador Héctor Astudillo lo hizo.
De lo que dijeron en el sentido de que el PRI en Guerrero está debilitado por las reformas estructurales y ahora pretenden imponer a unos candidato “limitados” que no tienen el respaldo de las bases, Huicochea Vásquez reconoció que el PRI está “en un bache pero no estamos atascados, tenemos que salir y entre todos”.
A la asamblea regional acudieron consejeros priistas de 13 municipios y sus dirigentes municipales de la zona Centro; fue de ratificación de la fórmula única registrada.
Esta es la primera de siete asambleas regionales que se realizarán, en las que la planilla única de candidatos participará para ser validados por los priistas.
En la dirigencia dijeron no tener establecido el calendario del recorrido pero esperan que el sábado puedan estar en Acapulco.
En el lugar estuvieron representantes de los diferentes sectores del PRI, además de una porra que acompañaba todo lo que los oradores querían destacar.
Por su parte el delegado en funciones de presidente del PRI estatal, José Parcero López, dijo en referencia a las críticas que el PRD realizó por la forma de la elección de la dirigencia priista, que “son como fieras que se pelean entre ellas, nunca están de acuerdo en nada”.
Dijo que la elección del presidente y la secretaria general del PRI no fue una imposición, sino que “discutimos, debatimos y nos ponemos de acuerdo”.

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Cierra la Policía Tecampanera de Teloloapan el Ayuntamiento y tiendas para exigir seguridad


La Policía Comunitaria Tecampanera cerró desde la mañana de ayer el Palacio Municipal de Teloloapan, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales transnacionales para exigir a los gobiernos estatal y federal seguridad, justicia para las víctimas de la delincuencia organizada, la detención de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana y una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por sus presuntos vínculos con éstos criminales.
Advirtieron que si no tienen pronto una respuesta de las autoridades estatales y federales, también tomarán la presa hidroeléctrica El Caracol y las minas asentadas en la zona.
Minutos antes de las 9 de la mañana comunitarios de la Tecampanera desalojaron al personal del Ayuntamiento y cerraron el edificio con cadenas y candados. En seguida cerraron tiendas como Súper Che, Aurrera, Coppel y Oxxo.
La acción se da luego del acuerdo de la asamblea de la tarde del lunes y a dos días del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por sicarios de La Familia Michoacana, y que fueron abandonados en la entrada al poblado La Unión, en Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.
En declaraciones por teléfono, uno de los integrantes de la autodefensa dijo que entre sus demandas que no les han cumplido, está la de seguridad en el municipio con la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia y se aplique la ley en contra de La Familia Michoacana, grupo al que responsabilizan de los secuestros, asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en ese municipio.
Exigen también la desarticulación y captura de los principales líderes de esta organización criminal y los autores de los asesinatos cometidos en contra de vecinos de Teloloapan, así como la investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán a quien señalan de tener vínculos con este grupo criminal.
Dijo que al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda le exigen su intervención para que los militares en Teloloapan “se involucren más” en la seguridad del municipio.
Demandan Bases de Operaciones Mixtas y puestos de revisión y seguridad, así como patrullajes en carreteras y brechas de las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena, que son ocupados por los delincuentes para desplazarse entre las regiones Tierra Caliente, la zona Norte y el sur del Estado de México.
Informó que en las dos primeras comunidades existen dos grupos de la Policía Estatal, “lo cual es insuficiente y obsoleta su presencia porque se la pasan encerrados y no hacen ninguna acción, como la colocación de puestos de seguridad y vigilancia, o de hacer recorridos por la zona, por lo que los miembros de la delincuencia organizada entran y salen sin ningún problema”.
Indicó que la postura de los comunitarios es que de no haber una pronta respuesta a sus demandas por los gobiernos estatal y federal, ampliarán su protesta con el cierre de la presa El Caracol y las minas asentadas en la zona.

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.